CEPRID

El momento político: Las multitudes rebeldes en Colombia

Sábado 4 de agosto de 2012 por CEPRID

José Arnulfo Bayona y Ricardo Sánchez Ángel

Izquierda

La gran depresión de 2008, lejos de estar resuelta, se ha profundizado. Las operaciones de rescate, los estímulos y las recetas del FMI y del BM aplicadas por los gobiernos han fracasado. Se trata de una crisis en que el neoliberalismo y las recesiones cíclicas se articulan con la crisis estructural del sistema capitalista mundial.

A medida que la crisis se extiende, los gobiernos neoliberales de todo el mundo, al servicio del capital financiero internacional, la utilizan para transferir sus consecuencias a las clases trabajadoras y los sectores populares mediante la imposición de mayores y cada vez más brutales medidas de austeridad. La flexibilización se lleva hasta la eliminación del contrato de trabajo, las pensiones se reducen a mesadas de miseria, los servicios públicos privatizados elevan sus tarifas, el gasto social tiende a desaparecer, la ofensiva por la privatización de la educación y la salud pública se agudiza, especialmente en los países metropolitanos. Al mismo tiempo, y de manera significativa, se relanzan las dominaciones neocoloniales y la militarización del mundo. Se ha producido un colapso de los mecanismos consensuados de control de la sociedad, lo cual ha desembocado en un incremento abismal de la polarización y la desigualdad social, poniendo en riesgo la supervivencia de millones de personas en todo el planeta. La humanidad padece una crisis humanitaria sin precedentes.

El conflicto social y la crisis política se han intensificado en todo el mundo a partir de 2008. Las luchas de resistencia y las rebeldías populares se hacen sentir, tanto en las entrañas imperiales (Estados Unidos y Europa) como en la periferia capitalista (especialmente en África, el Medio Oriente y América Latina). El espíritu rebelde de los pueblos se reactiva y sus luchas son cada vez más difíciles de contener. Estas combativas expresiones de rebeldía en las calles no pueden leerse como acontecimientos aislados y espontáneos, sino como expresión de las iras populares que tienden a globalizar las resistencias. Este es el sentido de la admirable primavera árabe, que a comienzos de 2011 estremeció al mundo. El contundente despertar revolucionario de los pueblos del Magreb condujo al derrocamiento de regímenes tiránicos que, durante décadas y en alianza con los intereses imperialistas de Europa y de los Estados Unidos, sometieron a sus pueblos a oprobiosas dictaduras y a la expoliación de sus riquezas, ante la mirada cómplice de la ONU.

Las aguerridas movilizaciones de millones de personas desafiaron las brutales y sangrientas represiones, logrando el derrocamiento de los gobiernos dictatoriales de Egipto y de Túnez. También pusieron en jaque las dictaduras de Yemen y Bahréin. Los gobiernos europeos y norteamericano dieron la espalda a sus aliados cuando ya no había opción distinta a la de “exigir” la salida de los dictadores, para propiciar una supuesta transición democrática. Frente al engaño y la traición de los militares que se hicieron con el control del poder, los pueblos sublevados han mantenido la movilización para exigir cambios democráticos reales y rechazar cualquier intervención imperialista. Con el pretexto de la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico, los Estados Unidos, en alianza con los países europeos, invadieron Afganistán e Irak y lo convirtieron en territorios de ocupación, instalando gobiernos títeres. En estas guerras, Estados Unidos, como potencia militar, bombardeó en forma masiva e indiscriminada, desplegó ejércitos de ocupación territorial produciendo miles de muertos, al tiempo que desarrollaba una guerra mediática.

Lo propio hicieron en Libia, esta vez resguardando las vidas de los ejércitos imperiales, apoyándose en los “rebeldes” previamente armados y apertrechados por ellos mismos. En un baño de sangre, el presidente Gadaffi fue asesinado y su gobierno verde derrotado. La ocupación neocolonial en Libia ha servido para destruir la unidad nacional, enfrentando las tribus históricas para facilitar a las multinacionales el saqueo económico. En Siria están buscando reeditar esta experiencia.

Por su parte, el pueblo palestino mantiene heroica resistencia frente a las constantes agresiones, masacres, saboteos y asesinatos de sus líderes por parte del gobierno de Israel, que sigue desconociendo los legítimos derechos de los palestinos.

Las resistencias antiimperialistas persisten y se extienden. La clase trabajadora y los pueblos de la decadente Unión Europea y de los Estados Unidos han acudido a las huelgas generales en España y Grecia y a las movilizaciones masivas en Francia, Italia, Portugal, Inglaterra, Irlanda y Bélgica.

