CEPRID

El conflicto armado y sus perspectivas de solución en el cuatrenio del presidente Juan Manuel Santos

Domingo 10 de julio de 2011 por CEPRID

Luis Eduardo Celis

Nuevo Arco Iris

INTRODUCCION

Colombia sigue viviendo un conflicto armado, degradado y persistente, es el viejo conflicto de los años cuarenta por la tierra y la participación política con garantías, que tuvo un capítulo que se agudizó con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, generando una década de violencia en el campo. Este hecho motivó la expulsión de tres millones de personas, de los doce millones de pobladores que vivían en el país. Esta violencia dejó entre doscientos y trescientos mil asesinatos y unas profundas heridas donde se incubaron las guerrillas de los años sesenta y que no sanaron con el Frente Nacional.

De este histórico conflicto es del que seguimos hablando hoy en el 2011 y al inicio de este nuevo gobierno de Juan Manuel Santos sigue ocupando nuestras energías. El conflicto sigue produciendo dolor y sufrimientos a los colombianos más humildes, limitando sus posibilidades de construcción de democracia y desarrollo, sirviendo de manera funcional a los que se han privilegiado de la violencia, instalándonos por dos décadas en un conflicto que es un “cómodo impasse” para Estado y guerrillas.

Después de los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe el conflicto armado se transformó. Durante este periodo se desconoció la existencia de dicho conflicto, se agudizó la crisis humanitaria en ciertas regiones y se creó una imagen de seguridad en medio de graves violaciones a los derechos humanos como las detenciones ilegales masivas y las ejecuciones extrajudiciales.

Con el gobierno de Juan Manuel Santos las perspectivas de superación del conflicto armado son inciertas: no se sabe si el camino será la derrota y una supuesta aniquilación de las guerrillas de Farc y Eln o si se podría pensar en un proceso que las integre, mediante mecanismos de diálogos o negociaciones. Quizás podría suceder que el conflicto permanezca por un tiempo indefinido.

El desafío está en el cómo desbloquear un conflicto, que tiene muy poca credibilidad en una opinión urbana, que no conoce ni comprende la Colombia rural donde se ha desenvuelto esta confrontación. Además, Estado y guerrillas, al parecer, no han tomado aun una decisión de sentarse en una mesa de negociación. Por otra parte, es necesario contemplar problemas ligados al conflicto armado como el narcotráfico, la acumulación de poderes desde las redes mafiosas y la internacionalización negativa del conflicto, por solo mencionar algunos temas.

No será posible una reflexión integral sobre las perspectivas del conflicto armado hoy, sin asumir los ocho años de la política de seguridad democrática. Es por esto que explicaremos sus logros y vacíos, además de cómo la asume la administración del presidente Juan Manuel Santos.

Reiteramos que es un “conflicto bloqueado” para significar que persiste y que no es marginal en la vida colombiana. Sin embargo, a pesar de que no se vislumbra la resolución del conflicto, es prioritario seguir enfatizando en la importancia de los temas humanitarios y de derechos humanos.

Al centro de la superación del conflicto está el tema de las reformas. Sin reformas no se podrá superar el conflicto, bien sea porque la guerrilla siempre encontrará razones para mantenerse en armas, o porque los territorios y las comunidades serán más permeables a la acción de las organizaciones que recurren a la violencia para agenciar sus proyectos políticos.

Desde una perspectiva de paz, son parte fundamental de esta reflexión, las comunidades ancestrales, indígenas y afrocolombianos, y las comunidades campesinas, quienes han sufrido los rigores de la guerra por la disputa del control territorial y de las poblaciones. Sin embargo, dichas comunidades se han afirmado en acciones para hacer respetar su autonomía y su territorio.

Los temas humanitarios son vitales. Sin la vigencia de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario no es posible avanzar en la resolución del conflicto armado. Aquí radica la importancia de pensar en el cómo hoy pueden y se están abordando dichos temas.

Esta estrategia parte de una comprensión histórica y se plantea una valoración del conflicto hoy con el propósito de arriesgar unas propuestas, en un nuevo contexto político. En este momento hay mayor atención de la comunidad internacional, en particular del área suramericana, en aportar a la superación del conflicto. También existe el interés y la necesidad en algunos sectores de la sociedad colombiana, desde su pluralidad y con múltiples lógicas, de ponerle punto final a la violencia o a la acción política con armas, según la perspectiva desde donde se interprete.

