CEPRID

El colapso político del PT y la guerra civil declarada (y II)

Lunes 30 de diciembre de 2019 por CEPRID

Luiz Renato Martins

Revista Herramienta

Traducido del inglés por Santiago Gruber

A la memoria de Chico de Oliveira

Brasil 2013: el bosque seco empieza a arder

Las grandes y sorprendentes manifestaciones de junio de 2013[1] en veintidós capitales estatales y cuatrocientas ciudades de Brasil, con tres millones de trabajadores involucrados en huelgas, fueron las más grandes en Brasil desde el movimiento “Diretas Já” (elecciones directas ahora) de 1984, este último, un movimiento que pronto fue abortado por el MDB que eligió la falsa “Transición” a través del Colegio Electoral.

Las protestas de 2013 cambiaron decisivamente el panorama político interno, así como la imagen global de Brasil. Hasta entonces, Brasil era considerado globalmente como un ejemplo de democracia consolidada y estable, y su economía, además, como fundamentalmente próspera. Dos portadas de The Economist ejemplifican ese cambio en la imagen de Brasil en el exterior, observado a partir de junio de 2013. Así, en noviembre de 2009, la revista publicó en su portada el siguiente titular: “Brasil despega” (Brazil takes off). Por el contrario, después de las protestas masivas, estalla una duda en la portada de septiembre de 2013: “¿Brasil lo arruinó?” (Has Brazil blown it?).

Sin embargo, bastante antes que estos comentarios (en última instancia en sintonía con la búsqueda de oportunidades de inversión rentables) se formuló una alerta vehemente, asociada a una crítica fulminante, por parte del sociólogo y fundador del PT Francisco de Oliveira, ex miembro de los equipos que habían preparado los planes de gobierno del PT en las campañas de los años ochenta y noventa. En un ensayo publicado en junio de 2003,[2] solo seis meses después de la asunción presidencial de Lula, el autor diagnosticó el desarrollo en Brasil de un nuevo patrón de acumulación de capital, basado en la apropiación de fondos públicos, transferencias patrimoniales, privatizaciones y otras formas de “acumulación truncada”. Para concluir, señaló que esto fue conducido y llevado a cabo por una “nueva clase”: sindicalistas actuando concertadamente con expertos financieros y asesores de fondos de pensiones.

Así, lo que Oliveira observó, ya en marcha en la primera administración de Lula, no fue otra cosa que la articulación de líderes sindicales y líderes del PT con el capital monopólico, para la gestión compartida de los fondos de pensiones, en la que el gobierno como gran empleador jugó un papel decisivo. Esos fondos, muchos de los cuales estaban formados por ahorros de los empleados de grandes empresas estatales, movían cantidades gigantescas, equivalentes a las de los mayores actores del mercado bursátil de San Pablo.

El sentido de la advertencia de Oliveira tardó diez años en llegar a las calles, pero cuando se hizo realidad, la multitud se apoderó de las ciudades por asalto. ¿Qué querían esos heterogéneos manifestantes de 2013, en medio de diversas quejas y la expresión de un descontento generalizado?

El detonante de las manifestaciones fue el aumento de las tarifas de los autobuses en San Pablo y otras capitales estatales.[3] Es un hecho que las convulsiones de los estudiantes y de los jóvenes trabajadores debido a las subas de tarifas ya se producían todos los años, pero siempre limitadas a pequeños grupos, el principal de los cuales era el Movimento Passe Livre (MPL). Sin embargo, en 2013 las manifestaciones se extendieron como un fuego incontrolalable en los bosques secos. ¿Cuál fue la chispa en junio?

Aparte de unos pocos incidentes pequeños al inicio[4], lo que hizo que el contexto de 2013 fuera tan explosivo fue el escandaloso compromiso (para la mayoría de la gente) del gobierno federal, así como de varios gobiernos de los estados y capitales estatales, con la FIFA, para celebrar la Copa Mundial de Fútbol de 2014. La indignación aumentó aún más con anuncios similares sobre los Juegos Olímpicos de 2016.