Los Indignados en Europa y Estados Unidos (conocidos en este último país como el movimiento “Occupy Wall Street” o “somos el 99 por ciento”), convocados a través de las redes sociales y de sus organizaciones, se tomaron las calles y las plazas públicas para convertirlas en escenarios de debate, de denuncia y de lucha contra los gobiernos neoliberales de los partidos de derecha y socialdemócratas, las burocracias sindicales y el desmonte de sus conquistas laborales y sociales.

Estas rebeldías expresan un sentimiento anticapitalista y de ruptura con todas sus expresiones políticas y culturales, al tiempo que levantan la exigencia de una auténtica democracia, participativa y directa.

La rebeldía latinoamericana

América Latina registra un considerable despertar de la movilización antiimperialista, propinando golpes al modelo neoliberal y a las oligarquías nacionales. Las movilizaciones populares contra el neoliberalismo precedieron resonantes triunfos electorales de gobiernos de izquierda que desarrollan modelos alternativos, de ruptura con el Consenso de Washington; reformas, nacionalizaciones y avances sociales significativos.

La hegemonía geoestratégica de los Estados Unidos en América Latina y las Antillas es hoy más débil que hace tres o más décadas. La creación de mecanismos de integración como el ALBA, CELAC y MERCOSUR expresan el interés de fortalecer relaciones económicas, comerciales y de defensa frente a las intenciones dominantes del gobierno norteamericano.

La derrota del ALCA en la cumbre de Bariloche 2005 significó un duro revés para las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos en la región. Posteriormente, la estrategia gringa de negociar los TLC con cada país sólo le ha funcionado hasta el momento con Colombia, Perú y Panamá.

En sentido análogo hay que destacar el liderazgo de Cuba junto a Venezuela en la integración del ALBA, la decisión de llamar a Cuba a incorporarse a la OEA en la Cumbre de República Dominicana y el pronunciamiento de treinta de los treinta y dos países que participaron en la reciente Cumbre de Cartagena a favor de incorporar a Cuba a las futuras cumbres, manifestando también su solidaridad con Argentina en torno al reclamo de la soberanía sobre las Malvinas.

En la misma dirección se inscribe la renacionalización de la empresa petrolera Argentina YPF, privatizada durante el gobierno ultraneoliberal de Menen. Los malos manejos y el vaciamiento de las reservas de crudo argentinas por parte de la multinacional española REPSOL motivaron la medida.

Asimismo, la actitud levantisca y valerosa del movimiento estudiantil chileno movilizó al pueblo de su país por una educación gratuita y de calidad en todos los niveles, afectando la estabilidad y la legitimidad social del gobierno de Piñera. Este camino fue seguido en Colombia por la MANE, organización que lideró la derrota de la reforma a la Ley de Educación Superior (Ley 30 del 92) del gobierno Santos.

En ese contexto continental, el papel del PSUV y del presidente Hugo Chávez ha sido destacado al abrir el debate sobre el Socialismo del Siglo XXI, lo cual ha tenido incidencia en las izquierdas y los trabajadores del continente. Uno de los rasgos decisivos de la política del gobierno bolivariano está en el internacionalismo efectivo con varios de los países de las Antillas y el Caribe, Cuba y Nicaragua. Por su parte, la derecha internacional ha reaccionado buscando tomar represalias, como la del golpe de Estado contra el Presidente Zelaya en Honduras, la ocupación de Haití y el relanzamiento militar en varios países.

Sin embargo, además de las ofensivas del capital para impedir los avances democráticos, preocupan los hechos de confrontación que se registran desde los sectores populares, campesinos e indígenas contra algunas políticas de los gobiernos alternativos de la región. Dichos desencuentros se dan porque, pese al respaldo de masas a las medidas de signo democrático y social, la democracia en esos países es aún restringida, carente de mecanismos efectivos de participación y de poder popular desde abajo, mientras el sistema capitalista es aún vigente.

Además de las medidas anticapitalistas, democráticas y de soberanía del continente, es necesario formalizar el debate sobre la transición al socialismo, liberándolo de la socialdemocracia y el estalinismo.

La ofensiva de Santos y las resistencias

El presidente Juan Manuel Santos, elegido con el apoyo de su antecesor y de los partidos uribistas, los empresarios, los ganaderos, los terratenientes, la burocracia estatal, las maquinarias clientelistas, los parlamentarios vinculados a la parapolítica y los medios de comunicación, está cumpliendo su compromiso de dar continuidad a lo establecido, aplicando los mandatos del Consenso de Washington y de la economía de libre mercado.