EN QUE ESTÁ EL CONFLICTO ARMADO HOY

El conflicto armado Colombiano ha atravesado muchos cambios en los últimos ocho años. Los grupos guerrilleros de las Farc y del Eln han salido de las zonas de producción legal del país —Cundinamarca, Montes de María, Oriente Antioqueño—; ellos han vuelto a la estrategia de la guerra de las guerrillas; pero en los últimos dos años han entrado en una etapa de reacomodamiento.[1]

El conflicto armado también ha visto primero un proceso de DDR con los paramilitares de las AUC, un proceso de justicia transicional y la aparición de varios grupos llamados Bandas Criminales, Bacrim, por el gobierno y “Neoparamilitares” por varios analistas del tema. Lo que hoy en día se observa en el conflicto armado Colombia es un reacomodamiento de los grupos armados y nuevas estrategias para enfrentar las ofensivas militares estatales permitiéndolos así crecer en tamaño e influencia en casi la totalidad del país. Como lo anotaron Granada et al. (2009)

Desde el inicio del período, año 2003, y hasta 2005, los eventos de conflicto presentan un estancamiento. Luego, entre mediados de 2005 y mediados de 2006, disminuyen sustancialmente… A partir de ese momento (2007), vuelve a haber un aumento en los eventos que lleva al máximo global de la serie a comienzos de 2008, muy superior al observado en períodos anteriores[2].

EL BLOQUEO FRENTE AL CONFLICTO

Al inicio del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se confirmó la continuidad de la estrategia de derrota militar de las guerrillas, hecho reforzado con la muerte de Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy, integrante del Secretariado Nacional de las Farc. Sin embargo, el presidente Santos ha dado señales de moderar la estrategia de solo apuntar a la derrota militar, con el pronunciamiento hecho durante el acto de posesión, el 7 de agosto cuando afirmó que “Al mismo tiempo quiero reiterar lo que he dicho en el pasado: La puerta del diálogo no está cerrada con llave. Yo aspiro, durante mi gobierno, a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos.”[3]Es un mensaje claro en el sentido de que es posible avanzar en una solución concertada con los actores armados.

El mismo 7 de agosto en el acto de posesión dijo: “A los grupos armados ilegales que invocan razones políticas y hoy hablan otra vez de diálogo y negociación, les digo que mi gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia, y la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa. Eso sí –insisto– sobre premisas inalterables: la renuncia a las armas, al secuestro, al narcotráfico, a la extorsión, a la intimidación”[4]. Pese a estas manifestaciones claras de que estaría dispuesto a buscar un acuerdo negociado e incluso a discutir con las guerrillas de Farc y Eln la “Construcción de una sociedad más prospera, equitativa y justa”, la realidad política de hoy es que estamos lejos de tomar un camino de diálogos.

La opinión urbana, ampliamente mayoritaria, rechaza contundentemente la posibilidad de volver a un proceso político de diálogos y negociaciones con las guerrillas. Además, ésta se ha afincado en la idea de la derrota militar de las guerrillas, paradójicamente es un asunto que los militares en privado ven como muy lejana o casi imposible.

Hablamos de bloqueo, en tanto que el conflicto armado continúa y sus posibilidades de resolución no se ven en el corto plazo. Primero, el bloqueo se da por la frustrada experiencia en el proceso de diálogos y negociaciones con el gobierno de Andrés Pastrana, en el Caguán. Sin lugar a dudas, este proceso político por la solución negociada del conflicto armado con las Farc dejó importantes aprendizajes y por lo tanto es necesario entender lo sucedido entre 1998 y 2002. Segundo, el bloqueo se generó, también, por la política ejercida durante los dos periodos del presidente Álvaro Uribe, en los que estuvo en el centro la derrota militar de las guerrillas, vía política de Seguridad Democrática y negación de las razones políticas de los actores armados, calificándolos de narcotraficantes y terroristas.

El proceso del Caguán fue posible por la confluencia de cuatro importantes dinámicas. Primero una opinión ciudadana favorable a los mecanismos de diálogos y negociaciones para tramitar el conflicto armado, que generó un referente político como lo el Mandato ciudadano por la vida, la paz y la libertad, en octubre de 1997. Segundo, las guerrillas y de manera especial las Farc, tensionaron la confrontación y se colocaron en el foco del debate político con el tema de la guerra y la paz. Tercero, hubo un sector político que capitalizó –la campaña presidencial del candidato Andrés Pastrana— coyunturalmente las aspiraciones de paz de amplios sectores ciudadanos. Y cuarto, la comunidad internacional y de manera específica los estados Unidos, vieron con buenos ojos que este largo conflicto se cerrara en una mesa de negociaciones y con la construcción de un pacto político.

El Caguán fue un fracaso porque las partes no lograron construir un acuerdo. La pregunta que hay que responder es si fue por falta de voluntad, por posiciones muy alejadas o porque simplemente no estaba en sus planes el lograr una negociación exitosa. Quizás la respuesta está en la articulación de las tres: voluntad, propuesta y estrategia política, lo cual llevó al fracaso y a un nuevo ciclo de violencia en el cual seguimos.

Dilucidar, ampliamente y con precisión, lo ocurrido en el Caguán ayudaría a encontrar salidas al bloqueo de esta realidad política de hoy. El peso del Caguán es inmenso en el imaginario nacional por lo que hay que tener claro lo que allí ocurrió, si se está buscando la solución negociada del conflicto armado.