Sumisión ciega y codicia

Sin embargo, sumisos a los sectores de capital monopolista directamente interesados en la realización de los juegos,[5] los gobiernos del PT respondieron con discutibles registros contables para justificar las subas de tarifas. En pocas palabras, políticamente no se dieron cuenta de que las manifestaciones se extendieron precisamente porque estaban dirigidas a la asociación de los gobiernos con el capital monopolista.

En un abrir y cerrar de ojos, las manifestaciones comenzaron a reclamar con estridencia la mejora y la gratuidad universal de los servicios públicos; luego, se ampliaron de manera ilimitada. De hecho, particularmente en San Pablo, hubo una demanda histórica de transporte público gratuito.[6] Pero la invención política espontánea, que produjo un salto en la afirmación general, vino de la explosiva comparación en 2013 entre las subidas de tarifas y el abusivo gasto gubernamental para la Copa del Mundo de 2014. Como chispa, muchas de las pancartas de protesta comenzaron a hacer demandas irónicas pero furiosas por más hospitales, escuelas y transporte, siguiendo el “estándar de la FIFA” de lujosos estadios y centros de entrenamiento que se estaban construyendo en varias ciudades brasileñas.

A partir de entonces, las deficiencias de los servicios públicos se atribuyeron a un gasto público ilegítimo en los grandes acontecimientos deportivos. Rápidamente, el PT fue culpado por su sospechosa asociación con los grupos de monopolio del lujo y del turismo. Sólo la dirección del PT y los gobiernos locales involucrados, todos sospechosamente asociados con los monopolios, no se dieron cuenta de que era necesario un gesto político importante: cancelar los dos mega eventos internacionales y gastar todo el dinero en servicios públicos esenciales.

La situación se salió de control. En dos semanas, las ciudades medianas y grandes de Brasil se convirtieron en campos de batalla. Los palacios de gobierno fueron asediados por los manifestantes enfurecidos. La puerta principal del ayuntamiento de San Pablo (por entonces en manos del alcalde Fernando Haddad, uno de los favoritos de Lula)[7] fue atacada por la multitud con un ariete. Aspectos medievales y contemporáneos se mezclaron en un caldo de crisis económica e insatisfacción generalizada. Los noticieros de televisión en vivo mostraban la escena desde helicópteros, porque sus vehículos en tierra habían sido atacados y quemados.

Descontento burgués

Fue entonces cuando sectores de la burguesía y de las clases medias notaron que el papel bonapartista atribuido al PT, de controlar y manejar a las masas (función cuya utilidad surgió durante el descrédito del segundo mandato de FHC [1999-2002]) había agotado su efectividad y validez.

La era de la conciliación había llegado a su fin. Las clases propietarias percibieron inmediatamente el hecho. Es decir, mucho más rápido que las burocracias partidarias y sindicales. Desde entonces, algunos signos de descontento burgués comenzaron a aparecer abiertamente en los medios de comunicación. Este descontento, por supuesto, era muy distinto de los de los manifestantes callejeros que exigían servicios públicos gratuitos y de alta calidad. De hecho, las clases medias y altas no utilizan los servicios públicos en Brasil. Sin embargo, habían atribuido al PT, como Partido del Orden que antes gozaba de credibilidad popular, el papel de prevenir huelgas y manifestaciones masivas.

La conmoción se extendió por las calles. Si había algo en común entre las protestas callejeras y el descontento expresado por los medios de comunicación, en medio de la disparidad social de descontentos respecto a las diferentes clases, era el rechazo a la corrupción. Y luego, si no desde 2005 (cuando el llamado escándalo “Mensalão” estalló)[8] la corrupción había sido tipificada como una característica inherente a la asociación entre el PT y los grupos monopólicos.

Los gobiernos del PT en las encrucijadas políticas

Pasaron dos semestres, en medio de crecientes signos de descontento: por un lado, la demanda popular de servicios públicos; por otro, la multiplicación y repetición de las críticas de las clases propietarias (hasta entonces en luna de miel con el PT), ante la recién descubierta incapacidad administrativa y política del partido.

Luego vinieron las elecciones generales y presidenciales de octubre de 2014, bajo una atmósfera sin precedentes de polarización de clases y descontento generalizado. Los contrastes entre las clases, aunque superficialmente expuestos, fueron exasperados: pobres y ricos estaban claramente en oposición y las discusiones electorales se extendieron vehementemente, incluso a esferas tradicionalmente ajenas a la política.

