El Ayuntamiento cobra un sobreprecio de 120 euros mensuales por la ayuda a domicilio a una anciana con alzhaimer pese a la reclamación del Ararteko para que cese
● El Defensor del Pueblo vasco lamenta que el Gobierno local ni siquiera haya contestado a su petición “transcurrido con exceso el plazo” para hacerlo
● La perjudicada es una anciana con grado III de dependencia y cuyo patrimonio se está agotando porque tiene que contratar ayuda extra privada
● El Ayuntamiento se ha negado durante varios años a aplicarle en el recibo una reducción de 120 euros al mes que le corresponde por el agravamiento de su falta de autonomía
Barakaldo, 12 de febrero de 2020.
El Ayuntamiento de Barakaldo ha ignorado una recomendación del Ararteko-Defensor del Pueblo vasco que le instaba a rectificar la tarifa que le cobra, con un exceso de al menos 120 euros al mes, por el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) a una anciana dependiente y sin recursos, de 88 años y enferma de alzheimer. La situación se produce desde hace más de tres años.
La recomendación [Resolución 2019R-401-18 del Ararteko] fue enviada el pasado verano al equipo de gobierno, que ha optado por ignorarla, según consta en la comunicación que el Ararteko ha remitido a la familia perjudicada [20191218 FIN Ararteko indica no respuesta municipal]. En concreto, en esta misiva la defensoría del pueblo destaca que “el Ayuntamiento de Barakaldo no ha aceptado la recomendación ni ha contestado a la solicitud que le remitimos para que nos informase sobre su disposición a cumplirla” a pesar de que “ha transcurrido con exceso el plazo”.
El Ararteko lamenta la actitud municipal y advierte de que dará cuenta de ello en el informe anual que presenta ante el Parlamento Vasco.
El caso concreto, corresponde a una anciana que comenzó a recibir ayuda domiciliara (SAD) en enero de 2016. Meses después, debido al deterioro de sus capacidades, la mujer recibió la valoración denominada Grado III Gran Dependencia, que implica que es una persona cuyas “limitaciones son absolutas o casi absolutas”. El Ayuntamiento aumentó por ello las horas de ayuda SAD pero, así y todo, la familia tuvo además que contratar asistencia privada, con el consiguiente deterioro de las condiciones económicas.
Ante el cambio de las circunstancias, la familia afectada solicitó al Consistorio que recalculara la tarifa que ella debía pagar por el SAD. Lo hizo de manera reiterada desde septiembre de 2016 pero el Ayuntamiento, por medio de sus servicios sociales, hizo caso omiso a la petición.
Tras recibir la queja de la familia perjudicada, la institución del Ararteko ha comprobado los hechos y, tras recibir información municipal, ha concluido que los responsables del Ayuntamiento, al negarse a revisar el precio, han ignorado la propia ordenanza que establece una “deducción por persona de 120 euros mensuales” para quienes están valoradas en Grado III de Dependencia.
El Consistorio ha alegado que “no consta ninguna solicitud de revisión del precio”, si bien, como el mismo Defensor del Pueblo vasco subraya, “llama poderosamente la atención” esta afirmación cuando el propio informe de los servicios sociales admite que la familia afectada “ha preguntado en muchas ocasiones” sobre este asunto, como queda recogido en los correos recibidos y emitidos por el propio Ayuntamiento.
La familia afectada por esta política de recortes está reclamando desde finales del 2016, y de forma reiterada desde inicios el año 2017, el recalculo de la cuantía que debe aportar por ser beneficiaria del servicio de ayuda a domicilio. Debido a esta actuación, el Consistorio adeuda cerca de 2.800 euros a esta familia, factura que se incrementa mes a mes al no realizarse el recalculo al que tiene derecho.
“El hecho no es casual o esporádico. Es la actuación diaria del Gobierno local y que afecta a todas las personas beneficiarias. Estamos hablando de 650 expedientes, según se deduce de la respuesta del departamento de acción social a los requerimientos del Ararteko”.
“Por poner un ejemplo, y como forma de evidenciar la situación de recortes que se producen en los servicios de ayuda domiciliaria en el municipio de Barakaldo”. En el año 2018 no hubo recalculo de ningún expediente, según ha reconocido el Ayuntamiento a la Defensoría del Pueblo.
“Hay que tener en cuenta que existiendo un cambio en el grado de dependencia que afecta al coste del servicio y sobradamente conocido por Gobierno local. No se aplica y no se toma en consideración a la hora de reducir la cuantía a establecer para sufragar el coste del recurso y la factura que se pasa a las familias usuarias del servicio de ayuda a domicilio para las familias dependientes de la localidad”.
El Ararteko destaca en su resolución que entre lo que se cobra a esta mujer totalmente dependiente y lo que realmente se la tendría que facturar es “evidente” que hay “una diferencia muy relevante, sobre todo, para una persona dependiente que carece del grado de autonomía necesario para la realización de las actividades instrumentales de la vida diaria y que para ello debe completar la ayuda municipal con otra de carácter privado”.
