El Gobierno Vasco desahucia en Barakaldo a una mujer con dos hijos menores de edad en medio de protestas en demanda de una “vivienda digna”

● La comisión judicial acompañada por la Ertzaintza ha ejecutado el desalojo en la calle La Felicidad del barrio de Bagatza

● La responsable ha sido la sociedad pública de alquiler Alokabide de Gobierno Vasco

● La mujer de 41 años víctima de violencia machista y sus hijos de 6 y 15 intentaron una solución durante meses sin obtener respuesta de las instituciones

● El futuro de la familia es incierto

● Cada semana se producen una media de cuatro desalojos en Barakaldo

Enlaces video: ETB, Hamaika telebista, Herrikolore,  tele7

Barakaldo, 26 de febrero de 2020.

Una mujer de 41 años víctima de violencia machista y sus hijos de 6 y 15 años han sido desahuciados en Barakaldo a instancias del Gobierno Vasco, sin que las instituciones les hayan ofrecido una solución definitiva y sin que las tres personas tengan claro cuál puede ser su futuro inmediato, según han informado las asociaciones Argitan y Berri-Otxoak.

El desalojo se ha realizado por orden del juzgado de primera instancia número 1 de Barakaldo alrededor de las 9.15 horas en el número 5 de la calle La Felicidad, del barrio de Bagatza. La comisión judicial ha estado acompañada por efectivos de la Ertzaintza, mientras en el exterior decenas de personas protestaban en demanda de “vivienda digna” y contra los desahucios.

En esta ocasión, el desalojo se ha producido a instancias de la Sociedad Pública de Alquiler Alokabide, del Ejecutivo autonómico, que sólo en 2018 desahució a 184 familias vascas. Las organizaciones convocantes de la movilización han destacado que cada semana se produce una media cuatro expulsiones de sus casas en Barakaldo. Según sus estimaciones, son más de 1.500 desahucios desde que, el 9 de noviembre de 2012, se quitara la vida la vecina Amaia Egaña en el mismo momento en el que llegaba a su piso la comitiva judicial.

La asociación Centro Asesor de la Mujer Argitan y la plataforma contra la pobreza Berri-Otxoak han explicado que, “pese a sus repetidas peticiones y pese a ser víctima de violencia machista, la familia ha vivido amenazada de desahucio más un año y medio sin que las instituciones ofrecieran una salida definitiva y digna”. Los colectivos han subrayado así mismo “la angustia que viven, por esta situación, tanto la mujer como sus hijos”. “El futuro de esta barakaldesa y de los menores es incierto”, han advertido estos colectivos.

El desahucio fue inicialmente anunciado para el verano de 2019, pero se aplazó el 30 julio. Antes y tras esta medida judicial, la mujer ha intentado repetidamente reunirse y obtener una propuesta institucional, pero “ni los servicios sociales del Ayuntamiento ni Alokabide han atendido durante meses a la familia”.

Esta mujer, por sugerencia de la oficina del Ararteko, ha remitido en dos ocasiones un escrito pidiendo alternativas dirigido a la Sociedad Pública de Vivienda Etxebide, de Gobierno Vasco en mayo del 2018 y el pasado 18 de noviembre, sin recibir respuesta.

Argitan y Berri-Otxoak han denunciado que “las Administraciones públicas, al promover o permitir estos desalojos, incumplen las resoluciones del relator especial de la ONU sobre la pobreza, el Comité de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que exigen una vivienda alternativa cuando afecte a familias en situación de precariedad y, especialmente, cuando hay menores perjudicados”.

La asociación feminista y el grupo contra la pobreza han denunciado, así mismo, que este nuevo desalojo evidencia que “es papel mojado el supuesto protocolo antidesahucios acordado en 2013, a raíz de la muerte de Amaia Egaña, por el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, y renovado en de febrero del año pasado”.

El compromiso de actuación para estas situaciones contempla que los servicios sociales de base deben “dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente” cuando hay familias vulnerables afectadas por una situación de desahucio, y garantizar el acceso a un alojamiento de urgencia.