Esta mañana se ha desarrollado una concentración ante la vivienda que el Gobierno Vasco pretende desahuciar a una mujer con dos niños víctima de violencia machista. Ni el Ayuntamiento ni el Ejecutivo autonómico han ofrecido una solución a la familia.
Este martes 26 de noviembre comienza el plazo para la decisión judicial del día de desalojo, a dictaminar por el juzgado de primera instancia de lo civil de Barakaldo.
Cada semana se producen una media de cuatro desahucios en Barakaldo, localidad que ya acumula más de 1.500 desahucios desde que, el 9 de noviembre de 2012, se quitara la vida la vecina Amaia Egaña cuando la comitiva judicial procedía al desalojo de su piso.
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ARGITAN / Berri Otxoak
Nota de prensa
Inician movilizaciones porque el Gobierno Vasco intenta desahuciar en Barakaldo a una mujer con hijos de 6 y 15 años víctima del machismo
• La afectada es una mujer de 41 años, víctima de violencia machista, con dos hijos a su cargo
• Este martes 26 de noviembre comienza el plazo para la decisión judicial del desalojo
• El desahucio ha sido instado por la sociedad pública de alquiler Alokabide de Gobierno Vasco
• Ni el Ayuntamiento ni el Ejecutivo autonómico han ofrecido una alternativa a la familia
Barakaldo, 26 de noviembre de 2019.
Activistas sociales han iniciado protestas en Barakaldo en contra de la pretensión del Gobierno Vasco de desahuciar de un piso de alquiler a una madre con dos hijos de 6 y 15 años, que es víctima de violencia machista. Las movilizaciones se han puesto en marcha ante la previsión de que el juzgado ordene la expulsión en cualquier momento a partir de este 26 de noviembre.
La asociación Centro Asesor de la Mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak han impulsado esta protesta con la que además denuncian que las Administraciones públicas, al promover o permitir estos desalojos, incumplen las resoluciones de las Naciones Unidas y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que exigen una vivienda alternativa cuando afecte a familias en situación de precariedad y, especialmente, cuando hay menores perjudicados.
En este caso, es la Sociedad Pública de Alquiler Alokabide, de Gobierno Vasco, la que ha pedido a la justicia el desahucio de la mujer de 41 años, víctima de violencia machista, y sus dos hijos de 6 y 15 años. Argitan y Berri-Otxoak han destacado que el Ejecutivo autonómico presidido por el lehendakari Urkullu e integrado por PNV y PSE inició el proceso de desalojo a 184 familias vascas sólo en 2018.
La asociación feminista y la plataforma contra la exclusión social han arremetido además contra el Ayuntamiento de Barakaldo, cuyos servicios sociales, al igual que Alokabide, no han atendido durante meses a la víctima de este nuevo desahucio, pese a las solicitudes en este sentido planteadas por la mujer amenazada con quedarse en la calle.
Ni el Ayuntamiento ni el Gobierno Vasco han ofrecido hasta la fecha ninguna opción a esta familia y ni siquiera han respondido a la petición de la mujer para mantener una reunión desde que el 30 julio pasado el juzgado aplazó el desalojo.
Esta madre lleva ya un año y medio intentado que los recursos sociales del Ayuntamiento de Barakaldo o el Servicio Vasco de Vivienda regularicen su situación y el uso de la vivienda en la que reside. En este sentido, y por sugerencia de la oficina del Ararteko, ha remitido en dos ocasiones un escrito dirigido a la Sociedad Pública de Vivienda Etxebide, de Gobierno Vasco en mayo del 2018 y el pasado 18 de noviembre. No ha tenido respuesta.
Argitan y Berri-Otxoak han recordado que cada semana se producen una media de cuatro desalojos en Barakaldo, localidad que ya acumula más de 1.500 desahucios desde que, el 9 de noviembre de 2012, se quitara la vida la vecina Amaia Egaña en el mismo momento en el que comitiva judicial procedía a ejecutar la expulsión de su piso en el barrio de Desierto.
“Nuevamente se comprueba que es papel mojado el supuesto protocolo antidesahucios acordado en 2013, a raíz de la muerte de Amaia Egaña, por el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, y renovado este pasado mes de febrero”. De acuerdo al compromiso de actuación para estas situaciones, los servicios sociales de base deben “dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente” cuando hay familias vulnerables afectadas por una situación de desahucio, y garantizar el acceso a un alojamiento de urgencia.
