1700 familias han sufrido el desahucio de su vivienda en 8 años

En la mañana de este martes se ha desarrollado una movilización ante el Palacio de Justicia de Barakaldo, esta iniciativa surge en el contexto del octavo aniversario de la muerte de la vecina de la localidad Amaia Egaña; la cual se suicidó cuando la comitiva judicial procedía al desalojo de su piso en el barrio del Desierto.
En concreto, este próximo lunes 9 de noviembre se cumplen ocho años de su trágica muerte. Pasados 8 años el balance es que más de 1.700 familias del municipio han sido desahuciadas de sus casas, lo cual no es una casualidad. La política de recortes del equipo de gobierno aplicada a las ayudas de emergencia agrava y dificulta en Barakaldo el acceso a una vivienda digna.

-Más de 1.700 familias barakaldesas han sido expulsadas de sus casas desde que hace 8 años Amaia Egaña se suicidara cuando iba a ser desahuciada


Nota de prensa

Más de 1.700 familias barakaldesas han sido expulsadas de sus casas desde que hace 8 años Amaia Egaña se suicidara cuando iba a ser desahuciada

● El próximo lunes 9 de noviembre se cumplirán ocho años de la trágica muerte de la vecina de Barakaldo

● Cuatro familias son desahuciadas cada semana en la localidad

● La política de recortes aplicada a las prestaciones sociales agrava la problemática del acceso a la vivienda

Barakaldo, 3 de noviembre de 2020.

Un total de 1.723 familias han sufrido en Barakaldo el desahucio de su vivienda en los últimos ocho años, desde que la vecina del barrio de Desierto Amaia Egaña se quitara la vida en el mismo momento en que la comitiva judicial procedía al desalojo de su piso el 9 de noviembre de 2012.

Así lo ha denunciado la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak, que se ha concentrado frente al palacio de justicia para poner de manifiesto la vigencia de estos lanzamientos a la par que ha recordado y homenajeado a Egaña.

Cuando se suicidó, Egaña tenía 53 años, estaba casada y tenía un hijo de 21 años. El hecho fue recogido incluso por la prensa internacional y en Barakaldo provocó una ola de indignación que sacó a miles de personas a la calle, lo que forzó a que las autoridades políticas y judiciales se comprometieran a adoptar medidas para evitar estas tragedias.

Ocho años después los desahucios continúan. En promedio, cuatro familias barakaldesas son expulsadas cada semana de sus viviendas. El 83% de ellas, de una vivienda en alquiler.

La mayoría de los desalojos de vivienda en propiedad son impulsados por Kutxabank y La Caixa, entidad financiera que desalojó a Egaña. También hay órdenes judiciales solicitadas por Banco Popular, Santander, BBVA y Caja Laboral cuando las personas propietarias se ven incapaces de hacer frente al pago de su hipoteca.

“Estas situaciones son fruto de las políticas de recortes y no de la casualidad”, ha advertido Berri-Otxoak. «Desde el inicio de la crisis de 2008 hasta hoy, crisis que se solapa con la causada por la pandemia del covid-19, el número de personas desempleadas en Barakaldo va camino de triplicarse, pues ya son 7.628 frente a las 3.269 de 2008. El porcentaje de las mismas que no recibe ningún tipo de prestación o subsidio ha pasado de ser el 69% en 2008 a ser el 85% en la actualidad”.

La plataforma ha alertado además de la situación de la vivienda. “No poner freno a la especulación conlleva que el precio de los alquileres se incremente mes a mes. Así, la renta media de un piso en Barakaldo era de 630 euros en 2012. Actualmente, la cifra asciende hasta los 790”.

Ante estos datos, el colectivo ha exigido a las autoridades mayores recursos para vivienda social y ayudas de emergencia social, así como el cumplimiento del protocolo sobre desahucios y el acatamiento de las resoluciones internacionales que exigen que se garantice un alojamiento a las familias expulsadas de sus casas.

En concreto, han instado a “incrementar la partida presupuestaria destinada a las ayudas de emergencia social y a mantener el plazo de solicitudes abierto durante todo el año, tal como lo regula la ley, pues el 5 de noviembre el Ayuntamiento planea cerrar dicho plazo hasta febrero del año que viene».

Del mismo modo, el colectivo insta a «que se eliminen los recortes aplicados al acceso y cuantías de estas prestaciones, que en un 66% se destinan para el acceso y mantenimiento de la vivienda habitual”.

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