CEPRID

LA CUESTIÓN VENEZOLANA

Sábado 1ro de mayo de 2010 por CEPRID

Medófilo Medina

Revista Razón Pública/ Colombia Plural

El llamado de un pasado heroico

El Bicentenario de la Independencia de Hispanoamérica destaca diversas fechas para la conmemoración y para la reflexión. Una de ellas es la del 17 de diciembre de 1819. Aquel día los delegados al Congreso de Angostura, por propuesta de Bolívar, declararon la creación de la República de Colombia, que estaría integrada hasta 1830 por la Nueva Granada (con Panamá), Ecuador y Venezuela. Fue al principio la proyección de una ilusión: la mayor parte de la proclamada entidad aún formaba parte de la Monarquía española. Pero pronto la quimera dio lugar a un Estado multirregional que se constituyó en el instrumento estratégico y nada utópico en la liberación del yugo colonial de todo el norte de la América del Sur.

Hoy los países que se desprendieron de la experiencia histórica colombiana que duró once años se debaten en un remolino de grave tensión internacional. Tiene significación, por ahora simbólica, la expresión del deseo de que en homenaje al Bicentenario, las élites políticas, militares y económicas se comprometieran en la búsqueda de la normalización de las relaciones entre Venezuela, Colombia y Ecuador, que destierre del imaginario regional la hipótesis de la guerra. Homenaje al pasado del heroísmo fundacional y promesa de un futuro de necesaria integración en la época de la globalización.

Colombia vive un proceso electoral que como todos los de su serie remite a balances pero también a controversias en torno a los caminos que sería deseable tomar. Uno de los campos que debe estar en el centro del debate es el que aquí se ha denominado la cuestión venezolana y que incorpora diversos temas, algunos de los cuales se someten en las líneas que vienen a somero análisis. Los puntos de vista responden a la mirada colombiana del autor y no pretenden dar cuenta de las perspectivas que campean en la República Bolivariana de Venezuela.

La línea de partida

Un insoslayable punto de partida está constituido por una extensa frontera de 2.219 kilómetros. Una línea cuya accidentada trayectoria no en todas partes resulta perceptible. Las principales regiones fronterizas pueden cubrirse bajo denominaciones comunes: La Guajira, los Andes, los Llanos, la Amazonía. Ellas se desdoblan en departamentos de un lado y en estados de otro. Antes que una demarcación, las fronteras son realidades humanas asociadas con poblaciones numerosas imbricadas en intercambios económicos y culturales y envueltos en interdependencias irrenunciables.

Un destacado intelectual y político venezolano se refirió al conjunto de las zonas fronterizas como a un tercer país. La expresión devuelve la peculiaridad de tales regiones, cuya población recibe como ondas eléctricas los conflictos que en la mayoría de los casos se desencadenan desde el centro, sin que los habitantes de esas regiones hayan tenido responsabilidad alguna y sin que puedan emprender acciones eficaces de superación. Los mecanismos y regulaciones de vecindad preexistentes se suspenden y las poblaciones se ven privadas de iniciativa y de posibilidades de gestión. En este aspecto la revitalización de los mecanismos regionales y la creación de instrumentos específicos que consagren unas posibilidades de acción institucional se muestran como necesidad inaplazable.

Las élites y las comunidades de esas regiones, las universidades y las ONG han acumulado experiencias y saberes que constituyen una base idónea y documentada sobre la cual se puede rediseñar una política de vecindad convenida por los gobiernos, a condición de la decisiva incorporación de las sociedades regionales en la búsqueda de las soluciones. Esta dimensión se suele ignorar de manera sistemática. ¿Pensó acaso en ella el canciller Jaime Bermúdez cuando el 14 de abril pasado hizo pública su advertencia sobre los viajes de colombianos a Venezuela? Una prevención pueril que a nadie beneficia. Tal recomendación se acompañó de otra en la que se recomienda a los funcionarios colombianos abstenerse de participar en actos públicos a los que concurran funcionarios venezolanos. Se trata de gestos en los que se encuentran la tontería y la hostilidad. Espera el gobierno que tales ademanes coadyuven a la candidatura oficial. Luego Juan Manuel Santos continuando la saga increpa a Chávez por meterse en el debate electoral colombiano. Al mismo objetivo electoral obedeció la determinación del Canciller colombiano de congelar las gestiones de restablecimiento de la normalidad en las relaciones con Ecuador.