En estos términos, Rousseff recibió un mensaje con demandas y credibilidad de parte de las fuerzas populares, aglutinadas contra el discurso de recortes en el gasto público y social propuesto por el candidato del PSDB. El mensaje claro e incisivo que surgió de la campaña electoral de Rousseff, impulsado por el electorado popular que la apoyó, fue un fuerte rechazo a las medidas de austeridad que propugnaba el PSDB. Efectivamente, Rousseff ganó por un estrecho margen de alrededor del 3%, con una plataforma electoral antiausteridad.

Estafa electoral

Se repitió la ceguera política que llevó al PT a insistir en la realización de los mega eventos. Y por las mismas razones: reparto de intereses con capital monopolista. Así, tras una pausa, y sin ninguna explicación coherente con su giro, Rousseff anunció el nombramiento de Joaquim Levy como ministro de finanzas. No por casualidad, un verdadero “Chicago-boy”, economista del segundo conglomerado financiero más grande de Brasil. Levy se convirtió hoy, bajo el gobierno de ultraderecha, en el presidente del BNDES, el mayor banco público de inversión, y sin duda ordenará su desmantelamiento y privatización.

Así, Rousseff nombró a alguien que negó todo lo que estaba escrito en el programa económico de su campaña, asumiendo plenamente las razones y directrices de las medidas de austeridad defendidas por su oponente derrotado en las elecciones. Estaba cavando su propia tumba.

En un Brasil cada vez más polarizado, la medida se tomó rápidamente por lo que realmente era: nada menos que el resultado de maniobras entre bastidores y una traición directa a las promesas a cambio del voto popular. Los recuerdos electorales aún estaban frescos. En el transcurso de unas pocas semanas, la recién elegida presidenta, que había conseguido un apoyo extra con su victoria, perdió alrededor de ¾ de su popularidad y su índice de aprobación cayó a alrededor del 15%.[9]

Gobierno bajo asedio

Coherente con su estrategia de traicionar el voto popular a favor de la asociación con el capital monopolista, Rousseff presentó al Congreso un paquete de medidas de austeridad recomendadas por su ministro de finanzas. Sin embargo, el giro en U de Rousseff no fue tan afortunado como el de Tsipras. Su cambio político resultó ser doblemente defectuoso: primero, despertó la ira y la protesta de los sindicatos y de su electorado en general, reduciendo aún más su apoyo, lo que aceleró el aislamiento político del presidente incluso entre los parlamentarios del PT; segundo, los partidos burgueses de la oposición, incluso cuando apreciaron las medidas, votaron en contra de ellas para impedir su implementación, porque vieron en el fulminante debilitamiento político de Rousseff una oportunidad para recuperar el control del Estado.

La campaña anti-Rousseff salió a la calle, con manifestaciones de masas cada vez más grandes, inicialmente dominadas por la centroderecha, pero ya con la presencia visible de la ultraderecha, y con un apoyo cada vez más ostentoso del capital monopolista, que culpó al PT por no haber aprobado las medidas de austeridad necesarias para el aumento de las tasas de beneficios y para un clima favorable a la inversión.

La guerra civil de clase ganó muchos seguidores y el propio vicepresidente de la república, el ex aliado Michel Temer (PMDB), cambió de bando. El proceso tomó las características de un golpe de clase, pero après-coup, según la terminología psicoanalítica. Porque el programa de austeridad defendido por el gobierno y la erosión política, agravada por las acusaciones de corrupción contra líderes del PT atrapados en relaciones sospechosas con el capital monopolista, arrebató las bases sociales del gobierno y lo convirtió en una presa fácil, acorralada y aislada.

Divorcio

Como se ha visto, el capital monopolista rápidamente arrojó al PT al mar y enseguida declaró la guerra de clases. Hasta ahora el capital monopolista comanda un proceso de guerra social, en continua escalada durante casi tres años, desde la caída de Rousseff en abril de 2016.

