En la mañana del viernes se realizó ante el Palacio de Justicia de Barakaldo un acto en recuerdo de Amaia Egaña, en el séptimo aniversario de su suicidio cuando iba a ser desahuciada.Este sábado 9 de noviembre se cumplen siete años de la trágica muerte de la vecina de Barakaldo
El no poner freno desde el gobierno municipal a la especulación conlleva que cuatro familias sean desahuciadas cada semana en la localidad.
A lo largo de estos 7 años más de 1.500 familias han sido desalojadas de sus casas. Un ejemplo, es la orden de desahucio requerida por el Gobierno Vasco contra una mujer con dos hijos menores víctima de violencia machista; el cual se puede ejecutar a lo largo de este mes.
•Enlace al vídeo de la movilización: Tele 7 y ETB2
Colectivos sociales y sindicales de Barakaldo:
Asamblea de Parados, Berri-Otxoak y Argitan, Centro Asesor de la Mujer. ELA, LAB, ESK, STEILAS, CGT y CNT.
Comunicado
Más de 1.500 familias barakaldesas han sido expulsadas de sus casas desde que hace 7 años Amaia Egaña se suicidara cuando iba a ser desahuciada
• Este sábado 9 de noviembre se cumplen siete años de la trágica muerte de la vecina de Barakaldo
• Cuatro familias son desahuciadas cada semana en la localidad
• Este mes se prevé el desalojo de una mujer con dos hijos menores víctima de violencia machista, desahuciada por el Gobierno Vasco
Barakaldo, 8 de noviembre de 2019.
Un total de 1.555 familias han sufrido en Barakaldo el desahucio de su vivienda en los últimos siete años, desde que la vecina del barrio de Desierto Amaia Egaña, el 9 de noviembre de 2012, se quitara la vida en el mismo momento en que la comitiva judicial procedía al desalojo de su piso.
Así lo hemos denunciado una decena de asociaciones y colectivos sociales y sindicales, en un acto celebrado ante el palacio de justicia en recuerdo y homenaje a Egaña. Cuando se suicidó, la víctima tenía 53 años, estaba casada y tenía un hijo de 21 años. El hecho fue recogido incluso por la prensa internacional, en Barakaldo provocó una ola de indignación que sacó a miles de personas a la calle y las autoridades políticas y judiciales se comprometieron a adoptar medidas para evitar estas tragedias.
Sin embargo, siete años después los desahucios siguen. En promedio, son cuatro las familias barakaldesas a las que se expulsa cada semana de sus viviendas en propiedad o alquiler. Este mismo mes de noviembre está previsto que otra mujer se enfrente a esta situación: en este caso, tiene 41 años, es víctima de violencia machista, tiene a su cargo dos hijos de seis y 15 años, y es el propio Gobierno Vasco, a través de su sociedad de alquiler Alokabide, el que promueve el desalojo y no da otra solución.
El 83% de los desahucios son de viviendas en alquiler. En este aspecto, sólo el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco inició en el año 2018 el proceso de desahucio contra 184 familias. Por su parte, los desalojos por no poder pagar la hipoteca son en su mayoría impulsados por Kutxabak así como por La Caixa, que fue la entidad financiera del desalojo de Amaia Egaña. También hay órdenes judiciales solicitadas por Banco Popular, Santander, BBVA y Caja Laboral.
Estas situaciones son fruto de las políticas de recortes y no de la casualidad. Hay que tener en cuenta que desde el inicio de la crisis se ha duplicado el número de personas desempleadas en Barakaldo, que ya son 6.450 frente a las 3.269 de 2008. Además el 69% de los personas en paro de la localidad no percibe ningún tipo de prestación o subsidio.
Los colectivos y sindicatos hemos alertado además de la situación de la vivienda. No poner freno a la especulación conlleva que el precio de los alquileres se incremente mes a mes. Así, la renta media de un piso en Barakaldo es actualmente de 630 euros.
Ante esto datos, La Asamblea de Personas en Paro, el Centro Asesor de la Mujer Argitan, la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak y los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEILAS, CGT y CNT hemos exigido a las autoridades mayores recursos para vivienda social y ayudas de emergencia social, así como el cumplimiento del protocolo sobre desahucios y el acatamiento de las resoluciones internacionales que exigen que se garantice un alojamiento a las familias expulsadas de sus casas.
En concreto, hemos instado a incrementar la partida presupuestaria destinada a las ayudas de emergencia social, a la par que se eliminan los recortes aplicados al acceso y cuantías de estas prestaciones, que en un 66% se destinan para el acceso y mantenimiento de la vivienda habitual.
Del mismo modo, las organizaciones sociales y sindicales exigimos a las Administraciones públicas que apuesten por la vivienda en alquiler social y por la dotación de un parque de viviendas municipales para el realojo inmediato de las familias desahuciadas.
Demandamos también la aplicación del protocolo sobre desahucios previsto en el acuerdo alcanzado en 2013 por el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, y renovado este pasado mes de febrero de 2019. El pacto establece que los servicios sociales deben dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente cuando hay menores afectados por un desalojo.
Hemos llamado además al acatamiento institucional de las resoluciones del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que obligan a ofertar una alternativa habitacional a las familias desahucias, y más cuando estas tienen menores a cargo.