El comercio binacional

Desde 1999 se observó un crecimiento sostenido de las exportaciones a Venezuela. Se pasó de los 923.259 miles de dólares en el año indicado a los 5.210.332 en 2007, para superar los 6.000 millones en 2008. Ciertamente en el año 2003 se registró un descenso vinculado a la grave crisis económica venezolana que siguió al golpe de Estado de abril de 2002 y a la ruinosa huelga insurreccional petrolera de diciembre de 2002-febrero de 2003. Y luego viene la caída crucial de las exportaciones desde el segundo semestre de 2009 como consecuencia del conflicto político entre los dos gobiernos. Si bien parte de esa caída podría explicarse por la recesión económica sufrida por Venezuela, este factor sólo explica parcialmente lo sucedido a las exportaciones colombianas. Se estima por agencias que siguen el comportamiento de las importaciones venezolanas que para los últimos meses ellas han caído globalmente en un 22%, al tiempo que el descenso de las importaciones procedentes de Colombia ha sido del 70%.

El impacto para la economía colombiana de esas realidades del comercio binacional es muy grave por cuanto los productos exportados a Venezuela se caracterizan por su alto valor agregado. De las cerca de 3000 empresas que colocan sus productos en el mercado venezolano no menos del 60% corresponden a unidades de tamaño mediano y pequeño con incidencia alta en el empleo. En los cinco últimos años el peso específico de los bienes no tradicionales importados por Venezuela ha sido del 35% con respecto al total de las exportaciones colombianas de ese tipo de mercancías.

Ante ese cuadro sombrío el gobierno colombiano ha destacado dos estrategias de respuesta: la apelación a los organismos internacionales y tribunales de comercio y la exhortación a los exportadores para que diversifiquen los destinos del comercio. En el primer aspecto la gestión se proyecta más como recurso propagandístico que como una alternativa pragmática de solución. En la segunda dirección la invitación resulta inane por cuanto los empresarios mismos están bajo el apremio de la lógica de mercado que presiona hacia la diversificación y no necesitan consejos sino que demandan estímulos oficiales. Estos han resultado débiles frente a las necesidades. Si las exportaciones a destinos diferentes al venezolano han tenido algún crecimiento, este hecho no podría asimilarse al éxito de una política de sustitución. La demanda mundial luego de la fase más dura de la crisis se ha incrementado y ello favorece las exportaciones. Las cifras indican que la recuperación de exportaciones no tradicionales ha estado lejos de absorber la caída de las compras venezolanas.

El problema del comercio binacional exige que se coloque en un orden de análisis mucho más amplio. Mientras la política exterior colombiana siga agobiada por la adscripción a la geopolítica de los Estados Unidos, los esfuerzos de diversificación en otros campos tropezarán con un obstáculo formidable. Hay diferencias en el curso exterior que siguen los gobiernos latinoamericanos, pero la mayoría se ha decidido por una política de apertura bajo la estrategia de búsqueda de un mundo multipolar. Colombia sigue proyectando en su política externa las coordenadas que fueron características de los tiempos de la Guerra Fría. Los Estados Unidos no han mostrado una inclinación por compensar la incondicionalidad del gobierno colombiano. Y en materia comercial incluso no está en sus manos hacerlo. Altos funcionarios norteamericanos visitan a Colombia. Alguno de ellos accedió a entrevistarse con el Presidente Uribe en una de sus haciendas, pero más allá de las palabras elogiosas las determinaciones siguen un camino opuesto.

Tendría importancia que en el curso de la presente campaña electoral los candidatos tomen en cuenta y devuelvan en la controversia pública los diagnósticos y las recomendaciones de la Misión de Política Exterior que acaba de concluir el trabajo de un equipo de siete expertos. Una de las relaciones que el informe establece es el de la política exterior colombiana con el retroceso observado en la internacionalización de la economía nacional. Sin embargo son varios los aspectos del informe que hacen relación explícita a la necesidad de un manejo distinto del actual, en lo tocante a los vínculos con Venezuela.

El conflicto interno colombiano y las relaciones con Venezuela Es éste el tema que concentra las tensiones más agudas. Aquí no se pretende hacer una narrativa sobre el itinerario de la tensión. Se quiere apenas presentar unos elementos básicos que es preciso tener en cuenta para buscar un cambio que facilite un mejoramiento general de las relaciones entre los dos países.

