1. Las contradicciones de nuestro tiempo

2. Cómo se formo el sistema financiero mundial

3. Situación internacional actual

4. La situación en América Latina

5. La tragedia de África

6. Sobreproducción en el sudeste asiático

7. Los países periféricos en crisis

8. La triple dimensión del imperialismo

9. La situación en nuestro país

Anexo I: Biografía de Hugo Rafael Chávez Frías

Anexo II: 38 años de FARC-EP

Anexo III: ALCA

Anexo IV: El argentinazo, paso a paso

Anexo V: Biografía de Duhalde Por José Vales, Revista Cambio

1. LAS CONTRADICCIONES DE NUESTRO TIEMPO

El mundo actual esta sujeto principalmente a 3 contradicciones.

A. La contradicción existente entre los países y bloques imperialistas, caracterizada por fuertes enfrentamientos en el campo económico y político, y en incremento en el plano militar.

B. La contradicción existente entre los países y bloques imperialistas, y los países explotados económicamente y dominados política cultural y socialmente en distintos grados, de acuerdo a sus procesos históricos.

C. La contradicción existente entre las Clases Dominantes y las Clases Oprimidas. Tanto a nivel mundial como al interior de los países.

Estas tres contradicciones son las que determinan el desarrollo económico, político, social y militar en todo el mundo.
Los procesos sociales, políticos, y económicos que se establecen en el capitalismo son múltiples. Traen consigo varias contradicciones internas, algunas principales (A y B) y otra fundamental (C). Las principales se manifiestan en un momento dado, y se entrecruzan permanentemente. En cambio C es inherente al sistema capitalista. Por eso la denominamos contradicción fundamental. Y a pesar de que C también posea las características para ser principal, A y B, para nosotros nunca pueden ser fundamentales, ya que no hacen necesariamente a la diferenciación entre capital-trabajo.
Los países y bloques imperialistas son, principalmente los Estados Unidos, seguido por la Unión Europea, Japón, China, y Rusia. Estos países se disputan de forma económica, política y militar el control del mundo y de los mercados de consumo mundial. Según el continente y las zonas mundiales oprimidas de la periferia que enfoquemos, podremos encontrar a distintos países disputando la hegemonía imperial. Por ejemplo, en América Latina, la disputa central se da entre los Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que en Europa Oriental, la disputa central es entre Rusia y la Unión Europea. En el Sudeste Asiático la disputa es entre EEUU-Japón-China.

2. CÓMO SE FORMÓ EL SISTEMA FINANCIERO MUNDIAL

En líneas generales, luego de la crisis del ´30 con la caída del patrón oro en el sistema comercial, comienza a gestarse un proceso en donde lo material se aleja, dando lugar a lo artificial: el dinero. En el año ´44, comienza a esbozarse la creación del Fondo Monetario Internacional, que se concreta en el ´46, plasmando la victoria de dos grandes ganadores de la 2º Guerra Mundial: EEUU y URSS, dando paso al dólar como patrón mundial.
El mundo empieza a girar en torno a esta moneda, ya que la recuperación de la Europa devastada por la guerra fue restaurada económicamente y levantada industrialmente por las divisas que EEUU giró en esa época (Plan Marshall). Esto fue posible gracias a que EEUU pagó su inflación de posguerra con las deudas de los país del resto del mundo. La reconversión europea, se realizó, entonces, a partir del incremento en la producción del carbón y del acero.

3. SITUACIÓN INTERNACIONAL ACTUAL

Al ser el país que emite la moneda referente en el mundo, EEUU puede especular (vender ganancia a futuro) con la misma, y hacer pagar sus crisis a los demás países o sectores. Para esto ha utilizado al FMI y Banco Mundial como herramientas para que las crisis que ocurren en el centro sean pagadas por los países periféricos. Por ejemplo países emergentes en ASIA (Tailandia, Malasia, etc.). Ha creado las condiciones para realizar crisis por sector (industrial, comercial, financiero) y no universales. Actualmente EEUU, y el resto de los países centrales, ya no son países industriales clásicos, ya que se dedican a mercancías especiales tecnológicamente más avanzadas. A causa de que en dichos países, los impuestos por contaminación son muy altos, se dedican a producir conocimiento y tecnología de punta, e intentan ubicar la producción industrial masiva en otros países emergentes. Tales países tienen un desarrollo desigual y combinado. Conviven tecnología de punta con por ejemplo, el problema de la tierra. Ejemplo de esto es Brasil, que si bien cuenta con un desarrollo industrial avanzado, todavía no se ha hecho la reforma agraria.
Las crisis actuales se traducen en: crisis comerciales, industriales y financieras. Esta última se ha transformado en la actual y principal, y es la que se rige a nivel mundial. Por primera vez la crisis es mundial. Esto es causado por el desarrollo tecnológico que siempre se anticipa al cambio y la forma de apropiación social. Cada vez son menos las personas que acceden al consumo de lo que se produce, generándose un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Cuesta mucho ubicar el excedente de producción.
Durante los años '90 las economías imperialistas descargaron la crisis sobre las naciones periféricas y esta polarización contribuyó especialmente en Estados Unidos a mantener un largo ciclo de crecimiento. La principal potencia financió su déficit comercial y endeudamiento con capitales absorbidos de todo el mundo y detentó el privilegio de respaldar su inyección crediticia con la principal moneda de reserva. El sobreconsumo y la sobreespeculación estadounidense fueron factibles por esta consolidación hegemónica, que permitió también evitar la conversión de los cinco grandes desplomes registrados en Wall Street (1987, 1989, 1997, 1998 y 2000-01) en derrumbes comparables a los países oprimidos de las zonas periféricas. Estas crisis afectaron inicialmente al mercado estadounidense, pero la compensación creada por el retorno de capitales atemperó el impacto. Por eso el dólar continuó subiendo y la prosperidad se prolongó hasta fines de 2000.
En Europa no hubo euforia bursátil, ni tampoco afluencia masiva de capitales externos, pero las crisis bancarias quedaron acotadas, la deuda pública no desestabilizó los mercados y las crisis cambiarias tuvieron un desenlace opuesto al desplome del peso, el rublo (moneda rusa), el real (moneda brasilera) o el bath (moneda tailandesa). Mientras que estos episodios concluyeron en megadevaluaciones, las caídas de la libra (inglesa) y la lira en 1992 terminaron preparando el lanzamiento del euro.
Con esta moneda Europa busca ponerle freno a la hegemonía del dólar, ubicándose como 2º potencia económica mundial. Su mayor problema lo encuentra en el plano militar, pues es parte de la OTAN, que actualmente se encuentra bajo estricto control norteamericano. Junto a esto se observan problemas internos con los inmigrantes lo que ha traído a colación una nueva avanzada de la ultraderecha. Como por ejemplo en Alemania, Francia, Holanda, Italia y España.
Sólo la larga recesión japonesa presenta semejanzas con lo ocurrido en la periferia, porque en ambos casos la burbuja financiera concluyó en un gran desplome de los precios de las acciones y las propiedades. Pero este desmoronamiento no dio lugar en el Japón a una hecatombe del yen, ni revirtió el estatus acreedor y comercial superavitario del país.
China ha sido elegida enemigo estratégico por EEUU. Es el máximo competidor en lo militar, industrial, en consumo y en producción. Tiene una gran capacidad de acumulación, pues genera un excedente de producción mucho mayor, y una mayor apropiación de este. En los años ´90 fue el país con la tasa de crecimiento sostenido más alto. China asume que su integración al capitalismo no es una integración pacífica (problema que puede no haber visto Rusia). China se ha preocupado por crear una burguesía nacional fuerte, ya que no permite la injerencia neoliberal en la racionalización del capitalismo y en la reestructuración del Estado. Con esto ha logrado una mejor distribución de la riqueza, y logrando una escasa participación de la deuda en el PBI.
Con el asenso de Bush al poder en EEUU, hubo una significativa profundización de la derecha. Tomaron el mando los sectores productivos militares, reorganizando económicamente el aparato industrial-militar, y dando mayor poderío político al CSN (Consejo de Seguridad Nacional). Aunque esto no es reactivador de la economía, si en cambio, de destrucción, y/o enfrentamiento con otras economías. El único objetivo del gobierno de Bush, es la creación de una campaña antiterrorista mundial. Pretende utilizar a la guerra como instrumento de destrucción de las riquezas de sus competidores y enemigos políticos en el mercado exterior.
Sobre la contradicción entre países imperialistas y otros países oprimidos de la periferia, se establecen distintos tipos de relación. Todas son de dominación pero difieren de acuerdo al tipo de socios locales del imperialismo: la gran burguesía pro-imperialista. NO es dependiente, sino socia.
En la mayoría de los países oprimidos de las zonas periféricas existe una característica central: la explotación económica. Pero existen también otros tipos de dominaciones como políticas, culturales, religiosas, etc, con distintos grados cada una. El dominio cultural le permite al imperialismo vender y comercializar sus productos. Las dominaciones son interdependientes: dos caras de una misma moneda.

4. LA SITUACIÓN EN AMERICA LATINA

El ascenso del "menemismo continental" como señala James Petras a la continentalización de los presidentes estilo Menem, Fujimori, Frei, Franco, Pérez, Salinas de Gortari, etc, trajo consigo catastróficas consecuencias en el plano político, económico y social. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), pronosticó para América Latina un crecimiento del desempleo para 2002. Según la entidad, habrá casi 3 millones más que el año anterior.
Prácticamente la mitad de los trabajadores latinoamericanos debe desempeñarse en empleos precarios y de baja productividad. Cobran salarios que apenas les alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Hoy existen en la región 230 millones de seres humanos que viven en la pobreza. Estos datos no provienen de ningún organismo dirigido ni influenciado por los marxistas, sino de una publicación de febrero de 1998 de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).
Por su parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calificó a la región latinoamericana como la más desigual del mundo. El 5 por ciento más rico recibe la cuarta parte (25 por ciento) de toda la riqueza generada en esta parte del mundo, mientras que el 30 por ciento más pobre apenas recibe un 7 por ciento de todo el ingreso. Esto refleja un desigual reparto de la riqueza.
Esa pauperización va de la mano del crecimiento de la deuda externa, que ya llega a los 900.000 millones de dólares y genera giros multimillonarios por intereses y amortizaciones de capital. Así nuestros pueblos se empobrecen aún más.
Pedro Sainz, director del departamento de estadísticas de la CEPAL, confirmó que hoy en los hogares más pobres de Latinoamérica trabaja menos del 1% de sus integrantes, pese a que estos hogares están compuestos por 6 personas como promedio. Sainz reveló que lo más dramático ocurre en las zonas rurales donde viven unos 170 millones de personas. En el campo existe una elevada concentración de riquezas en muy pocas manos, lo que agudiza la polarización social. Esta injusticia es mayor en Haití, Bolivia, Brasil, Guatemala y Honduras.
En Guatemala se aplica el programa del FMI desde 1986. Antes de esta fecha el 63% de la población vivía en la pobreza, ahora supera el 84%.
En Honduras, desde 1990 se aplican los planes de ajuste preconizados por esos organismos financieros. Antes de esta fecha el 68% vivía en la pobreza, ahora supera el 74%.
En Haití, desde que en 1994 el régimen Lavalas retornó al gobierno bajo ocupación militar yanqui, se aplican medidas de ajuste. Cuatro años más tarde sigue sufriendo un 80% de analfabetos, una renta per cápita que no supera los 200 dólares al año, una tasa de mortalidad infantil de 120 por mil nacidos vivos y una desocupación del 70%.
En Chile, en 1969 había un 28,5% de pobres, pero desde 1973 -año del golpe del chacal Augusto Pinochet- y aplicando medidas económicas dictadas por el FMI, los pobres aumentaron hasta llegar ahora a un 40% de la población. Al mismo tiempo, en 1969, el quinto de los más ricos de la población tenía el 44,5% de la renta nacional y el quinto de los más pobres tenía el 7,6%. Pero en 1998, un quinto de los más ricos tiene el 60% y un quinto de los más pobres un 4%. Es decir, los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres, en este caso bajo el gobierno cívico-militar encabezado por Eduardo Frei, auspiciado por los norteamericanos y controlado por los generales pinochetistas. Con la llegada del falso socialismo de Lagos, se ha mantenido la receta neoliberal y se continúa acrecentando la brecha entre ricos y pobres.
Pero al mismo tiempo, mientras las políticas imperialistas provocan el hundimiento de todo el continente, la resistencia crece, y en algunos casos se ha transformado en verdaderas situaciones revolucionarias, como en Colombia y Venezuela.
En Venezuela desde la llegada al poder del Polo Patriótico de Chávez (ver Anexo I Biografía de Chávez), se ha producido un cambio del carácter político y económico del país petrolero. Chávez a encabezado una fuerte transformación política, jurídica y económica, abriendo un cauce revolucionario con un final abierto. Más allá de las diferencias ideológico-políticas que nos separan con el Comandante Chávez, vemos en la revolución que ha encarado un verdadero sendero antiimperialista, que puede cambiar definitivamente la situación de todo Latinoamérica.
Lo que ha sucedido en Venezuela en abril del 2002 es un caso prácticamente inédito para la historia de Latinoamérica. No se vive muchas veces que un presidente, luego de un golpe de Estado, vuelva al día y medio. Es fundamental entender que el pueblo venezolano hizo retroceder a la operación de Bush para desestabilizar a Venezuela. El golpe de Estado Militar y Empresarial, encabezado por Pedro Carmona -perteneciente a la cúpula empresarial Fedecámaras-, pero dirigido por los mismísimos EEUU, se desestabilizó cuando el grueso del Ejército le quitó su apoyo. El puntapié inicial lo había dado el cuerpo de Paracaidistas venezolanos, de donde proviene Hugo Chávez Frías, más la incondicional presión política de los círculos de defensa bolivarianos. El pueblo venezolano, entonces jugó un papel decisivo. Indignado frente a las primeras medidas del gobierno oligárquico de Carmona, (recordemos que disolvió pisoteando la Constitución de la 5º República Bolivariana de Venezuela, el Poder Legislativo y el Judicial, y cerró el Parlamento con mayoría chavista), volvió a las calles de Caracas para manifestarse en contra del golpe pro-yanki. Diferentes manifestaciones chavistas comenzaron a converger sobre distintos puntos del país.
Los acontecimientos pusieron en evidencia las dificultades y los obstáculos que se interponen a un intento de establecer un modelo político como el que emergiera de la mano de Carmona: corrupción, y bajada de pantalones hacia EEUU.
El presidente de EEUU, hacía un año que venía tramando este atentado a Venezuela, diciendo, a través de la escasa información disponible fuertemente manipulada por los poderosos lobbies empresariales (los mismos que ejecutaron el golpe), que Chávez estaba completamente aislado y huérfano de apoyo civil y militar. Bastaron 24 hs para desmentir tal información. Por algo había ganado en tres años numerosas elecciones por porcentajes desconocidos en la historia de Venezuela.
Más allá de las diferencias políticas e ideológicas que tenemos con el régimen chavista, podemos decir que la restauración oligárquica, que devastó a Venezuela en una pobreza descomunal (situación de la que Chávez deberá atender inmediatamente), está muy lejos de ser lograda, más allá de que afirmemos que la crisis que enfrenta Venezuela sigue teniendo un final abierto. El chavismo como fenómeno social y político parece llamado a sobrevivir a su fundador, y no a desmenuzarse tal como lo soñaba EEUU y la derecha venezolana.
Venezuela representa un ejemplo de derrota para los EEUU, y junto con Colombia, Brasil y Cuba, se enmarca en una reconstrucción de fuerzas aintiimperialistas que pueden poner en jaque los intereses estratégicos del Tío Sam.

En Colombia, las FARC (Ver Anexo II 38 años de FARC-EP) han demostrado en los últimos años que la toma del poder no será una situación muy lejana, ya que literalmente han construido un poder tan grande que podemos decir que han construido un "Estado dentro de otro Estado". A pesar de controlar el 40% del territorio colombiano, todavía
La reciente ruptura del diálogo por parte del ex gobierno de Pastrana, y la avanzada contra las posiciones de las FARC le han demostrado al gobierno colombiano que no tiene las fuerzas necesarias, ya no solo para derrotar a las FARC, sino ni siquiera para enfrentarlas, pese a los millones de dólares que los Estados Unidos le han enviado. Y esto en preocupante para los yanquis, porque en momento en que los milicianos de Bin Laden resisten y golpean al ejército de los EEUU en Medio Oriente, sus "entrenados" pierden en las selvas de Colombia.
Más importante que trasladar los enfrentamientos a las ciudades, las FARC buscan implementar a través de un proyecto intensivo la recuperación de las zonas perdidas a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en la última década.
Luego del fracaso de los diálogos de paz, el 20 de febrero del 2002, lo que dejaron las FARC flotando en el ambiente fue el mensaje de que iban a con toda su fuerza sobre las ciudades. Sin embargo, más importante que ese objetivo de urbanizar el conflicto puede ser el de retornar a los viejos territorios que les fueron arrebatados por las Auc.
Incluso, el Ejército tiene información confirmada de que en la reunión del pleno del Estado Mayor de las FARC, en febrero de este año, se decidió como prioridad la arremetida contra los 'paras' de los bloques Sur (con influencia sobre Caquetá y Meta), Catatumbo (Norte de Santander), y José María Córdova (noroeste del país).

A recuperar lo perdido

Según el ex guerrillero y analista del conflicto León Valencia, lo más grave es que para esta nueva ofensiva la guerrilla cuenta con el refuerzo de unos 5 mil militantes, reclutados en Caquetá y Meta en tres años de zona de distensión.
"Veo claro que la estrategia es eludir al Ejército y enfrentar directamente a los paras", afirma Valencia. Dentro de esa lógica, las FARC pueden estar apuntándole a una doble táctica: por un lado, golpear a las ciudades con hechos que produzcan un gran impacto psicológico, pero que no requieren despliegue de fuerza ni desgaste militar. El secuestro de los 12 diputados del Valle es un buen ejemplo, por otro lado el segundo elemento de su estrategia implica volcar todo su aparato de guerra a la recuperación de los viejos espacios territoriales. "La mayor efectividad de la avanzada paramilitar en los últimos cinco años, además de hacer replegar a las FARC y al ELN, fue ir estrangulando los corredores por donde estos se movían", asegura el investigador social Javier Naranjo.
Algo similar piensa el investigador Álvaro Camacho Guizado, de la Universidad de los Andes: "Si las FARC quieren sacar la guerra de la manigua donde están, necesitan abrir los corredores que les cerraron. Su nuevo planteamiento de lucha contra las ciudades los obliga a retirar del camino a los paramilitares", dice él. Históricamente el conflicto armado viene produciendo entre 1.600 y 1.800 muertos por año, sin contar civiles.

Tres frentes de guerra

Tres zonas concretas parecen ser los objetivos inmediatos de esta 'operación retorno' de las FARC: Urabá, el Magdalena Medio y la zona del Catatumbo. Urabá se vislumbra como el más feroz de estos escenarios de lucha.
Muy ligada a la recuperación de Urabá está la reconquista del Magdalena Medio. Esta área reviste una especial simbología para los insurgentes, pues en ella se hicieron muy fuertes en los años 70, y fue allá de donde primero los erradicaron los paramilitares, a fines de los 80, con la colaboración del narcotráfico.
Es bastante revelador que haya sido el bloque de las FARC que opera en el occidente colombiano (desde el norte de Antioquia hasta el eje cafetero, y cerca de Urabá) el que realizara el ataque, y que además haya estado comandado por Márquez, a quien se le cuestiona dentro de las FARC por la pérdida de esta última región a manos de los 'paras' hace cinco años.
Observando el mapa del noroeste colombiano es fácil notar que una operación de barrido contra las Auc desde el Magdalena Medio hacia el occidente, complementada con una que suba desde el Chocó hasta Urabá, terminaría formando un enorme corredor de movilización, aprovechando el norte de Antioquia.
Los ataques de finales del 2001 a los campamentos que las autodefensas habían logrado consolidar en Ituango y Tarazá (Antioquia), ambos en la franja que lleva a Urabá, refuerzan que esa es la intención.
El último sitio donde se puede apreciar perfectamente la 'operación retorno' de las FARC es el Catatumbo (Norte de Santander). Así, en la frontera con Venezuela, en zona rural de Tibú, el bloque Catatumbo, comandado por Jorge Briceño, alias 'Grannobles', emboscó a una compañía paramilitar.

La participación política de la mujer

En general en todo el mundo y en particular en Colombia la incorporación o la exclusión (principalmente) de la mujer responde a los esquemas políticos, ideológicos y culturales creados por el sistema dominante, los mismos que buscan garantizar la reproducción del mismo.
En el caso del capitalismo y su tan pregonado fin de la historia y de las ideologías, la participación política de la mujer es reciente y lenta; no olvidemos, sólo a mediados del siglo XX la mujer alcanzó el derecho al voto en esta parte del continente. Pese a los cantos de sirena que el Estado, con altavoces, pregona sobre la igualdad de la mujer, esta sigue siendo una quimera, pues la participación de las mismas tanto en los sectores ejecutivo, judicial, legislativo continua siendo restringido y es mantenida como una constante; ni que decir de los partidos tradicionales conservadores y liberales en sus distintas expresiones o membretes y/o sus instituciones.
Según estudios de las Naciones Unidas, en la actualidad la incorporación de las mujeres en distintos cargos directivos se produce en un promedio de crecimiento del 1 al 2% anual, con esas proporciones, la participación de las mujeres en cargos de dirección en distintos niveles, en el ámbito mundial, se produciría en el mejor de los casos en unos 400 años.
Debemos tener en cuenta las concepciones que se manejan sobre la participación de la mujer en política por este tipo de organismos, que en muchos de los casos sólo se la ve como un equiparamiento numérico de hombres y mujeres en distintos cargos, y no de acceso a decisiones o real participación política.
No olvidemos que en Colombia las mujeres representan mas del 50 % de la población, pero la mujer no se ha constituido más que en el adorno de las campañas políticas, los spots televisivos. Basta ver el carnaval electoral cada cuatro años. Lo sucedido en la Asamblea Constituyente colombiana de 1990, es un fiel reflejo de esa realidad donde de 70 constituyentes elegidos, apenas 4 fueron mujeres. Situación que se ve empeorada en los niveles municipales y locales, donde la participación de las mujeres apenas llega al 5% en las alcaldías y al 8% en los concejos.
Con frecuencia en lo que el establecimiento a denominado "democracia", los sectores populares han tenido dificultad en acceder a una participación política, y dentro de ellos el sector femenino enfrenta una serie de dificultades y trabas para participar en política. Pues como parte de la carga cultural impuesta por el sistema, el machismo, hace que las mujeres tengan que demostrar sus capacidades mucho más que los hombres para acceder a cargos o puestos de representación.
Si en general los sectores populares carecen de apoyos y recursos financieros, en las mujeres, esta situación tiene aberrantes niveles de expresión, donde el chantaje, la coima, el acoso sexual son práctica normal de la política burguesa.
Con diversas acciones, luchas, movilizaciones, protestas, las colombianas han buscado que se reconozcan los derechos políticos de la población en general y de las mujeres en particular, lo que ha conllevado diversos frutos y victorias, que han implicado que las propias leyes del Estado reconozcan los derechos que asisten a las mujeres, pero vale recalcar que esto no ha sido una dádiva de los gobernantes, sino el resultado de las conquistas refrendadas con luchas y organización, por los sectores femeninos de Colombia.
En la actualidad, existen expresiones concretas de participación política de las mujeres en nuevas condiciones. La presencia de la mujer en FARC-EP, es una constatación de esas posibilidades.
Del total de la fuerza guerrillera, el 40% la componen mujeres. Nuestros reglamentos, estatutos y normas, prohíben la discriminación de la mujer por su condición sexual. Y esto no es letra muerta, es una lucha y una práctica permanente en las filas guerrilleras, que presentan todas las dificultades producto del entorno del que provenimos, pero lo importante es la existencia de las herramientas teóricas y estatutarias para desarrollar y avanzar en esa lucha y esa práctica.
Las responsabilidades, los cargos de Dirección, los puestos de mando, las misiones responden a las capacidades políticas y militares de cada uno de los integrantes de las FARC- Ejército del Pueblo.
Y esta participación no es abstracta, responde a una concepción de clase que no es estática sino dialéctica, que comprende la participación política de la mujer en las filas en todos los quehaceres concretos de la misma, en la toma de decisiones, en el trazamiento de planes políticos y militares, en su construcción cotidiana, en su proyecto político.
La situación de Venezuela y Colombia es una amenaza para los intereses estratégicos de los Estados Unidos en América Latina, y esparcen la sombra de los cambios revolucionarios por todo el continente.

Los indígenas zapatistas se levantaron en México en armas el 1º de Enero de 1994, día en que entraba en vigor el tratado de libre comercio (NAFTA) entre Estados Unidos, Canadá y México. Ellos se rebelaron por tanto no sólo contra el gobierno y el ejército de México, sino también contra el modelo económico y político neoliberal, del cual el NAFTA representaba la aplicación a México. Dirigiéndose a los grupos dominantes del país, los zapatistas declararon: "Lo que para ustedes representa un gran progreso, el acceso de México al Primer Mundo, al club de los ricos, representa para nosotros, y para los pobres del país, una sentencia de muerte."
Este rechazo del modelo neoliberal sigue caracterizando la movilización de los zapatistas; caracteriza en particular los encuentros continentales e intercontinentales " por la humanidad y contra el neoliberalismo" que ellos promueven . Frente a las "nuevas" perspectivas abiertas al diálogo por la presidencia Fox, y por su proyecto neoliberal, la actitud de los zapatistas se mantiene coherente. El subcomandante Marcos, que se declara disponible al diálogo a determinadas condiciones, precisa que se tratará de un diálogo entre enemigos políticos: porque desde el punto de vista de los indígenas, el proyecto empresarial de Fox coincide sustancialmente con el de Zedillo. Merece por tanto la misma firme condena y la misma oposición.
También operan en Méjico otros 14 grupos guerrilleros, entre los cuales se destaca el de orientación maoísta Ejército Popular Revolucionario.
El derrumbe del PRI (Partido Revolucionario Institucional) y el ascenso del PAN (Partido autonomista Nacional), de orientación neoliberal y del PRD (Partido de la Revolución Democrática), de orientación socialdemócrata, que gobierna el Distrito Federal, ha introducido cambios fundamentales en el mapa político de México.