En las Farc había y hay interés en reformas, pero esto no se logró enrutar en los cuatro años que duró el proceso del Caguán. Manuel Marulanda insistió en las reformas y ninguna fue posible de concretar en la mesa, quizás las Farc fueron desmesuradas en sus exigencias como por ejemplo “modificar el régimen neoliberal y finalizar el Plan Colombia”, o el gobierno del presidente Pastrana encontró improcedente avanzar en temas alcanzables como la propuesta de erradicación voluntaria de coca en todo el municipio de Cartagena del Chairá en Caquetá, con participación directa de las Farc y en coordinación con el gobierno nacional y la implementación de planes de desarrollo con el campesinado. Pero, la propuesta fue descartada por los altos costos económicos o quizás por cálculos sobre la política antidrogas. Así como también se desechó la propuesta de subsidio al desempleo para dos millones de personas, la cual era viable económicamente. Incluso, algunos economistas consultados, la consideraron una buena medida para el conjunto de la economía, en tanto que abría posibilidades de consumo, dinamización y reactivación para sectores y regiones específicas.

La mesa se agotó en sus posibilidades y creció la desconfianza, ambas partes, gobierno y las Farc, asumieron el Caguán como una pausa en la confrontación, aunque ésta nunca paró, al contrario, arreció en algunas modalidades. Entre 1998 y 2001, las Farc se tomaron 200 pequeños corregimientos y poblaciones, ambos, gobierno y guerrilla, se reentrenaron y equiparon, para el nuevo ciclo de confrontación. Cuando inició el proceso del Caguán, las Farc llevaban 35 años en armas. Además, la desconfianza imperó entre los involucrados durante el proceso: Farc, gobierno, actores civiles y políticos, fuerza pública y gremios, entre otros. Dicha desconfianza no disminuyó durante los años del proceso del Caguán, mientras en apariencia se negociaba, las partes se fortalecían, las Farc continuaron con su ofensiva y el gobierno colombiano modernizó su Fuerza Pública. El conflicto armado se mantuvo y se expandió el paramilitarismo.

En el Caguán se evidenció que ninguna de la partes estaba madura para el acuerdo, en palabras del Director de la Corporación Nuevo Arco Iris, León Valencia, las partes no se plantearon un “Final cerrado”, entendido como una decisión de una o de las dos partes enfrentadas, guerrilla y Estado, para construir un acuerdo, “Final cerrado”, fue lo que hizo posible los acuerdos de paz a principios de los años noventa, con los acuerdos iniciados por el M-19, ya hace veinte años, hay que tener voluntad, disposición a lograr acuerdos y estrategia para hacerlos realidad, con participación ciudadana y acompañamiento internacional. De la experiencia del Caguán hay que aprender mucho en estos sentidos. Si estamos ante un “bloqueo” y comprendemos que las causas están en la imposibilidad para asumir de fondo la solución del conflicto armado, lo vivido debe llevarnos a pensar en cómo es que vamos a desbloquear este complejo conflicto.

LA PERSPECTIVA DEL CONFLICTO EN ESTE CUATRENIO

Las guerrillas no están derrotadas militarmente pero el tiempo corre en contra de ellas, se mantienen en sus zonas históricas, ligadas a la economía cocalera y tratando de ser factor de regulación de un nuevo ciclo económico, ligado a la expansión de la minería, tratando de ser factor de regulaciones y control de comunidades y territorios. Sus posibilidades de crecimiento son muy limitadas, el respaldo político es mínimo, desde la eliminación de la Unión Patriótica, los reordenamientos institucionales promovidos por la constitución del 91, sus apuestas por mantenerse en el levantamiento armado, la oportunidad perdida del Caguán y la degradación del conflicto evidenciada en el poco apego al derecho internacional humanitario.

El conflicto armado no resuelto podría evolucionar, en los próximos cuatro años, hacia su terminación vía negociada o su acotamiento por pérdida de territorios y disminución de las estructuras de las guerrillas por la acción estatal, en una combinación entre combate militar y acción social. También, dentro de las perspectivas de las guerrillas se contempla la pérdida de su esencia política de lucha por el poder y conversión de sus estructuras en bandas de narcotraficantes con vínculos y control sobre poblaciones. Pero, lo que seguramente no ocurrirá de seguro es que las guerrillas de Farc y Eln depongan las armas, como en ciertos discursos oficiales se les exige. Éstas mantienen la motivación y han demostrado capacidad de adaptación con presencia territorial y recursos, como se presentó líneas atrás.

Si las guerrillas no tienen posibilidades de cumplir su aspiración global de derrotar al Estado e imponerse, sinó es previsible su derrota militar ni su decisión de abandonar las armas de manera unilateral, queda la posibilidad de concretar un acuerdo vía diálogos y negociaciones, opción minoritaria en la Colombia de hoy, sin mayor credibilidad en los centros de liderazgo político, ni en el gobierno nacional o la comunidad internacional. A pesar de las dificultades expuestas, insistimos en la conveniencia de retomar los mecanismos de diálogos y negociaciones en el contexto actual.

