CAMPESINOS E INDÍGENAS,
OBJETIVO
DE PARAMILITARES Y
FUERZA PÚBLICA EN ARAUCA
Por Agencia Prensa Rural
El presente informe es fruto de una serie de entrevistas facilitadas por la Asociación Campesina de Arauca, ACA, a través de sus responsables veredales de DD HH, realizadas a campesinos miembros de la ACA desplazados desde varias veredas del corregimiento de Betoyes (municipio de Tame) hacia los caseríos de Floramarillo y Santo Domingo, también pertenecientes a Tame. Asimismo, se realizaron entrevistas a indígenas guahíbos de los resguardos pertenecientes a Betoyes, donde, desde hace casi dos meses, Ejército y guerrilla de las FARC y el ELN vienen sosteniendo fuertes combates que tienen aterrorizada a la población civil de la zona. Los indígenas mencionados huyeron de la zona y en el momento de ser entrevistados se encontraban ocupando pacíficamente la iglesia católica de la ciudad de Saravena, como medida de presión para que el Gobierno colombiano les asegure el regreso a sus resguardos y les garantice, a su vez, su integridad física y psicológica.
Ambas comunidades, campesinos e indígenas (en el departamento de Arauca estos últimos pertenecen mayoritariamente a las etnias de los guahíbos y de los u'was), son dos de los grupos más duramente golpeados por la violencia estatal y paraestatal. Campesinos e indígenas ven violados de forma sistemática sus derechos fundamentales bajo la estigmatización que les ha hecho históricamente y les sigue haciendo el Ejército Nacional -y, tras éste, el Estado colombiano- de pertenecer o ser auxiliadores de la guerrilla, que cuenta con fuerte presencia desde hace décadas en el departamento. En efecto, en la región actúa la guerrilla de las FARC con los frentes 10 y 45 y la columna móvil Alfonso Castellanos y se calcula que tienen en sus filas alrededor de 1.000 combatientes. Por su parte, el ELN, con el frente Domingo Laín y las compañías Simacota y Capitán Pomares, cuenta con unos 500 combatientes en el departamento.
La constatación en esta visita de la mencionada estigmatización resulta especialmente grave si tenemos en cuenta que el pasado 29 de abril, precisamente una semana antes de visitar la zona, la Corte Constitucional colombiana anuló el Estado de Conmoción -decretado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez el 12 de agosto del 2002- y, con ello, quedaron también desactivadas las Zonas de Rehabilitación y Consolidación (en adelante ZRC) que en el departamento de Arauca comprendieron tres de sus municipios: Arauca, Saravena y Arauquita.
Cabe aclarar que, para el Gobierno de Uribe Vélez, las ZRC son zonas geográficamente "afectadas por acciones de grupos criminales en donde, con el fin de garantizar la estabilidad institucional, restablecer el orden constitucional, la integridad del territorio nacional y la protección a la población civil, resulte (sic) necesaria la aplicación de una o más de las medidas excepcionales (…), sin perjuicio de la aplicación de las demás dictadas con base en la conmoción interior". Es paradójico observar que, en la realidad, la puesta en funcionamiento de las ZRC se ha caracterizado por el irrespeto del Estado hacia la población civil y, especialmente, una total desprotección de sus derechos fundamentales.
En consecuencia, estos decretos han reflejado la política de "seguridad democrática" del gobierno de Uribe Vélez, que plantea una renovada doctrina de seguridad nacional, pues, como aquélla, ésta parte de la base del enemigo interno, adoptando medidas para la implementación de una guerra contra el tal enemigo que se traduce, en la práctica, en una guerra contra la población civil y contra cualquier expresión de organización de ésta, sin respetar el principio de distinción y criminalizando por sistema, como hemos dicho, a los habitantes de las poblaciones que viven en zonas de conflicto -como las veredas y municipios de Arauca-, por considerar que son auxiliadores de la guerrilla o parte activa de ésta.