Conflicto social y guerrillas

El esquema contrainsurgente que se viene ejecutando reposa en un vértice peligroso donde confluyen principalmente la militarización, paramilitarización y violación a los Derechos Humanos y que se presentan inequívocamente complementarias para cobrar así formas sangrientas en contra de sus pueblos. Muchas de estas cuestiones hoy parecen recobrar inusitada fuerza pero en el sentido contrario a las esperanzas que despertó el recambio gubernamental y, por consiguiente, la democratización de la política mexicana.
Así pues se consumaron masacres y asesinatos selectivos, expulsiones de poblados enteros y desplazados, detenciones arbitrarias y presos políticos; y también otros delitos como violación a mujeres, incendios de caseríos, destrucción de cosechas, robo de ganado, amedrentamiento y amenazas, fomentando el enfrentamiento entre las propias comunidades indígenas y consumando cualquier clase de atropellos que sólo pueden ejecutarse bajo una espesa sombra de impunidad y financiamiento económico espurio.
En este caso debe atenderse una consideración aparte, ya que este conflicto entre comunidades se genera, en un principio, entre facciones políticas en pugna que responden al PRI en contra de miembros de otros partidos o zapatistas, hasta el punto de formar parte de bandas armadas o paramilitares; o también cuando la pugna armada se consuma en nombre de las fronteras estatales, como el caso de Los Chimalapas, enclave geográfico alojado entre Chiapas y Oaxaca.
Ambas cuestiones van en detrimento de la constitución definitiva de lo indígena como conjunto, a nombre de identidades ajenas a sus usos y costumbres pues han pretendido, y pretenderán, el poder por sobre la comunidad tanto como lo aspira del ciudadano o elector.
En forma similar se reproducen otros enfrentamientos aunque sin la gravedad del recurso a las balas, pero de igualmente violentos que comunidades enteras se disputan con otras la posesión de tierras. El caso de la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (ORCAO) y bases zapatistas por predios de cultivo en Sibacá y Patria Nueva muestran la gravedad del problema agrario irresuelto.
El ascenso de los movimientos sociales, en tanto se presentan como "otra forma de hacer política" explica, aunque sólo en parte, que los partidos hayan perdido gran parte de presencia e influencia en las comunidades. Otra forma de ese repudio también se manifiesta por medio de la apatía y el apoliticismo.
En aquel marco ominoso de impunidad brutal fueron -y siguen siendo- posibles, por ejemplo masacres como las de Aguas Blancas y Acteal y, al mismo tiempo, el asesinato de la abogada defensora de Derechos Humanos Digna Ochoa y Plácido.
Detrás de El Plan Puebla Panamá, se esconden intereses que implican, ante todo, liberar de población indígena el territorio para posibilitar la inversión de los capitales foráneos.
En toda esta trama de intereses en ocasiones ocultos, también desembozados pero siempre violentos, irrumpen los movimientos guerrilleros que se suman como nuevo actor imprimiendo una nueva dimensión de estos conflictos. Sin pretender desconocer la anterior experiencia histórica, desde el levantamiento zapatista de enero de 1994 el grado de incidencia es bien distinto pero guardan algunos interrogantes que merecen ser planteados.
A las continuas agresiones a las bases y aliados zapatistas, no se produjo ninguna respuesta armada por parte del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), dejando expuestos al producto de, nada menos, una amplia capa social que busca un cambio profundo a partir de la reivindicación indígena que inicialmente se manifestó a partir de una expresión armada. Esto es significativo por cuanto que sumado el racismo imperante desde antes del levantamiento, las relaciones de sometimiento a las comunidades, su vulnerabilidad ante los poderes locales y las profundas diferencias religiosas en las distintas regiones, estos sectores vuelven a reproducir las condiciones descritas con el agravante de haber apoyado el movimiento insurreccional.
Una situación semejante parece darse en la región Loxicha: el accionar descarado de entregadores, guardias blancas y grupos paramilitares no encontró resistencia armada en ninguna ocasión. Entonces la pregunta es ¿Dónde está el Ejército Popular Revolucionario (EPR)? ¿Tiene presencia real en la región?
Este caso puede tener, entre otras, dos respuestas factibles. La primera estriba en considerar que las purgas y escisiones intestinas mantienen inmovilizado al grupo armado y, por lo tanto, sin capacidad logística y menos aún de fuego, aún de autodefensa. La segunda repuesta resulta más sencilla: el EPR no tiene presencia en la región, pero no podría decirse lo mismo de las zonas de influencia zapatista.
En ambos momentos, cualquier análisis de estos grupos no puede desconocer los altos grados de violencia que existe en cada lugar, por lo tanto estarán obligados a dar una respuesta concreta y de acuerdo a cada una de esas realidades. Por supuesto que no están obligados a dar una respuesta armada, pero tampoco se expiden sobre la coyuntura ni ofrecen una repuesta de tipo político que al menos repudie estas situaciones. Con excepción del caso Digna, para el EZLN ninguna de estas situaciones merecieron, al menos, un mensaje político a las comunidades.
Sin embargo, puede esbozarse una apreciación, tal vez más compleja y es la que resulta de entender que no tienen una política específica para contener y proteger a sus bases; lo que los situaría en la difícil situación de corresponder su análisis político con la máxima, tal vez la más nefasta, de casi todas las guerrillas latinoamericanas: "cuanto peor, mejor"; esto es, cuando más represivas y duras son las condiciones sociales, mayores las perspectivas insurreccionales y de cambio social.
Aun cuando fuere de una u otra forma, lo cierto es que el Ejército mexicano y los grupos paramilitares ocupan espacios que formarían parte del territorio con presencia guerrillera y no al revés. Tampoco se producen enfrentamientos armados ni existe resistencia armada de sus bases, están a la intemperie del devenir violento de las bandas armadas que responden a intereses caciquiles o a estructuras partidarias que disputan los poderes políticos y económicos

Al tiempo que no conforman una fuerza beligerante, los grupos insurreccionales marcan una presencia simbólica en un lugar de referencia determinado por sus propios integrantes. En este sentido, es lógico suponer que tanto el zapatismo como las distintas escisiones del eperrismo gozan de representatividad y legitimidad en sus lugares de origen.
Por supuesto que la excepción del caso lo representa el EZLN, dado el interés que concitó desde su primer anuncio y aún hasta estos días, estableciendo un notable fenómeno que hizo trascender el enfrentamiento militar en un remoto lugar de la selva Lacandona como un acontecimiento de alcance mundial. Hoy el zapatismo se convirtió en un parteaguas político del México contemporáneo y no exclusivamente una reducida fuerza bélica. Precisamente por esta originalidad se destaca en importancia.
El eperrismo y sus escisiones en cambio, concluyen en una manifestación más tradicional de las organizaciones políticas-militares concebidas a la luz de la revolución cubana. Esto no implica que necesariamente sea así pero vienen a representar esa imagen a fuerza de su dogmatismo ideológico y su recurrencia armada. A su alrededor no parece aglutinarse importantes movimientos de masas ni sociales ni campesinas, excepto las que constituyen sus organizaciones de superficie.
Si importa sostener que desde sus lugares de procedencia y dada las altas cuotas de violencia ejercidas por las gobernaciones precedentes, donde sólo en Guerrero se produjo la masacre de los campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, el EPR concitó importante apoyo entre los campesinos de la región.
No sufrieron igual desenlace los rompimientos del tronco original. El Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), la Coordinadora Guerrillera Nacional "José María Morelos y Pavón" y la Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR) se encuentran aún en un doble proceso de reconocimiento y legitimación.
El primero es el interno, ya que luego de la ruptura y consecuente dispersión se encuentran aún sumidos en una suerte de desconcierto que genera una imagen tanto de debilidad como también de marginalidad. Ignotos y aún desconocidos corrieron distintas suertes; desde el apresamiento de su conducción principal, como ocurrió con el ERPI; hasta el golpe de gracia tras el acontecimiento más publicitario de su accionar, como fueron los petardazos al Banamex reivindicados por las FARP. Aun así fuese que los inculpados no tuviesen responsabilidad en la acción, lo cierto es que las FARP no volvieron a producir acciones guerrilleras.
La TDR tampoco obtuvo trascendencia aunque cabe consignar que se trata de uno de los últimos desprendimientos, lo cual podría implicar un reciente proceso de construcción o acumulación de fuerzas en silencio. Caso similar parece suceder con la Coordinadora, otra instancia de unificación de esas fuerzas dispersas, pero aún en una etapa de reacomodamiento interno.
El proceso de legitimación externo resulta más lento y arduo, ya que enfrentan la lógica campaña gubernamental y también absorben parte del descrédito generalizado que la sociedad manifiesta hacia las actitudes políticas, aunque provengan fuera del propio sistema. La desconfianza se produce también porque existe un alto riesgo de infiltración de estos grupos, aunque no solamente en ellos sino que todos las asociaciones políticas, sindicales y sociales no están exentos de correr la misma suerte.
Inclusive no existe la suficiente claridad en los programas que enarbolan ni el sentido que tiene el cambio social a partir del fusil. Más allá de la visión romántica del encapuchado y guerrillero, también existe un reflejo de distancia social hacia todo lo que produzcan medidas de esta naturaleza. Por lo general se los considera como estructuras con altos grados de autoritarismo interno y de inmediato a cada grupo armado se lo relaciona con la dictadura del proletariado (o alguna otra clase de dictadura, ya sea por desconocimiento o intencionalidad), aún cuando el sistema democrático vigente viene manifestando limitaciones cada vez más pronunciadas a favor de un credo neoliberal cada día más hegemónico e intolerante.
También es necesario considerar que no todos aprueban la violencia como motor de estos cambios sino que aún perciben la posibilidad de producirlos dentro de la legalidad. Aun sigue reducidos a una minoría radicalizada los sectores quienes consideran a la violencia como partera de la historia y como único medio para el cambio. Por último, están quienes abrevan en el credo revolucionario a ultranza pues descreen de la posibilidad de cambios sociales a través de vías pacíficas desde su propia concepción, lo que los empuja a convertirse en la minoría de aquella minoría.
Aun cuando el desprestigio de la democracia burguesa se atenúa vertiginosamente, no existe un paso natural hacia la reivindicación de la violencia política como método pues existen autoritarismos y populismos de toda calaña, por lo general referenciados en la derecha, que aprovecha el malestar hacia sus propios proyectos, también violentos, pero que los enmarcan en los deseos mayoritarios y en el imaginario popular. Provienen en gran parte de estructuras ya establecidas o sustentadas por partidos tradicionales y logran concitar interés apelando a la restauración de la ley y el orden y seducen a la sociedad aferrándose, sólo en apariencia, a una legalidad de la que luego harán caso omiso de ella alardeando con total impunidad.
Frente a ello, la exposición de un programa revolucionario ante los ojos sociales es perentorio para todo grupo insurgente. La disyuntiva que enfrentan no es, por supuesto, sencilla. A riesgo de volverse funcional a los autoritarismos de derecha y a las facetas represivas del neoliberalismo, el proyecto nacional debe resultar prioritario para la disputa por los espacios sociales, el poder y la legitimidad. En este caso es mucho más seguro que un grupo armado desande un camino costosamente ganado, reciba un golpe mortal, se exponga a su aniquilamiento y hasta pierda su razón de ser por una táctica equivocada que cualquier otro grupo político ya establecido en el sistema, sea cual sea.
Peor suerte corren aún los grupos más pequeños e ignotos. Recién presentados o bien nunca lograron trascender en los medios de comunicación con relevancia, son plausibles de una represión más selectiva por parte de las autoridades; de esta manera e invisibles a los ojos de la sociedad y por tanto aislados, su aniquilamiento no se divulga.

El ALCA en Latinoamérica

En diciembre de 1994, Estados Unidos convocó la Primera Cumbre de las Américas en Miami, instando a los gobiernos de 34 países americanos, excepto Cuba, a establecer un Área de Libre Comercio en América. En Santiago de Chile en abril de 1998 se estableció un Comité de Negociaciones Comerciales integrado por los viceministros de cada país; éste comité adelantó una serie de reuniones para la constitución del Área de Libre Comercio en medio de un gran secreto.
Estados Unidos pretendía que el ALCA comenzase a regir el 1 de enero del año 2003, pero la resistencia de Brasil y Venezuela permitió postergar la fecha en la que el ALCA debe empezar a regir, ahora se ha fijado el 31 de diciembre del año 2005.
Con el ALCA se apunta a tomar y depredar la naturaleza que aún existe en la América Latina y que es lo poco que aún queda en el mundo, condenar a nuestras poblaciones a mayor miseria, liquidar los retazos de autonomía y soberanía en nuestros países y evitar nuestro proceso natural de integración, hostilizado y dilatado por la intervención de los Estados Unidos.
El ALCA es uno de los acuerdos internacionales de liberalización impulsados por las poderosas corporaciones multinacionales para incrementar los territorios de extracción de recursos, sus utilidades y su poderío. Sin embargo, el argumento público que ha sido presentado a favor del ALCA es que con el Área de Libre Comercio se logrará el "fortalecimiento de la democracia en el continente y la creación de prosperidad y desarrollo humano."
Lo que esta claro es que allí, donde esos acuerdos se han aplicado, las grandes corporaciones transnacionales han recibido gigantescos beneficios, mientras que la población ha sufrido la miseria, el desempleo y la violencia. Han aumentado las diferencias sociales y el medio ambiente ha sido destruido. El ALCA tiene un antecedente directo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte NAFTA que inició su funcionamiento en 1994 y sus consecuencias en estos años han sido: deterioro y eliminación de derechos laborales y medioambientales. Los servicios sociales de salud, educación y acceso al agua potable quedan condicionados a la tenencia de dinero para pagar las altas tarifas impuestas por las empresas privadas dueñas del ofrecimiento de los mismos; aumento del desempleo; quiebra y desaparición de la pequeña y medianas empresa; arrasamiento de la industria, las finanzas y los servicios nacionales; estrechamiento de las elites locales.
En México 28.000 pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar con el NAFTA. Ocho millones de familias han incrementado el número de personas que sufren la pobreza. En la frontera en la que se han instalado las maquiladoras textiles se han disparado las tasa de malformaciones genéticas y de hepatitis de-bido a los elevados niveles de polución y desechos químicos que ahora existen. En el Estado Mexicano de Guerrero se han destruido el 40% de los bosques sin poder evitarlo pues las cláusulas del NAFTA señalan la responsabilidad de los Estados ante las multinacionales si surgen normas medioambientales, laborales, de salud o interés público que sean un obstáculo al comercio y la inversión.

En Brasil, el principal fenómeno a destacar es las crecientes posibilidades del Partido de los Trabajadores (PT) de llegar al gobierno en las próximas elecciones. Si bien el PT forma parte del ala izquierda de los partidos socialdemócratas, al estilo PRD en México, o Frente amplio en Uruguay, el triunfo de su candidato, Luis Ignacio Lula Da Silva, puede representar una nueva orientación en el alineamiento del 8° país industrial del mundo, reposando sobre el imperialismo Europeo, pero en permanente contradicción con los intereses de este.
El Movimiento de los Sin Tierra -MST-, ha encabezado la lucha de los campesinos y pequeños productores empobrecidos, que mediante la acción directa, han golpeado continuamente los intereses terratenientes y de la Gran Burguesía.

En Uruguay existe el temor a que la crisis Argentina se disipe aún más. "La Banda Oriental tiene la clave". Casi dos siglos después de que Lord Ponsomby acuñara esa frase, Uruguay vuelve a ocupar un lugar de extraordinario valor estratégico. En el siglo XIX, la política imperial del astuto mediador ingles en la guerra entre Portugal y las colonias recién emancipadas requería un "Estado tapón" en la desembocadura del Plata. Hoy, Estados unidos despliega sus artes para que este país opere como ariete de la voluntad y los intereses de Washington en el hemisferio.
Lejos de impedirle ese papel, los sombríos pronósticos económicos obran como fuerza adicional para hacer del gobierno uruguayo un instrumento de Washington. Sólo que en el cuadro contemporáneo la complejidad del mundo, de la región y del propio Uruguay, excluyen la reducción de este país al papel de cuña. El opositor Frente Amplio (FA), factor de estabilidad institucional, es a la ves una barrera objetiva frente al gobierno de coalición de Bancos y Colorados. La crisis económica, el alineamiento sobre actuado del presidente Jorge Batlle con el área de Libre Comercio de las América (ALCA) y contra el MERCOSUR, completado con el papel jugado por su gobierno al ponerse en manos de Washington para acusar a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, obran como un relámpago en el apacible y siempre previsible panorama político montevideano, donde junto con nociones tales como "riesgo país" ( que a fines de abril superaba los 700 puntos) aparecen en boca de lideres moderados como Liber Seregni o derechas, como Luis Alberto Lacalle, frases del tipo "Se agotan los tiempos políticos" , o "La estabilidad no va a poder mantenerse por mucho tiempo" , sin drásticos cambios económicos. Más directo, el hombre al que todas las encuestas prevén como vencedor en las presidenciales de 2004, Tabaré Vásquez, señala el riesgo sin subterfugios: "No quiero ser alarmista, pero aquí se viene una crisis igual a la de la Argentina".
Constanza Moreira opina que es improbable que se abandone por completo la perspectiva de integración regional: "Todo el sector diplomático, El sindicalismo, la industria, apuestan al MERCOSUR. Sólo el sector importador acompaña a Batlle", sostiene Moreira." El único sentido que puede tener este intento del presidente Batlle de asociación bilateral con Estados Unidos es debilitar la posición de Brasil", dice Raúl Sendic a este corresponsal. Hijo del legendario fundador de Tupamaros, Sendic es diputado del FA en representación del Movimiento 26 de Marzo, uno de los numerosos agrupamientos situados a la izquierda de la conducción hegemónica de la coalición.- Walter Bastión ( subsecretario de Comercio estadounidense), esgrimió un dato lapidario: "No olviden que en términos de mercado Uruguay es un barrio de Chicago". Ósea la estrategia política del presidente Batlle se expone en términos de abierta confrontación con sus vecinos, pero su onda expansiva se expresa en una franca y muy honda fractura social, destinada acaso a impactar de manera trascendental en el panorama político uruguayo.
El pasado16 de abril miles de trabajadores ocuparon las calles y convergieron tanto con gauchos como con tractores y camionetas provenientes del interior del país, convocados por 31 entidades empresarias, encabezadas por la Federación Agraria. Al termino de la jornada esta convergencia produjo un documento llamado Proclama del Obelisco, en referencia al lugar del multitudinario encuentro. El gobierno bicolor sintió que la tierra desaparecía bajo sus pies, incluso sectores del FA se vieron desplazados del escenario político.
La Proclama centra sus objetivos programáticos en "reactivación del mercado interno; defensa de la producción nacional; reactivación del sector exportador; reformulación del papel del Estado, potenciándolo como factor del desarrollo nacional y de respaldo del aparato productivo y como mecanismo de redistribución social de la riqueza; reformulación del MERCOSUR, integrado macroeconómicamente, de complementación productiva, democrático y solidario, no solamente como condición necesaria para nuestro desarrollo económico sino para el afianzamiento de nuestra soberanía".
Por su parte, la conducción del FA asumió de inmediato la significación de la irrupción política de una fuerza social con ancha base de sustentación."Es una interpelación a todo el sistema político(..) hay que canalizarla dentro del sistema político y al Frente Amplio va a trabajar sobre ese tipo de cosas y continuará su análisis" declaró Jorge Brovetto, vicepresidente del FA tras una reunión de la conducción nacional . Para canalizar el nuevo fenómeno, el FA propone una reforma constitucional que permita que esos reclamos tengan formalmente cabida en la definición de las líneas del gobierno. Y poco trascendió lo que ya presentaba como certeza de círculos políticos "El Frente Amplio está pensando en la posibilidad de que un dirigente ruralista integre la formula presidencial con Tabaré Vásquez".
La justificada certidumbre en la solidez de sus instituciones, como se ve, no paraliza los reflejos de la oposición uruguaya ante el papel asignado por Washington al actual gobierno y los riesgos de una derivación política de la crisis económica.

De Cuba podemos decir que es uno de los países que puede plantear una posibilidad de modelo diferente, sus 40 años de resistencia al bloqueo imperialista yanki, garantizan una muy buena salud y educación para la población.
Más de 800 millones de personas, en el Mundo, continúan siendo analfabetos, ninguno de ellos vive en Cuba. Más de 130 millones de niños crecen sin tener acceso a la educación básica, ninguno de ellos vive en Cuba. Más de 800 millones de personas sufren de hambre crónica y carecen de acceso a los servicios de salud, ninguno de ellos vive en Cuba. Más de 200 millones de niños trabajan y/o viven en las calles, ninguno de ellos vive en Cuba.
En menos de 30 años, Cuba pasó a ser el primer país de América Latina, en bajar la mortalidad infantil al índice de 6.4 por cada mil nacidos vivos y alcanzar una expectativa de vida de 75 años; además extendió los servicios médicos gratuitamente a todos los ciudadanos; elevó la escolaridad promedio a nueve grados, graduó más de 700.000 profesionales universitarios; desarrolló un poderoso movimiento artístico y cultural.
Según UNESCO, los conocimientos de los alumnos cubanos de primaria casi duplican el promedio de los del resto de América Latina. Hoy el pueblo de Cuba ocupa el primer lugar entre todos los países del mundo, desarrollados o no, en el per cápita de profesores y maestros, médicos e instructores de algo nivel en educación física y deportes, tres ramas que son decisivas para el bienestar y el desarrollo social y económico de cualquier país ello se resume en más de 250.000 educadores, 67.500 médicos y 34.000 profesores y técnicos de Educación Física y Deportes.
"Debo añadir algo más: en 42 años de Revolución, jamás se ha lanzado en Cuba un gas lacrimógeno contra el pueblo, ni se conoce el espectáculo de policías con escafandras, caballos, o carros antimotines reprimiendo al pueblo, cosas muy frecuentes en Europa y Estados Unidos. En nuestro país no han existido jamás Escuadrones de la Muerte, ni un solo desaparecido, ni un solo asesinato político, ni un solo torturado, pese a las miles de infames calumnias divulgadas por un frustrado e inescrupuloso imperio que desea barrer de la faz de la Tierra la imagen y el ejemplo de Cuba." "Ustedes podrán preguntarse por qué me detengo a enumerar estos hechos: Porque me pregunto: Primero: Si es por esto que se nos quiere condenar todos los años en Ginebra? Segundo: Si es por esto que se nos hostiga, se nos bloquea y se nos hace una guerra económica que dura ya 42 años? Tercero: Si es por esto que se quiere destruir a la Revolución Cubana?".
Nuestra crítica política-ideológica radica en que Cuba no representa un modelo político acorde a nuestros principios, pero es innegable que ha sostenido un régimen anticapitalista a lo largo de todos estos años.

5. LA TRAGEDIA DE ÁFRICA

Las crisis recientes golpean violentamente los países pobres de la periferia inferior de África, Asia y América latina, que al carecer de "mercados emergentes" ejercen poca atracción sobre los flujos internacionales de capital. Pero aunque no reciben grandes inversiones extranjeras, estas naciones sufren los colapsos financieros, porque están integradas a la dinámica del capitalismo. No conforman un mundo aparte, ni están "excluidas de la globalización", sino que soportan las consecuencias de la inserción dependiente sin participar del desarrollo económico.
La crisis se transmite a estos países a través del desplome de los precios de las materias primas. Este derrumbe golpeó particularmente en la última década los productos más afectados por la competencia ruinosa de las plantaciones modernizadas de Asia y América latina (café, cacao, algodón, té, azúcar, tabaco). La arcaica dependencia del ciclo agrícola de las condiciones climáticas y las guerras étnicas desataron hambrunas colectivas en el continente negro, especialmente en África Subsahariana (Sudáfrica y el norte del continente excluidos). Esta región alberga al 10% de la población mundial, pero con un PIB per capita de 460 dólares sólo participa actualmente del 3% del comercio y del 1% de la producción internacional.
Como en los países más pobres ya no queda nada por cobrar, el pago de la deuda externa se ha vuelto impracticable y por eso periódicamente la OCDE anuncia alguna condonación. Pero el último "perdón" sólo alcanzó a 22 de las 41 naciones más pauperizadas y excluyó las acreencias privadas. La irrisoria cifra de este "beneficio" y las draconianas condiciones para obtenerlos incluso empujaron a dos naciones (Ghana y Laos) a renunciar a su utilización.
La dimensión de la tragedia social que soportan los países más atrasados es conmocionante. En África subsahariana, la pobreza absoluta afecta al 50% de la población y en el conjunto del continente el ingreso per cápita en 2001 es inferior al vigente en 1971. Cómo esta situación se extiende a las naciones más pobres de Asia y América latina, se estima que en la actualidad existen 1200 millones de personas que viven con menos de 1 dólar por día y otros 1800 millones subsisten con dos dólares, lo que ocasiona 40 millones de muertes al año por hambre.
Frente a la tragedia en curso en el continente negro han reaparecido viejas teorías climáticas, culturales, raciales y demográficas "afro-pesimistas", para explicar el actual desastre. Pero el misterio no es tan irresoluble. Las guerras, la criminalización de los estados y la dislocación de las comunidades campesinas están directamente conectadas con el robo descarado de algún recurso (especialmente mineral) por parte de las grandes corporaciones norteamericanas y europeas. África padece una nueva escalada del saqueo colonialista que ha devastado la región desde el siglo XVI. El látigo de la dominación imperialista continúa frustrando su desenvolvimiento.