El paquete de reformas adoptadas o en proceso de aprobación está orientado en esa dirección. La regla fiscal, la reforma del código minero, la reforma de las regalías, la reforma de la justicia, el impulso a la minería como locomotora del desarrollo y la concesión de privilegios tributarios y legales a las multinacionales tienen el propósito de crear condiciones favorables a la aplicación del TLC y salvaguardar los intereses del gran capital internacional, ofreciendo garantías para asegurarles sus multimillonarias ganancias, condicionando el gasto social en educación, salud, vivienda y trabajo a la estabilidad macroeconómica.

La redistribución de las regalías con el pretexto de castigar los malos manejos que los alcaldes dieron a los recursos que les correspondían, afecta a la población de las regiones castigadas y llevará a la quiebra a los municipios, pero mantiene intactas las pingües ganancias de las multinacionales petroleras. El otorgamiento de licencias de explotación de los recursos mineros y energéticos privilegia la inversión extranjera directa sin generación de empleo formal y digno.

La política de seguridad democrática, por ejemplo, ha significado la militarización de las zonas de interés de las trasnacionales mineras, de explotación energética y el control de los territorios para dar vía libre a la destrucción de las fuentes de agua y de recursos requerida para la construcción de represas y proyectos hidroeléctricos que generen la energía demandada para el impulso de la minería.

Las multinacionales se han dispuesto a la explotación de las inmensas riquezas hídricas y mineras de Colombia, y el gobierno se ha dedicado al despojo y al destierro de la población de las zonas destinadas al desarrollo de estos megaproyectos. A los 9.000 títulos mineros otorgados por Uribe se sumarán las 19.000 solicitudes en curso que, una vez otorgados, convertirán buena parte del territorio nacional en una inmensa mina, causando la destrucción de numerosas fuentes de agua, lo que, junto con los proyectos hidroeléctricos, será la causa de una gran catástrofe ambiental.

Es verdad que la economía creció en el 2011 y trajo mayor prosperidad a las clases ricas, a las transnacionales y al capital financiero internacional; pero sólo unas cuantas gotas de tanta acumulación se derramaron sobre el mundo del trabajo. Las cifras así lo demuestran: la tasa de desempleo supera el 10% y apenas registró una disminución mínima -que fue tan sólo de temporada-. Lo que se ha generado es principalmente empleos precarios de mala calidad. Según el DANE, el empleo asalariado creció menos que el promedio (4,2 por ciento entre 2010 y 2011), mientras que el de trabajadores sin remuneración fue el de mayor aumento (más de 33 por ciento en el último año). Los trabajadores por cuenta propia representan el 41 por ciento de los nuevos empleos. El alto grado de informalidad laboral sigue siendo preponderante, pues supera el 50 por ciento en las áreas metropolitanas y, según los datos de la OIT, en 2011 la informalidad fue del 58.4%. Las cifras son elocuentes: la “Prosperidad Democrática” fue generosa con el gran capital, pero para los trabajadores y los sectores populares lo que ha prosperado es la pobreza. Mientras tanto, la reforma de la justicia es revanchista contra las altas cortes, en especial contra la Corte Suprema de Justicia, y también adolece de los mismos vicios de otros intentos de reforma, donde el punto central es el fortalecimiento del poder presidencial y de la rama ejecutiva.

No obstante lo anterior, el ascenso al poder de Juan Manuel Santos ha significado la radicalización de las pugnas interburguesas, fisuras en el establecimiento nacional. Éstas, en apariencia inocuas, distan de serlo. Se han manifestado, entre otras, en la expedición de la ley 1448 de 2010 (Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras), la política internacional y el estilo de gobierno. Así, se ha favorecido y fortalecido la defensa de las instituciones republicanas, de la separación de poderes, de los derechos civiles y humanos, de la libertad de prensa y de la transparencia del Estado y de las instituciones judiciales por la acción de juristas, periodistas, académicos, estudiantes, trabajadores, defensores de derechos humanos, mujeres, campesinos, indígenas y afro descendientes.

El anhelo de paz se reactiva

Sin que el presidente Santos haya renunciado al final terrible del conflicto armado, ante el fracaso de la política de seguridad democrática -que no condujo a la derrota definitiva de las FARC- ha renacido la esperanza de una solución política del conflicto. En esta dirección se inscriben las labores humanitarias de Colombianos y Colombianas por la paz, quienes bajo la orientación de Piedad Córdoba convencieron a las FARC de la importancia política de la liberación unilateral de los secuestrados como un gesto cierto de interés por la salida negociada; intelectuales y columnistas de los medios adelantan la discusión sobre el camino del diálogo por la paz negociada junto a la jerarquía eclesiástica; lo propio han hecho ex presidentes de la República, con excepción de Álvaro Uribe.