El PT, a su vez, participó en las elecciones municipales de 2016 y en las generales de 2018, bajo la feroz e insoportable ofensiva de clase de la burguesía, pero siempre insistiendo en un proyecto de conciliación. Ya sea por el atavismo de su conexión orgánica con el falso sistema político de “Transición”, o porque todavía creía en la recomposición de su asociación orgánica con el capital monopolista, el hecho es que el PT insistió en el proyecto de conciliación con los monopolios para reanudar el crecimiento económico. Predicó en el desierto, y si de todas formas obtuvo casi el 45% de los votos en la segunda vuelta, esto se debió únicamente al apoyo antifascista. No quedó ningún eco ni rastro de su pálido programa económico.

En contraste, la estrategia de la guerra de clases ganó una amplia aceptación en estratos de la burguesía que no estaban directamente vinculados a los monopolios. ¿Por qué? La pregunta es pertinente y urgente, pero no conduce a una respuesta rápida. Resulta de una síntesis con múltiples determinaciones, que implica a varias fuerzas actuantes que compiten en su convergencia actual para crear en la sociedad brasileña una deriva “fascistoide”, con daños generales e irreversibles para las generaciones venideras.

Guerra total

En resumen, hay un programa de genocidio social en curso dirigido por el capital monopolista, pero que involucra a diferentes estratos de las clases propietarias. Ciertamente, estos últimos tienen intereses económicos diferentes, pero hoy están en una coalición contra la clase obrera y los pobres, los habitantes de las “favelas” (villas miseria), las y los quilombolas (afrodescendientes que viven en quilombos), los pueblos indígenas, la comunidad LGBTQ y otros. Desde el punto de vista del capital monopolista, el objetivo es establecer un nuevo patrón de acumulación para un nuevo salto productivo hacia un nivel aún mayor de superexplotación, apoyándose en múltiples inversiones en el sistema de represión para asegurar una reducción aún mayor del gasto social.

¿Debería concluirse que, desde el ensueño mediterráneo de la falsa “Transición”, la plutocracia ha pasado al modelo asiático de producción intensiva sin derechos civiles ni beneficios sociales? El hecho es que junto con la prometida y reiterada alineación con la política exterior de Trump, la búsqueda de métodos chinos de control de masas ya está en marcha.[10] En cualquier caso, la afirmación del historiador Caio Prado Júnior, en 1942, de que la América portuguesa se había formado no para originar la vida social, sino exclusivamente como una plataforma productiva, se comprueba una vez más históricamente perspicaz.[11]

Sin embargo, ¿hasta qué punto el resto de las clases propietarias se beneficiarán de la liquidación de los derechos laborales y otras protecciones sociales? ¿No arrastrará la concentración del ingreso resultante a su vórtice una parte sustancial de las empresas privadas y de la relativa independencia económica de otras formas de propiedad? ¿Estos sectores están actuando en contra de sus propios intereses?

Chivo expiatorio

Por último, si bien todavía no está claro qué es lo que el resto de las clases propietarias buscan económicamente para morder en la amplia privación de derechos sociales y la reestructuración de la sociedad brasileña, comandada por la dictadura del dinero, existe, sin embargo, un aspecto extraeconómico que llama la atención y que posiblemente se deriva de una reacción defensiva al unísono de la clase dominante. Es el aspecto flagrante de la connivencia de clases que se manifiesta en un amplio consenso, en el poder judicial, en la prensa, en las organizaciones que representan a las llamadas profesiones liberales, en resumen, en las clases propietarias en general que el cerco contra el PT debe asumir (como ha asumido) el carácter institucional de una guerra total, que va en contra de todas las salvaguardias constitucionales.

En resumen, ¿cómo explicar el alcance y la histeria de tal consenso de clase, incluso a la luz de la propuesta del PT de un candidato muy moderado que sigue los estándares del PSDB?[12] Así, el PT abrió su programa y se acercó, prometiendo ceder en todas las líneas, pero todo fue en vano. Las clases propietarias dejaron claro que no querían armisticio ni diálogo.

Es probable que esta colusión supra e infralegal sea una respuesta a la revelación del patrón de criminalidad en los negocios. Esto ha servido y ha sido útil para encarcelar a los líderes del PT, pero, como argumento y espada de doble filo, también puede ser usado eventualmente contra la propiedad en general en Brasil.