6. SOBREPRODUCCIÓN EN EL SUDESTE ASIÁTICO

La crisis del Sudeste asiático fue más inesperada que las debacles latinoamericanas. Mientras que un estallido cambiario en México y el Brasil siempre figuró en los cálculos de los banqueros, el desplome de la moneda coreana no estaba previsto. Por eso este derrumbe transformó el clima de triunfalismo capitalista en la actual sensación de generalizada incertidumbre.
La crisis comenzó con la corrida contra el Bat. tailandés y se extendió al conjunto de la región a fines del '97. La gran afluencia de capitales atraídos por el crecimiento industrial y la valorización de activos regionales terminó generando sobre inversión y consiguientes fugas de capital, cuando el beneficio real no se correspondió con el esperado. En Corea el ajuste fue severo, pero en Indonesia sobrevino una catástrofe porque la devaluación del 70 % provocó la quiebra de 17 bancos.
El impacto social de esta conmoción ha sido terrible en la periferia media e inferior de la región (Malasia, Tailandia, Indonesia). Especialmente en este último país la caída del 50% de los ingresos de la población agravó la pobreza absoluta de 55 millones de personas y expandió el desempleo del 5% (1996) al 20% (1999). En la periferia superior (Corea, Taiwán) se multiplicaron los despidos y la desregulación laboral. La empresa de contratos flexibles Manpower, por ejemplo, ya gestiona el trabajo corriente de 2,6 millones de obreros en la zona.
La crisis estuvo precedida por una oleada de devaluaciones competitivas que es muy característica de los modelos exportadores sustentados sobre la baratura salarial. En estos esquemas los concurrentes se disputan el mismo mercado y deben recurrir a la devaluación cuando la reducción del costo de la mano de obra alcanza un límite. En estas situaciones es tautológico afirmar que la presión desvalorizante de las monedas proviene de su "excesiva apreciación previa". La sobrevaluación monetaria constituye aquí un síntoma de sobreproducción y las crisis cambiarias expresan la intención de preservar las posiciones exportadoras en mercados saturados.
Estos descalabros confirman que el "modelo de Corea" no es generalizable ni siquiera al grueso del sudeste asiático, porque en el mercado no hay lugar para todos. Cuando el mismo tipo de productos se fabrica en Indonesia, Tailandia y Malasia, el crack tiende a estallar en las economías con menor capacidad de financiamiento de sus desequilibrios comerciales.
Pero si la competencia por "inversiones mano de obra intensiva" entre los países del Sudeste asiático explica la irradiación de la crisis desde Tailandia, los trastornos específicos de Corea obedecen a la barrera que enfrenta una economía periférica cuando debe rivalizar con las potencias dominantes. Esta dificultad es una paradójica consecuencia del éxito económico, porque al prosperar por encima de la media de los subdesarrollados el país aventajado es empujado a una escala de concurrencia que no puede sostener. Cuando en 1990 Corea comenzó a desregular su economía para ingresar a la OCDE se lanzó a una batalla perdida de antemano, porque ningún "chaebol" puede enfrentar a los gigantes de Estados Unidos, Europa o el Japón. La primera evidencia de este fracaso fue la quiebra del segundo productor de acero coreano (Hanbo Iron and Stell) y la mayor prueba de esta derrota ha sido el desplome de la automotriz Daewoo. Su aventurado intento de convertirse en una corporación internacional construyendo plantas en Polonia, Ucrania, Rumania, India y Vietnam no pudo pasar la prueba de la competencia con las grandes corporaciones.
Estos fracasos confirman que Corea acortó, pero no eliminó, el retraso histórico de la industrialización periférica, como lo demuestra el limitado avance de la productividad que acompañó el salto registrado en la producción. Esta limitación ha sido invisible tanto para los neoliberales que elogian el aprovechamiento de las ventajas comparativas comerciales, como para los institucionalistas que ponderan el intervencionismo estatal. Ambas vertientes desconocen que el carácter dependiente de la economía coreana se mantiene, a pesar del acelerado crecimiento y tiende a reforzarse con el ajuste fondomonetarista en curso. La reducción de gastos públicos, la apertura importadora y la remodelación de los "chaebols" apunta a forzar la extranjerización de los sectores estratégicos de las finanzas y las telecomunicaciones.

7. LOS PAÍSES PERIFÉRICOS EN CRISIS:

A diferencia de las interpretaciones ortodoxas y heterodoxas, el enfoque materialista atribuye correctamente las crisis periféricas recientes a contradicciones intrínsecas del capitalismo y explica su gravedad por la dominación imperialista. A partir de esta visión se puede caracterizar a estas crisis como un producto combinado de la sobreproducción, la caída tendencial de la tasa de ganancia y la estrechez del poder adquisitivo. El impacto de estas tres contradicciones es mayor en la periferia, por la ausencia de los mecanismos compensatorios que principalmente operan en los países desarrollados.
En lugar de caracterizar a las crisis indagando un tipo excluyente de contradicciones, se observa la interacción de múltiples desarmonías, que a su vez generan sucesivos dislocamientos. Se parte del estudio del capitalismo como una totalidad dinámica, que se reproduce desplegando sus contradicciones en forma ampliada y se reemplaza el análisis monocausal de los distintos desequilibrios (subconsumo, desproporcionalidad, caída de la tasa de beneficio), por la indagación del efecto combinado de estos desajustes. Una evolución semejante desde interpretaciones de la crisis centradas exclusivamente sobre el campo de la oferta o de la demanda hacia visiones que integran ambos desequilibrios se ha registrado en el pensamiento económico burgués. El abordaje multicausal es particularmente útil para el análisis de las crisis periféricas recientes en tres planos.
En primer lugar, en un nivel de mayor abstracción y generalidad, facilita la identificación del principal desequilibrio del capitalismo que es la sobreproducción, subrayando que un sistema basado sobre la presión a bajar costos y elevar la productividad tiende necesariamente a la creación de excedentes de mercancías y capitales. Pero este impacto es desigual en los dos polos del mercado mundial, porque las economías centrales disponen de opciones de compensación de la producción sobrante que la periferia no tiene. Cuentan con mercados internos solventes y recursos exportadores, que ningún país dependiente puede desenvolver plenamente.
En segundo lugar, en un nivel más concreto, la visión multicausal permite reconocer que el principal mecanismo de la crisis es la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, resultante del aumento de la composición orgánica del capital. Pero esta declinación porcentual de la tasa de beneficio se plasma en el largo plazo y de manera fluctuante, en períodos de bajo crecimiento derivados de la acción de la ley y en etapas de recuperación generados por las fuerzas contrarrestantes del mismo proceso. Las economías centrales que poseen grandes acervos de capital son el epicentro de este movimiento, mientras que los países dependientes sólo reciben sus efectos más negativos.
En las fases de contracción de la tasa de ganancia, la periferia soporta la transferencia de esta pérdida desde las metrópolis y en las etapas de prosperidad costea gran parte de la recuperación del beneficio. Esta dinámica fue muy visible en la última década, cuando las naciones dependientes contribuyeron a sostener la recomposición del nivel de lucro de las corporaciones estadounidenses.
En tercer lugar, en un nivel más específico y resultante de la polarización mundial, la mirada multicausal permite comprender cómo opera otro mecanismo de la crisis asociado con los problemas de realización. Estos desequilibrios se expresan en la superproducción relativa, es decir el subconsumo y no provienen de conductas psicológicas conservadoras, de reacciones frente a la incertidumbre o de bajas propensiones al consumo, sino de la compulsión del capital a aumentar el beneficio a costa de los ingresos de los asalariados.
Pero mientras que en el centro esta presión coexiste con el desarrollo de un consumo masivo "fordista" (una parte del fruto del aumento de la productividad se traslada al salario), este contrapeso es cualitativamente más débil en el Sudeste asiático y América latina y totalmente inexistente en la periferia inferior. En esta región directamente predomina el "subconsumo", ya que la demanda solvente entre las 3.000 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios es irrelevante.
El impacto divergente de estos tres mecanismos de la crisis en los países avanzados y subdesarrollados explica por qué en los '90 Estados Unidos pudo recurrir al hiperconsumo, el Japón a los superávits comerciales y Europa a ambas salidas para atenuar la crisis, mientras que México, Corea, el Brasil, la Argentina o Rusia fueron los epicentros de los descalabros financieros.

8. LA TRIPLE DIMENSIÓN DEL IMPERIALISMO

La dominación imperialista acentuó las crisis periféricas recientes, porque permitió a las economías avanzadas acaparar gran parte del plusvalor generado en la periferia por tres vías. El intercambio desigual en el comercio, la succión de la deuda externa y los superbeneficios resultantes de la inversión industrial. Desde el punto de vista económico el imperialismo es un mecanismo de apropiación sistemática del valor creado en los países subdesarrollados por los capitalistas del centro. Esta confiscación extiende en escala mundial, el proceso objetivo de transferencia de plusvalor hacia las empresas de mayor productividad.
En algunas interpretaciones se atribuye esta transferencia a la estructura laboralmente segmentada del mercado mundial, puntualizando que la existencia de grandes reservas de fuerza de trabajo en la periferia constituye la causa del intercambio desigual soportado por las naciones atrasadas.
Esta tesis reconoce adecuadamente la existencia de un mecanismo de perpetuación del subdesarollo y relaciona, además, su dinámica con las leyes de reproducción del capital. Prueba que el imperialismo no es una conspiración, sino un resultado del funcionamiento mundial del capitalismo, de la misma forma que la explotación expresa la compulsión a maximizar el beneficio y no la perversidad de los empresarios. Pero al situar el origen del atraso en la desigualdad de los salarios se colocan los efectos en el lugar de las causas y se sustituye el estudio de la lógica objetiva de la acumulación por el análisis demográfico.
La polarización mundial expresa la divergencia de productividades vigente entre las economías desarrolladas y atrasadas. Este es el origen de la brecha existente en los niveles de la acumulación y la causa de los sistemáticos traspasos de plusvalor hacia las grandes corporaciones del centro. Si estas transferencias perduran es porque el desarrollo jerarquizado del mercado mundial retroalimenta los desniveles de productividad entre el centro y la periferia.
Los dos polos de la economía mundial difieren en su especialización productiva e inserción en el mercado mundial. La industrialización basada sobre el desarrollo de mercados solventes en el centro contrasta con la fragmentación sectorial y la debilidad del poder adquisitivo en la periferia. El ciclo económico se apoya sobre el superávit comercial, la afluencia de capitales o la fortaleza de la moneda en los países avanzados, mientras que el "ciclo capital-dependiente" provoca un déficit recurrente en la balanza de pagos en las naciones dependientes.
El correlato político de este afianzamiento del subdesarrollo en la última década fue la creciente recolonización de los países dependientes, es decir la pérdida de autonomía de sus clases dominantes en relación con los poderes metropolitanos. En el plano militar este avasallamiento se expresó en una escalada de guerras que consolidaron el papel de gendarme de Estados Unidos. Este rol fue encubierto con pretextos de erradicación del "narcotráfico" (Panamá, Colombia), auxilios "humanitarios" (Somalía, Haití, Ruanda) o intermediaciones "pacificadoras" (Balcanes). Los enemigos fueron presentados como "amenazas islámicas" (Sudán, Medio Oriente), "estados terroristas" (Corea del Norte, Irán), "adversarios estratégicos" (Rusia y China) o simples obstáculos comerciales en el negocio petrolero (Irak). Pero en todos los casos, la vieja pauta imperialista de intimidar las luchas nacionales y sociales guió la política exterior estadounidense. El agravamiento del drama de la periferia ha sido paralelo al reforzamiento de esta triple dimensión económica, política y militar del imperialismo.
Si bien esta contraofensiva le permitió a los EEUU y en segundo término a la UE avanzar en el control estratégico de bastas zonas del mundo tercermundista, demostró su debilidad en el largo plazo, ya que las consecuencias económicas y sociales de las políticas "neoliberales" hicieron que en solo 10 años hayan perdido la batalla ideológica y vean peligrar su hegemonía en bastas zonas del mundo.
Decimos que han perdido la batalla ideológica porque, tanto en sus propios países como en todo el mundo, las masas cuestionan y repudian las políticas neoliberales.
En sus propios países se han vivido situaciones históricas, tomando como punto de referencia los acontecido en la ciudad norteamericana de Seattle, donde 70 mil manifestantes se movilizaron para oponerse a las políticas de la OMC (Organización Mundial del Comercio).
Esta situación se repitió varias veces en los EEUU y en los principales países de Europa y se extendió a países de América Latina, como México, Brasil y Argentina.
En síntesis, las masas populares que durante los 90 apoyaron las reformas de corte neoliberal en sus países, hoy han cambiado 180 grados su percepción, y repudian estas políticas.
En relación al repudio de estas políticas, se destacan principalmente dos casos, el de lo sucedido en Argentina y en Medio Oriente. Sobre estos puntos desarrollaremos más adelante.
A su vez, existen dos casos diferentes sobre la relación entre los países del tercer mundo y los imperialismos.
Por un lado se encuentran los países cuyos gobiernos se oponen y enfrentan las políticas imperialistas. Este enfrentamiento no se da en todos los casos de la misma manera. Existen casos de una confrontación directa, irrestricta, como el caso de Afganistán, Irak, Palestina, Chechenia Korea del Norte, Libia y Cuba entre otros. Con una posición no tan dura aparecen países como Yemen, Tanzania, Irán y Venezuela, que a partir de la llegada de Chávez al poder se ha convertido en un dolor de cabeza para los intereses norteamericanos en América Latina.
Las posiciones de estos países los ha llevado reiteradas veces a sufrir las consecuencias de levantar la voz contra los "dueños del mundo". Así le pasó a Irak en 1991 y 1998, Afganistán en 1998 y 2002, a Palestina, a través de Israel, durante los últimos 10 años, a Cuba, con un bloqueo asesino durante los últimos 40 años.
Por otro lado, los gobiernos de muchos países del tercer mundo, son los gerentes del imperialismo, aplicando los planes económicos elaborados por los organismos internacionales de crédito, principalmente del FMI y el Banco Mundial.
Estos gobiernos no han encarado el deber histórico que les corresponde, el de guiar a sus pueblos a una lucha contra el imperialismo, por la definitiva liberación nacional y social.
Por el contrario, han sido los garantes de los pactos que le han permitido a las potencias imperialistas saquear a los países pobres del tercer mundo, y profundizar los lazos de dependencia vistas solo antes de alcanzar la independencia política y la formación de los estados nacionales.
Pero en estos países, las políticas neoliberales no se han aplicado sin una fuerte resistencia por parte de las organizaciones populares y revolucionarias.

9. LA SITUACIÓN EN NUESTRO PAÍS

Antecedentes históricos

La gran pueblada del 19 y 20 de diciembre es el punto más alto de las luchas sociales desde el período 1969-76, desde el ciclo inaugurado por el Cordobazo y frenado en seco por el genocidio de la dictadura. Las formas de la protesta ponen de manifiesto la envergadura de los cambios económicos y sociales, pero también políticos y culturales de los sectores populares. En la década de los noventa se registraron esos cambios al calor de la desindustrialización que generó una legión de nuevos pobres que comenzaron a compartir espacios (los asentamientos) con los pobres estructurales.
La liquidación de las empresas estatales, a comienzos del gobierno de Carlos Menem, permitió aguantar un tiempo la crisis social a través de un crudo asistencialismo que tuvo su complemento en el clientelismo del aparato menemista, que le permitió gobernar durante una larga y penosa década. Cuando en 1989 asumió la Presidencia Carlos Menem, prometiendo "Salariazo y Revolución Productiva", a los pocos meses, y en alianza con los sectores del capitalismo financiero, dejó en el olvido esta propuesta e implementó las políticas neoliberales, cuyos ejes fueron la privatización de empresas públicas (agua, luz, gas, teléfonos, líneas aéreas, empresas petroleras, autopistas, etc,) sumados a una liberalización virtual dolarización de la economía mediante la Ley de Convertibilidad, entre otros temas.
El FMI y el Banco Mundial aplaudieron al gobierno argentino y a su ministro de economía "estrella" Domingo Cavallo, el "modelo argentino de desarrollo", estaba en la boca de los directivos del Fondo Monetario. El país recibió prestamos de miles de millones de dólares que beneficiaron a sectores concentrados de la economía y sirvieron para enriquecer a toda una camada de funcionarios corruptos cómplices del endeudamiento. Creció la brecha entre ricos y pobres, la desocupación trepó del 6% aproximadamente, al 14%. Menem dejó al país en la ruina, con una deuda externa superior a los 130.000 millones de dólares, un déficit fiscal de 12.000 millones de dólares, una pobreza que alcanzó al 40% y una población con problemas del empleo superior al 30%.
Una mirada a las luchas sociales de los noventa ayuda a comprender la dimensión de la pueblada reciente. A mediados de esa década se produjo un giro en la acción social. El principal antecedente fue la revuelta en Santiago del Estero, el 16 y 17 de diciembre de 1993. Falto de fondos, el gobierno provincial redujo los salarios de los funcionarios 50 por ciento y aplazó indefinidamente el pago de los salarios de septiembre y octubre. En otras provincias como Catamarca, Tucumán, Chaco, Formosa, Corrientes los trabajadores también se movilizaron contra el modelo y frente a la destrucción del aparato productivo regional por parte de las políticas menemistas.
Pero El Santiagazo fue la respuesta del pueblo más significativa: pusieron en retirada a la fuerza pública, asaltaron y destruyeron los edificios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; saquearon las viviendas de dirigentes políticos y sindicales, sin la menor discriminación de banderas. No fueron blancos arbitrarios. La ciudad quedó en manos de los manifestantes, pero la organización era elemental, inexistente casi. Ninguna organización sindical o política dirigió ni reivindicó los hechos.
En 1996 se produjo el primer piquete en Cutral Có, provincia de Neuquén. La privatización de la petrolera estatal YPF dejó en la calle a todo un pueblo, lo que llevó a ex obreros y vecinos desocupados a cerrar la carretera durante semanas. Allí desarrollaron una experiencia de convivencia social. Se vio reflejada la democracia directa o de masas. Durante la protesta fue asesinada la pobladora Teresa Rodríguez, convertida en emblema de las organizaciones populares.
Al año siguiente, se produce el primer piquete en Buenos Aires, en Florencio Varela. Tuvo éxito al conseguir subsidios estatales. Estos subsidios fueron creados luego de los saqueos de 1989 y se fueron extendiendo a todas las regiones del país a medida que avanzaba la desocupación y la protesta. El investigador e historiador Nicolás Iñigo Carrera contabilizó 685 bloqueos de carreteras y calles entre el Santiagazo (93) y octubre de 1999. A partir del piquete de Florencio Varela la movilización se extendió, involucrando cada vez más a sectores del cinturón obrero de Buenos Aires. Como ocurrió en las protestas que partieron del Cordobazo y el Rosariazo tres décadas atrás, las movilizaciones arrancaron de las capitales provinciales para desembarcar lentamente en el cinturón obrero de la capital, donde mandaban los jefes sindicales de la CGT e imponían sus órdenes con mano de hierro.
El valor demostrado por el pueblo argentino confirma que los pueblos responden a la opresión con las armas culturales que han ido incorporando a lo largo de su historia. Y este pueblo argentino ha producido, sólo a lo largo del siglo XX, insurrecciones periódicas: Semana Roja en 1909, Semana Trágica en 1919, insurrección obrera en enero de 1936, 17 de octubre de 1945, los "azos" de los sesenta (Cordobazo, Rosariazo, Tucumanazo). Ellas fueron jalonando su historia. Algunos levantamientos clausuraron ciclos y abrieron etapas nuevas en nuestra historia.

Hacia un análisis sobre la situación actual:
se inicia un proceso prerevolucionario

La gran pueblada nacional del 19 y 20 de diciembre fue el resultado de un proceso que se abrió con el fin del menemismo. Un proceso que tuvo varias etapas, donde se tensaron o relajaron las contradicciones hasta que una multiplicidad de factores sellaron los destinos del gobierno de De la Rua. La profundización de la crisis económica y el comienzo de la reseción, sumado al deterioro de la situación social, hicieron detonar la crisis política, y a partir de 1997 el menemismo comenzó a derrumbarse.
La crisis avanzaba a pasos agigantados. Los desocupados y los productores agropecuarios golpeaban reiteradamente al menemismo, con cortes de ruta que recorrían todo el país. Las puebladas y las movilizaciones estremecían al sistema político y la posibilidad de forzar la renuncia de Menem crecía.
Ciertos sectores de la burguesía nacional y la gran burguesía pro-imperialista, principalmente los sectores pro europeos, crearon la "Alianza". Una síntesis entre los sectores peronistas enfrentados al menemismo (principalmente el grupo de los 8), que habían formado el Frente Grande (con parte del PC) y luego el FREPASO (con Bordón, el PSP, PSD, DC); y la UCR.
Con la construcción de esta herramienta, las clases dominantes descomprimieron la situación, y sellaron el pacto represivo para que de ahí en más las luchas queden encajadas en la disputa entre el PJ y la Alianza.
Esto quedó demostrado en el paro con corte de ruta del 14 de agosto del 97, donde la represión fue salvaje. A partir de este paro, la CTA y el MTA sacaron los pies del plato. La CTA apostó a la Alianza y el MTA al duhaldismo. Millones de argentinos creyeron que las urnas eran el método para vencer al menemismo, y en 1997, los votos golpearon al gobierno y en especial a Duhalde, que se adjudicó la derrota como propia.
En 1999, las urnas se llenaron nuevamente de votos. Llevaron a De la Rua a la presidencia (48,5 %), contra el 37, 5 de Duhalde). Pero esos millones de votos, de ninguna manera representaban un apoyo unánime a la Alianza ni mucho menos a De la Rua. Centralmente representaban el anhelo de cambio, de terminar con la política de Menem, Cavallo y Roque Fernández.
Este voto provino centralmente de las capas medias rurales y urbanas y los asalariados del primer cordón del conurbano (Ganando la Alianza las intendencias de Avellaneda, Lómas de Zamora, Moron, Vicente López y San Isidro, y haciendo la mejor elección de la historia del radicalismo en La Matanza).
Sin embargo, el único cambio que traía la Alianza era una ruptura con la alineación automática con los EEUU y un acercamiento a las posiciones pro europeas, del eje Vaticano.
Pese a las enormes expectativas de cambio que habían generado el quinteto de Fernández Meijide, Chacho Álvarez, Terragno, Alfonsin y De La Rua, el rechazo al sistema electoral comenzaba a ser un fenómeno importantísimo. En efecto, la abstención, el voto en blanco y el voto anulado fueron la tercera fuerza electoral en la elección presidencial. Una parte enorme del electorado (5.609.223 personas, el 23,25% del padrón electoral)
El gabinete de De la Rúa fue un mosaico de tendencias que al tiempo que atendía a la compleja lucha de corrientes internas de la UCR y el Frepaso, garantizó la conducción real del gobierno al núcleo que hegemoniza la Alianza. Allí cohabitaron desde sectores liberales de centro-derecha, como Ricardo López Murphy, hombre de FIEL, ligado a fundaciones liberales alemanas, socialcristianos como Juan Llach, que trabajó con Cavallo en la época de las privatizaciones y el despliegue de la política llamada "neoliberal" y José Luis Machinea, funcionario de la dictadura y del alfonsinismo ligado históricamente al grupo Techin, hasta sectores de centro, como el de Adalberto Rodríguez Giavarini, Nicolás Gallo, Alberto Flamarique y Rodolfo Terragno y otros con larga militancia "progresista" como Fredy Storani, Fernández Meijide, Gil Lavedra y Héctor Lombardo.
Los sectores económicos y políticos que nos gobiernan.

La maltrecha burguesía nacional.

Este sector que en parte se había esperanzado, quedó desahuciado. Sin peso político dentro de la UIA (Unión Industrial Argentina), y con la CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa) como único organismo quedó fuera de toda discusión. No tiene poder para imponer ninguna medida y encima ya no pueden ilusionarse con el cliché duhaldista de "cambio de modelo".

Avances y retrocesos de la Gran Burguesía Pro-Imperialista

Los une el odio a Duhalde y el amor a la dolarización. Para ellos, el Presidente es un "Perón de medio pelo" y la única alianza posible está mucho más al norte que el Mercosur. "Circulamos por la misma avenida, pero vamos por sendas distintas", describe el ex presidente Menem demostrando sus diferencias con Duhalde.
¿Quiénes son los que circulan? Los integrantes de un rejunte que podría denominarse El Club de la Conspiración y que reúne a los bancos de capital extranjero, las empresas privatizadas, el menemismo y las grandes fundaciones económicas como FIEL y CEMA. Seis miembros de la Corte Suprema de Justicia también se adhirieron con honores el viernes 10 de febrero, al declarar inconstitucional el corralito y producir el mayor terremoto que soportó la corta y machucada gestión duhaldista.
En una reunión informal entre banqueros y economistas que se hizo a mediados de febrero en la sede de la Fundación BankBoston, (Florida y Diagonal Norte), Manuel Sacerdote -titular del Boston- lanzó la fórmula que le quita el sueño al establishment: José Manuel de la Sota y Ricardo López Murphy. Menem sería como el vocero, ya que dice lo que nadie puede decir, el que sabe como nadie cómo construir poder. Pero no llega, es impresentable para la sociedad, De la Sota es entonces el hombre elegido.
Además coinciden los plazos. El gobernador cordobés, como sus promotores, necesita apurar los tiempos. Los voceros del poder financiero repiten que el sistema no resiste dos años de rancio populismo duhaldista. "La dolarización es el próximo paso, pero las condiciones están dadas para ejecutarla como máximo en tres o cuatro meses, después será demasiado tarde", explica Roque Fernández. De la Sota teme que su administración -golpeada por las deudas- se derrumbe antes del 2003 y eche por tierra su ambición presidencial.
De la Sota, aunque sigue pidiendo elecciones anticipadas, se muestra de lo más amigable con Duhalde y le da afectuosos consejos a Jorge Remes Lenicov. Pero, a espaldas del Presidente, el gobernador se reúne casi a diario con banqueros y empresarios. Carlos Soria, titular de la SIDE, advirtió a Duhalde sobre este doble juego de De la Sota, pero al Presidente no le preocupa. "Es normal que quiera llegar a la Casa Rosada", dice.
El menemismo, encontró en los jueces supremos inmejorables socios en la guerra contra el gobierno. Hubo otro aliado fantasma, también integrante del Club de la Conspiración: López Murphy fue uno de los asesores técnicos del juez Adolfo Vázquez en la redacción de fallo anti-corralito. Menem le volvió a ganar de mano a Duhalde y lanzó la embestida desde la Corte, cuando el gobierno tendría que haber aprovechado los cacerolazos para cambiar a los jueces rápido. Pero bueno, Duhalde mandó a negociar a Vanossi, el último radical clásico.