Antecedentes
Antes de la declaratoria de las ZRC, el gobierno colombiano ya había hecho otros intentos de reformar la Constitución de 1991 con el fin, entre otras cosas, de otorgar poderes de policía judicial a las Fuerzas Armadas. El ex presidente Andrés Pastrana intentó otorgar tales competencias al Ejército a través de la actualmente derogada Ley de Seguridad y Defensa Nacional (más conocida como Ley 684), en virtud de la cual se creaban los llamados Teatros de Operaciones Militares. En ellos, al igual que en las ZRC, un comandante del Ejército tenía el control de toda la Fuerza Pública, incluida la Policía. Pero la medida fue declarada inconstitucional el 11 de abril de 2002.
Más adelante, en un fallo constitucional hecho público el 25 de noviembre de 2002, la Corte rechazó una medida similar, contenida en el Decreto 2002, dictado por el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez el 9 de septiembre de 2002. Además, este decreto fue criticado por el Defensor del Pueblo y por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y no es para menos: en él, las Fuerzas Armadas tenían plenas competencias para detener a sospechosos y llevar a cabo registros domiciliarios sin orden judicial en ninguno de los dos casos.
El más reciente de estos tercos intentos del Estado por aplicar por la vía legal normas tan probadamente inconstitucionales como las citadas es la, todavía en proyecto, Ley Antiterrorista, aunque el pasado 19 de mayo la Cámara de Representantes aprobó una reforma constitucional que es, de facto, el paso previo para que esta Ley entre plenamente en vigencia. Obviamente, la reforma otorga poderes al Ejecutivo (durante tres años) para limitar varios derechos ciudadanos bajo el escudo de que sólo se hará "en casos de terrorismo". Y es precisamente la vaga definición de terrorismo que, conscientemente, ha manejado siempre el Estado lo que convierte a esta Ley en una amenaza -que ya suena a demasiado conocida- para los derechos fundamentales de los colombianos.
Con la reforma mencionada, el Ejecutivo tendrá, nuevamente, poderes directos e inmediatos para detener a personas y registrar domicilios sin previa orden judicial, podrá interceptar todo tipo de comunicaciones y además se otorgan, una vez más, facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares.
Basten tres opiniones sobre esta reforma nada menos que del Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, del director en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Michael Fruling, y de la Directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, Susan Lee, para ilustrar la terca navegación en solitario del Gabinete de Uribe Vélez en su particular cruzada contra el terrorismo; en una reciente entrevista concedida al diario El Tiempo, Eduardo Cifuentes calificó la reforma constitucional como "muy grave" porque, según manifestó, "si por perseguir a unos focos terroristas que tienen alguna influencia en redes sociales todos los Derechos Humanos quedan a disposición del Ejecutivo, a mí no me sorprendería que interceptasen mis comunicaciones o llegaran a mi casa".
Michael Fruling, por su parte, dirigió una carta a cada uno de los 268 congresistas colombianos, antes de la aprobación de la reforma constitucional, en la que señalaba que cuatro de los artículos del proyecto de Ley antiterrorista son incompatibles con las normas internacionales que Colombia se comprometió, en su día, a cumplir como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos cuatro artículos son los que tienen que ver con las facultades otrogadas al Ejecutivo que hemos mencionado anteriormente, además del que faculta al Gobierno para que pueda establecer la obligación de llevar un informe de residencia de los habitantes del territorio nacional.
Susan Lee dirigió una carta a la Cámara de representantes y al Senado el pasado mes de mayo en la que afirmaba: "En un momento en que el conflicto armado se está intensificando y la crisis humanitaria y de Derechos Humanos se agrava, la Constitución tiene que ser reforzada, no debilitada (…) El Congreso tiene un papel fundamental en la defensa del sistema constitucional colombiano. Si aprueba que se otorguen de nuevo competencias de policía judicial a las fuerzas armadas, uno de los pilares fundamentales en la protección de los Derechos Humanos en Colombia se verá gravemente menoscabado."