Primero. Conviene recordar un hecho elemental: las tensiones con Venezuela a propósito de la presencia y acción de las guerrillas colombianas no empezó con el advenimiento de Hugo Chávez al poder. En el decenio de 1990 fueron diversos los hechos graves que protagonizaron las guerrillas en territorio venezolano y en los que perdieron la vida varios miembros de la Guardia Nacional y de la Fuerza naval venezolana. Bajo el segundo gobierno de Caldera (1994-1999) no obstante las afinidades políticas entre los gobiernos de ambos países se produjeron tensiones significativas.

Segundo. El interés nacional de los países que tienen fronteras con Colombia los lleva a tener su propio enfoque sobre las guerrillas colombianas y a escoger los medios de respuesta. No es política realista de parte del gobierno colombiano la exigencia dirigida a tales gobiernos de que asuman a la guerrilla en los términos de la amenaza terrorista como condición para aceptar que están dispuestos a un entendimiento con Colombia respecto a la guerrilla. Una visión objetiva implicaría tomar nota de que el Presidente Chávez pasó de la sugerencia del otorgamiento del estatus de beligerancia a las guerrillas a la formulación de la exigencia a las FARC de la dejación de las armas. "Creemos -dijo con ocasión de la culminación de la operación Jaque en julio de 2008- que ya no es la hora de los frentes guerrilleros, es la hora de las oleadas de los pueblos (...) El tiempo de los fusiles ya pasó"[1]

Tercero. Es preciso adoptar un enfoque diversificado sobre las instancias de discusión de los incidentes y reclamos concretos que incorpore desde las conversaciones bilaterales hasta los mecanismos internacionales de mediación y verificación. El gobierno colombiano tiene derecho a respuestas claras de parte del gobierno venezolano frente a interrogantes como el concerniente a la supuesta presencia de dirigentes del Secretariado de las FARC en territorio venezolano.

Cuarto. El gobierno colombiano no puede despachar el recelo de los países que tienen fronteras con Colombia y de otros (Chile, por ejemplo) sobre los acuerdos de cooperación militar firmados con Estados Unidos en 2009 y referentes al uso de las bases colombianas por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, con la redundante respuesta de que tales acuerdos no constituyen amenaza para nadie. Esa salmodia contrasta con el reconocimiento de altos oficiales norteamericanos que se refieren al interés de las bases para los intereses estratégicos de los Estados Unidos más allá incluso de la persecución del narcotráfico. Es comprensible que Venezuela como país petrolero no quiera cerrar los ojos frente al hecho de que las guerras que han desatado los Estados Unidos en la posguerra fría han tenido que ver con los intereses del petróleo. En este campo el hecho de que los países suramericanos hayan conformado UNASUR y que ésta haya instaurado un Consejo de Seguridad representa un escenario nuevo en el cual pueden abordarse discusiones sobre la seguridad colectiva. Es un organismo que se ha planteado también como un interlocutor de los Estados Unidos. De momento son orientación para todos los países suramericanos las pautas de distensión y confianza que trazó UNASUR en noviembre de 2009.

Quinto. En Colombia se debe entrenar una mirada que amplíe el campo de observación de los fenómenos. Se habla con toda seguridad del avance de una carrera armamentista y a renglón seguido se le adjudica la responsabilidad al actual gobierno venezolano. El informe correspondiente al año de 2008 presentado por el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) que mide el gasto militar, se concluyó que el mayor gasto corrió a cuenta de Brasil con el 55% del gasto militar en Suramérica (27.540 millones de dólares). Le siguieron Colombia y Chile con 6.746 millones y con 5.395 millones de dólares respectivamente. En cuanto a la proporción del gasto militar respecto del PIB, ocupan los primeros lugares Colombia con el 3,34%, Chile con 2,91% y Ecuador con el 2,91 %. No se desconoce que sobre las cifras se desarrollan discusiones sobre los criterios de inclusión de rubros en los datos agregados. Lo que aquí se subraya es la idea simple que antes de atribuir responsabilidades deben mediar análisis de conjunto para evitar conclusiones unilaterales.

Por otro lado no basta que se compren armas para que se tipifique una carrera armamentística; se requiere que concurra un conjunto de pautas que no parece configurarse por ahora en la región. Por supuesto será siempre lamentable que países subdesarrollados inviertan en armamento en desmedro de necesidades sociales o productivas. Contra ese fenómeno la lucha por la distensión entre países hermanos tiene una significación profunda.