Las medidas de Cavallo

Las medidas de Cavallo a principios de diciembre tuvieron el efecto de un terremoto en la sociedad. La limitación para sacar dinero de los bancos afectó a las clases medias, hasta ese momento casi ausentes de la protesta social. Pero los más pobres, vieron que las medidas restrictivas rompieron las redes de sobrevivencia que pacientemente habían tejido en una década de creciente desocupación. Fue el comienzo del fin.

El fracaso de Machinea

Machinea fantaseó con un plan económico que no tenía posibilidad de ser aplicado. El objetivo de llegar al déficit cero, en medio de una galopante recesión, aplicando ajuste tras ajuste lo único que hizo fue profundizar aun más la crisis económica, haciendo estallar la crisis política.
En octubre-noviembre de 2000, según los propios economistas del FMI, parecía que la economía comenzaba a recomponerse. Pero la situación se agravó en el primer trimestre del año pasado. En los primeros diez días de marzo de 2001 el Banco Central ordenó cerrar 8.915 cuentas. Un record histórico. La crisis del Mercosur llevó a muchas empresas a emigrar a Brasil. Esto, y la inundación de mercadería importada, produjeron más desocupación.
El bajo precio de nuestra producción agropecuaria exportable y la crisis de la lechería, la explotación lanera y la del algodón (el área de siembra del algodón cayó de 1.100.000 hectáreas en la campaña 1998-1999 a 280 mil en la de 1999-2000). Se ha profundizado la crisis azucarera con la situación de quiebra, o al borde de la quiebra, de varios ingenios azucareros. Es dificilísima la situación de los productores tabacaleros, de yerba mate, de la fruti y la horticultura, entre otros. La extensión de los cultivos de granos se ha hecho en gran parte en detrimento de la ganadería. La existencia de ganado vacuno pasó de 53 millones a 49 millones en 10 años. La crisis (estructural) y la política que empujan los monopolios y el gobierno van liquidando la agricultura tradicional. Con la siembra directa, la utilización cada día mayor de semilla trasgenética, producida por monopolios como Monsanto (cuyas consecuencias sobre la salud humana aún se desconocen) y el uso de agroquímicos en cantidad, la agricultura se va integrando a un sistema manejado por los grandes monopolios extranjeros, principalmente yanquis, y por los llamados pooles (en muchos casos dirigidos por técnicos de esos monopolios) que trabajan miles de hectáreas con grandes contratistas. El chacarero entra en una red en la que, aparentemente es independiente, pero, poco a poco, es devorado por los que han armado el sistema. Así se despuebla el campo. Esto se agrava con el creciente control de las grandes cadenas de supermercados que imponen a la industria precios y plazos que está descarga sobre los productores directos. El "último orejón del tarro" es la gran masa de trabajadores rurales. Estos han retrocedido en sus condiciones de vida y de trabajo, desde 1976 hasta aquí, volviendo a trabajar en condiciones semejantes a como se trabajaba a principios de siglo.
Esta difícil situación precipitó la salida de Machinea del Gobierno Nacional, quien después de un año y pocos meses solo había profundizado la recesión hasta transformarla en depresión y dilapidó todo el poder político de los primeros meses de De la Rua.

Rodríguez Saa

El Gobierno de Rodríguez Saa fue bastante difícil de encasillar, principalmente porque duró apenas una semana. En esa semana hizo anuncios que conmovieron a la opinión pública y preocuparon de sobremanera al establishment. Anunció a todo bombo el no pago de la deuda externa, la extradición de los militares requeridos por la justicia española, la creación de un subsidio para un millón de desocupados, la libertad de los presos políticos, la anulación de los recortes a estatales y jubilados, recibió a Hebe de Bonafini en la Casa Rosada y selló una alianza con las CGT. Todas estas ofensas hechas al establhisment en una semana, hizo que quienes lo habían puesto, además de un cacerolazo motivado contra la continuidad del mismo "sistema político de De la Rua" derribaran a Rodríguez Saa en medio de un escándalo entre los Gobernadores del PJ.

El gobierno de Duhalde

Del gobierno de Duhalde podemos sacar algunas conclusiones en limpio sobre el carácter político, económico y social de este nuevo régimen, y las implicancias que esto tiene para la nueva etapa política que enfrentamos.
Una alianza entre Duhalde y Alfonsín, con apoyo del Frepaso posibilitó que el líder del PJ bonaerense asumiera la presidencia de la Nación.
El gobierno de Duhalde es principalmente un gobierno de los sectores pro europeos. Donde en un principio estuvo signado por un "empate técnico" entre los sectores que acumulan a partir de financiar el déficit del Estado y la renta diferencial de la Tierra (bancos y terratenientes) y los sectores autodenominados "productivistas", que acumulan a partir de las exportaciones como la agroindustria, el acero (Techint), hidrocarburos (Repsol YPF, Perez Companc) y de los sectores que acumulan siendo proveedores del Estado, como la construcción (Pescarmona).
Ambos sectores tienen a sus lobbistas en el gabinete, por un lado Ruckauf, el vocero de los bancos, (principalmente del BCH Santader-Río y BVVA-Banco Francés -Españoles y el HSBC -Inglés-) y por otro De Mendiguren de la UIA vocero de la burguesía intermediaria.
Pero los yanquis no andan con rodeos, están sumamente preocupados por la situación y por sus intereses estratégicos. Así lo han hecho notar, por ejemplo a través del Departamento del Tesoro, deslizando en un primer momento el mote de "Populista" para calificar al gobierno de Eduardo Duhalde.
Luego de varios gestos del Presidente hacia los EEUU, repentinamente dejó de ser populista y fue calificado de "pragmático" y elogiado por su firmeza. Es que Duhalde siempre supo que inevitablemente necesitaba la aprobación de Bush para el desembolso de miles de millones de dólares que le permitan financiar el déficit programado - de unos 4 mil millones- y que el mercado retome la confianza que le permita deshacerse del corralito, una "verdadera bomba de tiempo". De todas formas Duhalde sigue tecleando entre el populismo y la política del pragmatismo. Recordemos lo que el ministro de economía Remes Lenicov decía a través de Ámbito Financiero: "Duhalde tiene que dejar de ser tan populista, ya que EEUU tiene a Argentina en la mira para el desembolso de dinero" (Ámbito Financiero, 26/2/02). Hecho que a más de dos meses de su llegada al gobierno no se produjo. El Presidente junto a su gabinete, no ha logrado hasta ahora convencer ni al FMI ni al BM con la política económica que intenta poner en práctica en nuestro país.
El Coronel Mohamed Alí Seineldín, referente de sectores nacionalistas del ejército (con Chávez como referente internacional) declaró que "la CIA esta operando en la Argentina para desestabilizar a Duhalde y precipitar la guerra civil. Esto le permitiría a los EEUU, vía ONU imponer un gobierno dócil". Si bien la credibilidad de Seineldín es relativa, no es una locura lo que plantea, incluso Elisa Carrió, señaló "que si bien no compartía esa información, no le parecía una locura pensar eso"
La figura de Duhalde ha danzado entre el golpe de estado cívico-militar, la rebelión popular, el adelantamiento de las elecciones y demás golpes internos. Lo cierto es que el aumento de su salario como presidente de la nación, no es más que una provocación hacia la bronca popular que todavía no ha podido consolidar una opción real y concreta de cambio y transformación social. Este fantasma de "gobierno cívico - militar" también es repetido y analizado por los principales medios de comunicación y por operadores políticos como Daniel Hadad, y Mauro Viale, quien durante la segunda semana de febrero llevó a su programa de TV a un representante de las FFAA por día para discutir esta idea. Otros personajes como Chiche Gelbrum o Majul construyen la temática de su programa diario en torno a la cercanía del estallido social, demonizando a los desocupados y piqueteros, especialmente Gelbrum, quien se dedica a narrar, de la forma más amarillista que existe, cómo huirán los "habitantes dignos de los countrys" cuando "las hordas de salvajes" entren allí.
2001 el año explosivo

El 2001 marcó para siempre el rumbo de la política argentina. El proceso que se abrió con la designación de López Murphy (FIEL -pro europeo-) y su breve paso por el Ministerio de economía no hizo más que tensar las contradicciones existentes. El débil gobierno de la Alianza que asumía en el ´99, entregó sus destinos a Cavallo (Mediterránea -pro europeo-) que nunca tuvo un plan coherente. En cierto sentido, Cavallo fue el reflejo de la agonía de un gobierno que a esta altura sólo daba manotazos de ahogado.
El gobierno Delarruista fue sin lugar a dudas, uno de los más inútiles e ineficientes de la historia. Lejos de cumplir sus promesas acentuó las políticas del ex presidente Menem, causando la virtual quiebra del Estado Nacional, el desempleo siguió creciendo llegando prácticamente al 30%, (sumando a esta cifra el subempleo, los argentinos con problemas de trabajo llegan casi al 50% de la población económicamente activa) la deuda externa siguió creciendo llegando a los 170.000 millones de dólares.
Las recetas Fondomonetaristas mostraron su cara más cruel de pobreza y desempleo, desde estos organismos internacionales, sin embargo, se insistía con más ajuste a los sectores populares, menos gasto social, etc. Para los trabajadores y el pueblo argentino, la Alianza fue el continuismo de una política de hambre y represión.
En pocos años la protesta social ganó y se asentó con una fuerza inusitada en el viejo cinturón obrero bonaerense. Este año fue el más explosivo y, a su vez, el que verificó un salto gigantesco en la organización de los desocupados. En mayo el piquete de La Matanza duró dos semanas y consiguió 7 mil 500 planes "Trabajar" (un subsidio de unos 160 dólares por trabajos comunitarios) y más de 6 mil subsidios. En junio, la represión en General Mosconi contra miles que cortaban la carretera, con muertos y decenas de heridos, fue una conmoción nacional. El 24 de julio se realizó en la iglesia del Sagrado Corazón, de San Justo, provincia de Buenos Aires, la primera Asamblea Nacional de Organizaciones Populares, Territoriales y de Desocupados, en la que participaron más de dos mil personas. Se aprobó un plan de bloquear calles en 50 ciudades durante tres semanas. La movilización fue creciendo y en la segunda semana de agosto se cortaron 300 puntos con la participación de más de cien mil personas
El 4 de septiembre se reunió en La Matanza la segunda Asamblea Nacional, que definió un nuevo plan de lucha que culminó con un paro general de 36 horas.
A lo largo de la prolongada crisis argentina, cuyo inicio podríamos fechar en 1989, los nuevos desocupados y los pobres más recientes, tejieron nuevas estrategias de sobrevivencia. A menudo en base al trabajo informal, las changas el rebusque más o menos organizado y una multiplicidad de formas muy creativas para sobrevivir. No olvidemos que muchos de los nuevos pobres de los 90 eran viejos obreros industriales, muchos de ellos sindicalizados, con experiencia social y política y una cultura organizativa de largo tiempo.
En Rosario, las ollas populares estaban tan bien organizadas que intercambiaban productos con otros que tenían lo que a ellos les faltaba. Se fueron creando redes para conseguir comida que mostraron una gran eficiencia. En otros sitios, como La Matanza y Solano, los que recibían planes "Trabajar" los compartían en común con sus vecinos o en la organización a la que pertenecen, y con ese dinero encaran proyectos colectivos de sobrevivencia.
Días antes comenzaron los saqueos a comercios en provincias y en ciudades pequeñas como Concordia, Entre Ríos. Los saqueos se fueron generalizando, llegando a producirse alguno en el Gran Buenos Aires. La avalancha de votos fue impresionante: tres millones se acercaron a las urnas instaladas en plazas, parques y aceras, preguntaron, expresaron su protesta y votaron. Sin el apoyo del Estado ni de ningún partido político, fue un éxito y marcó un camino alternativo al de las viejas luchas sociales. Fue, de alguna forma, un complemento de la lucha piquetera: el que no se atrevía a cortar la calle, podía depositar un voto simbólico. La lucha social ha cambiado de forma sustancial respecto a décadas atrás. El fin de las fábricas hace renacer al barrio.

Se profundiza la crisis, pero se abre una etapa de ofensiva

Con la gran pueblada nacional del 19 y 20 de diciembre se cierra un largo período de Resistencia, caracterizado desde mediados de la década de los 90 por un marcado auge de la lucha de masas, donde se destaca la creciente presencia de elementos conscientes en las protestas. Con las Marchas Federales, los paros activos con cortes de ruta, las grandes puebladas donde se ensayó la acción directa y la democracia directa de masas, como en Cutral-Co y Plaza Huincul, Neuquen, Jujuy, Salta, Corrientes, etc.
Este auge tuvo a los trabajadores desocupados en el centro de las protestas, que empujados por el hambre fueron el detonante de las luchas más avanzadas. Junto a los desocupados, los trabajadores ocupados jugaron un rol importante, aunque siempre contenidos por las burocracias de las dos CGT (hegemonizadas por fracciones distintas del PJ) y, aunque en menos medida por la CTA hegemonizada por la socialdemocracia, en apoyo crítico a los primeros meses de la Alianza).
Junto a los trabajadores, los campesinos y pequeños productores tuvieron una participación activa en el último año del gobierno de Menem, protagonizando cientos de cortes de ruta. Su participación decayó con el gobierno de la Alianza. Esta ruptura en la alianza entre trabajadores y el campo fue, entre otros puntos lo que imposibilitó ir más allá en el desarrollo de la pueblada del 19 y 20.
El movimiento estudiantil y también la clase media también fueron activos protagonistas de la resistencia, tanto frente al menemismo como al delarruismo. La histórica lucha del movimiento estudiantil contra la LES (Ley de Educación Superior) en el 95-96, luego de una recaída por la aprobación de la LES (Ley de Educación Superior)- aunque la ley se aprobó en el Congreso, logró impedir la incorporación de los puntos más conflictivos de la misma. Tras esto el movimiento estudiantil organizado irrumpió fuertemente en la escena política nacional del año 99 logrando torcer el brazo a Menem y Roque Fernández (del CEMA -pro yanki-). Desde ese momento el movimiento estudiantil participó activamente en la mayoría de los conflictos, en algunos casos como protagonista, en otros acompañando, con una característica que marcará para siempre nuestra política estudiantil: la permanente unidad en la calle junto a los desocupados y trabajadores.
Mientras tanto la crisis económica, política y social se profundiza. La pobreza, la falta de trabajo, el derrumbe del consumo y la estafa de los bancos están haciendo estragos en nuestro pueblo.
La desocupación se ubica en el 25 %, la pobreza superó 15 millones de habitantes y han cerrado en lo que va del año 30 mil comercios en todo el país.
La profundización de la crisis ha tensado a mas no poder las contradicciones en el seno de nuestra sociedad. Luego de la gran pueblada nacional se forjó una fuerte alianza de Clases Oprimidas, resumida en la UNIDAD DE LAS CACEROLAS Y LOS PIQUETES, que duró hasta mediados de febrero.
EL surgimiento de las Asambleas populares (órganos creados originariamente en Capital Federal trasladado al conurbano y luego trasladado a algunas provincias) se han convertido en el organismo deliberativo y resolutivo, donde las clase media de las grandes ciudades se organiza, y en los barrios toman fuerza las organizaciones populares. El grito es unánime: "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo" y los sectores más avanzados ya esbozan una salida: "Gobierno de las asambleas populares".A pesar de que dichas expresiones reflejen un poco la bronca popular, hay que profundizar el análisis: existen Asambleas Vecinales, más precisamente las que componen Zona Norte de Cap. Fed., pero también se encuentran las Asambleas Populares y barriales de Zona Sur. Es decir, son disímiles entre sí. Dependen también del lugar en donde se realicen.
En La Plata el fenómeno se expresa con diferente matices: por un lado existe la voluntad popular de la autoorganización, con comisiones de trabajo, en la participación orgánica de la Asamblea Regional La Plata, Berisso, Ensenada, la concurrencia al cacerolazo de los viernes, etc. Por otro lado, el componente social está siendo desbordado por los aparatos políticos como el PTS o el PO, donde bajo la consigna "somos todos vecinos, trabajadores y estudiantes", se pretende "cupulizar" dichos espacios.
Como decíamos en octubre, no hay duda que la salida va madurando. Los masivos cacerolazos del 10 y del 25 hicieron temblar al gobierno. La movilización de los desocupados del 28 de enero llevó 30 mil desocupados a plaza de Mayo y si no hubiera sido por la dirección de la CTA-CCC se hubiera producido un hecho histórico, ya que cuando la columna principal de La Matanza hacía su ingreso, también comenzaban a llegar los "caceroleros". La CCC y la CTA solo estuvieron unos 10 minutos lo que imposibilitó que decenas de miles de vecinos se sumaran a la Plaza, lo que hubiera puesto al borde de la renuncia a Duhalde. (Es probable que el Gobierno haya amenazado con reprimir si los desocupados permanecían más de 10 minutos).

Otro fenómeno a destacar es la radicalización que está tomando la protesta, sobre todo en el interior del país. Este tema preocupa de sobremanera al gobierno. Juan José Álvarez, Ministro de Seguridad, asegura por lo bajo que "lo preocupante fue lo de Casilda, ésa era gente común". (Revista La Primera)
En Jujuy, en una marcha de Estatales, la CTA (Fernando Acosta) y la CCC (Perro Santillán) destruyeron e incendiaron 15 bancos. En Junín, en una marcha para repudiar a "los políticos", tras ser baleado un joven, se desató la violencia sobre la casa de una Diputada del PJ, a quien le incendiaron la casa y sus autos.
En Córdoba en una manifestación similar se atacaron casas de políticos y bancos, estos hechos se repitieron en La Plata, Mar Del Plata, Chaco, Neuquen, Corrientes y Mendoza.
No hay duda de que el país está convulsionado, cientos de miles se vuelcan a las calles a ser protagonistas de esta Argentina que esta naciendo. Pero, como en octubre, cuando analizábamos una posible salida, decíamos: que "para darle una salida popular a la crisis es necesario construir un gran Frente de los Oprimidos, de organizaciones populares, sindicales, estudiantiles y campesinas que peleen por un gobierno de los de abajo, por el trabajo, la justicia social y la libertad".

Hacia la organización de la ofensiva popular

Para caracterizar a la apertura de la etapa pre-revolucionaria en la cual estamos luchando deberemos observar algunas características ya establecidas en el Punto 3 de nuestro programa: "Tipo de país y modelo de revolución".
De todas formas añadimos a estos conceptos que debido a la crisis política, social y económica, las clases dominantes, ya no pueden imponer su receta como en otros tiempos, en la Argentina actual: por una lado esto se ocasiona por las contradicciones internas de las mismas clases dominantes, y por otro por la agitación social que germinó en los últimos tiempos, y el rechazo que generaría un modelo al estilo neoliberal de otros tiempos. Frente al retroceso de las clases dominantes hay un avance lógico de nuestra clase. El avance o el retroceso de las clases no necesariamente es consciente y con un objetivo estratégico claro. El carácter de ofensiva implica un avance de un sector sobre otro, pero no debe relacionarse directamente con la imposición. La actual etapa de ofensiva se caracteriza porque condiciona a las clases dominantes, pero no existe un nivel de conciencia que permita canalizar estratégicamente a la ofensiva. Es una ofensiva combinada ya que nuclea diferentes factores inconscientes con elementos conscientes. El proceso pre-revolucionario se justifica cuando se van asentando las bases de tres factores decisivos: las clases dominantes no pueden imponer su política, la unidad en la lucha del campo popular, y el control de territorio o zonas como ejercicio de poder.
A partir de la última pueblada, los sectores dominantes no pueden imponer tranquilamente las condiciones para los sectores oprimidos. Los sectores dominantes están sumamente condicionados, sin embargo son ellos los que todavía detentan el poder. Esto sucede ya que no existe una herramienta estratégica de la clase trabajadora con una programática estratégica clara.
La no existencia de este gran Frente de los Oprimidos con una dirección estratégica clara y precisa impuso grandes limitaciones al desarrollo de la pueblada del 19 y 20 de diciembre, y posibilitó al PJ usufructuar la lucha llevada adelante por nuestro pueblo. Centralmente fue la no existencia de este Frente lo que imposibilitó la imposición de un gobierno de los de abajo, y no, como señaló el PCR, la no participación de un sector de las FFAA del lado del pueblo.
La construcción de esta herramienta política es la tarea principal que enfrentamos las fuerzas populares en la Argentina. Porque mientras la crisis sigue profundizándose y cuando aún faltan pocos meses para terminar el año, que el mismo gobierno señala como negativo, con crecimiento de la desocupación, profundización de la recesión y una creciente presión popular, se avecinan nubes de tormenta para el gobierno de Duhalde y es muy poco probable que lleguemos a fin de año con el mismo Presidente. Si existiera esta herramienta estaríamos asistiendo a una etapa revolucionaria directa.

Anexo I: Biografía de Hugo Rafael Chávez Frías

1. Hijo de un matrimonio de maestros de ascendencia mestiza y segundo de seis hermanos, cursó estudios primarios en el Grupo Escolar Julián Pino y secundarios en el Liceo Daniel Florencio O'Leary, en el estado de Barinas. Obtenido en el último centro el título de bachiller en Ciencias, en 1971 comenzó sus estudios superiores en la Academia Militar de Venezuela y en 1975 se graduó con el grado de subteniente de artillería y especializado en Ciencias y Artes Militares, en la rama de Ingeniería.
Posteriormente realizó cursos de capacitación en la Escuela de Comunicación y Electrónica de la Fuerza Armada (1975) y en el arma de Blindados (1979 y 1983). En 1988 asistió en Guatemala a un Curso Internacional de Guerras Políticas y entre 1989 y 1990 realizó un master en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, si bien dejó la tesis pendiente de defender.
Chávez fue enriqueciendo una notable hoja de servicios. Oficial de comunicaciones en el Batallón de Cazadores Cedeño, en Cumaná, de 1975 a 1977, y oficial tanquista en el Batallón Blindado Bravos de Apure, en Maracay, de 1978 a 1979, en 1980 fue comisionado en la Academia Militar de Venezuela, donde hasta 1984 sirvió sucesivamente como jefe del Departamento de Educación Física, jefe del Departamento de Cultura y comandante de la Compañía José Antonio Páez.
En 1985 se le encomendó la comandancia del Escuadrón de Caballería Francisco Farfán, en Elorza, en 1986 la comandancia del Núcleo Cívico-Militar del Desarrollo Fronterizo Arauca-Meta, en 1988 la jefatura de Auxiliares del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa en el Palacio de Miraflores de Caracas y en 1990 fue destacado como oficial para asuntos civiles en la Brigada de Cazadores de la guarnición de Maturín.
Sus convicciones nacionalistas le empujaron a fundar el 17 de diciembre de 1982, junto con otros capitanes del Ejército de Tierra, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200, en alusión al bicentenario de el Libertador Simón Bolívar), un grupo de reflexión y agitación en el que jóvenes oficiales se reunían "para estudiar el pensamiento de Bolívar y discutir sobre la situación del país", según la explicación del propio colectivo.
Aunque aseguraban no albergar ambiciones políticas, sino sólo la pretensión de dignificar la milicia y combatir la corrupción e ineptitud de unos gobiernos civiles proclives a dilapidar los ingentes ingresos del petróleo, lo cierto es que los oficiales bolivarianos hacían proselitismo en los cuarteles y denunciaban con virulencia la presunta venalidad de la cúpula castrense.
En julio de 1991, luego de terminar el curso de Comando y Estado Mayor en la Escuela Superior del Ejército, Chávez fue ascendido a teniente coronel y asumió el mando de la Brigada Paracaidista Coronel Antonio Nicolás Briceño, con base en Maracay. En aquellos momentos, Venezuela estaba sumida en una crisis económica y social sin precedentes, y seguían activos los rescoldos del virulento estallido social de febrero de 1989, pasado ya a la historia como el caracazo, en protesta por la política neoliberal del presidente Carlos Andrés Pérez Rodríguez, el cual trataba de aplicar el draconiano plan de ajuste exigido por el FMI.
Chávez y sus compañeros, hombres jóvenes o de media edad que se habían destacado de entre los más brillantes de sus promociones y que representaban a una escala de mandos intermedios de capitán a teniente coronel, pretendieron aprovechar este ambiente de profundo descontento, dirigido ya contra la clase política tradicional en su conjunto, para ejecutar su plan, denominado Operación Ezequiel Zamora, de hacerse con el poder en un audaz y sorpresivo golpe de Estado.
En la noche del 3 de febrero de 1992 unos 300 efectivos de élite de la brigada paracaidista de Chávez, tocados con boinas rojas, se trasladaron a Caracas y tomaron posiciones alrededor de la residencia presidencial de La Casona y la base aeronaval Francisco Miranda, popularmente llamada La Carlota, mientras que otras unidades sediciosas se hicieron con el control de centros neurálgicos en Maracaibo, Maracay y Valencia. Tras unas horas de confusión y los primeros tiroteos, Pérez, por cuya vida se temió en un principio, recondujo resueltamente la situación desde el Palacio presidencial de Miraflores, situado no muy lejos de La Casona.
En la madrugada del 4 el presidente apareció en la televisión, sorprendentemente no intervenida por los golpistas, para anunciar el fracaso del levantamiento y la lealtad al orden constitucional manifestada por el Alto Mando de la Fuerza Armada. Pocas horas después, el propio Chávez, en uniforme de camuflaje, apareció en las pantallas de televisión para confirmar que "por ahora" no se habían logrado los objetivos del movimiento, por lo que asumía toda la responsabilidad y pedía a sus camaradas que retornasen a los cuarteles. El balance de la intentona se estableció en 19 muertos y un millar de detenidos, la mayoría reclutas, que, según se contó, fueron engañados por el centenar largo de profesionales, verdaderos autores del golpe.
La tentativa golpista, sin precedentes en 34 años de historia democrática desde la caída del último dictador, Marcos Pérez Jiménez, en 1958, fue sin embargo acogida con indisimulado júbilo por una parte considerable de la población, de manera que desde entonces la popularidad del teniente coronel de paracaidistas no hizo más que aumentar al tiempo que Pérez se hundía en el descrédito.
Chávez, cuya incierta ideología bolivariana suscitó especulaciones sobre si era de extrema izquierda o si, por el contrario, tenía filiaciones fascistas, fue de inmediato detenido y procesado por un tribunal militar caraqueño por el delito de rebeldía, imputación relativamente benigna dado que lo sucedido fue un verdadero intento de golpe de Estado.
En la prisión de Yare Chávez suscribió un manifiesto titulado Cómo salir del laberinto y el 27 de noviembre del mismo 1992 fue testigo de una nueva rebelión protagonizada por sus compañeros, quienes, con mayor determinación que en febrero, bombardearon los edificios de las principales instituciones y durante unas horas tuvieron el control de acuartelamientos clave y la casa de la televisión.
Desde allí se transmitió un mensaje sedicioso de Chávez, lo que hizo pensar que los alzados obraban por su cuenta; de hecho, con posterioridad a los hechos, se supo que intentaron su liberación. En cualquier caso, esta asonada revistió más peligro para Pérez, ya que la encabezaron oficiales de mayor graduación que además involucraron a las tres fuerzas armadas, los contraalmirantes Hernán Gruber Odreman y Luis Cabrera Aguirre, y el general del Aire Efraín Francisco Visconti Osorio.
El día 28, un centenar de militares rebeldes, encabezados por el general Visconti, escapó a Perú, mientras que otros muchos fueron detenidos. El Gobierno reconoció 200 muertos en los combates, mientras que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la comunidad internacional expresaron su rotunda condena por la nueva irrupción castrense.

