Entre las secuelas del 11 de septiembre, la Administración Bush ha anunciado planes para formar y juzgar por tribunales militares a cualquiera que los Estados Unidos considere un "terrorista".

Estas cortes estarán presididas por magistrados militares, que también decidirán sobre todo proceso de apelación, concluyendo el caso con el árbitro final, que será bien el presidente, bien el secretario de defensa. Ningún juez civil, ni ninguna división o rama de la judicatura federal, escuchará jamás ni una sola sílaba o apelación de cualquiera que sea juzgado en este tipo de tribunales.Tan enloquecidos están los ánimos americanos, tan débil la elite liberal, y tan postrada la comunidad legal de la nación ante el poder, que apenas se escucha un murmullo de protesta ante este intolerable y desnudo arrebato de poder de la Administración.

No basta con que la institución de estas cortes constituya la antítesis real del valioso derecho americano a un proceso justo. Ni es suficiente argumentar que estas medidas de guerra resultan inapropiadas ante la ausencia de una declaración formal de guerra por el Congreso (aunque este Congreso no tendría ningún problema en hacerla).

Este Congreso, muy nervioso ante los informes sobre contaminación de ántrax en algunas de sus oficinas, se apresuró a ratificar en un tiempo récord (con muy poco debate público, ni audiencias públicas, ni un informe de comité, ni una conferencia) la sin precedentes, compleja, y radicalmente represiva "Acta patriótica norteamericana".El decreto presidencial ordenando tribunales militares es, desde todos los puntos de vista, inconstitucional.

Realmente, la disposición que otorga poderes al presidente Comandante en Jefe, también limita sus poderes sobre asuntos judiciales.
Esto es lo que dice dicha disposición (art. II, secc.2, Constitución de los Estados Unidos): "El presidente será el Comandante en Jefe de la Armada y la Marina de los Estados Unidos,..Él tendrá el poder, por y con el consentimiento y consejo del senado.., y él propondrá, y con el consentimiento y consejo del Senado, nombrará a los jueces de la corte suprema". Y el artículo III, secc. 1 de la Constitución: "El poder judicial de los Estados Unidos residirá en una Corte Suprema, y en aquellas cortes inferiores que el Congreso pueda de vez en cuando ordenar y establecer".Así es: el presidente, actuando en consonancia con el Senado, propone y nombra a los jueces del Tribunal Supremo, y el Congreso ordena y establece nuevas cortes. El Congreso no puede abdicar de este deber a favor del ejecutivo.La orden presidencial establece una corte, una que tiene a todos sus magistrados bajo su directo control y mandato. Esta es una clásica corte desautorizada, del mismo tipo que los americanos condenaron cuando el régimen de Fujimori las instauró en Perú (curiosamente, para combatir el "terrorismo").Esto no significa colmar de falsas alabanzas a los tribunales civiles estadounidenses, que son fundamentalmente instituciones políticas.

¿Hemos todos olvidado el juicio a Tim McVeigh, el terrorista doméstico, donde se supo que el FBI retuvo miles de documentos, hasta días antes de su ejecución?. Las cortes civiles meramente pestañearon ante esta violación, como una irritación menor.

Bajo la Administración Bush, los tribunales militares sirven como un instrumento de los caprichos del gobierno. Bajo la estructura de mando de los militares, cada juez, cada jurado, cada fiscal, es un oficial implacable de los militares, al servicio implacable del Comandante en Jefe. Si ellos quieren progresar en su carrera en los servicios armados, incluso si desean promocionarse, ellos deben seguir sus indicaciones administrativas.

¿Qué es lo que crees que harían a un extranjero nacional, quien ya es señalado como "el enemigo"?. Bien con Bush, bien con el Secretario de Defensa, o incluso con otro panel militar sirviendo como Corte Suprema de Apelación, ¿cuál sería el resultado?.Pero, después de todo, los acusados son -para utilizar la denominación popular- "negros del desierto" (los británicos los llamarían "negros"): árabes, pakistaníes, unos pocos afganos, ¿a quien le importa?.
Lo mismo fue dicho en los años 20 cuando 20 judíos rusos fueron deportados de los Estados Unidos tras las batidas de Palmer, o en los años 40 cuando los japoneses fueron confinados en campos de concentración…
Ellos eran simplemente "judíos comunistas" u "ojos rasgados", ¿no es cierto?.

Estas cosas fueron dichas para que dichos grupos fueran separados, implicando a "otros", de esa forma podían corromper el proceso judicial y el derecho a un juego limpio, hasta la presente generación.

Combatamos esta locura, o retornará para perseguirnos a todos.

Mumia Abu Jamal, 29 de diciembre de 2001.

(traducción: Casapueblos).

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