Nodo50 es, sin duda, una de las organizaciones más comprometidas con la libertad de expresión en internet. Desafortunadamente ello les ha llevado a continuos choques y problemas con gobiernos. El último que se acaba de desatar resulta ser uno de los más problemáticos. Entre las organizaciones que están alojadas en nodo50 se encuentra la ACT o Asociación Contra la Tortura. Esta asociación tiene entre sus páginas una lista de agentes del orden de diversos cuerpos que habían sido juzgados por tortura o malos tratos a detenidos -algunos fueron condenados, otros absueltos- así como policías que se encontraran actualmente en investigación por los mismos delitos.
La Agencia de Protección de Datos, amparada en la LORTAD, ha decidido que esa lista viola diversos artículos de la nueva ley y ha emplazado a nodo50 a retirar esa página de internet lo más pronto posible, a menos que quieran hacer frente a una multa de varios millones de pesetas. Creo que este caso encierra el germen de uno de los mayores problemas que uno pueda encontrarse en la ciberética, así que en el artículo de esta semana me gustaría analizar el caso de una forma desapasionada, olvidándonos de eventos concretos y formas de actuación y centrándonos en la esencia. Este ejercicio filósofico puedo hacerlo, desde luego, contando con que otras personas están en estos momentos en el frente real, solucionando las injusticias concretas que se hayan cometido contra nodo50.
De todas formas, no me parece ni mucho menos que esta reflexión sea un acto gratuito. No sólo tenemos que basar nuestra actuación en la red a partir de campañas concretas. Me parece básico que los internautas debatamos también cuestiones de principio, para sentar entre todos la ética y la política de nuestras comunidades virtuales. Mi planteamiento va a ser pues, exclusivamente ético. Y la pregunta sería ésta: ¿es moralmente aceptable la existencia de listas como la de la ACT? Mis concepciones éticas me dicen que no y eso es lo que voy a argumentar a lo largo de estas líneas.
Existe una posición filosófica a la hora de analizar la ética, que podríamos llamar formalismo y que considera que los principios éticos son innegociables y que se han de aplicar sean cualés sean las consecuencias. Immanuel Kant en su texto "la metafísica de las costumbres" hacía suyo este principio al afirmar que, si un día viéramos a una víctima inocente esconderse de un asesino loco, y luego ese asesino loco nos preguntara dónde se ha escondido la víctima, nuestra obligación moral sería decírselo al asesino, pues mentir viola diversos principios éticos.
Una buena parte de los activistas de la red -especialmente los afincados en los Estados Unidos- han hecho suyos los principios kantianos y creen que la libertad de expresión es un derecho absoluto, innegociable. Así, estos activistas, cuando se enteran de que una página ha sido censurada, inmediatamente hacen mirrors de los web censurados, sin importarles lo más mínimo los contenidos de esas páginas. La mayoría de las veces, ni siquiera lo miran. Lo mismo les da que sea un texto religioso que una página que defienda el racismo o un texto científico heterodoxo: la libertad de expresión ha de primar en Internet fuera de cualquier otra consideración. Creo razonable suponer que esta es la posición de nodo50 y de otros grupos que han realizado mirrors de las páginas.
La posición opuesta a la que podríamos llamar pragmatismo, tiene de adalid sin duda a Maquiavelo, con su principio "El fin justifica los medios". No se trata de un simple arribismo ni mucho menos. Hablamos del concepto de que los principios éticos son infinitamente maleables y que han de modificarse en función de nuestros intereses políticos.
Comunistas como Lenin y Gramsci tienen textos donde se argumenta este principio. En internet esta posición se caracteriza por defender la libertad de expresión sólo de aquellos personajes que están a nuestro lado a la hora de conseguir ciertas reivindicaciones. Así, siempre según esta posición, es fácil imaginar a un grupo feminista que defiende la libertad de expresión de una página que ataca dogmas religiosos en una sociedad donde se usen para reducir los derechos de la mujer, pero estar a favor de la desaparición de una página -desgraciadamente real- en la que se den instrucciones detalladas de cómo llevar a acabo una violación, porque iría en contra de los derechos de estas mujeres.