En efecto, frente a lo que ha salido a la luz en los episodios de acuerdos turbios entre partidos políticos y capital monopolista, ¿cuántos Daumiers, Grozs, Brechts y Heartfields serían necesarios para describir el modo normal de conducta del CEO de una gran empresa en Brasil en las últimas décadas?

De hecho, el nivel de criminalidad de las clases propietarias en Brasil se ha vuelto tan alto, más allá de cualquier marco individual y circunstancial, que probablemente llevó a la intuitiva comprensión de clase de que era necesario apartar la mirada de la mayoría de los aspectos sospechosos que implicaban cualquier acumulación de riqueza en Brasil. En este sentido, la insistencia en la campaña y el cerco contra el PT, y las numerosas maniobras judiciales de jueces y fiscales movilizadas selectivamente contra el partido (incluso ignorando todos los criterios de exención e imparcialidad del aparato judicial) bien pueden derivar de un impulso intuitivo hacia la defensa de clase. Esta insistencia busca evitar la inminente conclusión general de que todo el capital y toda la propiedad en Brasil hoy en día son el resultado de la desposesión de los derechos sociales y del saqueo de los fondos del Estado.

Dique

¿Durante cuánto tiempo puede prevalecer esta táctica, antes de que la furia de las grandes mayorías sociales vuelva a estallar, como ha ocurrido sucesivamente: en junio de 2013, contra la celebración de la Copa del Mundo en Brasil; en 2015-16, en protestas masivas contra el PT; y a finales de 2018, contra el PT, que fue convertido de modo oportunista en emblema de corrupción generalizada en la contienda electoral?

Hasta ahora, hay que reconocer que la estrategia unitaria de la burguesía ha funcionado y por lo tanto ha logrado disuadir o desviar la ira popular. Impidiéndole, en suma, de ver los abismos sociales, el capital monopolista y la propiedad en general como inmediatamente sospechosos.

En efecto, la explosión de ira que llevó a la ultraderecha al poder estatal en octubre probablemente no fue el definitivo “happy end” fascistoide. Así, es probable que se produzcan otros movimientos sísmicos de furia popular, dada la falta de legitimidad que hoy en día cubre todo el sistema de partidos políticos y, posiblemente, las jerarquías sociales en general.

Grietas en el dique

En una serie de encuestas publicadas por el periódico Folha de S. Paulo en la primera y segunda semana después de la toma de posesión del nuevo gobierno, es decir, cuando la erosión política era aún mínima, aparecen señales de la inestabilidad fundamental del marco político. Los datos de la investigación, curiosamente, van en contra de las principales directivas del nuevo gobierno, sobre varios temas. Así, el 60% de la población brasileña rechaza las privatizaciones, y el 57% rechaza la retirada de los derechos laborales (Folha de S. Paulo, 05.01.2019, p. A15). Análogamente, el 54% está a favor de la educación sexual en las escuelas y el 71% está a favor de debatir cuestiones políticas en las aulas (ídem, 08.01.2019, p. B1). Además, el 61% está en contra de la relajación de las leyes de armas (ídem, 09.01.2019, p. A2). Finalmente, el 60% está en contra de reducir las áreas de tierras indígenas (ídem, 13.01.2019). Los encuestados están de acuerdo con el nuevo gobierno en un solo aspecto: el 67% está a favor de un mayor control de la inmigración (ídem, 09.01.2019, p. A2).

¿Qué indican estas cifras? ¿Cómo es posible que el nuevo gobierno, a menos de dos semanas de su asunción, ya tenga algunas de sus propuestas, entre las que se encuentran las más “amigables con el mercado”, erosionadas e incluso rechazadas por la mayoría? Entre las posibles causas, cabe considerar que la votación del pasado mes de octubre no se debió a una aprobación por mayoría efectiva del programa económico de ultraderecha ni de su programa social conservador. Fue más bien porque la ultraderecha logró encarnar, de manera más efectiva que todos los demás partidos de derecha y centroderecha, como el PSDB (que alguna vez llegó a ser el principal oponente del PT), el sentimiento anti-PT y la furia ciega y generalizada contra los aspectos fraudulentos y corruptos del sistema político.

