Ante todo queremos manifestar nuestra solidaridad con el Nodo50 y la ACT ante esta nueva escalada represiva.
En esta ocasión en la pelicula son protagonistas Julián Manuel Fernández López y sus compinches de la Agencia de Protección de Datos. A nosotros no nos pilla de sorpresa porque conocemos bien esta institución. Una institución que ten cierta medida debería responder a las exigencias de control por parte de la ciudadanía totalmente desamparada ante los abusos de las administraciones y las corporaciones empresariales. Seres humanos que perdemos identidad, para convertirnos en cifras, estadísticas, potenciales consumidores y por supuesto siempre delincuentes o potenciales delincuentes si nos negamos.
Pero la APD no ha hecho nada al respecto. No ha movido un dedo ante las reiteradas denuncias de tráfico de datos privados entre empresas con fines publicitarios (muchos de esos datos provenientes de censos hechos por las diferentes administraciones, con origen el CIS, el Insalud, el INE, etc...), ni ha hecho aspaviento alguno con los descaros de las compañías operadoras de telefonía, con Telefónica a la cabeza, casi permanentemente denunciada por traficar, desvelar o apropiarse de datos privados de sus clientes.
Sin embargo parece ser que hay una denuncia formulada por un sindicato -y no hace falta tener muchas luces para imaginar de que clase de sindicato puede tratarse- contra la ACT porque en su página webexpone para general conocimiento una relación de funcionarios de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que han sido denunciados o condenados por torturas o malos tratos. En este caso la APD no lo duda un instante y decide actuar y se presenta en el servidor telemático en un alarde de prepotencia para recabar información.
Nos preguntamos: ¿que clase de información quieren estos individuos? La información de la ACT, es libre y a disposición de quién la quiera. El nodo50 se caracteriza entre otras cosas por poner a disposición de quién la quiera información libre.
Y es precisamente en esta cuestión, donde reside el problema. Ni la APD, ni él o los gobiernos, ni por supuesto las fuerzas de seguridad del estado quieren que la información sea libre. Y por supuesto mucho menos la información que les pone en evidencia. Porque es que lo que realmente alarma al visitante de las páginas de la ACT, no es que pueda leer el nombre de un tal policía que ha sido denunciado y condenado por torturado, sino que lo primero que salta a la vista es que año tras año hay una enorme relación de funcionarios de todas las clases implicados en casos de torturas y malos tratos (y eso que solo se habla de los casos que son denunciados) con lo que el estado español queda al descubierto como un estado donde la tortura está a la orden del día, y esto no es demagogia, no són elucubraciones de sanguinarios "terroristas" lo dicen sus "señorías" los jueces. Una vez más nos vemos enfrentados a la negación de la verdad, a la represión de la memoria. Se han dado cuenta de que una gente que tiene memoria, que se ha decidido a no olvidar que en este estado se tortura y mucho, y no sólo eso sino que encima tiene la pretensión de hacerlo público y eso no lo pueden tolerar, no se lleva en estos tiempos.
En Solidaridad Obrera hemos tenido varios infructuosos contactos con la APD, en el Metro de Madrid se han puesto varias denuncias porque la empresa utilizaba las fotos de los trabajadores de sus placas identificativas para pasarle datos a la policía sobre los trabajadores más conflictivos y cuando la huelga del metro la policia utilizo bien esta valiosa información manteniendo casulamente estrecha vigilancia sobre los compponentes del comité de huelga que por aquella temporada disfrutaron de escolta a domicilio. En un principio parecía que la APD iba a hacer algo, pero en seguida fue cesado el que era Director, y se acabó el tema. Durante la huelga del Padrón, varias denuncias fueron formuladas por el comité de huelga ante la APD, porque la empresa (SigmaII) esxtaba realizando un censo absolutamente arbitrario y entre otras cosas obligaba a los trabajadores a censar gente sin que esta diera su conformidad (a base de preguntar a vecinos que tuvieran a bien chivatear cuantos más datos mejor de sus vecinos), y porque había fundadas sospechas de que la empresa estaba utilizando los datos obtenidos del padrón para fines de otra índole que los relativos al padrón. La APD, como quién oye llover.
Así es que cuando además vemos el articulo publicado por ABC no nos queda más que concluir que una vez más se trata de una maniobra, dirigida, al más viejo y puro estilo desde el Ministerio del Interior y sus fuerzas de seguridad (¡elija usted la variante! cada vez son más y suman adeptos). Que no nos cuenten milongas con que "Los condenados también tienen derecho a la intimidad". Los que son los maestros de la , los que primero disparan y después preguntan, los que primero condenan y luego juzgan, los que callan la verdad para monopolñizar la mentira, tienen encima la desfachatez de decir algo así, por mucho que lo intenten no nos van a engañar. Los funcionarios son POLICIAS y defienden el estado y la propiedad privada, los funcionarios de prisiones son CARCELEROS, sus centros penitenciarios son CENTROS DE EXTERMINIO, y la APD es la Agencia de protección de los DATOS DEL PODER. Nuestro apoyo al Nodo50 y a la ACT para lo que digaís

Sindicato de Oficios Varios de Solidaridad Obrera