2. Traslado del proyecto político al frente civil
El 27 de marzo de 1994, menos de un año después de la destitución parlamentaria de Pérez por malversación de fondos, el nuevo presidente, el veterano estadista Rafael Caldera Rodríguez, firmó el sobreseimiento del caso del militar. A cambio de su libertad, a Chávez se le exigió la baja en la Fuerza Armada por la incompatibilidad del uniforme con las conductas antiinstitucionales, lo que, de hecho, le dio vía libre para desarrollar todo su activismo político.
Lejos de mostrar gratitud a Caldera, al que no consideraba diferente del resto de los políticos tradicionales, Chávez se dedicó de inmediato a contactar con sus antiguos camaradas de 1992 y con militantes de los partidos de izquierda para formar un frente político dirigido a derrocar a la vieja clase política, aunque ahora por vías no insurreccionales.
De esta iniciativa surgió el Movimiento V República (MVR), versión civil del MBR-200 que recogía su mismo programa de restauración del "honor perdido de la nación", una gestión gubernativa de la riqueza nacional honrada y eficiente y medidas concretas contra la inseguridad ciudadana.
Erigido en director general del MVR, Chávez recorrió el país con un discurso fieramente populista, bien ilustrado con mensajes redentoristas y articulado reiteradamente en los conceptos de misión y de servicio a la patria, tomando la figura de Simón Bolívar como un referente casi hagiográfico. Sin una ideología clara, acaso confusamente izquierdista, el movimiento chavista aspiraba a abrir una tercera vía en un continente que ya había experimentado el estatalismo de mayor o menor regusto socialista y más recientemente, prácticamente sin excepciones en todos los países, el capitalismo neoliberal.
Chávez, casado y padre de cuatro hijos, dijo sentirse de izquierdas, pero también se definió como un católico devoto a quien la Biblia le inspiraba tanto como su idolatrado prócer de la independencia nacional. Según ciertos analistas, podía encontrarse en el movimiento de Chávez, a falta de referentes doctrinales cercanos y al menos en su etapa puramente castrense, algún eco de las experiencias de los regímenes militares de Juan Velasco Alvarado en Perú (1968-1975), Juan José Torres González en Bolivia (1970-1971) y Guillermo Rodríguez Lara en Ecuador (1972-1976), excepcionales en el subcontinente por adoptar unas posiciones nacionalistas y revolucionarias, pero carentes de una ideología articulada. Otros observadores describían su estilo como neocaudillista, en alusión a otra forma de hacer política igualmente periclitada en la región.
Aunque al principio de su andadura política rehusó optar a cualquier mandato representativo para no legitimar un sistema que juzgaba caduco, el 29 de abril de 1997 Chávez inscribió el MVR en el registro electoral con la intención de concurrir a los procesos electorales en ciernes.
En las elecciones legislativas del 8 de noviembre de 1998 el MVR se convirtió en el segundo partido del país con 49 de los 189 escaños de la Cámara de Diputados y el 21,3% de los votos, sólo cuatro décimas por debajo de Acción Democrática (AD), el histórico partido socialdemócrata que había aportado la mayoría de los presidentes de la democracia -Pérez entre ellos- y que con el Partido Social Cristiano (COPEI) había constituido el sistema bipolar vigente entre 1959 y 1994. Precisamente, en los comicios de 1998 el COPEI quedó en cuarta posición, mientras que el partido del presidente Caldera, Convergencia, puesto en marcha después de separarse del COPEI, tuvo que conformarse con un testimonial 2,4% de los votos y 3 escaños.

3. Arribo espectacular al poder a través de las urnas
Chávez acudió a las presidenciales del 6 de diciembre siguiente en un clima triunfalista. Enormemente popular entre los numerosísimos desfavorecidos tras una década de políticas económicas de austeridad poco convincentes y bien arropado por un Polo Patriótico en el que además del MVR estaban el Movimiento al Socialismo (MAS), el Partido Comunista de Venezuela (PCV), Patria para Todos (PPT) y otras cuatro formaciones menores -esto es, la izquierda en bloque-, el ex militar arrolló con el 56,5% de los votos, por delante del economista Henrique Salas Romer, que contaba con los apoyos de AD y COPEI, y la ex miss universo Irene Sáez Conde.
Chávez, presentándose como un hombre del pueblo, salido de las clases humildes, caló profundo entre las masas populares esperanzadas con un cambio, pero para sus detractores, aturdidos por tamaño éxito, se trataba de un demagogo proclive al autoritarismo castrense y, dado el precedente sedicioso, de dudoso pedigrí democrático.
El 2 de febrero de 1999 Chávez tomó posesión para un período de cinco años ante una nutrida representación de mandatarios regionales, entre los que figuraban el boliviano Hugo Banzer, el peruano Alberto Fujimori y el cubano Fidel Castro. Tras añadir a la fórmula legal la apostilla "juro sobre esta Constitución moribunda", el flamante presidente pronunció un áspero discurso inaugural, lleno de citas bíblicas y bolivarianas, en el que arremetió contra Caldera y los recién elegidos diputados no pertenecientes al Polo Patriótico.
También, anunció la declaración del "estado de emergencia social" en el país, solicitó poderes excepcionales para un plan de reformas económicas y convocó a un referéndum para disolver el Congreso, elegir una Asamblea Constituyente y anular la Carta Magna de 1961, con la advertencia de que "o hacemos la revolución democrática o la revolución nos pasa por encima".
Añadió que los militares saldrían de los cuarteles para desempeñar tareas civiles y que aspiraba a sacar de Venezuela de su postración y convertirla en la nueva abanderada continental, como lo fuera en los tiempos de El Libertador. Abonando su atribuida fe en el tercerismo económico, propugnó "tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible".
Así, ya en la campaña prometió emprender una drástica reforma de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), el emporio estatal que aporta el 80% de las exportaciones, el 40% de los ingresos del presupuesto nacional y el 27% del PIB, para erradicar la mala gestión y las prácticas corruptas. Ahora bien, lo que se perseguía no era un saneamiento típicamente liberal con vistas a una eventual privatización, sino precisamente lo contrario: hacer más eficiente el funcionamiento de una empresa clave para fortalecer su aportación financiera a las arcas del Estado.
Chávez, a falta de mayor precisión, dio a entender que ni se avanzaría en las privatizaciones ni se volverían a nacionalizar antiguas empresas públicas. Se proponía estabilizar la economía, de la que había heredado una coyuntura francamente negativa, pero sin devaluar la moneda o imponer un sistema de control de cambios.
Precisamente, eran sus planes económicos, y desde luego los referidos al petróleo (Venezuela es el cuarto productor mundial y el segundo de la OPEP tras Arabia Saudí), lo que más inquietaba a la comunidad internacional. De hecho, Chávez culpó al petróleo -verdadera bendición y, al mismo tiempo, condenación para las perspectivas de progreso nacional- de los males en el desarrollo de los sectores industrial, agrícola, minero y de servicios, y subrayó la necesidad de estrenar un modelo que escapara de la dependiera de este recurso natural como única fuente generadora de riqueza.
Antes de asumir la Presidencia, Chávez viajó a Europa para tranquilizar a las multinacionales petroleras que compran a Venezuela, pero fue tajante en que iba a revisar todas las concesiones. Asimismo, si bien aseguró que iba respetar los acuerdos firmados con OPEP, no ocultaba su intención de propiciar un cambio en la filosofía de esta organización para hacerla menos complaciente con los países importadores del mundo desarrollado. En estas declaraciones, Chávez tenía presente que el desplome de los precios del barril de crudo en 1998 había causado mucho daño a la economía venezolana.

4. Instauración de la República Bolivariana
Aunque Chávez quiso remover los temores a una forma suya de gobernar excluyente o despreciativa de las fórmulas de consenso básicas en democracia, con alusiones a la unidad y la reconciliación nacionales, sus declaraciones lapidarias sobre la "muerte" del Estado tradicional y el nacimiento de una "verdadera democracia" provocaron ansiedad entre los paisanos que no le habían votado y la preocupación en varios gobiernos del exterior por el rumbo que podría tomar el sistema venezolano.
El caso es que el presidente, impertérrito ante las crispaciones que sus modos y lenguaje iban generando, no perdió el tiempo en el cumplimiento de sus promesas de "barrer" los principales centros del poder. Otras disposiciones, como la instrucción premilitar de todos los estudiantes de primaria y secundaria, la apertura en los cuarteles de cientos de "escuelas bolivarianas" (centros dedicados al estudio de la obra de El Libertador) y el empleo de miles de soldados en diversas labores de instrucción civil y servicios comunitarios, levantaron bien pronto airadas protestas de la oposición, que alertó contra una deriva militarizante de la sociedad civil.
El populismo de Chávez, solemne y mesiánico a veces, cordial y dicharachero las más, desmedido siempre, se expresó a través de medios tan insólitos en las democracias normales como un programa semanal de televisión, Aló presidente, en el que él personalmente atendía las peticiones y consultas de los oyentes, hacía apología de su pensamiento político y defendía la obra de su Gobierno, manteniendo un canal de comunicación directa con el pueblo por encima de las estructuras formales del poder.
El 25 de abril de 1999 el Congreso le concedió los poderes especiales solicitados para gobernar por decreto en materia económica durante seis meses (a esas alturas, la caída de los precios del petróleo había incrementado el déficit fiscal al 9% del PIB) y negociar con el FMI la reestructuración de la deuda externa, cuyo monto de 35.000 millones de dólares devoraba el 40% del presupuesto nacional.
No obstante, se esperaba que el FMI le iba exigir a cambio el recorte del gigantesco aparato estatal (un millón de trabajadores públicos sobre una población total de 24 millones). Cauto y conservador en sus primeras decisiones de economía interna, en el mes de marzo se apuntó un primer éxito exterior al conseguir que la OPEP decidiera una nueva reducción de la producción, lo que iba a aportar miles de millones de dólares extras muy necesarios para corregir el desequilibrio presupuestario.
El mismo 25 de abril Chávez ganó el referéndum sobre la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con el 92% de los votos, si bien con sólo un 39% de participación, lo que venía a significar que en la consulta votaron a favor los mismos que lo hicieron por Chávez en las presidenciales. Aunque se había determinado que el referéndum sólo tendría validez si se superaba el 50% de participación, el Consejo Nacional Electoral dictaminó que bastaba una mayoría de seis.
Sintiéndose legitimado, Chávez siguió adelante con su programa. El 25 de julio se eligió en las urnas la ANC y el Polo Patriótico arrasó con 120 escaños sobre 131, lo que no dejaba dudas sobre el desenlace de la catarata de cambios desencadenada por Chávez. La ANC, o Soberanísima en la expresión de Chávez, cuya primera sesión se celebró el 3 de agosto de 1999, elaboró el proyecto de Constitución, si bien los detractores del oficialismo acusaron a dicha asamblea de limitarse a certificar un borrador que ya había redactado el equipo del presidente.
Sus puntos más significativos eran: la consagración de la V República, incluyendo el cambio de nombre del país por el de República Bolivariana de Venezuela; la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años y renovable una sola vez; la adición a los tres poderes clásicos -ejecutivo, legislativo y judicial- de otros dos nuevos: el moral, aplicado en la lucha contra la corrupción, y el electoral, entendido como el ejercicio de fórmulas de democracia directa; la sustitución del Congreso bicameral por una sóla Asamblea Nacional de 165 miembros elegida cada cinco años; el refuerzo del poder ejecutivo del presidente, que ahora podría decidir los ascensos militares, nombrar al vicepresidente, convocar referendos y disolver el Parlamento; vagas referencias al modelo de economía planificada; el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas; y, un especialmente controvertido artículo sobre la participación de los militares en la vida pública.
El 5 de agosto Chávez proclamó en el pleno de la ANC la defunción de la IV República y pidió la aprobación de una declaración de "emergencia nacional" que facultase a la asamblea para intervenir en todas las instituciones del Estado. La oposición, que parecía incapaz de reaccionar ante el huracán chavista, lanzó débiles denuncias de "ilegalidad" y de "golpe de Estado". Reincidiendo en su ambigüedad económica, Chávez apostrofó contra "un dogma de mercado que pretende ser Dios" y propuso un modelo intermedio "autóctono".
El 9 de agosto la ANC consagró la victoria total de Chávez con la aprobación de la declaración de emergencia y la creación de una Alta Comisión de Justicia para asumir la función legislativa del Congreso y con capacidad para nombrar y destituir magistrados. Ante esta situación, el 24 de agosto la Corte Suprema de Justicia se plegó al acatamiento, lo que fue calificado por su presidenta, Cecilia Sosa, como un acto de "suicidio" para evitar el "asesinato" de la institución.
Desde el 31 de agosto el Congreso, declarado en rebelión pero en realidad resignado a su destino (el 28 de julio los diputados habían anunciado la suspensión de sus actividades para no obstruir la labor de la ANC), quedó en situación de "cierre técnico". El 20 de noviembre la ANC presentó el texto acabado, el 16 de diciembre (coincidiendo con las catastróficas riadas en Vargas, que provocaron entre 30.000 y 50.000 muertos y arrasaron este estado costero) un segundo referéndum lo sancionó con el 71,2% de los votos (la participación subió discretamente al 46%) y el 20 de diciembre la ANC promulgó solemnemente la nueva Constitución.
No obstante el triunfalismo oficial, en los primeros meses de 2000 el chavismo afrontó su primera crisis importante al declararse desafectos varios antiguos comandantes de las aventuras golpistas de 1992, quienes acusaron a su ex camarada de laxitud ante los comportamientos corruptos de algunos mentores políticos del MVR. Este malestar, extensible a sectores en activo de la Fuerza Armada, debido a ciertos errores y precipitaciones del Gobierno y a supuestos relajos no precisamente bolivarianos, hacía suponer la configuración de una oposición interna a Chávez, cuando paradójicamente la oposición nominal se hallaba fuera de juego y carecía de una voz influyente.
Por otro lado, el 27 de febrero de 2000 el presidente dio banderazo de salida al Plan Bolívar 2000, una estrategia para revertir las tendencias negativas en lo social y medioambiental. A través de las fases Propatria, Propaís y Pronación, el Plan comenzó por movilizar a miles de ciudadanos, civiles y militares, en tareas de restauración de infraestructuras sociales y vías de comunicación, en un ejercicio de voluntarismo popular muy al gusto cubano.
Culminando el arrollador proceso constituyente, el 30 de julio de 2000, luego de suspenderse (con gran polémica) el 25 de mayo anterior por falta de condiciones técnicas, se celebraron las elecciones generales. En las legislativas, el Polo confirmó su hegemonismo con un centenar de escaños (sólo el MVR se hizo con 76), y en las presidenciales, Chávez se deshizo de su único contrincante, el antiguo compañero de armas Francisco Arias Cárdenas (cabeza del golpe de 1992 en Maracaibo y gobernador del estado de Zulia en 1995), con el 59% de los votos. El 19 de agosto, cumpliendo con lo prometido en su primer juramento año y medio año atrás, Chávez inauguró mandato hasta 2006 ante un ejemplar de la Soberanísima.

5. Protagonista internacional apoyado y cuestionado
El presidente venezolano ha conducido una agresiva política exterior, insólita en un mandatario latinoamericano en muchos años, que le ha erigido en uno de los actores más conspicuos del panorama internacional.
El 26 de mayo de 1999 asistió en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias al XI Consejo Presidencial de la Comunidad Andina (CAN) y llamó a crear en las próximas décadas una federación de estados latinoamericanos y caribeños que, luego de resolver los más perentorios problemas domésticos, podría dotarse de una política exterior común.
El 21 de septiembre siguiente, con motivo de su alocución en la Asamblea General de la ONU en Nueva York y luego de concederle Estados Unidos el visado (durante largo tiempo denegado por considerarle un terrorista y por sus simpatías cubanas), departió con el presidente Bill Clinton, quien le expresó su respaldo, y de nuevo con el colombiano Andrés Pastrana, con el que se había indispuesto a raíz de su anunciado ofrecimiento para mediar entre el Gobierno de Bogotá y las guerrillas comunistas, para muchos, en tratos inconfesables con el Gobierno venezolano.

Días antes de estos encuentros, Chávez mantuvo en Manaos una cordial entrevista con el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso (preclaro partidario de avanzar la integración económica y social en el subcontinente antes de proceder a la liberalización hemisférica de los mercados junto con Estados Unidos), y ambos se manifestaron rotundamente en contra de una eventual intervención militar estadounidense en Colombia para combatir el narcotráfico. En la cumbre especial de Brasilia del 1 de septiembre de 2000, Chávez advirtió que la región sería "aniquilada" si no avanzaba en la unidad antes de la creación en 2005 del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) perseguida por Washignton.
Significativamente, Chávez sostiene una relación especial con el dictador cubano cuyo prólogo público fue la recepción en La Habana el 14 de diciembre de 1994, meses después de ser excarcelado. Cuando la asunción presidencial en 1999, Castro le felicitó y presentó su elección como un triunfo para toda Latinoamérica. Desde entonces, el dirigente venezolano ha cultivado la imagen de discípulo del mítico comandante, con el que ha intercambiado todo tipo de elogios: así, Chávez retrata a Castro como un "campeón de las libertades" en el continente, mientras que éste le define como el "mayor demócrata" de América.
Siendo presidente electo, Chávez visitó a Castro en La Habana (al encuentro se sumó Pastrana) el 17 de enero de 1999, de vuelta de su primer viaje a España. Repitió el viaje el 16 de noviembre del mismo año y el 26 al 30 de octubre de 2000 tributó a Castro en Caracas una bienvenida de héroe, en el primer viaje a Venezuela del líder cubano desde 1959, cuando se acogió a la hospitalidad del presidente Rómulo Betancourt antes de que éste le incluyera en su elenco de enemigos. En este encuentro, los mandatarios firmaron un Acuerdo de Cooperación Integral, que levantó fuertes controversias domésticas, por el que Venezuela proveería a Cuba con 50.000 barriles de petróleo al día en condiciones financieras blandas a cambio de servicios profesionales y técnicos cubanos.
Esta diplomacia de prestigio e independencia nacional perseguida por Chávez quedó bien reflejada con su maratoniana gira del 10 al 14 de agosto de 2000 por los otros diez estados de la OPEP, para invitar a sus respectivos mandatarios a una cumbre en Caracas encaminada a fortalecer la unidad organizativa y a estabilizar el precio del barril de crudo.
Más aún, Chávez propuso dar entrada en la OPEP a Rusia, Noruega y Omán, y, por otro lado, al no excluir a Bagdad, Teherán y Trípoli de su gira, Chávez suscitó un considerable malestar en el Gobierno de Estados Unidos. El líder venezolano, que era el primer jefe de Estado que visitaba a Saddam Hussein desde la guerra del Golfo en 1991, rechazó las críticas y advirtió que Venezuela era un país soberano al que nadie podía dictaminar su política exterior.
Durante el itinerario, Chávez calificó a la OPEP de "arma" para los Países en Vías de Desarrollo, una "especie de instrumento estratégico" que "no se puede dejar escapar". En Libia estuvo de acuerdo con Muammar al-Gaddafi en que si se producía un nuevo desplome en los precios sería imprescindible un recorte drástico de la producción.
Estas presuntas ínfulas de institucionalización de la OPEP han sido interpretadas en Estados Unidos -sobre todo tras la asunción de la administración republicana de George W. Bush- y la Unión Europea como un intento de politizarla, y acaso de convertirla en un cártel del petróleo verdaderamente corporativo, si bien Washington no ha estado en condiciones de ir más allá de las amonestaciones verbales porque importa de Venezuela 1,4 millones de barriles de petróleo al día, más de la mitad del total de las ventas venezolanas. De momento, la escalada del precio del barril, que alcanzó en agosto de 2000 el pico de los 34,6 dólares, sin precedentes desde la invasión de Kuwait en 1990, amortiguó los efectos de la crisis económica en Venezuela.
Así, 2000 registró una inflación del 16,2%, siete puntos menos que 1999 y la tasa más baja desde 1986, mientras que la balanza de pagos por cuenta corriente registró su mayor superávit en cinco años y el déficit fiscal se redujo hasta el 2%. Igualmente, el segundo año de la Presidencia de Chávez se saldó con un crecimiento del 3,2% del PIB, cuando 1999 había padecido una recesión brutal del 7,2%.
La segunda cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OPEP desde la celebrada en Argel en 1975 tuvo lugar en Caracas el 28 de septiembre de 2000. En ella, el anfitrión Chávez invitó a los países consumidores de petróleo a discutir fórmulas para contener el alza de los precios. Pero los saudíes hicieron valer su peso tradicional, así que la denominada Declaración de Caracas no extremó las críticas a los países desarrollados y consumidores (fundamentalmente, se les demandó el alivio de las cargas fiscales sobre los carburantes) y aparcó para ulteriores encuentros toda decisión sobre cuotas de producción.
En los albores del verano de 2001 Chávez protagonizó otro período de hiperactividad diplomática, primero, con una gira que le llevó por Rusia, Irán, India, Bangladesh, China (país que, al igual que Irak y Cuba, no ha sido condenado por Venezuela a la hora de votar los informes de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos), Malasia e Indonesia, donde asistió, el 30 de mayo, a la cumbre del Grupo de la Cooperación Sur-Sur o Grupo de los Quince (G-15).
Luego, el 23 y el 24 de junio, presidió en Valencia el XIII Consejo Presidencial Andino, en cuya clausura anunció en primicia la captura en Caracas del que fuera principal colaborador del dimitido Fujimori, Vladimiro Montesinos, y su inmediata entrega a las nuevas autoridades peruanas que lo reclamaban para juzgarlo por diversos crímenes. Ahora bien, la disputa con Lima estalló al punto cuando el ministro del Interior peruano, desplazado a Caracas para coordinar la búsqueda y captura de Montesinos, fue amonestado por violar la soberanía nacional, mientras que el Gobierno del país andino acusó a su homólogo de haber protegido al prófugo durante meses. La crisis culminó, el 29 de junio, con la retirada de los respectivos embajadores.
Con Colombia, los rifirrafes continuaron por la insistencia de Chávez en declarar una posición neutral y potencialmente facilitadora en el tortuoso proceso de paz (por lo demás, fracasado en febrero de 2002) entre el Gobierno de Bogotá y la guerrilla de las FARC, cada vez más percibidas fuera y dentro de Colombia como una mera organización criminal no obstante su discurso revolucionario.
Las actitudes de proteccionismo comercial y freno a la integración regional percibidas por Colombia, Perú y Ecuador en el seno del CAN, la denuncia por el ex cónsul venezolano en París de que el mandatario, supuestamente, intentó que Francia excarcelara al sangriento terrorista internacional de los años setenta Carlos o Chacal, venezolano de nacimiento, y la furibunda reacción de Estados Unidos, con la llamada a consultas a su embajadora en Caracas, ante la demanda de que cesaran los bombardeos contra Afganistán porque no se podía "combatir el terror con el terror", fueron otros tantos episodios de destemplanza -o independencia de criterio, según fuera el opinador- que aparejaron a Chávez el perfil de outsider en el escenario internacional.
Del 11 al 13 de agosto Chávez agasajó a Castro en Santa Elena de Uairén, estado de Bolívar, con motivo de su 75 cumpleaños, y de paso amplió el convenio petrolero a nuevas áreas. Este nuevo ejercicio de efusividad con el anciano dictador ahondó las suspicacias en sectores de la sociedad civil venezolana sobre los riesgos de la "cubanización" del país.
A lo largo de octubre desarrolló otra prolongada gira por las capitales de la OPEP, así como París, Roma, Bruselas, Lisboa, Moscú, Londres -donde sostuvo, el día 23, una reunión con el primer ministro Tony Blair, Ottawa y México, para intentar fraguar un consenso entre los países exportadores e importadores de petróleo en torno a unos precios estables con unos niveles de extracción bajos. Y el 11 y 12 de diciembre Isla Margarita brindó el escenario para la III cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), a la que no faltó, por supuesto, el incondicional mentor cubano.