Sexto. El campo complejo del narcotráfico así como el lavado de activos y el comercio de precursores químicos exigen un tratamiento específico en el que los dos países tienen que acceder al amplio escenario de la comunidad internacional donde están apareciendo nuevos enfoques. Ello no quiere decir que se les pueda separar del problema de la acción de la insurgencia, pero analíticamente se pueden ubicar niveles de estudio y discusión diferenciados.

Los colombianos residentes en Venezuela

Se estima que en Venezuela viven 3.970.230 nacionales colombianos. Es una población superior a la de varios estados venezolanos o departamentos colombianos. Y sin embargo no es objeto de análisis para los investigadores colombianos ni motivo de preocupación de los organismos del Estado colombiano.

Visitando zonas populosas de Caracas -como esa vasta concentración humana capitalina que es Petare- cualquiera se sorprende del alto número de colombianos que allí vive. Produce cierta hilaridad llevarles a la gente de ese enorme contigente humano las preocupaciones del canciller Bermúdez sobre los cuidados que deben tener los colombianos en Venezuela. Tiene interés el tema también para los que se calientan el cerebro con las hipótesis de guerra. La gran mayoría de esos compatriotas ha visto mejorar sistemáticamente sus condiciones de vida y de trabajo en función de las políticas de inclusión social y de participación llevadas a cabo por el Gobierno bolivariano para toda la población que vive en Venezuela. Esa población colombiana que tiene acceso a los programas de Médico Barrio Adentro y a los desarrollados por las demás Misiones no es preguntada por su origen nacional para ser atendida o beneficiada. La evolución social y económica de la mayoría de esa población de origen muy popular debería ser un motivo de estímulo para cualquier colombiano en una época cuando se agudiza la xenofobia en los países del centro con respecto a la inmigración procedente del Tercer Mundo.

Los colombianos residentes en Venezuela son un factor potencial de mejoramiento de las relaciones entre los dos países. El tema remite a otro y es el de las miradas mutuas de colombianos y venezolanos. El asunto ha sido objeto de algunas investigaciones etnográficas. Si para mediados de los años noventa se podía percibir en los medios de comunicación y entre los venezolanos fuertes sentimientos "anticolombianos" no parece que hoy haya quien con seriedad sostenga que esos sentimientos se mantengan con el amplio sustento que antes tenían. La ideología igualitaria y el discurso oficial incluyente han permeado a amplias capas de la sociedad venezolana y se traducen en actitudes y comportamientos. Por otra parte no existen hoy o han cambiado de orientación aquellas instituciones como la que dirigía El Padre Pablo Ojer, un inmigrante, miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela, quien declaraba por la televisión que la mitad de la Guajira era por títulos históricos de Venezuela y que los ricos yacimientos carboníferos del Cerrejón deberían pertenecer a ese país[2]. Tampoco hoy se escuchan las arengas inflamadas que contra los colombianos trasmitían los medios de comunicación dirigidos por la familia Capriles.

Los medios de comunicación y las relaciones colombo venezolanas Este es asunto de discusión en la sociedad civil. En Colombia los medios han llegado a límites extremos en la desinformación sobre los procesos políticos que han venido transcurriendo en Venezuela. Se han construido sentidos comunes que operan como axiomas que no hay que demostrar. Opera una suerte de impunidad cuando se trata de informar sobre Venezuela y las políticas allí desarrolladas.

Entrar en el análisis de las diferentes líneas de desinformación prolongaría este artículo más allá de las dimensiones tolerables. Cabría sí la recomendación de que se constituya un organismo de ética conformado por los mismos periodistas, no para juzgar a nadie, sino para propender por unas pautas de objetividad y profesionalismo que pudieran deslindar el deber y la necesidad de informar de las tendencias a la intoxicación del ambiente.

En tal sentido los medios colombianos deberían reflejar el espectro de las posiciones políticas que hoy se manifiestan en Venezuela y renunciar a la función de caja de resonancia unilateral de la oposición en el país vecino. Por supuesto se plantea con respecto a Venezuela la misma exigencia de autonomía informativa que los periodistas deberían tener con respecto al Gobierno y de independencia intelectual frente a los dueños de los medios que la que se espera frente al mismo proceso político colombiano.

Notas

[1] El Tiempo, Bogotá, 4 de julio de 2008. [2] El Tiempo, 12 de marzo de 1995, pág. 8 A.

Medófilo Medina es historiador.


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