Las prestaciones sociales sufren un retroceso de cuatro años por los continúos recortes

Esta mañana se ha denunciado la reducción del presupuesto destinado a las ayudas económicas municipales. Lo que trae como consecuencia que los responsables municipales recorten en un 26% la cuantía a la que puede acceder cada familia solicitante, lo que supone 484 euros menos al año.

Entre las mayores rebajas destaca el de las ayudas para los gastos de energía/calefacción, que se ven reducidos en un 61%; reparaciones e instalaciones básicas de la comunidad y vivienda habitual cae en un 46%; o se recorta un 32% el subsidio para intereses y amortización de créditos hipotecarios.

Hay que tener en cuenta que se vuelve a la cuantía consignada en el año 2015, 960.000 euros. Según el Decreto de Alcaldía publicado el pasado 23 de mayo en el “Boletín Oficial de Bizkaia”.Esta decisión es más grave, si cabe, si tenemos en cuenta que en el año 2015 se reconoció las solicitudes de ayuda a 1.744 familias; sin embargo, en el 2018 fueron atendidas 2.320 familias, un 33% más.


Comunicado

Un paraguada denuncia el recorte del 2% en las ayudas sociales del Ayuntamiento de Barakaldo

La plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales Berri-Otxoak ha realizado una paraguada ante el Ayuntamiento de Barakaldo para denunciar el recorte del 2% en el presupuesto destinado a las ayudas sociales municipales, que sufren así un retroceso de cuatro años, para situarse a niveles de 2015.

Berri-Otxoak ha colocado en el acceso al edificio consistorial decenas de paraguas mientras los activistas permanecían abrigados con chubasqueros, gorros de lana, bufandas, pasamontañas e impermeables para hacer frente al “temporal de recortes” aplicados por el equipo de Gobierno municipal.

La acción de protesta se produce tras conocerse el decreto de alcaldía que establece que para este ejercicio 2019 únicamente hay previstos 960.000 euros para las ayudas sociales. Esta cantidad supone una disminución del 2% del presupuesto de las denominadas “ayudas económicas municipales”, que caen a niveles de 2015.

La plataforma ha advertido de la gravedad de este “drástico recorte” porque en el último cuatrienio se ha disparado un 33% el número de personas que han tenido que ser atendidas con estas ayudas, pasando de 1.744 en 2015 a 2.320 familias el último año.

La disminución del presupuesto afecta a las familias que peor lo están pasando en la localidad, como los jóvenes con contratos en precario, las personas desempleadas mayores de 52 años o las mujeres viudas con pensiones de miseria.

El decreto de la alcaldesa Amaia del Campo implica para cada familia un recorte de 484 euros al año en la ayuda social, lo que supone una disminución del 26% en la cuantía a la que pueden acceder.

Por conceptos, la resolución de Del Campo establece una reducción del 61% de la ayuda para gastos de energía y calefacción; también cae un 67% para hace frente a endeudamiento, un 46% menos para reparaciones de instalaciones básicas de la vivienda habitual y de la comunidad, o se recorte un 32% el subsidio para intereses y amortizaciones de créditos hipotecarios.

La plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales Berri-Otxoak ha destacado, así mismo, el retraso del Ayuntamiento en la regulación de las ayudas sociales para el presenta ejercicio 2019. El decreto del Gobierno Vasco fue publicado el 26 de diciembre y el equipo de Gobierno de Barakaldo no ha emitido su resolución hasta el 5 de marzo.

Más presupuestos.

Ante estos nuevos recortes, Berri-Otxoak exige a la nueva Corporación municipal unos presupuesto más justos y solidarios, con tres ejes centrales.
El primer lugar, la plataforma reclama que se garanticen fondos económicos suficientes para que las familias puedas llegar a fin de mes y cubrir sus necesidades básicas.
Además, Berri-Otxoak exige que se dé marcha atrás en los recortes aplicados a las ayudas sociales municipales, especialmente a las destinadas al acceso y mantenimiento de la vivienda.
Del mismo modo, se exige la ampliación de los servicios sociales para asegurar que las familias vean atendidas sus demandas con carácter de urgencia a fin de que puedan cubrir sus privaciones de forma inmediata.

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