El conflicto armado de hoy es una intrincada trama de viejas y nuevas realidades, en palabras del maestro Jaime Zuluaga podemos decir que: “estamos ante una guerra de dos épocas –de la guerra fría y las postguerra fría, interna, de carácter insurgente, de naturaleza ideológica y política, multiactores, en acelerado proceso de degradación y atravesada por los intereses de la economía del narcotráfico. La presencia del narcotráfico y la localización de escenarios de guerra en las fronteras le confieren dimensión internacional con fuerte incidencia regional”[5], ese es el conflicto no resuelto, sobre el que buscamos incidir, con el propósito de lograr su superación.

Sobre las perspectivas del conflicto armado es interesante la reflexión del maestro Medófilo Medina, quien escribió:

“Las guerrillas en Colombia no se muestran susceptibles de ser derrotadas de manera puntual: no se le podría poner una fecha precisa a la hipotética victoria de las Fuerzas Armadas. No disponemos de evidencias empíricas según las cuales las guerrillas que entraron en procesos de reinserción entre finales de los años ochenta y comienzos de los noventa hubiesen sido previamente derrotadas. Lo previsible es que, a pesar de recibir golpes contundentes, las guerrillas se recompondrán dada la disponibilidad demográfica, la ausencia de reformas que permitan absorber laboralmente a la población y las posibilidades financieras provenientes del comercio de narcóticos. La perspectiva es, entonces, la prolongación de una guerra que no puede mantenerse sin reproducir y ampliar incesantemente las condiciones de su degradación y la afectación de la población civil”[6]

Es importante plantear que no todos los intereses apuntan a la solución política y final cerrado del conflicto armado colombiano. Hay quienes que no quieren que termine porque les es funcional a sus motivaciones de acumulación y de poder, permitiendo el crecimiento de su influencia, manteniendo su liderazgo sobre la política y la economía, y lo que es más importante, refuerzan su acción autoritaria y criminal. Nos referimos a las “fuerzas oscuras” denunciadas desde los años ochenta, que son esa compleja articulación de civiles y sectores militares. Este hecho explica, en parte, el porqué hemos vivido un conflicto armado prolongado.

Los retadores del poder desde las armas no han logrado sus objetivos y quienes han acumulado poder en medio del conflicto se sienten a gusto con esta dinámica, lo cual nos conduce a plantear que el conflicto ha sido reforzado por las fuerzas más retardatarias que se oponen a la construcción del Estado social y de derecho, consagrado en la Constitución del 91. Al contrario, dichas fuerzas han trabajado por su desmonte, de ahí la importancia de terminar el conflicto armado, para que en un orden de competencia política con garantías se puedan ver los conflictos de disputas de órdenes sociales que la violencia distorsiona u oculta.

DESBLOQUEAR LA SOLUCION DEL CONFLICTO

Es posible superar el bloqueo frente a la solución del conflicto, lo que significaría colocarlo en el terreno de la solución política. Es decir, la histórica tesis de que este es un conflicto por el poder, con raíces sociales, políticas y económicas, y, en esa medida, los actores implicados pueden concertar su terminación vía diálogos, negociaciones y construcción de un acuerdo o un conjunto de acuerdos.

En este sentido, es pertinente preguntarnos si existe la decisión de construir un acuerdo político entre las partes enfrentadas, guerrilla y Estado, este último con énfasis en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Además de cuestionarnos si se han superado las limitaciones que impidieron la solución del conflicto en el Caguán: voluntad de ir hacia un proceso político de diálogos y negociaciones con final cerrado, un conjunto de reformas que sean posibles de pactar y una estrategia para la conducción de un proceso de estas complejidades.

Actualmente tenemos una cuarta limitación, que es el primer obstáculo: no se cuenta con una situación política que sustente la solución del conflicto vía diálogos y negociaciones. Construir este escenario de negociación requiere de una confluencia entre la voluntad de los actores de caminar hacia esa dirección, seguir trabajando por la vigencia y estricto respeto al DIH y a los derechos humanos, promover el debate y la acción sobre el conjunto de reformas que el gobierno de Santos ha anunciado, algunas de las cuales están en trámite en el Congreso de la Republica. Es necesario ubicarnos en una acción simultánea en cuanto a las dimensiones señaladas, principalmente, en la búsqueda de unos logros en DIH y derechos humanos, y la promoción de un conjunto de reformas. Si en los próximos doce meses logramos avanzar en dichas prioridades señaladas, podríamos acercarnos a un nuevo escenario político donde se abra paso a la solución dialogada y negociada.

En caso de que las guerrillas propicien un escenario de negociación, éstas deben considerar el respeto por el DIH y los derechos humanos como la liberación de los integrantes de la fuerza pública y la Policía hoy en su poder. También deben tener en cuenta los siguientes temas:

• Abandono de la practica de secuestro y liberación de militares y civiles en su poder.

• El abandono de la violencia sexual.

• El reclutamiento de integrantes de las comunidades.

• El uso de minas de manera indiscriminada.