Sin cambios tras suprimir las ZRC
Supuestamente, la supresión
de las ZRC tenía que verse reflejada en, por lo menos, la disminución
de las violaciones a los Derechos Humanos (que se agravaron en Arauca tras ser
incluidos los tres municipios mencionados dentro de la ZRC). En la práctica,
tal como reiteraron hasta la saciedad las personas entrevistadas y otras con
las que pudimos conversar, todo sigue exactamente igual. Un ejemplo claro de
ello es que toda persona que llega en avión a la ciudad de Arauca sigue
siendo obligada a dar al Ejército Nacional su nombre, profesión,
número de cédula o pasaporte y el lugar donde va a alojarse. Además,
en el mismo aeropuerto, mientras se hace fila para proceder a este registro
obligatorio, todos los pasajeros son grabados profusamente por una cámara
que maneja un miembro del Ejército. De la misma manera, en el aeropuerto
de Saravena no es posible abordar ningún avión si antes un miembro
del Ejército encargado de ello no estampa su firma en el tiquete. Obviamente,
la firma va precedida de un nuevo interrogatorio obligatorio acerca de la actividad
que ha llevado al viajero -que de nuevo, debe dejar consignados sus datos personales-
hasta el departamento de Arauca. Las Fuerzas Militares, asimismo, siguen teniendo
secuestrados espacios civiles como el aeropuerto de Saravena, de manera que
no permiten fotografiarlo bajo ningún concepto alegando motivos de seguridad
(el aeropuerto de Saravena fue objeto de un atentado de las FARC hace medio
año, cuando estalló una granada frente a los mostradores de facturación,
con el resultado de un soldado muerto. Actualmente, las instalaciones están
exactamente como quedaron tras la explosión, es decir, en ruinas: de
ahí el interés periodístico de fotografiarlas).
Pero lo más grave es que el motivo real que llevó al Gobierno
a declarar ZRC una parte importante del departamento de Arauca -que no es otro
que someter al control de la Fuerza Pública un área estigmatizada
históricamente, como decimos, de ser auxiliadora o miembro de la guerrilla-
sigue siendo utilizado por la Fuerza Pública -bajo múltiples excusas
que tratan de camuflar esta evidencia- para cometer todo tipo de violaciones
a los Derechos Humanos de los pobladores de este área. Un ejemplo de
ello fue la reciente detención de cuatro miembros de la Asociación
Campesina de Arauca (ACA), una organización no gubernamental que cuenta
con medidas cautelares de protección dictadas por esta Honorable Comisión.
Parte de los hechos tuvo lugar el pasado 16 de mayo, tras un supuesto hostigamiento
de la guerrilla contra la Fuerza Pública en el municipio de Arauquita;
poco antes de las siete de la mañana, un grupo que, al parecer, estaba
integrado por policías y militares detuvo a los hermanos Eduardo y Ronald
Peña Chacón, de 19 y 15 años respectivamente, cuando se
dirigían en bicicleta hacia la plaza de Arauquita. Según los testigos,
a los dos muchachos los golpearon y posteriormente fueron trasladados al puesto
de la Policía. Una vez allí, los agentes -según narraron
los propios hermanos Peña Chacón- les colocaron bolsas plásticas
en la cabeza y los sumergieron en agua. Además, los volvieron a golpear
y los acusaron de ser milicianos de la guerrilla.
Por otro lado, esa misma mañana también fueron detenidos, en este caso por el Ejército (concretamente por miembros del Batallón Navas Pardo, que es el que opera en el departamento de Arauca), el vicepresidente de la ACA, Pedro Jaime Mosquera y su hermano, Martimo Mosquera. Los hechos sucedieron en el corregimiento de Puerto Nariño, municipio de Saravena. Supuestamente, los hermanos Mosquera fueron detenidos para comprobarles sus antecedentes judiciales y fueron liberados sin cargos pocas horas después, pero lo preocupante es que entre septiembre y octubre del año pasado Pedro Jaime Mosquera fue detenido nada menos que 17 veces, siempre bajo la solapada acusación -que una y otra vez resulta ser del todo infundada- de tener algún tipo de vínculo con la guerrilla.