6. Sucesión de contestaciones y auge de la oposición
Si la controvertida actuación de Chávez en el exterior no daba tregua a observadores y analistas, el sosiego tampoco arraigaba en el interior. El incremento a ojos vista de la corrupción, la pobreza -que afectaba ya al 80% de los venezolanos-, el paro -el 25% de la población activa- y la criminalidad común -de proporciones insportables en los núcleos úrbanos-, municionaron los argumentos de la aún deshilvanada oposición (los "escuálidos", en la expresión de Chávez), igualmente presta a criticar los citados acercamientos a líderes y organizaciones del mundo de naturaleza democrática más que dudosa, en detrimento de los interlocutores tradicionales de Venezuela.
En mayo de 2001, la constatación del malestar y la impaciencia sociales indujo a Chávez a sopesar la declaración del estado de excepción para combatir por decreto la corrupción y la pobreza, lo que motivó la ruptura con el MAS, primera baja del Polo Patriótico, llamado a disgregarse. El 9 de junio, en un acto con estética guevarista convocado en su honor por el PCV, urgió a sus seguidores a unirse bajo la bandera de la "revolución antiimperialista" y a estar listos para parar la "avalancha de ataques desde todos los frentes" y derrotar a la "contrarrevolución" en marcha.
Después, el 8 de septiembre, presidió la entrega de 105.000 acres de latifundios baldíos del estado de Zulia al Instituto Agrario Nacional (IAN), como preámbulo de la ultimada Ley de Tierras y Desarrollo Rural y en lo que se atisbó el arranque de una reforma agraria de tipo radical para acabar con una situación sangrante: mientras que unos cientos de propietarios acaparan el 70% de las tierras cultivables, el país debe importar casi todos los alimentos que consume la población; no en vano, Chávez instó a los terratenientes, so pena de afrontar subidas de impuestos o expropiaciones forzosas por ley, a que entregaran las fincas no cultivadas al Estado, el cual dispondría su distribución entre las comunidades rurales empobrecidas.

A finales de noviembre, con las encuestas de opinión muy desmejoradas y en un ambiente enrarecido que auguraba más protestas e inestabilidad, el presidente negó que hubiera riesgo de golpe de la fuerza armada. El ministro civil de Defensa, José Vicente Rangel, alertó de la existencia de "gente que quiere reeditar en Venezuela lo que pasó en Chile con Salvador Allende" y el propio Chávez, incapaz de moderar su talante de confrontación y de pergeñar un solo consenso, advirtió: "esta revolución está armada".
El 10 de diciembre marcó el punto de no retorno en una etapa de contestación en las calles, a través de marchas masivas, caceroladas a la argentina y paros nacionales, convocada por un arco creciente de partidos, organizaciones sectoriales, ONG y demás componentes de la sociedad civil. Hecho insólito, los empresarios, a través de la patronal Fedecámaras, representante del 90% del PIB no petrolero, y los sindicatos, con la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) -ligada a AD y que Chávez había intentado, sin éxito, descabezar- en primer lugar, unieron fuerzas para propiciar una revuelta civil que forzara, sin esperar a un referéndum revocatorio, la dimisión del presidente.
Aquel día, una huelga general al grito de "¡fuera el loco!" saludó la promulgación de 49 decretos-ley, entre los que figuraban la ya comentada Ley de Tierras y otra sobre hidrocarburos que perseguía aumentar la tributación de las corporaciones extranjeras hasta el 30% y reservar al Estado una participación mayoritaria, del 51%, en las sociedades mixtas con las empresas concesionarias privadas. El cambio de rumbo en PDVSA trataba de compensar la inesperada merma de la renta petrolera, a causa del desplome del precio del barril por debajo de los 16 dólares tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, que a su vez había desbaratado los presupuestos de 2002.
En opinión de Fedecámaras, pero también de la CTV, los propietarios agropecuarios y los medios de comunicación privados, este paquete legal ponía en peligro el derecho a la propiedad privada y la misma estructura de la economía de mercado, considerando claramente inconstitucionales algunas de las disposiciones. Por lo que respecta a los cambios en PDVSA, denunciaron su carácter estatista y centralizador, y en un análisis general, alertaron que el derrumbe de las inversiones privadas resultaba inevitable. Por de pronto, señalaron la escalada en la fuga de capitales y, de nuevo, en los débitos del Estado. El déficit fiscal se acercaba entonces al 10% del PIB, unos 9.000 millones de dólares.
El 23 de enero de 2002, sendas marchas de uno y otro signo (si bien sólo la antigubernamental fue verdaderamente multitudinaria) midieron sus fuerzas en Caracas en el 44 aniversario del derrocamiento del último dictador militar, Marcos Pérez Jiménez. Sólo un día después, Chávez destituyó a Luis Miquelena, ministro del Interior y considerado el preceptor intelectual del chavismo, aparentemente por defender una posición de diálogo y acercamiento a sectores de la sociedad más allá del MVR. La proclamación por Chávez el 4 de febrero, el décimo aniversario del intento de golpe de 1992, como "día de celebración nacional" ante 100.000 de sus partidarios fue considerada un ultraje a la democracia por la oposición
El creciente número de militares, en activo o retirados, ocupando altos cargos del Gobierno y la administración, lejos de anular la capacidad de la Fuerza Armada para perturbar la República Bolivariana, la estimuló. La dedicación de los uniformados a menesteres no propiamente castrenses, los discretos vínculos con las guerrillas colombianas, la promoción de la ideología bolivariana en los cuarteles, los indicios de entregas de armas a chavistas organizados como Círculos Bolivarianos (imitación de los Comités de Defensa de la Revolución cubanos) y las mudanzas en el escalafón para asegurar la lealtad al Gobierno, generaron un resentimiento en varios mandos intermedios que cristalizó, primero, en expresiones de descontento más o menos contenidas en el perímetro de los cuarteles, y luego, en desafecciones públicas.
Quien abrió la más peligrosa caja de Pandora para Chávez fue, el 7 de febrero, el coronel de Aviación Pedro Luis Soto, que en un programa de televisión, asegurando hablar en nombre del "70% de la Fuerza Armada", demandó la sustitución de Chávez por un presidente civil y la celebración de elecciones, ya que aquel no había sido elegido "para que se adueñara de Venezuela" e "impusiera un sistema con una ideología que en otros países ha fracasado, trayendo miseria y pobreza".
Soto fue castigado con la expulsión del Ejército y el Alto Mando Militar ignoró su llamamiento a la sublevación, pero recibió la solidaridad de otros oficiales de diverso rango, como el capitán de la Guardia Nacional Pedro José Flores y el contraalmirante Carlos Molina Tamayo, que en los días y semanas siguientes le secundaron con sus propias proclamas sediciosas. Los generales Alberto Poggioli y Guaicaipuro Lameda fueron asimismo cesados de servicio, el primero por pertenecer a la disidencia y el segundo a voluntad expresa, por discrepar con la reforma de PDVSA, de la que era presidente.
Al tiempo que estos desafíos en el estamento militar, Chávez hubo de hacer frente al imparable deterioro de la situación económica, damnificada en parte por la incertidumbre política y la misma retórica beligerante del presidente. El 13 de febrero, tras varias semanas de intervenciones infructuosas del Banco Central (BCV) en defensa del bolívar frente al dólar, el Gobierno eliminó la banda de fluctuación vigente desde 1996 y dejó en libre flotación a la moneda nacional, que sólo en las primeras 24 horas se devaluó un 31,4%, y anunció el ajuste fiscal, grato al FMI, para enjuagar el déficit. De entrada, los presupuestos del Estado serían podados en un 22%.
Las borrascas militar y económica animaron a la oposición a intensificar la campaña de protestas, de manera que el 5 de marzo, Fedecámaras, la CTV, la Conferencia Episcopal y el rectorado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) firmaron un Pacto Democrático contra Chávez en el que convocaban a la unidad de todos los sectores del país para rescatar el diálogo social y acometer medidas urgentes contra los múltiples y graves problemas que arrastraba el país.

7. Derrocamiento, contragolpe y restauración del chavismo
La CTV convocó una huelga general el 9 de abril y, constatado su seguimiento desigual (en PDVSA se trabajó sin novedad, no obstante la crispación causada por los recientes despidos de ejecutivos rebelados contra el nombramiento de la nueva dirección y la revisión de los criterios de gestión mercantilistas del holding), decidió prolongarla al día siguiente. En la segunda jornada de paros se disparó la tensión, con la llamada por la CTV y Fedecámaras a la huelga general indefinida, la desautorización de Chávez por otros dos generales y la advertencia del Gobierno de que había una conspiración para derribarlo.
El día 11, jueves, se aceleraron los acontecimientos. En respuesta al llamamiento de Fedecámaras y la CTV, varios cientos de miles de caraqueños exigieron la renuncia inmediata de Chávez. La marcha, pacífica y protagonizada por las clases medias, se encaminó hacia el Palacio de Miraflores y allí fue tiroteada indiscriminadamente por miembros de la Guardia Nacional y francotiradores de paisano, aparentemente chavistas armados, provocando al menos una veintena de muertos y más de 100 heridos.
La masacre desencadenó en las horas siguientes una cascada de declaraciones de rebeldía o condena por parte de un grupo de generales encabezados por el jefe del Estado Mayor de la Armada, vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, del alcalde de Caracas, gobernadores estatales y el ex ministro Miquelena, mientras que los medios de comunicación privados, desde tiempo ha enfrentados con el Gobierno por el acoso de los Círculos Bolivarianos a sus trabajadores y las trabas oficiales a la libertad de expresión, pusieron el grito en el cielo por el corte de sus emisiones.
El día 12, pródigo en informaciones confusas, se produjo la caída de Chávez como consecuencia de la desautorización pública del Alto Mando Militar, inclusive el comandante del Ejército, general Efraín Vásquez Velasco, y el inspector general y comandante en jefe de la Fuerza Armada, general Lucas Rincón. Éste, no sin ambigüedad sobre su postura personal, leyó un comunicado en el que informó que la cúpula militar había pedido la renuncia del presidente y que éste había aceptado.
En lo que tenía el aspecto de ser un golpe de Estado, Chávez, vestido con su uniforme de teniente coronel de paracaidistas, fue puesto bajo arresto por el general Néstor González (que el día 10 se había anticipado a los hechos acusando de "traidor" al mandatario por proteger a las FARC colombianas) en el Fuerte Tiuna, sede de la Comandancia General del Ejército, después de que, según parece, viera frustrado un intento de escapar del país al estar tomados los aeropuertos por soldados rebeldes. Trascendió que el mandatario aguardaba su comparecencia ante la justicia por la matanza del día anterior y circularon versiones contradictorias sobre si llegó a firmar o no la carta de dimisión.
Entretanto, el presidente de Fedecámaras y principal rostro de la oposición en los últimos meses, Pedro Carmona Estanga, anunció que contaba con el apoyo de los militares para formar un Gobierno Transicional de seis miembros, de hecho una junta cívico-militar. Carmona, con el título de presidente de la República, y su ejecutivo de "transición democrática y unidad nacional" tomaron posesión por la tarde en el Palacio de Miraflores, en un clima de euforia en las filas opositoras, que, con la consigna de "ni un paso atrás", creían asistir al final de la era Chávez.
Carmona precisó que su mandato era interino, prometió gobernar para reponer "la pluralidad democrática civil" y asegurar "el pleno imperio de la ley", así como castigar a los elementos de las "hordas chavistas" responsables de los asesinatos de la víspera, desconvocó la huelga general, nombró un nuevo Alto Mando Militar y se lanzó a emitir un torrente de decretos ejecutivos, dirigidos a desarticular toda la institucionalidad vigente desde 1999, entre los que figuraban: la retirada de la condición de Bolivariana del nombre de la República, el desarme de las organizaciones civiles adictas al poder derrocado, la disolución de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo y la Fiscalía General, la celebración de elecciones generales en un año a más tardar, la dotación al presidente de potestad para cesar y designar a todos los representantes públicos, desde ministros a alcaldes, en el período de transición, y la suspensión de los polémicos 49 decretos-ley.
Amparado en el artículo 350 de la Constitución de 1999, que faculta al pueblo, en tanto que depositario del poder constituyente originario, para "desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los Derechos Humanos", Carmona parecía tener la situación bajo control, pero en menos de un día confluyeron una serie de circunstancias que precipitaron la desbandada de su gobierno y la reposición triunfal de Chávez en la Presidencia.
En tan sorpresivo y vertiginoso vuelco en la correlación de fuerzas resultó decisiva la retirada de la confianza a Carmona por los mismos militares que lo habían aupado, por intentar blindar su autoridad civil en el período de transición y el alcance, de regusto revanchista y totalitario, de algunos de sus decretos, así como el comienzo de la persecución sistemática por los cuerpos de seguridad de figuras del régimen depuesto y miembros de los Círculos Bolivarianos. La fractura de la institución armada, como la del conjunto de la sociedad, polarizada hasta el borde de la guerra civil, era un hecho.
El ostentoso distanciamiento de los generales titubeantes, el malestar de partidos políticos y sindicatos por lo que veían un giro a la derecha y la disparidad de reacciones en la comunidad internacional ante el forzado relevo, con Estados Unidos congratulándose sin disimulos, España deseando la pronta recuperación de la "calma y solidez democrática" y el resto de Latinoamérica, a través de la XVI Reunión en Costa Rica del Grupo de Río, condenando la "interrupción del orden constitucional" en Venezuela (los presidentes de Argentina, Paraguay y México se expresaron en términos duros, mostrándose distantes y cautos otros mandatarios), animaron a los apesadumbrados partidarios de Chávez, muy numerosos en los suburbios pobres, a adueñarse de las calles céntricas de Caracas y, con cólera desatada, exigir la liberación del ex teniente coronel.
En la tarde del 13, Carmona, después de que el general Vásquez (a su vez, presionado por unidades salidas en defensa de Chávez, como los paracaidistas de Maracay) dijera que el Gobierno de transición había cometido "errores", anunció correcciones a los decretos del día anterior y restituyó los poderes del Estado, pero los partidarios de Chávez, civiles y militares, ya habían iniciado el contragolpe. Mientras Caracas era devastada por disturbios y pillajes y una decena de personas moría a manos de las fuerzas del orden público, que no estaba claro si disparaban para contener a los saqueadores o por motivos políticos contra los chavistas, el vicepresidente ejecutivo Diosdado Cabello Rondón, nombrado el 13 de enero anterior y extrañamente destituido por Chávez justo antes de abandonar, emergió de la clandestinidad para restaurar el régimen.
Al final del día, Cabello juró como presidente provisional en el Palacio de Miraflores, ya tomado por los ministros y demás hombres fieles a Chávez, ante el presidente de la Asamblea Nacional, Tarek William Lara, que en todo este tiempo se había negado a obedecer a Carmona. El empresario reconoció al punto a Cabello y presentó su dimisión, siendo a continuación arrestado y confinado en el Fuerte Tiuna. Ya en la madrugada del domingo 14, Chávez partió en helicóptero de la isla caribeña de La Orchila, a 100 km del continente, y aterrizó directamente en Miraflores, en cuyas inmediaciones le esperaban cientos de miles de enfervorecidos partidarios.
Acto seguido y vestido de civil, retomó la jefatura del país de manos de Cabello y Lara y, en una atmósfera de euforia apenas contenida, pronunció un discurso inesperadamente mesurado y conciliador, en el que declaró sentirse "estupefacto" por el triunfo de la "contra-contrarrevolución" y que regresaba "sin odio ni rencor", llamó a la "calma" y la "cordura" de todos y negó que el Gobierno fuera a desatar una "caza de brujas" en la oposición, a la necesitaba "leal con el país y el pueblo". Con todo, la larga intervención televisada comenzó con unas palabras enigmáticas, "a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, y al pueblo lo que es del pueblo", y, a modo de advertencia, sentenció que era hora de "tomar decisiones y ajustar muchas cosas", exhortando directamente a los medios de comunicación para que hicieran "profundas rectificaciones".