El Estado, por su parte, también debe considerar los temas de DIH y derechos humanos, en especial:

• La política frente a las víctimas, tanto en los proyectos de Ley en trámite como en la capacidad para asumir la complejidad y la voluntad para emprender una política de la envergadura que se requiere.

• Las investigaciones y sanciones por las ejecuciones extrajudiciales de los últimos ocho años y las garantías efectivas de que estas prácticas criminales no se repetirán.

• Una política de Derechos Humanos construida y concertada con las comunidades más afectadas y el movimiento de derechos humanos.

Si el tema de DIH y derechos humanos es una prioridad en la perspectiva de abrir posibilidades a una opinión ciudadana favorable a las soluciones dialogadas y negociadas, las definiciones que han venido asumiendo las organizaciones sociales y comunitarias –de manera especial las que están agrupadas enla Red de Iniciativas y Comunidades de Paz , están en una perspectiva acertada, hay que mantenerse y aplicarse a una acción que dialogue y exija a las partes en conflicto su apego y cumplimiento a unas exigencias humanitarias, en el caso de la guerrilla y el Estado a unos mandatos constitucionales y legales.

El segundo tema, el de las reformas, igualmente ayuda a crear un ambiente favorable para acercarnos a un momento político de diálogos y negociaciones. El gobierno de Santos ha colocado temas sustanciales y de primer orden para los colombianos y para los intereses de las guerrillas. Por un lado, está el tema del ordenamiento rural y las posibilidades de una vida digna en el campo. La marginalidad y la pobreza que hoy se vive en el campo colombiano son escandalosas, allí los indicadores muestran un campo hiperconcentrado y un ordenamiento de la propiedad rural altamente ineficiente. Se busca revertir el despojo de tierras, por lo menos en un porcentaje mediante las iniciativas legislativas presentadas al Congreso como son la Ley de tierras y la Ley de víctimas; pero, además, se requiere un marco normativo que oriente el proceso de reordenamientos en el mundo rural que lo haga más productivo y eficiente.

Por fin, luego de ochenta años de intentos fallidos de reordenar el mundo rural pareciera que este cuarto intento de la élite política puede tener éxito. Después de los fracasos en los años 30 de Alfonso López Pumarejo y en los años sesenta de Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo, quienes en el siglo XX intentaron un reformismo agrario al que se opusieron el poder terrateniente y su orden latifundista, hoy el presidente Juan Manuel Santos puso el tema en la agenda publica, con la gran diferencia de que en esta ocasión los intereses macroeconómicos hacen imperativo que el campo sea productivo, legal y sin violencia. Son razones de orden económico las que han vuelto a traer el asunto a la agenda nacional.

La otra cuestión que explica la existencia y persistencia del conflicto armado es el régimen de participación política. Las guerrillas surgieron y se mantuvieron por la falta de garantías para competir por el poder, la eliminación física y las posibilidades de fraude son la otra explicación de fondo, junto con el tema rural, que dan cuenta de la existencia de este conflicto.

Por ejemplo, el Eln surgió con la tesis de “quien escruta elige” que les inculcó el Cura Camilo Torres Restrepo; el M-19 se levantó con el referente de un fraude en las elecciones presidenciales de 1970; y el intento de un acuerdo con las Farc en los años 80, se selló con el exterminio de la Unión Patriótica. En los años recientes el paramilitarismo construyó una nueva fuerza política y reordenó el poder en amplias regiones del país, eliminando la competencia política y aterrorizando a la población. De allí, que la participación política con garantías, el sistema electoral y todo lo que compita con la disputa del poder deba trabajarse y, en esa dirección, las discusiones sobre régimen de partidos, estatuto de la oposición y modernización del sistema electoral son asuntos que abren espacios a una solución política del conflicto armado.

Si hay una acción ciudadana por el DIH y los derechos humanos y seguimos en el debate de las reformas se avanzará en la solución del conflicto armado, tomando las razones de fondo que han mantenido el alzamiento y la violencia política.

Los acuerdos deben concitar la participación de todos los actores sociales y políticos de la Colombia de hoy, incluidas las guerrillas, pero no serán éstas quienes estén al centro de los acuerdos. Aquí hay una pertinente distinción, se puede estar de acuerdo con que las guerrillas vayan a un proceso político para encontrar formulas que permitan construir acuerdos, en cuyo centro deben estar las reformas, pero no son las guerrillas quienes tomarán la última palabra sobre éstas, pueden y deben participar de los debates y la construcción de acuerdos, pero dentro de una pluralidad de actores sociales y políticos, al respecto se puede citar la formulación hecha por Camilo González Posso, de “una vía ciudadana para la paz”, en la que afirma:

“La vía ciudadana hacia la paz tiene como estrategia el pacto social y político de la civilidad y la construcción de paz sin subordinar los medios ni agendas sustantivas a los actores armados, pero no excluye el diálogo ni los pactos humanitarios y de paz con ellos. Por el contrario les ofrece un lugar eficaz en un nuevo contrato social y político que se construye desde la sociedad civil sin armas y busca desmontar los determinantes estructurales de la violencia, superarla con democracia y equidad y ofrecer salidas políticas y de justicia transicional a los actores directos e indirectos de la confrontación armada”[7].