Otro ejemplo dramático fue la experiencia sufrida por dos adolescentes campesinos, actualmente desplazados de la vereda Venecia, perteneciente al corregimiento de Betoyes, donde miembros del Ejército -con brazaletes de las Autodefensas Unidas de Colombia, según prueban numerosos testigos- los golpearon y torturaron acusándoles de ser guerrilleros. Cuando estaba llegando a su casa en compañía de su amigo Édgar, de 13 años, Daniel Alberto, de 14, fue interceptado por un grupo de supuestos paramilitares. "Nos hicieron quitar las botas y me agarraron a pata (dar patadas) de una vez, ahí mismo. Luego uno de ellos me cogió por la cabeza y me puso la pata en el pescuezo. Después me pararon y me llevaron para más lejos. Me dijeron: vamos a jugar a las preguntas. Me dijo: ¿quiere agua? Y yo le dije que no. De una vez me dijo: ¿cómo que no quiere?, me insultó y me tiró un poco por la cara. Llegó otro y me puso la pata aquí entre las piernas y dijo: denle un puño en la barriga y luego me echó agua en la cara y me tapó con un trapo y me siguió dando puños en la barriga y en las piernas y me taparon la respiración. Al rato me levantaron y me dieron más pata y más puño. (…) Me decían que yo era guerrillero y que un muchacho les había dicho que yo tenía 3 años de estar en la guerrilla y que yo pertenecía a las FARC y que yo venía a ver qué estaban haciendo ellos para luego llevarle la razón por allá a la guerrilla."
El compañero de Daniel Alberto, Édgar, no tuvo mejor suerte que su amigo. Cuando llegaba a la casa con Daniel Alberto, un supuesto paramilitar se les dirigió diciéndoles: "`¿De dónde vienen triple hijos de puta? Los manda la guerrilla´. Entonces les dijimos que no", explicó Édgar, que añadió: "Nos tendieron ahí en el suelo y nos dijeron que les contáramos la verdad, que si no lo hacíamos nos mataban. Luego nos pusieron unos cuchillos en el cuello y nos dijeron: `¡hablen gonorreas! ¡Aquí sí que les vamos a enseñar qué es andar con la guerrilla´. (…) Entonces dijeron que a cuál mataban primero, a él o a mí y uno de ellos dijo: `mate a ese triple hijo de puta que tiene más cara de guerrillero´. Entonces a él le hicieron quitar las botas y a mí me revisaron las patas y las manos y me decían que yo era guerrillero y yo les decía que no."
Como decíamos al principio de este informe, no sólo la población campesina es la que más sufre las reiteradas violaciones de sus Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública. También la comunidad indígena ha tenido que pasar contínuamente por tan penosa situación. Valentín Martínez, uno de los dirigentes del cabildo indígena guahíbo ubicado en la vereda Julieros del corregimiento de Betoyes (Tame) tuvo que salir huyendo junto a parte de su comunidad tras la brutal irrupción de un grupo de militares -que llevaban, según numerosos testigos, el brazalete de las AUC- en el cabildo. Los dramáticos hechos se produjeron el pasado 2 de abril: "Llegaron diciendo -explicó Valentín- que nos desplazáramos de las comunidades indígenas porque eso iba a ser una masacre muy arrecha (terrible). Después nos golpearon y nos amenazaron (…) a las mujeres nos las violaron, violaron a las mujeres y hasta los hombres nos violaron, nos tocó desplazarnos por eso ese día. Nos mataron a cuatro indígenas, despedazados como una carne: les quitaron las piernas y hasta una señora que estaba preñada (…) la mataron (…), la violaron después de muerta y luego la despedazaron, le sacaron el chino (el bebé) de la barriga y lo empacaron en un costal y lo botaron al río."
Otro aspecto a destacar en las declaraciones de la mayoría de entrevistados es el descaro con el que los miembros del Ejército se colocan los brazaletes de las AUC poco antes de realizar "operativos" en nombre de los paramilitares. Valentín Martínez, el indígena guahíbo, explicó que "quiero decir que el Ejército se encarga de poner el brazalete de las AUC, es ellos mismos, el Gobierno Nacional, es para asustarnos a nosotros."