Si la deducción es correcta, la aprobación electoral de la ultraderecha, verificada el pasado mes de octubre, no resulta de un giro fascistoide efectivo y cristalizado en las preferencias políticas de la mayoría, aunque la furia ciega es sin duda un síntoma de tendencias fascistoides latentes.

Sin embargo, para una gran parte de la población, significaba expresar su decepción con el PT y castigarlo por desviaciones y fraudes evidentes. De ahí la caída del 86% de aprobación del gobierno de Lula al final de su segundo mandato en 2010 a casi el 45% que votó por Haddad-PT, en la segunda vuelta del pasado mes de octubre.

Si es así, y si la mayoría de la población en general sigue deseosa de servicios públicos gratuitos o baratos (según las directrices incumplidas, pero una vez atribuidos al programa PT), ¿qué sucederá cuando las reformas ultraliberales, y las que están de acuerdo con las ideas de las iglesias evangélicas, sean aprobadas, implementadas y empiecen a tener consecuencias, cambiando la vida cotidiana de la población, como el despido masivo, la reducción de los salarios, la prohibición de las huelgas, la represión de las protestas, etcétera?

Sin subestimar el poder destructivo del sistema represivo y de la maquinaria estatal en manos de un grupo dispuesto a hacer cualquier cosa, la observación preliminar que hay que hacer es que Brasil ha entrado ciertamente en un largo ciclo de inestabilidad crónica o “estado de excepción” permanente. Hay que tener en cuenta que sólo la ultraderecha está organizada para un escenario de confrontación abierta.[13]

Frente a la dictadura del dinero

¿Qué viene después? ¿Es posible esperar algo mejor de lo que tenemos ahora, es decir, un gobierno de depredadores sociales y mastines, que preparan una dictadura del capital monopolista?

La respuesta a esta pregunta es fundamentalmente política y se refiere a la construcción de un nuevo proyecto histórico de transición revolucionaria hacia la propiedad colectiva y la autogestión de los medios de producción por parte de la clase obrera. Esto probablemente llevará mucho tiempo, sino peor, es posible que se mantenga por algún tiempo la actual correlación de fuerzas y esa tenga tiempo para desarrollar todo el potencial represivo y destructivo que conlleva. En cualquier caso, una respuesta adecuada al peligro actual requiere una reflexión urgente y crítica de que la estrategia de conciliación y defensa del crecimiento capitalista, defendida en las últimas décadas por el PT, debe ser radicalmente negada.

Las sirenas están sonando

El bombardeo de la clase está en curso. Es urgente concluir que la burguesía ostensiblemente abandonó al PT, así como cualquier estrategia para fabricar un consenso político. De hecho, la burguesía como clase, así como sus partidos, están invirtiendo todos sus recursos en la construcción del aparato represivo del Estado y, para cubrir eventuales lagunas, en armamento privado. Así, la flexibilización de las leyes de tenencia de armas de fuego fue una de las primeras medidas del nuevo gobierno, cuyo líder, además, defiende abiertamente la pronta despenalización de las muertes por disparos para defender la propiedad.

Del mismo modo, todos los políticos en ascenso en los partidos burgueses no tratan de seducir a las mayorías en favor de algún consenso. Al revés, buscan provocarlos y desafiarlos a buscar nuevos y mayores enfrentamientos, de acuerdo con la guerra social en curso.

Así, con el apoyo masivo de sectores de la pequeña burguesía y de las iglesias evangélicas, la burguesía seleccionó como sus cartas de la baraja política a quienes mostraban los rostros de asesinos profesionales, miembros de milicias paramilitares y grupos civiles similares a los “stormtroopers” o a las SA nazis y, por último, pero no por ello menos importante, a algunos personajes de los medios de comunicación y de la televisión que se presentan, en los pasos de Trump, como depredadores sociales.