Creo que sería relevante ahora comparar la página de la ACT con otra que tenía por nombre Nuremberg. En este site, dirigido por grupos antiabortistas, se ofrecía una lista de médicos que practicaban abortos, y se incluían datos personales como la clínica en que trabajaban, su casa, su número de teléfono, hasta la matrícula del coche. Aquellos grupos que se guiaban por una visión formalista de la libertad de expresión hicieron mirrors de la página, pues consideraban que la libertad de expresión de estas personas no era negociable, aunque internamente los despreciaran y estuvieran absolutamente en contra de su visión del mundo. Tampoco parecía importarles que la privacidad de estos médicos hubiera sido violada en aras de la libertad de expresión. Lo cierto es que pocos grupos fueron consistentes con su posición ética y realizaron mirrors de Nuremberg. Tengo que felicitar desde aquí a la agrupación Derechos Human Rights por haber llevado a cabo mirrors tanto de Nuremberg como de la ACT. Sin embargo, otros grupos, en un claro ejemplo de hipocresía, aunque afirmen defender de forma absoluta la libertad de expresión, decidieron mirar para otro lado al pensar que Nuremberg era un grupo demasiado políticamente incorrecto como para darles su apoyo.
La mayoría de las ONGs -Fronteras Electrónicas entre ellas- decidimos no apoyar a la gente de Nuremberg. La crítica que se nos hizo desde el formalismo, y que encuentro correcta en esencia, es que posiciones maquiavélicas así abarataban la libertad de expresión y hacía que no fueran creibles las organizaciones que luchan por ella, pues al final parecería que la cuestión a discutir sería "sólo defiendo la libertad de expresión de los que piensan como yo", con lo que las ONGs y las dictaduras vendrían a defender lo mismo.
Sin embargo, creo que existe una forma de defender la posibilidad de, en algunos momentos, poner entre paréntesis la libertad de expresión de algunos individuos y grupos sin caer en la hipocresía. El principio sería el del conflicto de derechos básicos. En nuestras vidas muchas veces nos encontramos ante conflictos éticos: diversos derechos, igualmente importantes, se enfrentan entre sí y tenemos que decidir cuál es más importante. A la hora de decidir, no hay recetas mágicas ni un "top ten" de los derechos más básicos, sino que en función del contexto y de nuestros principios personales tendremos que decidir qué derecho es el que debemos proteger.
En el caso de Nuremberg creo que el problema resultaba sencillo: la existencia de la lista de médicos era una violación clara y tangible de la privacidad de esas personas, por no mencionar agresiones potenciales a derechos más básicos como el derecho a la vida (no olvidemos que grupos fanáticos antiabortistas, con una concepción de lo más peculiar del derecho a la vida, han asesinado en Estados Unidos a médicos que habían practicado abortos). Sin embargo, argumentar sobre violaciones potenciales es, en mi opinión, un recurso muy peligroso. El siguiente paso podría ser prohibir "Lolita" de Nabokov porque podría dar ideas a potenciales pederastas. Si uno se esfuerza lo suficiente, puede convertir en un peligro potencial cualquier cosa. Así pues, en este caso prefiero argumentar a partir de violaciones reales de derechos. Tenemos por un lado que se están violando derechos básicos de los médicos, su derecho a la intimidad, y por otro tenemos que, a la hora de la verdad, la causa de los antiabortistas puede sobrevivir perfectamente sin necesidad de esa lista negra: no parece que sea ni mucho menos una piedra angular de su argumentación, de forma que lo más razonable es considerar que la privacidad de los médicos es más importante que la libertad de expresarse del grupo Nuremberg, así que su retirada de Internet en realidad debería hacer feliz a todas aquellas ONGs que luchamos a favor de los ciberderechos en la red.
Intentemos aplicar estos conceptos al caso de la ACT. En primer lugar vemos que el caso es mucho más complejo que el de Nuremberg, pues la información que se da es pública: Nombre del agente, cuerpo policial al que pertenece, estatus judicial (culpable, absuelto o en investigación) y número de la sentencia. Podría argumentarse perfectamente que estos datos son claramente públicos, que podrían haber salido -quizás salieron- en los diarios sin que nadie se escandalizara. ¿Por qué resultaría problemática su inclusión en la web?
