Seguimos de campaña contra los recortes sociales del PNV-PSE en Barakaldo

A pesar de la lluvia y el mal tiempo, esta mañana hemos repartido decenas de latas y cerca de 100 kilos de tomate en el trascurso de las fiestas del barrio barakaldés de Gurutzeta/Cruces.
Esta “Tomatada Popular” se ha organizado en denuncia de las decisiones que han ido adoptando -contra los derechos sociales de las familias de la localidad- los dos partidos que han sostenido las políticas de recortes en el consistorio y Gobierno Vasco, a lo largo de esta última legislatura.

Se ha  montado una carpapara informar de los recortes en las ayudas de emergencia; las subvenciones al alquiler para jóvenes o los criterios de acceso a los recursos habitacionales a familias afectadas por un desahucio; en los servicios sociales municipales; en las prestaciones gestionadas desde el Servicio Vasco de Empleo; en los recursos para personas sin hogar; la ayuda domiciliaria destinada a las personas mayores de la localidad o a las 356 personas trabajadoras con diversidad funcional del Taller municipal Usoa.


Comunicado

Este domingo, en el trascurso de las fiestas populares del barrio barakaldés de Cruces, se instalará una carpa informativa con el ánimo de impulsar una “Tomatada Popular”. Donde personas disfrazadas de tomate repartirán decenas latas y 100 de kilos de tomate.

Coincidiendo con las elecciones municipales, y bajo el lema “Aquí hay tomate”, se denunciarán las decisiones acordadas contra los derechos sociales de las familias barakaldesas por parte los dos partidos que han sostenido las políticas de recortes en el consistorio y Gobierno Vasco, a lo largo de esta última legislatura.

En concreto, han aprobado reducir las ayudas de emergencia; las subvenciones al alquiler para jóvenes o los criterios de acceso a los recursos habitacionales destinados a las familias afectadas por un desahucio; los servicios sociales municipales; las prestaciones gestionadas por el Servicio Vasco de Empleo; los equipamientos para personas sin hogar; la ayuda domiciliaria para personas dependientes de la localidad; o recortar los derechos laborales de las 356 personas trabajadoras con diversidad funcional del Taller municipal Usoa.

Sin embargo, ambos partidos se olvidan de informar de los 1’6 millones de euros anuales percibidos a cargo de las arcas públicas. A cuenta de las retribuciones de Alcaldesa, concejales liberados, asesores, cargos de confianza y administrativos o consejeros del Gobierno Vasco.

En la actualidad la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, percibe 88.216,83 euros al año: 74.307’38 euros de salario base y 13.909’45 euros en cotizaciones a la Seguridad Social. Salario que se asemeja al que venía percibiendo desde el Gobierno Vasco el aspirante a la alcaldía del municipio Alfredo Retortillo: 88.677,40 anuales.

Es decir, ambos candidatos reciben lo mismo que el presidente en funciones Pedro Sánchez o más que sus ministros; o tienen ingresos superiores a presidentes de comunidades autónomas como Andalucía, Murcia y Valencia. Además, su renta es más alta que la de mandatarios de ciudades como Sevilla (con siete veces más de población) o Vigo (que triplica a Barakaldo en residentes).

Cabe destacar que esta iniciativa se desarrolla en denuncia de los recortes que sufren los barrios de Barakaldo con mayores tasas de paro: Burtzeña (22%), Lutxana (20%), Llano (19%) y Cruces (18%).

Barakaldo a más… pobreza y exclusión

Otros datos a tener en cuenta son los insuficientes 980.000 euros que se han presupuestado para este año en las “Ayudas Económicas Municipales”, a distribuir entre 1.300 familias barakaldesas. Acuerdo que se adopta cuando el 15’3% de los hogares sufren situaciones de exclusión.

Por lo cual no es de extrañar que en los últimos 6 años se incremente en un 5% los índices de pobreza grave; o en un solo año aumente un 23% el número de personas derivadas por el consistorio al comedor social de Cáritas, por su imposibilidad de poder cubrir una comida diaria; o se incremente el número de personas sin hogar: 30 personas, el doble que hace 2 años.

Por otro lado, se recortan los recursos destinados a los servicios municipales. Provocando falta de personal en las unidades de trabajo social de los barrios, las cuales están desbordadas: se concede cita con una demora de 2 meses. Supresión, además, del “Servicio de Urgencias Sociales”.

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