El PDA ha planteado como una de sus prioridades la lucha por la paz negociada, también los sindicatos y las organizaciones sociales de todo tipo. El recientemente creado movimiento Marcha Patriótica ha adoptado esta bandera como parte esencial de su plataforma política. La liberación de los secuestrados y los recientes anuncios de las FARC de abandonar la práctica inhumana del secuestro refuerzan la posibilidad de buscar el diálogo en la perspectiva de la paz.

Pero, como lo afirma Jairo Estrada, director de esta revista (Izquierda No. 21, abril de 2012): “si bien son importantes, resultan insuficientes, pues la posibilidad real de una solución política, además de contar con manifestaciones de voluntad de las partes comprometidas directamente en la contienda, requiere ser apropiada socialmente”. Se requiere, entonces, impulsar la organización y la movilización del pueblo colombiano para elevar al nivel de reivindicación democrática la salida negociada del conflicto armado.

Contribuye a un ambiente de paz el avance de la normalización de las relaciones internacionales con Venezuela, Ecuador y demás países del vecindario, tan duramente afectadas de tiempo atrás. El propósito común de los pueblos de estos países por coexistir pacíficamente es terreno fértil para abonar la paz interna en nuestro país. Los gobiernos de Santos, Chávez, Correa y demás no han hecho otra cosa que recoger el sentimiento de nuestros compatriotas latinoamericanos.

Repunte de las resistencias

El 2011 presenció un significativo crecimiento de las luchas cívicas y populares en distintas regiones del país. A comienzos de año grandes movilizaciones en defensa del agua en Bucaramanga llevaron a la multinacional Greystar Resourcesa retirar el proyecto minero “Angostura” en el páramo de Santurbán, el cual ponía en riesgo el abastecimiento de agua potable de más de 2 millones de personas. De igual manera, e inspirados por el ejemplo de los santandereanos, varias organizaciones ambientalistas del Tolima,Huila y Caldas, a las que no ha sido ajeno el PDA, se dieron a la tarea de convocar, con relativo éxito, grandes movimientos de masas en contra de proyectos mineroenergéticos como el de la mina “La Colosa”, la hidroeléctrica El Quimbo, y la minería a cielo abierto en Marmato. En estas luchas hubo participación de amplio espectro social y popular en defensa del derecho al agua, del medio ambiente y el trabajo. En este propósito, el Congreso de tierras, territorios y soberanías declaró que “los pueblos ejerceremos soberanía popular sobre los territorios, suelos y subsuelos colombianos y somos protectores del agua. Los pueblos decidirán autónoma y libremente el desarrollo de los proyectos minero energéticos”. Y, se organiza el Foro Política Minero-Energética, Despojo y Resistencias en Colombia, que será una oportunidad para que las comunidades -y las organizaciones- acuerden generar organización para la movilización.

El Gobierno ha desatado una campaña de estigmatización y criminalización contra los/as mineras/os tradicionales, que llevan casi 500 años explotando el mineral precioso, para despojarlos y desalojarlos de sus territorios y dar paso a la explotación del oro a cielo abierto.

Las víctimas desarrollan movilizaciones por la recuperación de la tierra, como las realizadas el 11 de febrero pasado en Necoclí y el 6 de marzo en varias regiones del país, las cuales señalan el camino de la movilización y la radicalización de sus luchas por sus legítimos derechos. Complementando la lucha de las comunidades por un ambiente sano, la clase trabajadora tuvo destacadas movilizaciones contra el gran capital resaltando las huelgas de los trabajadores del carbón, la palma de cera y el petróleo, siendo estos últimos especialmente combativos, como lo demostraron los paros airados en Puerto Gaitán (Meta) contra la santa alianza estado-patronal (en este caso Pacific Rubiales).

Por último, pero no de último, el movimiento estudiantil que se gestó con la consigna de rechazo a la reforma de la ley de educación superior (Ley 30 del 92) logró movilizar a cientos de miles de jóvenes en todo el país en un proceso que alcanzó -de momento- a derrotar este proyecto. Es de resaltar que el movimiento estudiantil pudo consolidar un espacio organizativo de todo el estudiantado (la MANE), algo que no se veía desde los años setenta.

Finalmente, el proceso de protesta urbana en Colombia se ha mantenido en los últimos años: el motín del mes de marzo por el sistema de transporte de Transmilenio y por el tipo de ciudad que se ha venido desarrollando hace parte de esta reactivación de las luchas. Es fácil ver en el paisaje de las ciudades y las aldeas múltiples formas de movilización y de protesta que requieren de su unificación en un programa de ciudad, ambiental y democrático.

José Arnulfo Bayona es Magister en Formación Socio-laboral y Educador.Ricardo SáncheZ Ángel es Doctor en Historia y Profesor Universidad Nacional de Colombia


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