Mikel Antizar, concejal de Acción Social, recorta ilegalmente las Ayudas de Emergencia Social (AES)

•Las familias solicitantes de las ayudas de emergencia en Barakaldo son coaccionadas a elegir entre los conceptos de acceso a la vivienda o la cobertura de necesidades básicas: alimentación, atención sanitaria no cubierta por Osakidetza como dentista u oculista o los gastos de comunidad, luz y agua.

•El actual formulario de solicitud, además de haberse realizado sin la previa aprobación mediante Decreto de Alcaldía, viola el principio de jerarquía normativa contradiciendo lo estipulado en la ORDEN de 10 de marzo de 2021 “por la que se establecen, para el año 2021, las cuantías máximas para cada uno de los gastos específicos contemplados en las Ayudas de Emergencia Social y se señalan los criterios para su distribución”.

•Berri-Otxoak solicitará el amparo del Defensor del Pueblo-Ararteko para revertir la política de recortes realizada por el Departamento de Acción Social, dirigido por Mikel Antizar, debido a esta vulneración de derechos y lo ya establecido en la “Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social” del Gobierno Vasco que regula las ayudas de emergencia social.

Barakaldo, 28 de abril de 2021

La plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak ha denunciado ante al edificio consistorial los recortes y las malas prácticas que está realizando el área de Acción Social, encabezada por el concejal delegado Mikel Antizar, en las Ayudas de Emergencia Social (AES).

Durante el plazo de solicitud del año 2020, la asociación contra la pobreza comprobó gracias a los testimonios de muchas de las familias solicitantes que éstas estaban siendo obligadas, vía telefónica y/o envío postal con un formulario de solicitud ya cumplimentado por el propio ayuntamiento, para que eligieran solo algunos de entre todos los conceptos (vivienda, alimentación, comunidad, gastos sanitarios no cubiertos por Osakidetza, etc.) que cubren estas ayudas; cuando estaban en su pleno derecho de solicitar la cobertura de cada una de sus necesidades.

La coacción a las familias solicitantes de las AES se intensifica en Barakaldo. La entidad barakaldesa remarca que «el área de Acción Social ha llevado la imposición un paso más allá al introducir una cláusula en el actual formulario de solicitud de las ayudas de emergencia donde se obliga a escoger entre priorizar el acceso a la vivienda o la alimentación o la luz o el agua o el dentista».

La inclusión de esta cláusula que consta en el actual formulario de solicitud, además de haberse realizado sin la previa aprobación en un Decreto de Alcaldía, viola el principio de jerarquía normativa contradiciendo lo estipulado en la ORDEN de 10 de marzo de 2021, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo y de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, donde queda reflejado que la persona solicitante no tiene por qué elegir entre los diferentes conceptos (vivienda, alimentación, comunidad, necesidades básicas, etc.) que cubren estas ayudas, si no que puede realizarla para todos ellos.

Por estos motivos, la plataforma barakaldesa por los derechos sociales, Berri-Otxoak, solicitará el amparo del Defensor del Pueblo-Ararteko para revertir la política de recortes realizada por el Departamento de Acción Social, dirigido por Mikel Antizar, debido a la vulneración de los derechos recogidos en la “Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social” del Gobierno Vasco que regula las ayudas de emergencia social.

Desde Berri-Otxoak se denuncia que este radical recorte en la formulario de acceso a las ayudas de emergencia tiene como motivo mantener congelado el presupuesto dedicado a las ayudas económicas municipales, que «desde hace 8 años se mantiene en 960.000€, aunque la crisis provocada por la pandemia del covid-19 haya conllevado un aumento del 30% en el número de familias solicitantes respecto al 2021”.

Integrantes de la asociación contra la exclusión remarcan que, sin embargo, “los salarios del equipo de gobierno conformado por una veintena de personas se ha incrementado este año en un 3%; sólo los sueldos de alcaldesa y concejales liberados pasa a ser de 1,13 millones de euros, Seguridad Social a parte”.