Las guerrillas pueden y deben buscar un acuerdo político, se les debe reconocer su carácter político y las razones de su alzamiento armado, así no se comparta el que se hayan mantenido tanto tiempo en armas. A las guerrillas les faltó responsabilidad y aplicarse a fondo en el Caguán y en el último intento emprendido por el Eln con la administración del presidente Álvaro Uribe. El conflicto se degradó y las guerrillas cada vez afectan a las comunidades, cometiendo graves violaciones al DIH y los derechos humanos, y fortaleciendo un régimen autoritario y antidemocrático a través de la consolidación del poder mafioso y criminal. A pesar de lo anterior, siguen siendo actores políticos con derecho a participar en las decisiones estructurales que necesitan los colombianos para impulsar las reformas que contribuyan a ponerle fin al conflicto armado.

Hay que volver a llamar a la responsabilidad política a las guerrillas y al Estado. Los acuerdos son la mejor opción para Colombia. Es necesario cerrar el recurso de la violencia para agenciar proyectos de sociedad, intereses políticos, por muy legítimos que puedan resultar, de ahí que a las Farc y al Eln les compete analizar y decidir si toman de manera decidida el camino de los acuerdos o prefieren transitar el camino de la degradación total.

El tiempo corre en contra de las guerrillas. Cada año que transcurre éstas tendrán que sortear con el narcotráfico y con la pérdida de un horizonte político. La PSD puede reacomodarse así como ellos lo han hecho y seguirlos disminuyendo –la aniquilación militar de la guerrilla es casi imposible pero no su reducción—. Aunque el Estado asuma las reformas que requiere el país, las guerrillas perderán sus banderas, pero se inventarán otras más porque no han sido tenidos en cuenta en la decisión final para lograr dichas reformas. Aunque las reformas se pueden hacer con o sin las guerrillas, es imperativo que estén las guerrillas para aportar en la solución del conflicto, pero ellas igualmente deben decidir su rumbo y futuro.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos debe calcular sus actuaciones frente al conflicto armado. Por ahora, los mensajes van en la línea correcta, no descarta la salida negociada y eso está muy bien, es entendible de que no corra a buscar un escenario de negociación. La opinión ciudadana mayoritaria está en contra de ello y el “Uribismo” se opondría de manera abierta. Sin embargo, el gobierno ha colocado unas condiciones posibles de cumplir por las guerrillas de Farc y Eln: rehenes, secuestrados, minas, acatamiento del DIH, son temas que no alteran el curso de la confrontación y si pueden abrir un escenario diferente.

Las guerrillas deben reflexionar sobre las condiciones del gobierno para sentarse a negociar y tomar decisiones, si quieren meterse en un proceso político que va marchando porque las reformas se harán, aunque las dimensiones, profundidad y calidad esté por verse. Estamos ante un gobierno de talante reformista porque sus intereses lo demandan, ya que hay que modernizar. Aquí surge la pregunta: si esa modernización se realizará atendiendo los intereses de marginados y excluidos o en contra de ello y si se superarán las categorías de despojo, exclusión y autoritarismo que nos han regido en nuestra vida Republicana.

Además de llamar a la responsabilidad a las guerrillas, también es fundamental invitar a las élites en el poder a tener un sentido de responsabilidad. Éstas deben calcular y responder por sus actuaciones, ellas deben contribuir a buscar un camino de entendimiento y propiciar la superación de políticas de exclusión, revirtiendo el despojo y promoviendo reformas sociales, políticas, económicas y culturales que hagan posible el estado social y de derecho e igualmente aportando en su momento a abrir la puerta de la paz, sin exigirle imposibles a la guerrilla o en otras palabras sin reconocerle ningún papel político y una participación en las reformas que la sociedad requiere.

Si la exigencia es desarme sin ninguna posibilidad de que las Farc y Eln se hagan participes de escenarios políticos para discutir las reformas, no es posible avanzar en acuerdos, si se les pretende humillar exigiéndoles rendición, pues no será viable buscar acuerdos y cerrarle las puertas a las guerrillas, significaría llevarlas a dos escenarios que van a ser funestos para Colombia, el primero una desintegración de estas organizaciones y su conversión quizás mayoritaria en carteles de la droga y señores de la guerra con control de territorios y poblaciones y degradación de su agenda política y quizás, en que el terrorismo se vuelva su forma principal de actuación, si arrinconamos a las guerrillas militar, social y políticamente y les negamos cualquier espacio en las reformas, se va a volver realidad el discurso que se ha acuñado en los últimos veinte años, de verlas como simples bandas de narcotráfico y terroristas.

