Una sentencia contra la democracia

 

Por: Círculo Bolivariano de Madrid (criticacol@hotmail.com)

 


Madrid, 16 de Agosto de 2002.


Ante la sentencia de este miércoles 14 de agosto del Tribunal Supremo de Justicia suspendiendo las medidas cautelares contra los cuatro oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas que participaron activamente en el golpe de Estado del 11-A, los integrantes del Círculo Bolivariano en Madrid consideramos un grave atentado contra la democracia esta decisión, pues deja sin sanción los graves delitos cometidos los días 11, 12 y 13 de abril de 2002 en contra del pueblo venezolano, su gobierno constitucional y sus instituciones democráticas.

Recordemos que durante este corto periodo de tiempo se produjeron los delitos de coacción e intimidación al Presidente de la República por parte de los militares golpistas para que renunciara a su cargo; la propagación interesada de su supuesta renuncia, la detención del Primer Mandatario, su incomunicación ilegal y arbitraria, los múltiples traslados que de hubo de pasar; la usurpación de las funciones presidenciales, por parte del presidente de la patronal, Pedro Carmona Estanga, hecho anticonstitucional, al corresponder la asunción al cargo al Vicepresidente Ejecutivo, irregularidad que contó con la colaboración de los golpistas; la derogación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de las 49 leyes habilitantes que desarrollaban los principios de justicia social plasmados en ésta; la destitución de todos los cargos electos por votación popular y los miembros de los poderes públicos Ciudadano y Judicial; y múltiples acciones represivas y violatorias de los Derechos Humanos a simpatizantes y funcionarios del oficialismo.

Con esta sentencia calificada de adefesio jurídico por los expertos, el Tribunal Supremo de Justicia ha sido sordo al clamor popular, a pesar de ser un órgano que ejerce el poder indirecto del pueblo, y con ello pierde legitimidad para impartir justicia en la sociedad venezolana. La sentencia es inconsistente e incongruente jurídicamente al: 1) pronunciarse sobre materias de fondo siendo una sentencia de antejuicio de mérito, por lo que al Tribunal sólo le corresponde determinar la existencia de presunción de delito 2) Obviar las pruebas que motivan el antejuicio presentadas por la Fiscalía y sólo tomar en cuenta los alegatos de la defensa de los militares 3) Alegar la supuesta inexistencia de sanción al delito de rebelión militar en las leyes venezolanas, interpretación falaz, pues éste se encuentra tipificado y sancionado en el Código de Justicia Militar vigente, aparte de existir amplia jurisprudencia sobre el tema; 4) Establecer como justificación para la actuación de los militares golpistas el reestablecimiento del orden, pero sin reconocer previamente el hecho que podría ser causa de juicio, es decir, la ejecución de una serie de acciones tipificadas como rebelión militar.

La sentencia constituye una infamia histórica contra el pueblo venezolano, que salió a defender con arrojo la democracia y la Constitución los días 12 y 13 de abril, a pesar de la represión desplegada por el régimen de Carmona Estanga, plasmada en ejecuciones, allanamientos y torturas. Con el dictamen se abre la posibilidad de dejar impune las violaciones a los derechos humanos antes mencionadas y se da carta blanca para cualquiera que intente cambiar la voluntad popular mediante las armas.

Este grave precedente sólo ha podido ocurrir gracias al soborno y la corrupción que de algunos magistrados del Tribunal han hecho sectores de la oposición, como consta en las denuncias presentadas por los diputados de MVR en la Asamblea Nacional día 12 de Agosto del presente año. Quedan corroborados con esta compra de conciencias los insistentes señalamientos de que existen poderosos grupos económicos, nacionales e internacionales, con intereses espurios y una voracidad históricamente consolidada, que están financiando la desestabilización permanente y alevosa al actual gobierno nacional, al no habérseles seguido entregando el patrimonio y los recursos de la Nación.

Alertamos sin embargo, que el fin último de este fallo es convertirse en el preludio de un golpe de Estado subrepticio, maquinado por los autores intelectuales de la sedición, nada más fallar su golpe militar de abril. Tras lograr una sentencia que absuelve a los golpistas de sus responsabilidades, se intentara acusar a los sectores auténticamente democráticos de los hechos ocurridos en el 11-A, mediante una concatenación lógica de despropósitos jurídicos. Sobre este punto, y a pesar de no haber concluido las investigaciones, los indicios y el sentido común señalan que las muertes de esa jornada formaron parte del plan golpista.

En estos momentos nos solidarizamos con el pueblo venezolano, que ejerce su legítimo derecho a manifestarse por la justicia y la dignidad. Le acompañamos en su exigencia a las instituciones para que ejerzan sus funciones lealmente, tal como lo establece el mandato constitucional que les fue otorgado por el Soberano. Llamamos a la comunidad internacional a mantenerse alerta y no dejarse involucrar en las celadas golpistas de sectores de la oposición, que quieren desconocer nuevamente la voluntad de las mayorías. Como residentes en España y españoles, convocamos a los medios de comunicación, a los empresarios demócratas y a los partidos políticos para que se desmarquen de aquellos otros grupos que han sido cómplices o colaboradores de una minoría reaccionaría al proceso de cambio que se lleva adelante en Venezuela.


¡¡ LAS FUERZAS FASCISTAS NO PASARÁN!!

¡¡ GLORIA AL BRAVO PUEBLO QUE DEFIENDE SU REVOLUCIÓN!!

¡¡ BOLÍVAR VIVE, EN CADA LUCHADOR QUE DEFIENDE SU REVOLUCIÓN!!

CÍRCULO BOLIVARIANO DE MADRID