Otro desplazado, en este caso el campesino José (que no quiso dejar constancia de su apellido por temor a represalias), desplazado a Santo Domingo, manifestó: "Lo que nosotros como campesinos decimos es que aquí en Arauca no hay paramilitares: los paramilitares aquí es el Ejército o sea que se responsabiliza a la brigada 18, la 16 y el Navas Pardo (…) Los que han venido en ocasiones en operativos como Ejército, la gente en el pueblito los conocemos muy bien, se conocen. Ahorita aparecen como paramilitares propios de Carlos Castaño pero eso es una versión que no es cierta porque es el mismo Ejército encubierto ahí (…) Nos amedrantan física y moralmente, físicamente porque golpean a algunos compañeros por el hecho de trabajar, de estar laborando la tierra, nos roban un sector cooperativo que es del pueblo, se llevan todo, saquean eso, saquean otras viviendas". Y José añade en otra parte de la entrevista: "Lo único que les diferencia (a militares y paramilitares) es el brazalete, porque ellos traen un brazalete de las AUC y mañana y pasado mañana es Ejército Nacional, es más: apoyados por la Fuerza Aérea. Yo tengo entendido que que los paramilitares son una organización al margen de la Ley: entonces ¿por qué aparecen los aviones a apoyarlos?
El testimonio de otros dos campesinos, Sandro Castro y Luis (que también prefirió no dar su apellido), desplazados al caserío de Floramarillo, corrobora las tesis anteriores; "el lunes llegaron militares -explica Sandro- y el martes amanecieron paramilitares, amanecieron con los brazaletes los mismos que llegaron".
"En diciembre del año que terminó -contó Luis- nosotros estábamos arreglando unas cuerdas de la luz, que estábamos faltos de luz. Entonces cogimos un cable y lo íbamos a extender y a amarrar las guayas de arriba. Había un equipo de ellos allí, entonces yo lo vi. El brazalete lo tenía así: por fuera decía FUDRA (Fuerzas de Despliegue Rápido, pertenecientes al Ejército Nacional), por dentro AUC. O sea, para mí yo lo tengo muy claro y concreto que el brazalete es uno sólo, no es más sino darle la vuelta y ahí quedan. Si vienen de paramilitar, salen y se esconden detrás de la mata y ya vienen con el del Ejército porque yo lo vi, yo mismo lo vi, sino que estaban ellos ahí alrededor y yo no le dije a los otros compañeros que vinieran a mirar porque no siempre uno le tiene confianza a ellos."
Solicitudes:
La situación descrita en este informe demuestra la reiterada violación de los Derechos Humanos de las comunidades indígenas y campesinas del departamento de Arauca y, por tanto, su total desprotección y vulnerabilidad. Por eso, solicitamos a la comunidad internacional que inste a las Autoridades Colombianas para que:
- Los organismos estatales competentes inicien lo antes posible una investigación exhaustiva e imparcial de todas las violaciones a los derechos fundamentales denunciadas en este informe, con el fin de identificar a los responsables para que sean juzgados.
- La Fiscalía y la Procuraduría colombianas realicen y presenten un informe sobre los hechos ocurridos, toda vez que esta investigación podría contribuir a la protección de las víctimas mencionadas en este documento.
- Se emprendan investigaciones disciplinarias en contra del teniente coronel Alberto Torres Bonilla, quien está al mando del batallón "General Rafael Navas Pardo", con sede en Tame, y del brigadier general Carlos Omairo Lemus Pedraza, quien está al mando de la Brigada 18 del Ejército, que opera en el departamento de Arauca -y de la cual depende el batallón Navas Pardo- por la responsabilidad que tienen sobre su soldados que, como se demuestra en este informe, han violado reiteradamente los Derechos Humanos de numerosos habitantes de Arauca.
- El Estado colombiano, en cabeza del Presidente de la República, se comprometa a garantizar la integridad física y psicológica de estas dos comunidades tan castigadas por la violencia estatal y para estatal
- El Estado colombiano, en cabeza de su Presidente, se comprometa públicamente a seguir y a cumplir las recomendaciones que le haga la Comunidad Internacional sobre la protección al derecho a la vida y al territorio de los habitantes del departamento de Arauca."