En este sentido, J. Dória (PSDB), el recién elegido gobernador de San Pablo y autoproclamado candidato a la sucesión presidencial, dentro del bloque político de ultraderecha, es un caso emblemático de ascenso meteórico y de origen en los términos descritos anteriormente: al enfrentarse a Haddad (PT) en 2016, se convirtió en el intendente de San Pablo, después de aparecer como el anfitrión de la versión local de The Apprentice, el programa de televisión que hizo famoso a Trump. En dos años, Dória truculentamente masticó y escupió lo que quedaba del ex gobernador de San Pablo, G. Alckmin (PSDB), que lo había traído al aparato del partido. Así, Dória abandonó a Alckmin a mitad de la carrera presidencial, para apoyar ostensiblemente al candidato de ultraderecha en ascenso.

De hecho, es posible que el gobierno actual no dure. Dada la notoria inconsistencia intelectual, moral y política del clan Bolsonaro (el presidente y sus tres hijos son todos políticos electos), los días de la “dinastía” están posiblemente contados. Pero como la estrategia de la guerra de clases es más sólida y duradera, podría durar más allá del actual período presidencial, que en realidad puede acortarse debido a escándalos financieros y políticos. Sin olvidar al actual vicepresidente (un general) y al actual ministro Moro (el mastín que encarceló a Lula), y a Dória (el gobernador del estado con la mayoría de los plutócratas brasileños y un miembro orgánico de la alta burguesía), todos presentan más atributos de racionalidad consistentes con la ideología de ultraderecha. Así, cualquiera de ellos podría convertirse en el favorito del “consorcio” y heredero de la actual estrategia militar del gobierno, para llevar a cabo, sin ninguna reducción de la beligerancia, la constitución del nuevo patrón de acumulación.

Domando a la esfinge

La clase obrera debe construir urgentemente su propia organización política independiente, sin ninguna ilusión de conciliación con la burguesía. La paz está fuera del horizonte. Así, el camino hacia la organización política de la clase obrera debe ir en contra de lo que el optimismo conciliador del PT ha predicado durante mucho tiempo, para desarrollar estrategias de defensa y ataque de acuerdo con la conciencia de que el enemigo permanece precisamente donde siempre ha estado: a cargo de todo el sistema económico y de poder, en resumen, en todas las posiciones decisivas que constituyen lo que Gramsci llamó “Estado integral”.

¿Cómo y cuándo?

Para concluir, desde la falsa “Transición” de 1985 en adelante, el capital monopolista en Brasil comenzó a sentarse y a negociar con los trabajadores siempre con su arma en el cajón. Con el nuevo gobierno, comenzó una vez más, como en los veinte años posteriores a 1964, de manera amenazadora a exhibir su arma sobre la mesa. Corresponde a la clase obrera organizarse a sí misma para poder decidir cómo y cuándo derrumbar la mesa.[14]

Notas

[1] Véase Carlos Vainer et. al., Cidades Rebeldes: Passe Livre e as Manifestações que Tomaram as Ruas do Brasil (São Paulo: Coleção Tinta Vermelha/Boitempo/Carta Maior, 2013). Ver tambiém P. de A. Sampaio Jr. (org.), Jornadas de Junho, a Revolta Popular em Debate (São Paulo, ICP, 2014).

[2] Véase Francisco de Oliveira, “The Duckbilled Platypus”, en New Left Review n° 24 (nov.-dic. de 2003) pp. 40-57.

[3] Véase Michael Löwy, “MOVIMENTO PASSE LIVRE Le mouvement pour le transport gratuit au Brésil”. Disponible en: https://blogs.mediapart.fr/michael-lowy/blog/241213/movimento-passe-livre-le-mouvement-pour-le-transport-gratuit-au-bresil.

[4] De hecho, hubo episodios violentos, desafortunadamente comunes, perpetrados por la Policía Militar de San Pablo, y respuestas negligentes y despectivas del alcalde de San Pablo, F. Haddad (PT), y del gobernador del estado de San Pablo, G. Alckmin (PSDB), ambos en París, para un evento que les interesaban a ambos, como se muestra a continuación.

[5] Para una ilustración del grado de sumisión del PT al capital monopolista y, específicamente, del compromiso del gobierno con la lógica de los mega eventos internacionales, véase el video de TV Folha, Fernando & Geraldo. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=4bF6sO76ha4. El video muestra al alcalde del PT y al gobernador del PSDB junto con la cantante brasileña Daniela Mercury, actuando ridículamente juntos en un espectáculo en París, para promover la candidatura de San Pablo a la Expo 2020, un evento proclamado precisamente como el tercer gran mega-evento internacional en Brasil, después de la Copa Mundial de la FIFA y los Juegos Olímpicos. En otras escenas, Haddad y Alckmin estuvieron acompañados por el vicepresidente M. Temer, en representación entonces de la presidenta Dilma Rousseff.