En mi opinión, hay toda una serie de datos que aunque no son problemáticos en soporte de papel, pues su posterior recuperación resulta compleja, sí lo son cuando pasan a estar en formato digital, al ser absurdamente fácil cruzar datos. Esta misma idea está en la directiva europea de protección de datos y en la LORTAD. Consideremos los números de teléfono. A mí no me importa que estén en un formato papel, accesible a todo el mundo, la guía telefónica, pues si alguien sabe mi nombre podrá encontrar mi número de teléfono, lo que resulta hasta cierto punto razonable. Pero si esa misma información está en formato digital, es fácil hacer búsquedas cruzadas y saber quién soy a partir de mi número de teléfono o, cruzando datos con alguna otra base de datos, saber donde vivo y ser víctima del agobiante telemarketing. Lo mismo sucede con las sentencias judiciales. En un principio son públicas, pero convertirlas en bases de datos de acceso público las convierte en instrumentos muy peligrosos que atentan contra nuestra privacidad. Haga el lector el siguiente experimento mental. Un hipotético grupo de "Empresarios Defensores de España" decide poner en la red una lista de todos aquellos ciudadanos españoles que han estado en la cárcel por haber participado en acciones criminales que tuvieran el independentismo como motivación. En la lista tendríamos desde terroristas convictos a jóvenes que han tirado piedras en manifestaciones. Para evitarse problemas, este imaginario grupo no expondría sus opiniones en la lista, aunque la intención sería muy clara, no dar trabajo a ninguna persona que hubiera hecho manifestación pública de independentismo. El experimento lo podríamos llevar más allá incluso e imaginarse una base de datos pública en la que estuvieran todas las personas que en un momento dado han estado en al cárcel para que un empresario decidiera, si así le pareciera conveniente, no dar trabajo a esas personas.
¿Qué deberíamos decir las ONG en ese caso? En mi opinión, lo mismo que deberíamos estar diciendo ahora: que una persona que ha pasado por la prisión merece la confidencialidad. Tanto si ha sido absuelto como condenado, esa persona ha pagado su deuda con la sociedad y merece todo nuestro respeto y que la dejen en paz, especialmente si ha sido absuelto, para no entrar en acciones tipo Charles "yo soy la justicia" Bronson. El color ideológico no debería ser óbice para actuar en un caso y no en el otro: si pensamos que los independistas tienen derechos pero los guardias civiles no, estamos entrando en el abaratamiento de la libertad de expresión al que conduce el pragmatismo extremo y ya no estamos actuando defendiendo principios éticos, sino simples posiciones políticas.
Por otro lado, no parece que esa lista negra ayude en ningún sentido interesante a la causa de eliminar la tortura. Podría decirse que gracias a esa lista podemos cuantificar el grado de brutalidad policial que se da actualmente en las comisarías, pero yo replicaría entonces diciendo que una simple estadística mostrando los policías acusados y condenados por tortura o malos tratos sería más que suficiente para ello, sin necesidad de dar nombres. De hecho, el número pelado sería mucho más útil que la lista de nombres para cuantificar. Tampoco parece que esa lista proteja a potenciales víctimas de policías que practiquen malos tratos y tortura y se encuentren actualmente en ejercicio. Una cosa muy diferente sería que esa lista fuera de policías que practican malos tratos en las comisarías y que gozan de impunidad. En ese caso se trataría de una lista de denuncia que podría ayudar a movilizar a diversas ONGs contra la tortura. Pero tampoco parece que la lista sirva para eso. Desconozco cuáles son las intenciones de la Asociación Contra la Tortura para ofrecer esa lista, pero al final las listas negras solo sirven para una cosa: para tomarse la justicia por su mano cuando alguien se cruza con los integrantes de la lista. Y tomarse la justicia por su mano es algo que no debería formar nunca parte de un defensor de los derechos humanos, ya sea en el mundo virtual o el real.
Me falta pronunciarme sobre el más que probable cierre de la página de la ACT. En primer lugar, recomendaría a nodo50 que se eviten problemas innecesarios y retiren la página. Como ya dije en su momento en el artículo "El Efecto Gilmore", la censura en internet es básicamente imposible: a la hora de la verdad lo único que hace es centuplicar el efecto original del documento, al iniciarse una red mundial de mirrors de éste. En estos momentos ya hay varios mirrors de la página e imagino que habrá muchos más si la página se retira del sitio original. A la hora de la verdad, la Agencia de Protección de Datos ha hecho un flaco servicio a las personas que se encuentran en la lista negra, pues conseguirá que sea muchísimo más popular. De todas formas, estoy en contra de las acciones censoras sobre la red.
Creo que los internautas deberíamos ser considerados personas adultas y se nos debiera permitir gestionar autónomamente lo que decimos. Mi Internet ideal es aquella en que los internautas no sienten el menor interés por visitar la lista negra de la ACT y que no tienen ninguna necesidad de hacer mirrors, pues esa información no interesa a nadie. En un espacio tan sobresaturado de información como Internet, el menosprecio de los internautas es -a la corta y a la larga- mucho más efectiva que acciones gubernamentales de censura, que recuerdan mucho al proverbial elefante en una cacharrería.
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