LA RUTA DE LAS REFORMAS

Hemos insistido en la importancia de pensar y continuar trabajando en las reformas que Colombia requiere y allí hay lugar para las guerrillas, las cuales han expresado en diversos momentos las propuestas que están interesadas en promover. Un buen resumen se encuentra en el informe de desarrollo humano del 2003 “El conflicto Callejón con Salida”[8]. Partimos de las reformas como la constatación de que tenemos un orden social que requiere reordenamientos para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía.

Insistimos, reformas sí, porque son pertinentes y necesarias en la Colombia de hoy, cuales son las prioritarias, a nuestro juicio, las que más pueden ayudar al acuerdo con las guerrillas y las que deben atender el cierre de este largo conflicto armado son:

• El desarrollo rural y el revertimiento del despojo agrario de los últimos veinticinco años.

• El régimen de participación política y el sistema electoral.

• La Verdad, Justicia y Reparación a las víctimas del conflicto armado y la violencia.

• Una política de Derechos Humanos.

• Un acuerdo nacional sobre política de defensa y seguridad.

En otro orden están los temas de interés estricto de las organizaciones Farc y Eln, aunque también lo son de la sociedad y el Estado.

• Tratamiento jurídico por graves violaciones a los derechos humanos y al DIH, y participación en Verdad, Justicia y Reparación.

• Conversión de las guerrillas en fuerzas civiles.

• El Desarme, la Desmovilización y la Reincorporación.

Hay un trabajo importante de construcción de agendas, en la última década, que hay que mirar y valorar en sus aportes y especificidades, un buen resumen de estos ejercicios y los temas que se proponen lo realiza Camilo González Posso:

“Esta vía ciudadana hacia la paz en esta década supone la construcción progresiva de espacios de paz a todos los niveles y parte de consensos básicos que ya se han estado configurando en diversos sectores de la sociedad y que se expresaron en la Constitución de 1991, en el Mandato por la Paz en 1997 y en la movilización de millones de colombianos en contra de la violencia. La idea de un pacto ciudadano entre diversos como base de la transición hacia la paz y parte el mismo de las premisas de esa paz duradera, ha sido propuesto desde 1991 y se ha reiterado de alguna manera en Destino Colombia (1997), el Congreso Nacional por la Paz (2003), por la Agenda Mínima y el Estado Constitucional planteado por Planeta Paz o por organizaciones y programas pro paz como los impulsados por la Red PRODEPAZ o REDES -PNUD.

En la actualidad es una idea central en la propuesta de Acuerdo nacional por la Paz y la Reconciliación que promueve la Comisión de Conciliación Nacional. Entre los consensos básicos que se viene construyendo en función de ese pacto político y ciudadano, se encuentran los 9 siguientes:

• La defensa del Estado Social de Derecho y de conquistas del Estado del Bienestar como marco general.

• La promoción, respeto y garantía integral de los derechos humanos (civiles y políticos, DESC, DAC y emergentes).

• Fortalecimiento de las organizaciones sociales y garantía a los derechos de asociación, étnicos, de movilización, protesta, oposición y demás derechos fundamentales.

• El rechazo de toda violencia armada en la solución de conflictos sociales y políticos.

• La adopción practica de los instrumentos de Cultura de Paz.

• Garantía de derechos de las víctimas adoptados por la comunidad internacional, comenzando por la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.

• La promoción del Derecho a la Paz como derecho fundamental y síntesis de derechos que requiere construir desde ahora democracia representativa, pluralista, solidaria y participativa[9].

La prioridad es pensar y trabajar en las reformas, y esta agenda de la nación no puede ser tratada exclusivamente con las organizaciones guerrilleras y de espaldas al movimiento social y la sociedad civil y política. Los cambios de fondo en el régimen constitucional y legal, sólo pueden lograrse a través de los mecanismos propios de la democracia, en donde la participación social y ciudadana tienen un lugar privilegiado. El gobierno es consciente que la confianza, la credibilidad y la justicia se esperan por todos los actores, y que cada uno pretende el logro de sus objetivos, así que debe procurar un punto de flexión que medie en todos.

Ahora bien, las iniciativas de paz y humanitarias de la sociedad civil se han transformado en el factor más terminante y su práctica de formas de democracia local en un camino para desbloquear el régimen político afectado por la exclusión, la corrupción y la violencia. La guerra colombiana que ha convertido a la población civil en la primera víctima del conflicto con mayor vigor desde los años 80 cuando la guerra entre grupos paramilitares y algunos miembros de las Fuerzas Armadas involucrados con éstos, eliminó a cientos de dirigentes sindicales, indígenas, mujeres y campesinos, entre otros. En la presente década las masacres paramilitares y la acción indiscriminada de la guerrilla han producido la más grave crisis humanitaria y pone de manifiesto el reto de la sociedad civil que se circunscribe dentro del marco de la coyuntura política actual y en prospectiva de negociación con los grupos al margen de la ley.