Anexo II: 38 años de FARC-EP

El 27 de mayo de 1964, hace 38 años surgieron las FARC-EP como respuesta política, económica, social y armada a la agresión del Régimen político oligárquico del bipartidismo liberal-conservador, contra los marquetalianos, la que se extendió después a todas las organizaciones populares.
En 1964 el Estado colombiano comenzó con 16.000 hombres, la mas grande operación militar de exterminio contra 46 hombres y dos mujeres bajo el mando del Comandante Manuel Marulanda Vélez, en Marquetalia. Fue el Congreso de la Republica, influenciado por Alvaro Gómez Hurtado, el que autorizó al Presidente Guillermo León Valencia agredir a Maquetalia, acusándola de ser una "Republica Independiente", porque en ella se habían quedado, gracias a la fertilidad de sus tierras, la mayoría de los amnistiados. Contando para esta agresión, con el apoyo irrestricto de los Altos Mandos Militares, asesorados estos, por oficiales del Pentágono y respaldados en su cometido, por la gran prensa, los Jefes de los dos partidos tradicionales, los latifundistas y los terratenientes. El Generalato pensó que tres semanas, era tiempo mas que suficiente para acabar con el grupo de 48 valientes campesinos y entregarle a los militaristas un parte de victoria. Los marquetalianos después de ser agredidos, decidieron en una asamblea levantarse en armas.
Antes de iniciarse la agresión contra Marquetalia, las FARC hicieron distintos llamamientos públicos dirigidos al Congreso, a los jefes de los partidos políticos, a las organizaciones sociales, a las personalidades civiles y militares, la Iglesia Católica colombiana, las Naciones Unidas, a la Cruz Roja internacional, a los intelectuales de Europa, entre otros, para que contribuyeran a persuadir al Estado y al Gobierno de Colombia, sobre la conveniencia de darle solución pacífica y satisfactoria a las justas peticiones de los marquetalianos amnistiados, sin necesidad de volver a recurrir a la confrontación armada. Pero se impuso, como siempre, la intransigencia y la voracidad de los intereses mezquinos de la oligarquía gobernante, a quien le pareció mas barato no invertir cinco millones de pesos en la construcción de vías de penetración, escuelas, puestos de salud y un centro de mercadeo para sus productos, sino liquidarlos físicamente por medio de la fuerza, y con ello ahogar en sangre el deseo de cambio de la mayoría de colombianos, para que el Estado continuara, sin obstáculo alguno, con su política de "tierra arrasada" contra el pueblo, expropiando los campesinos de las mejores tierras y entregando nuestras riquezas y soberanía a los más oscuros intereses del capital transnacional, liderado por el Fondo Monetario Internacional.
Sólo en el Gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986), fue posible desarrollar los primeros Diálogos Gobierno-FARC-EP y firmaron las dos partes en la Mesa, los Acuerdos de la Uribe. Acuerdos que produjeron simpatía y esperanza en casi todos los sectores sociales de nuestro país, porque a pesar de las trabas puestas por los militaristas enemigos acérrimos de los Diálogos y la salida política, el 28 de mayo del 1984, se firmó el primer Cese de Fuegos bilateral, anunciado simultáneamente por el Presidente de la Republica Belisario Betancourt y por el Comandante en Jefe de las FARC-EP Manuel Marulanda Vélez. Con posterioridad al Cese de Fuegos, nace como resultado de los Acuerdos de la Uribe, una nueva fuerza política en el país: la Unión Patriótica, Movimiento político pluralista creado para aglutinar los mas variados sectores sociales y populares, interesados en contribuir a darle apoyo real de masas a los Diálogos y a los Acuerdos, que en adelante surgieran de la Mesa, producto de las conversaciones entre Gobierno-FARC.
Los militaristas tanto de uniforme como de civil, desde los tres Poderes del Estado y fuera de él, opusieron sus oligárquicos intereses en obstaculizar el cumplimiento por parte del Estado de los Acuerdos firmados por las partes, acudiendo para ello, a los asesinatos selectivos, a las masacres, las desapariciones, amenazas y torturas de los integrantes y dirigentes del Movimiento político Unión Patriótica, del Partido Comunista, de dirigentes sindicales y populares. Este plan de exterminio contra el pueblo y sus dirigentes se llamó en los países del Cono Sur: Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, que también lo vivieron,"Guerra Sucia", para significar el terrorismo desatado por el propio Estado, dentro de una concepción contra insurgente, diseñada por el Pentágono y la CIA Norte Americana con el fin de evitar que se repita en el continente americano, otra revolución socialista, como la cubana.
La operación de exterminio denominada por el Alto Mando Militar "Centauro" en diciembre de 1990, contra el Secretariado de las FARC-EP, en Casa Verde, ordenada por Cesar Gaviria Trujillo, Presidente de la época, terminó repentinamente con el proceso de Diálogos, iniciado con el Gobierno de Belisario Betancourt. La clase gobernante en el poder consideró llegado el momento de doblegar militarmente a la guerrilla, aplicándole la fórmula del ex presidente Alfonso López Michelsen, quien dijo:" A la guerrilla hay que derrotarla primero y después sentarla a conversar", para así, imponerle a la insurgencia su política de Estado. Cuando ya consideraron que habíamos sido ablandados militarmente, ofrecieron nuevamente Diálogos. Fuimos a Cravo Norte, luego llegamos a Caracas y terminamos en Tlaxcala, México, en otra demostración de nuestra invariable voluntad hacia la consecución de una salida política al conflicto social y armado. El Gobierno Gaviria, unilateralmente determinó suspender las conversaciones con la guerrilla, tomando como pretexto que ésta no tenía voluntad política, porque durante los Diálogos hubo contundente respuesta militar de la insurgencia a los intensos operativos de las fuerzas militares contra las unidades guerrilleras. El Gobierno, la clase gobernante y sus Fuerzas Militares, esperaban la rendición y la entrega del Movimiento guerrillero.
El Gobierno de Ernesto Samper, ofreció a las FARC-EP, Diálogos en medio de la guerra. Las FARC-EP expresaron su disposición de dialogar con el nuevo Presidente siempre y cuando se desmilitarizara el municipio de la Uribe (en el departamento del Meta). Pero las Fuerzas Militares, en cabeza del entonces General Harold Bedoya, se opusieron y amenazaron con dar Golpe de Estado, si el Presidente aceptaba la petición de las FARC. Samper que conocía perfectamente la grave crisis que para su Administración significaba la presencia de millones de dólares del narcotráfico en su campaña presidencial, no tuvo fuerza ni voluntad de enfrentar a quienes se opusieron a los Diálogos y al igual que Gaviria, declaró la Conmoción Interior y la Guerra total contra el pueblo y sus organizaciones revolucionarias y populares. Fueron otros cuatros años de dura confrontación política-militar contra el Estado y sus organismos represivos.
El mismo Comandante en Jefe de las FARC-EP en carta dirigida al Presidente de Costa Rica, José María Figueres y Augusto Ramírez Ocampo, anunció la disposición de su Organización guerrillera de dialogar en Colombia, con el Gobierno que desmilitarizara cuatro municipios en el Meta: La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa. Quienes ya habían rechazado la propuesta de desmilitarizar la Urbe, consideraron descabellado y divorciado de realismo político la nueva propuesta de las FARC.
El Pleno del Estado Mayor Central, realizado en noviembre de 1997, determinó exigir del Gobierno que sucediera a Samper, la desmilitarización, no de cuatro, sino de cinco municipios: San Vicente del Caguán (Caquetá), la Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en el Meta; así como el desmonte de los grupos paramilitares, como condición para adelantar Diálogos hacia la búsqueda de la paz con justicia social. Estas dos condiciones para los Diálogos ya se habían dado a conocer al país y al mundo, por el Jefe de las FARC-EP, en el documento central leído públicamente en Cartagena del Chairá, a través de medios de comunicaciones nacionales y extranjeros, el día de la entrega de 70 militares hechos prisioneros de guerra en la toma de la Base de las Delicias y en Juradó, Chocó.
El Presidente Pastrana durante su campaña electoral asumió el compromiso con quienes votaran por él, de liderar, en persona, los Diálogos y ofreció desmilitarizar los cinco municipios exigidos por las FARC-EP. Una vez elegido el nuevo Jefe del Estado y el Gobierno, aun sin posesionarse, tuvo una entrevista con el Jefe de las FARC, para definir detalles sobre las dos condiciones: Desmilitarización de los cinco municipios y el desmonte de los grupos paramilitares organizados por el Estado. En esta ocasión el Presidente contaba al Comandante Marulanda, de cómo pensaba resolver los distintos problemas sociales y económicos que afectaban al país. Entonces el Comandante Marulanda le dice: " Señor Presidente, nosotros le creemos todo lo que usted esta diciendo, pero hay un problema,"cómo piensa resolver usted el problema del paramilitarismo, ya que ahí están metidos oficiales y suboficiales?. A lo que el Presidente respondió: "Utilizaré para ello todos los instrumentos del Estado".
Sobre la base del cumplimiento de esos compromisos se iniciaron los Diálogos Gobierno-FARC-EP. El 7 de enero de 1999, en San Vicente del Caguán, se realizó el acto de instalación el que contó con la presencia del propio jefe del Estado y varios altos funcionarios de su Gobierno, como también de importantes delegaciones nacionales e internacionales. El Comandante en jefe de las FARC-EP, no pudo asistir, porque se descubrió un siniestro plan de la inteligencia militar, para asesinarlo a él y si fuere necesario, también al Presidente Pastrana; lo que hubiera terminado con el proceso de Diálogos antes de empezar y sumergido al país en una tragedia más, de impredecibles consecuencias.
Dos días después de instalada la Mesa Nacional de los Diálogos, la prensa dio cuenta de más de 200 colombianos, civiles indefensos, asesinados por las organizaciones paramilitares en distintos lugares de la geografía Patria. En rechazo a éste baño de sangre de compatriotas inocentes, las FARC-EP decidieron Congelar los Diálogos hasta que el Gobierno demostrara resultados satisfactorios en el combate contra el paramilitarismo estatal.
Sin antes obtener del Gobierno resultados satisfactorios contra el paramilitarismo, las FARC-EP tomaron la decisión de descongelar los Diálogos, entregándole al Alto Comisionado para la Paz, un largo listado de militares, políticos, ganaderos, congresistas, empresarios, latifundistas, narcotraficantes y terratenientes claramente comprometidos con el terrorismo de Estado, en contra de la oposición política al Régimen gobernante.
Descongelamos y regresamos a la Mesa de Diálogos con el único interés de avanzar en la elaboración de la Agenda Común y dar tiempo a que el Gobierno emprendiera acciones militares, jurídicas y políticas, encaminadas a diezmar las bandas paramilitares y de romper su reconocido vínculo con las Fuerzas Militares y de Policía, para imprimirle confianza y fortaleza al proceso de Diálogos y Negociación.
Con gran esfuerzo las partes en la Mesa de Diálogos lograron conformar y firmar la Agenda Común Por el Cambio hacia la Nueva Colombia, con 12 temas fundamentales, a tratar en la búsqueda de soluciones de fondo a la crisis nacional y con el fin de garantizar la participación de diversos sectores sociales y populares, fue creado el Comité Temático Nacional con representación numéricamente igual del Gobierno y las FARC-EP. Las funciones de esta nueva instancia eran: Coordinar la realización de las Audiencias Públicas, servir de vínculo entre la Mesa y todos los sectores sociales interesados; y resumir el conjunto de propuestas recogidas en las Audiencias, para presentarlas a la Mesa de Diálogos.
Después de darle a conocer al país y a la Comunidad Internacional los avances de la Mesa con la aprobación de la Agenda Común, se generaron mayores expectativas en los resultados de los Diálogos y se considero de beneficio para el proceso, organizar la Gira Internacional de la Mesa, visitando a algunos países de Europa, empezando por Suecia y Noruega, con el propósito de explicar el estado del proceso de paz, con todas sus particularidades. La gira resultó exitosa, dado que las dos partes fueron recibidas en condición de iguales y fue evidente el interés mostrado por los países visitados, por conocer interioridades de las conversaciones; así como por visitar ellos también la Zona Desmilitarizada, en un gesto recíproco, atendiendo a una invitación de la Mesa. Mientras se dinamizaba la Mesa con estos elementos políticos, el Gobierno seguía sin dar respuesta a las FARC, sobre la cantidad de crímenes cometidos por el ejército y la policía a nombre de las bandas paramilitares.
Cuando todo estaba dispuesto para la realización de la Audiencia Pública Internacional sobre sustitución de Cultivos ilícitos y Medio Ambiente, con la significativa presencia de representantes de la Comunidad Internacional, el Presidente Pastrana sin contar con las FARC, decide unilateralmente incumplir el acuerdo de la Mesa y suspende indefinidamente la Audiencia Internacional, pretextando la supuesta autoría de las FARC en el vil asesinato de doña Elvia Cortés, con un "collar bomba".Crimen de Estado perpetrado por la inteligencia gubernamental.
Superada esta provocación fraguada por los círculos militaristas gobernantes, que buscaba antes que todo evitar la realización de la Audiencia Internacional, desprestigiar a las FARC-EP y romper el proceso, logramos persuadir al Gobierno para que cumpliera el acuerdo firmado en la Mesa, de hacer la Audiencia en el mes de julio de 2000. Y así se hizo; donde la Comunidad Internacional fue testigo de la propuesta presentada por las FARC-EP al Gobierno Nacional, de desmilitarizar Cartagena del Chaira para convertirla en Municipio Piloto de la sustitución de cultivos ilícitos, ofreciendo la experiencia organizativa y la autoridad de la Organización guerrillera ante las comunidades, para evitar el mal uso de los recursos asignados a la sustitución de cultivos. En el mismo evento conocieron los invitados Internacionales las propuestas de los campesinos, quienes dijeron que la causa de que ellos cultivaran la coca, era la ausencia de una Reforma Agraria Integral, y que esos cultivos eran su unico medio de subsistencia, ante el absoluto abandono estatal. También expresaron su disposición de renunciar a ello, si el Estado les aseguraba medios dignos de supervivencia.
En el mismo año se hizo pública la propuesta de un Pleno del Estado Mayor Central de las FARC-EP, de Legalizar las Drogas, con el objetivo de aportar elementos concretos de solución definitivos al fenómeno del tráfico de alucinógenos a nivel global. De esta propuesta tampoco hubo respuesta oficial del Gobierno, porque el aceptarla implicaba dejar de recibir millonarios recursos del Plan Colombia y no tendría manera de justificar la guerra, que hoy lidera contra el pueblo y sus organizaciones, pretextando el combate al "narcotráfico y al terrorismo", ni podría acusar a las FARC-EP de participación en el tráfico de drogas.
Los representantes de los Países Amigos, por haber participado en calidad de Facilitadores durante el proceso de Diálogos y Negociación, también fueron testigos de nuestra permanente disposición a discutir las propuestas políticas, económicas y sociales contenidas en la Agenda Común por el Cambio Hacia la Nueva Colombia, firmada por las dos partes en la Mesa Nacional de Diálogos y Negociación. Así como la propuesta presentada a la Mesa por las FARC-EP, de subsidiar transitoriamente a los desempleados, mientras se buscaba el consenso para firmar el acuerdo referido a erradicar gradualmente el desempleo.
El Gobierno del señor Pastrana nunca tuvo una política de paz, sino una verdadera estrategia de guerra contra el pueblo y sus organizaciones populares. Para lo cual se apoyó en la política paramilitar del Estado, estimulada y alimentada con los recursos provenientes del intervencionista Plan Colombia, proporcionados por el Gobierno de los Estados Unidos. Todo lo anterior sin excluir, la responsabilidad que también tienen los candidatos presidenciales del bipartidismo liberal-conservador: Uribe Vélez, Horacio Serpa y Noemí Sanin, quienes de manera sistemática y malintencionada se dedicaron a torpedear el proceso de paz; también sectores del empresariado, de la Iglesia Católica colombiana, de las Fuerzas Militares, de Policía y los principales medios de comunicación.
Sin embargo, cabe destacar el Acuerdo Humanitario alcanzado con el Gobierno Pastrana, gracias al cual recuperaron la libertad 360 uniformados del ejército y la policía y 14 guerrilleros, que también estaban privados de la libertad en las cárceles del Sistema. La importante ceremonia pública para entregar y recibir los prisioneros se hizo con nutrida presencia de la Comunidad Internacional, Cruz Roja Internacional, Naciones Unidas, el Vaticano, la Iglesia Católica colombiana, familiares de los prisioneros, población de los cinco municipios y los medios de comunicación. Este Acuerdo se logra después de que el propio Jefe de las FARC-EP, hiciera permanentes e infructuosas gestiones ante los tres poderes del Estado, sobre la necesidad de aprobar una Ley de Canje transitoria o permanente, que permitiera liberar la totalidad de los prisioneros de guerra en poder de las dos partes.
En la propuesta de Canje, en la de subsidiar a los desempleados y en la de sustitución de cultivos ilícitos en el Municipio de Cartagena del Chairá, el Estado y sus Negociadores mostraron intransigencia y mezquindad, y una absoluta ausencia de iniciativa y voluntad política.
La evidente negativa del Gobierno de asumir su responsabilidad en el combate contra el paramilitarismo, obligó a las FARC, por segunda vez a Congelar los Diálogos, para darle tiempo al Gobierno de cumplir con su compromiso, mostrando resultados concretos en esta lucha.
En la tercera entrevista del Presidente Pastrana con el Comandante Marulanda, se firmó el Acuerdo de los Pozos, compuesto por 13 puntos, pero de todos ellos, vale la pena por su importancia, referirse a dos: el número 3 y el 10. El número tres dice "El Gobierno y las FARC Ejército del Pueblo coinciden en la importancia de avanzar en las discusiones sobre los mecanismos para acabar el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto. Para tal efecto, la Mesa de Diálogo y Negociación creará una comisión con personalidades nacionales que le formulen recomendaciones en estas dos direcciones". Resultado de lo anterior accedimos nuevamente a Descongelar los Diálogos y la Negociación, para continuar la discusión de los temas de la Agenda Común y desarrollar los 13 puntos del Acuerdo de los Pozos.
El número 10 del Acuerdo de los Pozos dice: "Las FARC-Ejército del Pueblo no se oponen a los proyectos de erradicación manual y de sustitución de cultivos ilícitos, pero reiteran que un proceso tal, debe adelantarse de común acuerdo con las comunidades. El Gobierno Nacional y las FARC coincidimos en la importancia estratégica de trabajar en la protección y la recuperación del medio ambiente". Este Acuerdo fue incumplido por el señor Presidente, porque, lejos de concertar con las comunidades la erradicación manual de los cultivos ilícitos, la fumigación aérea se intensificó, volviéndose indiscriminada, lo que afectó todos los cultivos de plátano, yuca, maíz, etc de los campesinos del Sur del País, fuera de los irreparables daños ecológicos causados al medio ambiente. Cuando públicamente le exigimos al Presidente que cumpliera la acordado, respondió, también públicamente, fue la Embajadora de Estados Unidos Anne Patersson, quien dijo, que su país no suspendería las fumigaciones.
La Mesa, en base al punto tres del Acuerdo de los Pozos, nombró una Comisión de cuatro Personalidades encargada de formular recomendaciones a las partes en la Mesa, para acabar el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto. Estas recomendaciones no obligaban a las partes a hacerlas suyas. La Mesa en pleno las recibiría para su intercambio y estudio por cada una de las partes y después de hacer cada sus respectivas consultas internas, se daría la discusión en la Mesa, donde cada parte sentaría su posición con relación a las propuestas consignadas en el documentos de las Personalidades. Transcurrieron varios meses sin que el Gobierno se interesara en el análisis y la discusión colectiva de las recomendaciones. En cambio, se limitó a decir a través de los medios de comunicación, que la propuesta de la Comisión de Personalidades debería acogerse por las partes integralmente, sin antes abordar el intercambio de opiniones entre las dos partes como fue el acuerdo. Después difundieron la mentira, de que mientras el Gobierno aceptaba sin objeciones las recomendaciones de los Notables, las FARC-EP las rechazaban totalmente.
Mientras todo lo anterior ocurría, el Presidente de la Republica afirmaba de manera obsesiva y desafiante en todos los eventos que presidía y en todas las alocuciones que disponía de unas Fuerzas Militares altamente preparadas para la guerra, con inmensos recursos provenientes del Plan Colombia, para garantizar la capacidad combativa de sus tropas, en caso de que las FARC se negaran a hacer gestos unilaterales de paz. A las anteriores amenazas del Jefe del Estado se sumaron una serie de presiones de la casta gobernante contra la Zona desmilitarizada, los Diálogos y las FARC-EP; luego vinieron los hechos del 11 de septiembre, en Estados Unidos, con lo que pensaron los del Gobierno y la Oligarquía llegado el momento de presionar a las FARC, con mayor dureza, para obligarlas a hacer concesiones de principios, y sino hacerlas levantar de la Mesa, y responsabilizarlas de la ruptura de las conversaciones. Las FARC-EP que conocían la maniobra gubernamental no cayeron en la trampa: No se dejaron provocar.
El señor Presidente Pastrana, lo mismo que los gobernantes que le antecedieron exigió desarrollar las conversaciones en medio del conflicto, sin embargo, el 20 de febrero del año en curso, de forma unilateral determinó la ruptura definitiva de las conversaciones y la cancelación de la Zona Desmilitarizada convenida por las dos partes, tomando como motivo el desvío de un avión y la retención de un congresista, por la Columna Teófilo Forero de las FARC-EP.
Durante el proceso de conversaciones hacia la paz, que duró tres años y medio, el propio Presidente Pastrana, en foros nacionales e internacionales, defendió el carácter político de las FARC-EP y apenas él rompió los diálogos convierte por arte de magia, a las mismas FARC-EP, en "terroristas"; como si el carácter político de nuestra organización dependiera del estado emocional del gobernante de turno, y no de 38 años de lucha política-militar al lado del pueblo por conquistar cambios en las estructuras del Estado y en las esferas políticas, económicas y sociales de nuestra patria.
Las FARC-EP, sin pausa ni desmayo continuarán hoy, al igual que hace 38 años, su invariable política de buscar los Diálogos hacia la paz con justicia social, utilizando las únicas formas de lucha que el Régimen oligárquico les ha impuesto, hasta conquistar el poder político para construir una sociedad sin explotadores ni explotados, donde prevalezca la justicia social, se respete nuestra soberanía y reine la armonía en las relaciones con todos los países, fundamentada en la libre autodeterminación de los pueblos.
En este 38 aniversario de las FARC-EP rendimos un sentido y combativo homenaje a todos los marquetalianos, quienes, con su sangre y sacrificio contribuyeron a crear sólidas bases para la construcción de la Nueva Colombia; igualmente recordamos a todos los combatientes caídos en el cumplimiento de misiones, y a todos nuestro presos políticos, que han tenido el suficiente temple revolucionario, para convertir las cárceles del Régimen, en trincheras ideológicas de combate. A los familiares de los camaradas caídos en combate, nuestras mas sinceras condolencias, y a los camaradas presos y a sus familiares, nuestra voz de aliento y esperanza. A los mandos y combatientes felicitaciones por nuestro día y recordarles, la obligatoriedad moral que tenemos como revolucionarios, con nuestro pueblo y nuestra Organización de ser cada día mejores combatientes, más disciplinados y cumplir los planes y tareas emanados por los organismos superiores, con iniciativa y abnegación convencidos, que cada uno de nosotros es un modesto albañil en la construcción de la Nueva Colombia.

Anexo III: ALCA
Al examinar las propuestas públicas del ALCA, porque muchas se mantienen en secreto a pesar de afectar gravemente la vida de las comunidades, encontramos clausulas que apuntan a:

- Establecer en la región el "derecho a la libre inversión" que le permite a las empresas demandar a los gobiernos por la adopción de politicas sociales que disminuyan sus beneficios.
- Establecer Tribunales Comerciales que sustituyan los jueces y las cortes nacionales.
- Desregular y privatizar los servicios y bienes públicos que aun queden.
- Imponer el dólar como moneda unica en toda la América Latina y lograr que la Reserva Federal de los Estados Unidos dicte la politica monetaria de cada uno de nuestros paises.Este proceso ya se ha puesto en marcha aún sin ALCA.
- Eliminación de barreras arancelarias y prohibición de politicas estatales orientadas a favorecer el uso de bienes nacionales o el desarrollo local y sectorial.
- Obligar a abrir las compras y contrataciones estatales a todas las empresas del continente.
- Expandir el derecho de propiedad intelectual que permite patentar nuestra biodiversidad y nuestros saberes tradicionales, facilitando el lucro de las corporaciones multinacionales de medicamentos.

En este momento la agricultura norteamericana recibe subsidios por valor de ochentamil millones de dólares. Como el principal sector estadounidense en una economía regional sin barreras sería la agricultura, se creará, claro, una excepción, esos subsidios se mantendrán con una excusa u otra. Con estos subsidios y la licencia para operar químicos y cultivos transgenicos que dañan la salud humana será casi imposible para nuestros agricultores enfrentar la competencia de los productores estadounidenses y se deteriorara aun más nuestra soberanía alimentaria.
Con estas normas, condiciones y plazos es que se pretende unir la economía de los Estados Unidos, la súper potencia industrial, tecnológica y financiera, con las economías de nuestros países que padecen la pobreza y dependen de los dictados del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial instituciones financieras controladas y dirigidas por los mismos Estados Unidos. Es por estos sentidos y condiciones que el ALCA ha sido definido como el "proyecto de integración entre el tiburón y las sardinas".Así el ALCA significa la anexión arrasadora y definitiva de la América Latina a los Estados Unidos, la perdida de nuestra tierra para ser destruida por la voracidad de las multinacionales, la condena de nuestra gente a un horror aun mas grande y terrible, agudizando el sufrimiento de los que ya se encuentran en la pobreza y la indigencia y lanzando a enormes franjas de la población al infierno del desempleo y la miseria; para los que queden con los pocos puestos temporales que existirán y los oficios mas despreciados y riesgosos, la condición será la de esclavitud sumisa a los dictados y deseos de los amos de las corporaciones multinacionales estadounidenses y sus reducidas burocracias estatales que de cuando en cuando revisaran la eficacia de los controles.
Para poner en marcha este ALCA que afecta de manera directa y brutal la vida cotidiana de las poblaciones, se pretende impedir que los pueblos sepan , comprendan y participen directamente en la aceptación o rechazo del Acuerdo.
Es por esto que estamos abriendo la comunicación y organizando este plebiscito para que sean los pueblos los que se pronuncien de forma directa y clara sobre los asuntos que nos afectan en la vida cotidiana.

ALCA: Una necesidad estratégica de los Estados Unidos

Después de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 el Comité de Medios y Árbitros de la Cámara de Representantes aprobó el fast-track. ¿ Por qué tanta urgencia? Podríamos decir. En el discurso oficial, las razones parecen, como siempre, idealistas y hasta filantrópicas; en la realidad, los problemas y necesidades de América Latina no cuentan a la hora del balance de los grandes intereses de la superpotencia. La premura se explica porque Estados Unidos necesita descargar el peso de su propia crisis sobre los hombros de América Latina. El ALCA nació en otro contexto histórico, en 1994, en plena onda expansiva de la euforia del capital.
Ahora el sistema muestra síntomas de agotamiento. No es sólo un problema que afecta a los Estados Unidos de América. Japón se sumió en 1992 en una crisis del sector inmobiliario que se contagió a las finanzas y, desde entonces, la segunda economía mundial no termina de levantarse. México se derrumbó en 1994, los Tigres Asiáticos en 1997, Rusia en 1998, Brasil en 1999 y Argentina, el modelo de Washington, vive el peor momento de su historia. En los propios Estados Unidos "caen el PIB, la producción industrial, las inversiones, la confianza del consumidor, las ventas, las ganancias empresariales y la Bolsa. Aumentan el desempleo, el déficit externo y el pánico." Estados Unidos busca consolidar América Latina como su región exclusiva de dominio, frente a la competencia Europea y Asiática, aprovechando los recursos naturales y la fuerza de trabajo barata de la región, desbaratando los avances productivos que habían logrado históricamente para convertirlos en un mercado de importación y consumo.

LA ARTICULACIÓN DEL PLAN COLOMBIA CON EL ALCA

En las preocupaciones norteamericanas, expresadas en el borrador del ALCA, ocupan un importante espacio los problemas de seguridad. La agenda es explícita, el ALCA busca combatir el narcotráfico, el tráfico de armas, la corrupción, las migraciones, el terrorismo. La forma en que darán ese combate es mediante la creciente militarización de la sociedad que, tarde o temprano, desemboca en una guerra de baja intensidad contra los enemigos que ha elegido unilateralmente el poderoso imperio. Ahora mismo, a fines de febrero del 2002, luego de más de tres años de combate a las drogas en Colombia, las caretas ruedan por el suelo, los gestos de Pastrana se parecen cada vez más a los de su homólogo norteamericano y el lenguaje de las bombas y los fusiles se impone sobre los que soñaron en la posibilidad de una paz negociada y pacífica.
El ALCA, entonces, no puede prescindir de un elemento central de la actual estrategia de dominación norteamericana para América Latina: la guerra contra la cocaína. Pues la guerra contra las drogas: "Al criminalizar todo el proceso... permite que desaparezcan todas las tensiones estructurales, se despoliticen y vacíen de contenido el problema de la injusticia, el desarraigo, la falta de oportunidades, la miseria, los privilegios, etc., mientras se ofrece la oportunidad de reforzar los sectores militares brindándoles una relación privilegiada con Estados Unidos, permitiendo la unificación de los ejércitos en su fase de formación, en el desarrollo de las operaciones, compartiendo los mismos ideales, objetivos, preceptos morales".

EL APOYO DE LAS CLASES DOMINANTES LATINOAMERICANAS.

El agotamiento del modelo desarrollista de la CEPAL en los años 70, la explosión de la deuda externa en los 80 y la imposición del Consenso de Washington en los 90, han determinado un debilitamiento extremo de los mínimos resquicios de autonomía que, en otros momentos, demostraron algunos sectores de la clase dominante Latinoamericana. En la actualidad, las diversas fracciones de la burguesía del continente, han optado, como mecanismos de vida, por el malinchismo y la sumisión de Felipillo. La hoja de parra que cubre sus miserias es la globalización, pero, en el fondo, saben que sus últimas boyas se juegan en la completa identidad con las imposiciones y los intereses de la burguesía metropolitana, esa es la raíz del apoyo a los procesos de dolarización, al Plan Colombia y la Iniciativa Radical Andina, al Mercado Común de las Américas. Lo hemos dicho en otros ácapites de este libro, las excepciones honrosas, son la Cuba de Fidel Castro, el Presidente Hugo Chávez de Venezuela y Fernando Enrique Cardoso del Brasil que han advertido que, si se mantiene el actual esquema del ALCA, Brasil no participará.
Los otros grupos de apoyo al actual esquema del ALCA son las grandes empresas transnacionales y la burguesía monopolista norteamericana que serían las principales beneficiarias del mercado ampliado.

Ecuador: Punta de lanza del ALCA

El Presidente Gustavo Noboa, en su informe ante el Congreso Nacional (15/01/2002), presentó como uno de los logros de su gobierno el tener la presidencia del ALCA, a la vez que advirtió que: "El proceso de integración de la Comunidad Andina (CAN) debe salir de su estancamiento", declaraciones aparentemente intrascendentes e inconexas, de no mediar acciones inmediatas de especial importancia que descubren la verdadera intencionalidad que se escondía tras tan "inocentes" declaraciones: el retiro del Ecuador del CAN, para forzar la marcha del Ecuador hacia el ALCA.
Efectivamente, tres días luego del mencionado informe presidencial, el Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador Heinz Moeller encabezaba en México la delegación para la Primera Reunión del Mecanismo Bilateral de Consultas en Materia de Interés Mutuo, en la cual, bajo la premisa de que: "resulta prioritario para ambos países incrementar los intercambios de bienes y servicios en un marco de certidumbre y confianza", el Canciller Moeller, con su homólogo mexicano Jorge Castañeda, acordaban iniciar de inmediato las negociaciones de un Tratado Bilateral de Libre Comercio[1], tipo de tratados que eliminan todas las restricciones arancelarias y paraarancelarias entre los suscriptores, manteniendo sus aranceles individuales frente a países ajenos al tratado, por lo que, de suscribirse, colocará en entredicho la permanencia del Ecuador en el CAN.
La declaración de que: "El proceso de integración de la Comunidad Andina (CAN) debe salir de su estancamiento", se convierte entonces en una amenaza, o sale del estancamiento o nuestra permanencia debe ser cuestionada, posición similar a la adoptada por el gobierno de Pinochet, con antelación a su salida del CAN, entonces denominado Pacto Andino.
A justificar la salida del Ecuador del CAN igualmente se orientan las declaraciones del Ministro Moeller, cuando señalaba que ante la "cascada de devaluaciones" de los países miembros del CAN, (como medida defensiva ante la devaluación de Argentina), y la imposibilidad de Ecuador de optar por una similar medida a causa de la dolarización, el Ecuador demandaría de los otros miembros del CAN un tratamiento preferencial, ya que, el Ministro Moeller bien conoce que es imposible que el CAN conceda las preferencias solicitadas, mediante un tratamiento arancelario en el corto plazo o a través de precios preferenciales, en este caso por razones legales que hacen a la situación de "dumping" que de ello se derivaría. La disyuntiva inviable planteada por el Ministro Moeller, entonces, solo se constituye en otro argumento para justificar la salida del Ecuador del CAN.
La firma de un tratado de libre comercio del Ecuador con México, al propiciar las condiciones para la salida del Ecuador del CAN, forzará la marcha del Ecuador hacia el ALCA, si se recuerda que México es parte del NAFTA (acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá), lo que conlleva a una real, aunque no oficial, adscripción a ese tratado.
En esa perspectiva las declaraciones del Ministro Moeller de que coincide con las prevenciones del Brasil respecto al ALCA, solo se constituyen en una acción de distracción ante los requerimientos de la opinión pública del Ecuador, que adquieren cada vez mayor fuerza, para que se revea la posición que se advierte en el gobierno de Noboa Bejarano, el integrar al Ecuador sin cortapisa alguna al ALCA, desestimando incluso la posición del Banco Mundial, organismo que a través de declaraciones de Nicholas Stern, su Economista-Jefe, expresa que:
"La globalización no es un juego inocente. Los países sólo deben abrir sus economías en los sectores en los que saben que son competitivos", precisando que: "El Brasil y otros países en desarrollo deben procurar abrir sus economías en aquello en que les es ventajoso comercialmente"[2], posición que, necesariamente, contraría la del gobierno ecuatoriano, adoptada en su afán por servir obsecuentemente a los intereses del imperialismo norteamericano.
La próxima visita oficial al Ecuador que realizará el Presidente de Chile Ricardo Lagos Escobar en el mes de marzo próximo, vista la posición del Presidente "socialista" chileno ante el ALCA y el NAFTA[3], seguramente proporcionará luces adicionales sobre la intención del gobierno ecuatoriano de avanzar en tratados bilaterales de libre comercio, mecanismo elegido para profundizar el entredicho con la Comunidad Andina, que termine por justificar la salida del Ecuador del CAN, para con ello, tener el camino expedito para acelerar, forzar la marcha hacia el ALCA.
Todo anuncia que la visita de Ricardo Lagos Escobar se inscribirá en la línea antes mencionada, si se recuerda, por ejemplo, las declaraciones de Soledad Alvear (Ministra de RR.EE. de Chile), luego de conocida la aprobación de la "vía rápida", en las que afirmaba que: "el país está más cerca que nunca de alcanzar un acuerdo de libre comercio con EE.UU. Es una señal importante, un paso que da cuenta al mundo de la liberalización comercial, la importancia que EE.UU. le atribuye a este tema y lo más cerca que estamos de alcanzar un acuerdo de libre comercio", agregando que: "es probable pensar que dentro del primer semestre podamos tener un Tratado de Libre Comercio con EE.UU."[4], tratado de libre comercio entre Chile y EE.UU. visto como un trampolín hacia el ALCA, como lo afirma Carlos Fazio.
Si se concretan las firmas de los anunciados tratados de libre comercio Ecuador-México y Chile-EE.UU, y el previsible tratado de libre comercio Ecuador-Chile, se habrá allanado de forma muy importante el camino hacia el ALCA y se descubrirá la estrategia diseñada por el imperialismo norteamericano para alcanzar sus designios: el disponer de dos puntas de lanza al interior de los dos acuerdo subregionales más importantes de América Latina: el Ecuador en la Comunidad Andina de Naciones y Chile en el MERCOSUR.
El gobierno ecuatoriano, entonces, si tendrá motivos para "enorgullecerse" de ostentar la Presidencia del ALCA, puesto que habrá cumplido su rol de "encomendero" del imperio en la CAN, habrá colocado definitivamente al Ecuador en el carril del ALCA, todo ello, por cierto, a costa de situar al Ecuador "ad portas" de un nuevo desastre nacional propiciado por la inevitable destrucción del aparato productivo que generará el ALCA, como es previsible dadas la diferencia tecnológicas y de productividad, así como por las dimensiones de su economía, la que, por ejemplo, es 500 (QUINIENTAS) menor que la de los Estados Unidos, a todo lo cual se suma la constante pérdida de competitividad respecto a los países vecinos a causa del tipo de cambio fijo que establece la dolarización, como lo advierte el gobierno de Noboa Bejarano a través de su ministro de Relaciones Exteriores.

