Desde que Duhalde asumió el gobierno, el control corrupto y clientelismo de la asistencia social se combinó con mecanismos que alternaron la represión institucional y los métodos paraestatales de represión. Tres jóvenes asesinados en protestas sociales, otros tantos baleados, decenas de militantes de base golpeados, secuestrados y amenazados, conjuntamente con el accionar judicial que apunta a la creciente ilegalización de las organizaciones populares, son el saldo diez meses de ejercicio del poder de Duhalde.

El informe sería completo, si no se mencionara la creciente miseria, la pérdida del poder adquisitivo y derechos elementales de trabajadores y el conjunto del pueblo, a niveles nunca vistos en la historia.
El terrorismo de estado subyace en la lógica de represión estatal y paraestatal que se extiende crecientemente desde el Gran Buenos Aires al interior del país.

Algunos hechos son de especial gravedad. En la provincia de Buenos Aires, más precisamente en la zona sur del conurbano, donde el presidente tienen su base política, la masacre del 26 de junio se combina con la apuesta en marcha de verdaderos grupos paraestatales de represión en los barrios.
En febrero, Javier Barrionuevo es asesinado en un piquete por un puntero político del intendente peronista de Ezeiza Alejandro Granados; en abril, un policía del servicio penitenciario abre fuego sobre una movilización frente a la municipalidad de Lanús, hiriendo de gravedad a Juan Arredondo, a quien una bala de nueve milímetros atravesó el pulmón.
El accionar represivo paraestatal incluyó el secuestro de un asambleísta de Termperley en la estación de Lanús, y días después, también fue secuestrado Guillermo Pérez, compañero de Darío Santillán del MTD del mismo distrito, quien fue golpeado durante horas, e interrogado y advertido sobre su militancia barrial.
Luis Barrios, integrante de la coordinadora de Unidad Barrial, recibió un tiro en el estómago cuando se dirigía desde Remedios de Escalada, también en Lanús, a la movilización en repudio de los asesinatos de Darío y Maxi.
El distrito que comanda el presidente del peronismo de la provincia de Buenos Aires, Manuel Quindimil, reúne desde que asumió Duhalde el másalto índice de manifestantes baleados y amenazados; en Presidente Perón, feudo del segundo jefe de inteligencia de Duhalde, Oscar Rodríguez, los compañeros de barrio de Maximiliano Kosteki no dejan de ser intimidados con constancia; en Almirante Brown se juntaron las asambleas barriales, la coordinadora Aníbal Veróny organizaciones y dirigentes de la CTA para denunciar al senador peronista Villaverde y el jefe de seguridad de la municipalidad Guillermo Carrasco, como responsable de las provocaciones y agresiones permanentes en el distrito.

En Florencio Varela, distrito del intendente peronista Julio Pereyra, hizo llegar una amenaza de muerte a referentes de la Coordinadora Aníbal Verón, por medio de una golpiza a un delegado de base del movimiento.

En José C. Paz, los autos sin patentes marcan impunemente a losmilitantes sociales: después del 26 de junio, no quedó testigo, fotógrafo o abogado que aportara su testimonio en la causa de la masacre de Avellaneda que no fuera amenazado.
Poco tiempo atrás, en la provincia de JUJUY se montó un intento represivo que desde el punto de vista de la penalización de las organizaciones populares, fue incluso más allá de lo quien se había intentado el 26 junio. Más de 170 personas fueron detenidasdespués de una represión provocada sin sentido por la policía, y para ello incursionaron a las casas de los manifestantes, e incluso de quienes integraban las organizaciones convocantes a la protesta pero no habían estado movilizados aquel día.
La demora en dar a conocer la identidad de parte de los detenidos durante días, reinstaló el fantasma de las "desapariciones" como método represivo.
Las causas que se invocaron contra los manifestantes involucraban directamente a las organizaciones y no solamente a las personas en delitos encuadrados en el código penal, que no son excarcelables; el intento era desarticular, por medio de la brutalidad represiva y la criminalización de la protesta, a las legítimas organizaciones populares que expresan las demandas sociales que molestan al poder.

Durante la misma semana, otros actuarían sin uniforme pero con la misma lógica, baleando al interior de la casa de una abuela de Plaza de Mayo, en La Plata.

En estos días la represión y la judicializacion de las demandas sociales se instaló en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Tras el recorte de los planes de empleo y de la asistencia alimentaria a los desocupados, tres integrantes de los MTDs y C.T.D local fueron acusados penalmente por el gobierno después de la protesta. Se trata de Martín Muñoz, Carlos Berrilla y Gladis Cerda, las autoridades reconocieron que son "los primeros en la mira de una ofensiva legal".
La estrategia represiva fue reconocida públicamente en le diario "La Mañana del Sur" del 24 de octubre: "el intendente Julio Arriaga decidió romper lanzas en forma completa y total contra las organizaciones de desocupados.
La estrategia tiene dos frentes distintos: por un lado, la municipalidad no atenderá en adelante a los dirigentes del sector mientras que por el otro se plantea recurrir a la justicia ante cualquier hecho como corte de calle o que afecte a las instalaciones públicas".
A pocos kilómetros de allí, hace semanas, los trabajadores de Zanón habían sufrido el acoso de bandas organizadas para enfrentarlos y debilitar la lucha por la que sostienen produciendo bajo control obrero la fábrica ocupada.
Se extiende por todo el país la estrategia que combina, por un lado, represión institucional con penalización de organizaciones populares, y por otro, método de represión asumida por el Estado, con accionar de grupos paraestatales.
Los unifica el mismo objetivo: neutralizar o si hiciera falta aniquilar la protesta social para garantizar la aplicación de planes económicos que sostengan el proyecto neoliberal.

La única respuesta posible, es la unidad y movilización de todos los sectores del pueblo en el repudio a cada hecho que prefigure un avance hacia el terrorismo de estado.
Solo de ésa forma se pudo poner freno al intento de condenar a los desocupados después de la masacre del 26 de junio y se logró la libertad de los compañeros jujeños.
La misma responsabilidad nos cabe ante cada nueva situación represiva, como la que atraviesan ahora los desocupados de Cipolletti de la provincia de Rió Negro.·