[6] Además esta había sido una propuesta gubernamental oficial del PT, en su primera administración del municipio de San Pablo (1989-92), luego bloqueada y no lograda por los concejales municipales de otros partidos.

[7] Haddad fue elegido personalmente por Lula, como un joven príncipe, para ser el candidato del partido al mayor municipio de Brasil. Además, el año anterior fue elegido por Lula como su sustituto, postulándose para la presidencia de la república.

[8] “Mensalão” fue un esquema de soborno descubierto en 2005, a través del cual dirigentes del PT compraron votos de otros partidos en el Congreso Nacional para apoyar proyectos gubernamentales. Antes del PT, el PSDB había utilizado el mismo plan. Los documentos sobre el escándalo “Mensalão” son abundantes y fáciles de encontrar en Internet.

[9] La visible disminución de los activos políticos de Dilma Rousseff fue vista inmediatamente como una ventana de oportunidad por la oposición parlamentaria. Así, unas semanas después, la Cámara Baja, donde Rousseff en principio tenía la mayoría, eligió como presidente a Eduardo Cunha (PMDB), con un pasado notoriamente dudoso por decir lo menos, y que alimentaba una incompatibilidad ostentosa con el presidente. En el diciembre siguiente (2015), Cunha apoyaría el fraude parlamentario, disfrazado de juicio político.

[10] Una delegación de 12 diputados y senadores del PSL, partido de Bolsonaro, visitó China (16-24.01.2019) para ver la tecnología china para el control masivo a través del reconocimiento facial, cuya implementación está siendo considerada para su uso en terminales de transporte y otros lugares de intensa circulación.

[11] “Si buscamos el elemento vital en la formación de Brasil, el elemento que se encuentra en las raíces mismas de su posterior crecimiento, lo encontraremos en el hecho de que la colonia fue establecida para proveer azúcar, tabaco y otros productos básicos; más tarde, oro y diamantes; luego algodón; y más tarde, café para el mercado europeo”. Véase Caio Prado Jr., The Colonial Background of Modern Brazil [1942] (traducido por Suzette Macedo; University of California Press, 1967), p. 21.

[12] Haddad, un economista doctorado en filosofía y ex ministro de Educación de Lula, incluso ha cambiado su posición como profesor de ciencias políticas en la principal universidad pública de Brasil, la USP, para enseñar en una escuela privada de economía, un centro para académicos ultraliberales y estudiantes financieramente privilegiados.

[13] En marzo de 1935, en “Encore une fois, où va la France ?” (“Una vez más, ¿a dónde va Francia?, en La Vérité, 1935), Trotsky remarcó: “Una situación revolucionaria se desarrolla a partir de la acción recíproca de factores objetivos y subjetivos. Si el partido del proletariado es incapaz de analizar a tiempo las tendencias de una situación pre-revolucionaria e intervenir activamente en su desarrollo, inevitablemente tendremos una situación contrarrevolucionaria en lugar de revolucionaria. El proletariado francés se enfrenta ahora precisamente a este peligro”. Véase Léon Trotsky, Où Va la France ?/ Textes sur la Situation Française de 1934 à 1938 (Pantin : collection Classiques/ Les Bons Caractères, 2007), p. 65. Le dejo la conclusión al lector.

[14] Los documentos y datos bibliográficos utilizados fueron recogidos por el investigador Rafael Padial (IFCH-UNICAMP). También debo sugerencias de edición muy importantes a Carmela Gross, Pedro Rocha de Oliveira, Ana Paula Pacheco y Plínio Sampaio Jr.

Luiz Renato Martins (Universidad de São Paulo, Brasil): autor de The Conspiracy of Modern Art (Chicago, Haymarket/ HMBS, 2018) y The Long Roots of Formalism in Brazil (Chicago, Haymarket/ HMBS, 2019).


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