Al mismo tiempo es perentorio pensar y formular la “agenda humanitaria posible en las diferentes etapas del proceso”. Se entiende esta agenda como una herramienta que facilite la construcción de confianza y reconocimiento como sujetos políticos de una negociación a quienes tendrán la responsabilidad de las decisiones pero también podrán expresar e incorporar las necesidades de los tradicionalmente excluidos, esto es, de las víctimas como grupo más afectado ante la crisis humanitaria por la que atraviesa el país, pero esto teniendo siempre presente la sociedad en general, que además está ligada a las intensas transformaciones sociales, políticas y económicas que precisa Colombia.

En efecto, en medio de la adversidad el movimiento social ha desarrollado diferentes acciones humanitarias, movilizaciones y marchas por la paz –lugar destacado para la Minga Social y Comunitaria- de diverso orden, las cuales se encuentran inscritas en una dinámica de resistencia importante por cuanto constituye un mecanismo para su fortalecimiento y se erige (desde ya) como la principal fuerza motora de transformación social.

Si las reformas son el aspecto central, lo de fondo para pensar en la construcción de un acuerdo político, entre el Estado colombiano y las guerrillas de Farc y Eln, en un proceso con participación ciudadana y esto aún es un horizonte a construir y el camino a las reformas está en la agenda y las dinámicas de la política institucional: discusiones en el Congreso de la Republica, formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, formulación de políticas públicas sectoriales, tratados internacionales, nuevos gobiernos y planes de desarrollo municipales y regionales en el 2011, si este conjunto de procesos vienen andando y hay un debate importante en el movimiento social, si se participa o no en estos escenarios, la discusión sobre el sentido y contenidos de las reformas cobra nuevamente principal importancia.

Hay una posibilidad de ir involucrando a las Farc y al Eln en el proceso de reformas, que es delicada y por supuesto hay que pensarla en el marco de las posibilidades de interlocución desde movimientos sociales con estas organizaciones y es la de informarles, documentarles y plantearles el intercambio sobre el proceso de las reformas que se han planteado, que desde las regiones y en lo posible, las direcciones sepan que se discute, como el movimiento social entiende y se involucra en este proceso. De tal forma que en un mediano plazo, si se constituye un escenario de diálogos y negociaciones, ellos estén plenamente actualizados de las propuestas y debates y puedan concurrir de manera informada y propositiva.

A MANERA DE EPILOGO

Es posible superar el conflicto armado en el cuatrienio del Presidente Juan Manuel Santos, por los planteamientos reformistas que este hace, por la debilidad estratégica de las guerrillas de FARC y ELN que deben asumir que no es posible el cumplimiento de la derrota del estado y la promoción de su agenda de poder y que ha llegado la hora de concretar un acuerdo para poner fin a este prolongado alzamiento armado y convertirse en fuerzas civiles.

Todos los datos de la realidad muestran que el grupo dirigente en el poder liderado por el Presidente Juan Manuel Santos, quiere ir a un acuerdo negociado con las guerrillas, los militares se han pronunciado públicamente en el sentido de que el mejor escenario para superar el conflicto es mantener la presión armada y abrir un escenario de negociaciones, los gremios económicos que están por la modernización apoyarían un proceso de acuerdos, Estados Unidos no se opone a esta alternativa y la región Sudamericana tiene todo el interés en aportar al fin del conflicto, así las cosas, hay que mantener la iniciativa en este sentido.

Notas:

[1] Si alguna información no es citada viene de Los informes de la Corporación Nuevo Arco Iris de los años 2008, 2009 y 2010 contenidos en las Revistas Arcanos No 15, 16 y 17. El resto de la información será citada.

[2]Granada, Soledad, Restrepo, Jorge A., y Vargas, Andrés R. (2009). “El agotamiento de la política de seguridad: evolución y transformaciones recientes en el conflicto armado colombiano.” P 49. En Guerras y violencias en Colombia: Herramientas e interpretaciones. Ed. Jorge A. Restrepo y David Aponte, CERAC.

[3] Discurso de Juan Manuel Santos Calderón en el acto de posesión Presidencial, Plaza de Bolívar, 7 de agosto de 2010. En:http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Agosto/Paginas/20100807_15.aspx

[4] Idem.

[5] Jaime Zuluaga: en Las otras caras del poder, GTZ, Foro, página 45, septiembre de 2009.

[6] Medófilo Medina en: Qué, cómo y cuándo negociar con las FARC, pág. 315-316, Intermedio Editores, 2008.

[7] Camilo González Posso en: La Vía ciudadana para construir la paz, Pág. 17. Indepaz, Conciliation Resources 2010.

[8] Pueden versen en el siguiente link en la pagina 406 y 407, http://www.pnud.org.co/img_upload /9056f18133669868e1cc381983d50faa/capitulo_17.pdf

[9] Camilo González Posso en: La Vía ciudadana para la paz, pág. 22, Indepaz, Conciliation Resources, 2010.

Luis Eduardo Celis es Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y desde el año 2000 asesor de la Corporación Nuevo Arco Iris. Este texto es un resumen de un informe elaborado por el autor, desde la Corporación Nuevo Arco Iris, para el Programa Suizo para la Paz en Colombia.


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