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[1] Véase el despacho de ANSA: "Ecuador y México caminan a su Tratado de Libre Comercio", Diario El Comercio, Quito, Ecuador, 19/01/2002.

[2] Entrevista con Nicolas Stern, Economista-Jefe del Banco Mundial, publicada en el Folha de Sao Paulo, Diciembre 2001

[3] Es decidor respecto a la posición de Lagos Escobar, el que su hijo Ricardo Lagos Weber, sea considerado uno de los más connotados lobbystas de Chile, para la aprobación del Trade Promotion Authority (TPA) (igualmente conocida como Fast Track o vía rápida).

[4] Véase Arnaldo Pérez Guerra: "Chile el trampolín de Bush (y Lagos) para el ALCA", publicado en "La Insignia", 13 de diciembre de 2001.
(Tomado de http://www.rebelion.org/) 30 de enero del 2002

El ALCA dentro de la estrategia hegemónica de Estados Unidos

Dr. Carlos Alzugaray Treto, Profesor Titular, Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García.

Un conjunto de factores económicos, sociales y políticos influyeron en la situación creada en América Latina y el Caribe a partir de 1989, cuando el fin de la bipolaridad estratégica ofreció significativas oportunidades para que los Estados Unidos rediseñaran su estrategia hegemónica de dominación sobre la región. Ante todo, debe tenerse en cuenta que en ese diseño han estado presentes al menos cuatro factores estructurales tradicionales:

1) La voluntad de excluir la influencia y/o presencia de cualquier competidor global que pudiera poner en peligro la primacía de los Estados Unidos como potencia preponderante en el Hemisferio Occidental tanto en lo económico como en lo político y militar.

2) La conquista de posiciones preferenciales para el comercio de los Estados Unidos con la región y para las inversiones de corporaciones multinacionales norteamericanas y, en consecuencia, el rechazo y derribo de cualquier proyecto social que, como la Revolución Cubana, intentara liberar a algún país del pesado fardo de la dependencia económica.

3) El profundo menosprecio por la identidad cultural y nacional latinoamericana y caribeña. El Profesor Lars Schoultz, de la Universidad de Carolina del Norte, ha demostrado fehacientemente, mediante el amplio uso de documentos diplomáticos confidenciales en archivos norteamericanos, que la creencia en la "inferioridad latinoamericana constituye el núcleo esencial de la política de los Estados Unidos porque determina los pasos precisas que los Estados Unidos dan para proteger sus intereses en la región." [1]

4) El uso unilateral de la coerción y la fuerza como instrumentos preferidos de política para el logro de sus fines. Un académico tan poco sospechoso de prejuicios anti-norteamericanos como Jorge Domínguez lo ha reconocido así en un reciente trabajo sobre el futuro de las relaciones interamericanas. [2]

El fin de la bipolaridad estratégica mundial por abandono de uno de los dos contendientes, la Unión Soviética, no encontró a los Estados Unidos en la mejor posición económica. Plagados por un déficit crónico en su balanza de comercial y de pagos y afectados por serios problemas económicos y sociales domésticos, los Estados Unidos debían enfrentar el creciente desafío que representaban la Unión Europea y Japón.
La agenda de las relaciones interamericanas a la altura de 1989 era bien compleja. No puede olvidarse que los años entre 1980 y 1989 se habían caracterizado por crecientes índices de deterioro económico y social en América Latina y el Caribe, agudizados por la crisis de la deuda, por lo que se le había calificado como la "década perdida". Aunque la región vivía un momento de auge de gobiernos formalmente democráticos al estilo burgués, parecía que la mayor parte de las dictaduras militares prevalecientes en la década anterior habían optado por entregar el poder a los civiles, conscientes de la gravedad de los problemas, muchos de ellos insolubles. El producto interno bruto per cápìta había caído un 8 por ciento por debajo del de 1981. La inflación promediaba el 758 por ciento. La deuda externa total excedía los 400 mil millones de dólares. El servicio de esa deuda había costado a la región una pérdida neta de capitales de 180 mil millones de dólares entre 1982 y 1988.
La administración de George Bush (padre) enfrentaba tres desafíos concretos, heredados de la etapa de Ronald Reagan. El primero de ellos era el de poner fin a la Revolución Sandinista. El segundo era el creciente conflicto con el gobierno del General Noriega en Panamá, el cual se negaba a aceptar la imposición norteamericana. El tercero era el del narcotráfico. La desaparición del campo socialista y de la Unión Soviética abrirían el camino para solucionar los dos primeros problemas de manera favorable para los Estados Unidos entre 1989 y 1990. El tercero era, y es, prácticamente insoluble para un gobierno como el norteamericano, que se niega a reconocer que su política es parte del problema y no de la solución.
La contradicción era evidente. Para América Latina y el Caribe el problema prioritario de la agenda interamericana era el económico y, en particular, el de la deuda. Para los Estados Unidos la seguridad nacional seguía siendo el asunto de mayor urgencia, interpretado ese concepto en términos neomonroistas.

Si, por un lado, el contexto económico doméstico e internacional obligaba a la administración Bush a seguir una política comercial más agresiva - no debe olvidarse el estancamiento de las negociaciones de la Ronda Uruguay - tampoco puede descontarse que por esos años la élite del poder norteamericana vivía un momento de euforia política a causa de la inesperada y acelerada decadencia y hundimiento de la Unión Soviética. Estas condiciones, que se reflejaban en América Latina y el Caribe en la facilidad con que los Estados Unidos invadieron y ocuparon Panamá en diciembre de 1989 y en la derrota del Frente Sandinista en las elecciones generales de 1990 en Nicaragua, creaban las premisas necesarias para la adopción de iniciativas políticas hegemónicas.
Aunque en el plano económico la administración de Bush será recordada sobre todo por el lanzamiento de la Iniciativa para las Américas en 1990 y la conclusión exitosa de la primera etapa negociadora para la firma del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (ALCAN o NAFTA, como se le conoce más comúnmente), debe tenerse en cuenta el significativo antecedente que representó el Plan Brady, ideado en 1989 con el pretexto de buscar una solución al agudo problema de la impagable deuda externa de América Latina y el Caribe. Este proyecto, anunciado en marzo de 1989, tenía como objetivo ofrecer cierto paliativo financiero para el problema de los pagos por las obligaciones contraídas en años anteriores, pero significó la imposición, como condición sine qua non, de reformas económicas encaminadas a "liberar" las economías de los países que se acogieran al mismo.
El Plan Brady fue la base sobre la cual se erigió el llamado "Consenso de Washington" adoptado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a instancias de los Estados Unidos, como criterio estricto para el otorgamiento de nuevos préstamos a países endeudados, bajo el eufemismo de "ajuste estructural". El Consenso, formulado por John Williamson, Presidente del Banco, consistía en tres grupos de recetas:

1. Reducir y revisar el papel económico del estado disminuyendo ante todo los gastos sociales y desregulando las economías nacionales para permitir el libre juego de las fuerzas del mercado.

2. Apoyar al sector privado mediante la eliminación de subsidios, la liberalización del régimen de inversión de capitales foráneos y la privatización de las empresas públicas.

3. Revisar la política comercial, eliminando todo tipo de tarifas o barreras para las importaciones.

Aunque el Plan Brady y el Consenso de Washington fueron diseñados primariamente con el caso de México en mente, varios países latinoamericanos y caribeños se acogieron al mismo. La región en su conjunto comenzó a aplicar las medidas recomendadas, que se constituyeron en el núcleo de la agenda de reformas económicas neoliberales que caracterizaron a América Latina y el Caribe durante la década de 1990. Como ha señalado Duncan Green, estas políticas han llevado a la región a un callejón sin salida y, paradójicamente, están muy lejos de resolver el problema que las originó, el pesado fardo de la deuda externa.[3]
El 27 de junio de 1990, el Presidente Bush propuso la creación de una zona de libre comercio que se extendiera desde el Yukón hasta la Patagonia. Esta propuesta, llamada Iniciativa para las Américas[4] abarcó tres aspectos concretos: buscar la cooperación de los países latinoamericanos y caribeños en el seno de la Ronda Uruguay; ofrecer la firma de acuerdos de libre comercio con otros países o grupos de países en la región; y, si esto último no fuera posible, la firma de acuerdos marco que permitiesen negociaciones sobre aspectos de interés mutuo.
No dejan de tener razón quienes afirman que la Iniciativa para las Américas del Presidente Bush constituyó un cambio en los enfoques norteamericanos hacia la problemática hemisférica. Pero sería un error considerar que, por esa razón, constituyó un caso en el que los Estados Unidos tuvieron en consideración los intereses latinoamericanos y caribeños para diseñar su política. En este sentido, vale recordar la advertencia que hiciera el Presidente Fidel Castro en la I Cumbre Iberoamericana de Guadalajara en 1991:
"Siempre hay un canto nuevo de sirenas para los eternos navegantes en que nos hemos convertido. No hablo ya de bloqueos, guerras sucias, invasiones mercenarias o con el empleo de las fuerzas armadas de la potencia militar más poderosa de este mundo, que se han repetido escandalosamente a nuestra vista en este hemisferio durante las últimas décadas; me refiero a ilusiones como la Alianza para el Progreso, el Plan Baker, el Plan Brady, y la última de las fantasías: una Iniciativa para las Américas."[5]
El actual Canciller de México, Jorge Castañeda, en un artículo publicado en 1994, valoró así la propuesta del Presidente Bush: "Mientras que el déficit comercial de los EE.UU. se mantenía obstinadamente alto y ulteriores devaluaciones del dólar se hacían difíciles - o, en todo caso, inefectivas en la 'zona del dólar' - reducir las barreras comerciales para la exportaciones de los EE.UU. en América Latina representaba una contribución barata y rápida, si bien parcial, a la estabilización de las cuentas externas de los EE.UU. El libre comercio dentro del hemisferio, unido a una tarifa común aplicada al resto del mundo, fortalecería la competitividad de los EE.UU. sin un sacrificio doméstico inmediato."[6]
A tono con esta iniciativa, y en respuesta a crecientes demandas del Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, la administración de Bush (padre) inició y completó negociaciones para la incorporación de ese país al Tratado de Libre Comercio que ya existía entre Estados Unidos y Canadá. No obstante haber obtenido autorización del Congreso para concluir las conversaciones por "vía rápida", el tema de ALCAN o NAFTA estaría presente en las elecciones de 1992, ganadas por el candidato opositor, William F. Clinton, quien planteó durante la campaña la necesidad de reformar el acuerdo en aquellos aspectos que se referían al medio ambiente y los derechos laborales, respondiendo así a las demandas de dos influyentes grupos de cabildeo norteamericanos vinculados al Partido Demócrata.
La administración Clinton obtuvo dos tempranos éxitos en la consecución de su estrategia respecto al ALCAN. Primeramente, negoció exitosamente acuerdos complementarios en materia medioambiental y de derechos laborales. En segundo lugar, el presidente logró el apoyo congresional necesario para que se aprobara el acuerdo. Fue el así que el ALCAN o NAFTA entró en vigor el 1 de enero de 1994. A pesar de ello, México se vió afectado rápidamente por dos crisis paralelas: el levantamiento campesino de Chiapas y la crisis financiera de 1995. Esta última obligó a la administración a crear un paquete de ayuda que solventara la grave situación creada por la fuga de capitales y la caída de la moneda en el vecino sureño.
Fue en ese contexto que se desarrolló la Cumbre de Miami en diciembre de 1994.[7] Lanzada la idea por primera vez por el Vicepresidente Albert Gore durante una visita a México en diciembre de 1993, el proceso hacia la realización de la Cumbre estuvo marcado por un conjunto de disensiones internas alrededor de 3 temas comerciales entre el Ejecutivo y el Congreso: la autorización parlamentaria para la "vía rápida" en el caso de ulteriores negociaciones comerciales hemisféricas; la adopción de un programa interino de comercio que resolviera las afectaciones que produjo el ALCAN a las concesiones hechas a países del Caribe durante la administración de Reagan; y la ratificación de los acuerdos de la Ronda Uruguay. El triunfo republicano en las elecciones congresionales de 1994 dio al traste con la mayor parte del programa del Presidente y echó un cubo de agua fría sobre las perspectivas de que se aprobara la "vía rápida" con la que Clinton pretendía presentarse en la ciudad floridana.
Como ha señalado un experto norteamericano, "los dirigentes latinoamericanos consideraban que la agenda de Clinton (para la Cumbre) estaban descolocadas y eran intrusivas e irrelevantes."[8] La mayor parte de los Jefes de Estado latinoamericanos y caribeños presentes en Miami insistieron en la agenda económica, si bien es necesario señalar que pusieron especial énfasis en el logro de un área de libre comercio o ALCA, en la esperanza de que ello abriría las puertas del mercado norteamericano y atraería los capitales necesarios para su desarrollo. Los Estados Unidos, por su parte, realizaron especiales esfuerzos por obtener un acuerdo en materia de inversiones. Frente a la posición latinoamericana, sin embargo, a la delegación norteamericana no le quedó otro remedio que aceptar la meta de alcanzar un acuerdo para el 2005.[9]
Como señalara en su momento el especialista cubano Pedro Monreal, "los gobiernos de la región trataron de aprovechar la Cumbre para continuar avanzando intereses particulares en el contexto de un eventual proceso de diálogo o negociación frente a Estados Unidos; pero la agenda económica definida para la reunión está en abierta contradicción con las metas de desarrollo social que respecto a esos propios países los documentos de la Cumbre apuntan en otras partes."[10]
Poco más de dos años después, en septiembre de 1997, el Presidente Clinton, ya en su segundo período como Primer Mandatario, solicitó al Congreso la renovación de la autorización de "vía rápida" para negociaciones comerciales con otras naciones del Hemisferio. Para la administración resultaba de vital importancia obtener este éxito con vista a encarar la próxima Cumbre, fijada para Santiago de Chile en abril de 1998. Estados Unidos enfrentaba varios desafíos. Por un lado, varios proyectos latinoamericanos y caribeños de integración avanzaban y ello podría afectar los intereses norteamericanos. Por otra parte, la Unión Europea había tomado la iniciativa de pedir una Cumbre con América Latina y el Caribe y avanzaba en la negociación de acuerdos de distinto tipo con el MERCOSUR, México y Chile. Finalmente, las reformas neoliberales iniciadas a principios de la década enfrentaban cada vez mayor resistencia, una vez comprobada su inviabilidad como fórmulas para resolver los graves problemas de la región.
Como reconoció el Banco Interamericano de Desarrollo en su informe de 1997: "La persistente desigualdad en el ingreso y el lento progreso social son importantes rezones de insatisfacción con el nuevo modelo económico de América Latina. Después de una década de reformas no se observa en la región una disminución de las brechas sociales ni de los mayores niveles de pobreza que se acumularon en los ochenta."[11]
El proyecto de ley encontró inmediata resistencia de un conjunto de fuerzas políticas, pero en particular de la AFL-CIO, la mayor organización norteamericana de trabajadores. Como resultado, la administración tuvo que reconocer que no llegaría a Santiago con el deseado instrumento.
Si la Cumbre de Miami tuvo escasa repercusión, la de Santiago tuvo menos. Nuevamente se produjeron largos comunicados y documentos repitiendo lugares comunes. Algunos actores secundarios, como Canadá, intentaron imprimirle al proceso negociador cierto dinamismo, pero todo quedó pendiente de la III Cumbre a celebrarse en Québec en el 2002.
El camino recorrido desde Santiago en 1998 hasta Québec en abril del 2001 estuvo marcado por aún mayores dificultades. Por un lado, los Estados Unidos siguieron demostrando más interés en temas relacionados con la seguridad regional, en particular el del narcotráfico. En este sentido, el Plan Colombia, con sus posibles repercusiones regionales, se ha convertido en el de mayor impacto en las relaciones interamericanas. Por otro lado, varios países latinoamericanos y caribeños sufren agudas crisis económicas y sociales, como son los casos de Argentina y Ecuador, por ejemplo.
La presencia de una nueva administración republicana en Washington no cambió sustancialmente el proyecto hegemónico norteamericano, si bien debe reconocerse que al interior de los Estados Unidos se conjugan fuerzas que pueden dar al traste con el ALCA. Por un lado están los movimientos sociales que señalan que el libre comercio, tal y como está concebido en el ALCAN (NAFTA), es una amenaza para las sociedades de la región y para el medio ambiente. Por otra, están los partidarios de un unilateralismo más crudo en la política norteamericana, para quienes el proteccionismo comercial es concomitante con los intereses nacionales de los Estados Unidos.
No debe olvidarse el hecho de que entre Santiago y Québec se produjo un considerable aumento de los movimientos populares de resistencia a las políticas neoliberales que caracterizan al actual proceso de globalización. Las demostraciones populares en Seattle, Praga, Ginebra, Sydney y otras ciudades donde se han reunido el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio ponen de manifiesto la bancarrota del pensamiento único y de las políticas promovidas por las potencias capitalistas a partir de dichas instituciones.
Es así que el cónclave cimero de Québec será recordado más por las manifestaciones populares y por la Cumbre de los Pueblos que se dio en esa vieja ciudad de manera paralela y alternativa. Es sintomático que la Cumbre oficial se haya desarrollado prácticamente en la clandestinidad. Pocas reuniones de Jefes de Estado y de Gobierno han tenido más opacidad tanto en sus principales manifestaciones como en sus acuerdos. Nuevamente se produjo un Plan de Acción, esta vez de 44 páginas. Después de los fracasos de Miami y Santiago, pocos esperan que éste tenga algún resultado ventajoso.
Sin embargo, han pasado prácticamente dos meses antes de que se diera a conocer el proyecto de acuerdo para el ALCA. Por otra parte, el texto publicado en la portada electrónica oficial tiene la mayor parte de sus formulaciones entre paréntesis, lo que indica la falta de acuerdo.
No obstante, el proyecto hegemónico norteamericano sigue siendo promovido por los Estados Unidos como la panacea que traerá beneficios tangibles a la región. Uno de los acuerdos más conspicuos de la Cumbre fue la adopción de una titulada "cláusula democrática" para acceder al futuro ALCA. No hubo, sin embargo, una "cláusula sobre la pobreza", que es el problema que a afecta a un mayor número de latinoamericanos.
La deuda social incurrida por las políticas neoliberales ha venido acumulándose en la región, como reconocen todos los organismos internacionales. La respuesta no es el libre comercio y mucho menos un ALCA orientado hacia una mayor apertura de las economías latinoamericanas y caribeñas a las inversiones de gigantes transnacionales interesados solamente en incrementar su cuota de ganancia, aún al precio de mayor pobreza y mayores daños al medio ambiente, como ha sido el caso del TLCAN o NAFTA.
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[1] Lars Schoultz, Beneath the United States: A History of U.S. Policy toward Latin America, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1998, p. xv.
[2] Jorge I. Domínguez, "The Future of Inter-American Relations: States, Challenges and Likely Responses", en Domínguez (compilador), The Future of Inter-American Relations, An Inter-American Dialogue Book, New York, Routledge, 2000, pp. 24-27.
[3] Duncan Greene, Silent Revolution: The Rise of Market Economics in Latin America, Londres, Cassell, 1996, p. 205.
[4] Enterprise for the Americas Initiative en inglés.
[5] Fidel Castro, 'Discurso en la Primera Cumbre Iberoamericana, Guadalajara, México, 18 de julio de 1991', en Fidel Castro, Por un mundo de paz, justicia y dignidad: discursos en conferencias cumbre 1991 - 1996, La Habana: Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, 1996, p. 13.
[6] Jorge Castañeda, "Latin America and the End of the Cold War: An Essay in Frustration", en Abraham F. Lowenthal y Gregory F. Treverton (compiladores), Latin America in a New World, An Inter-American Dialogue Book, Boulder, Col., Westview Press, 1994, p. 37.
[7] Cuba no fue invitada a este cónclave a pesar de su proclamado nombre: Cumbre de las Américas.
[8] Peter H. Smith, Talons of the Eagle: Dynamics of U.S.-Latin American Relations, Segunda edición, New York, Oxford University Press, 2000, p. 267.
[9] Debe enfatizarse que lo acordado en Miami fue concluir las negociaciones en el 2005 y no lograr el libre comercio para esa fecha, como generalmente se asume por los medios masivos de comunicación.
[10] Pedro Monreal, "El libre comercio hemisférico: multilateralismo modular, bajas prioridades y pobres expectativas", en Cuadernos de Nuestra América, La Habana, Vol. XII, No. 24, Julio-Diciembre de 1995, p. 45.
[11] Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina tras una década de reformas: Progreso Económico y Social en América Latina, Informe 1997, BID, Washington, diciembre de 1997, p.76.

Por qué oponerse al ALCA

El proyecto ALCA es una propuesta de sectores empresariales y gubernamentales de EUA, con el objeto de recuperar el terreno perdido en determinadas áreas geográficas de América Latina, respecto de la UNION EUROPEA (UE) y eventualmente Japón y China y también respecto de Brasil y MERCOSUR.
Asimismo, es parte de un proyecto general y de largo alcance para crear condiciones que permitan perfeccionar la hegemonía de EUA a nivel mundial. El proyecto ALCA propicia replicar a nivel de las Américas, el esquema de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC).
Esto es, liberalizar el comercio de mercancías (bienes y servicios), eliminando o reduciendo intervenciones (regulaciones) estatales, provinciales y municipales e incrementando en forma inversamente proporcional el rol de las corporaciones privadas a nivel de las transacciones de bienes y de servicios.
El credo del ALCA es otorgar absoluta libertad para el desplazamiento de los capitales, sin restricciones respecto de su ingreso, permanencia o resultados; así como la vigencia del criterio de la "reciprocidad" (tratan como iguales a economias que son desiguales), en detrimento de la "preferencialidad" (concesión de trato especial y diferenciado a países de menor desarrollo económico relativo).

AGENDA DEL ALCA: los nuevos y los viejos temas

EUA y Canadá están interesados en los "nuevos temas" del comercio internacional: inversiones, servicios, compras gubernamentales, derechos de propiedad intelectual y solución de controversias.
MERCOSUR (principalmente Brasil) está interesado en los "viejos temas", específicamente lo relacionado con acceso a mercados; subsidios, recursos antidumping y medidas compensatorias; y agricultura.

POR QUÉ OPONERSE A ESTE PROYECTO ALCA

1) EUA prioriza la reducción o eliminación arancelaria, porque su arancel de importación promedio es uno de los más bajos de las Américas. Sin embargo, sus políticas extra o para- arancelarias son un obstáculo para que muchos bienes exportados por países latinoamericanos accedan a su mercado.

2) El gobierno de EUA se rehusa a negociar dentro del ALCA "viejos temas" como subsidios agrícolas y mecanismos antidumping, so pretexto de que se estarían negociando en la OMC. Con este criterio, tampoco correspondería negociar sobre derechos de propiedad intelectual, porque este "tema nuevo", está en la agenda de negociación de la OMC.

3) Su propuesta incluye la reproducción del Capítulo XI del TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE (NAFTA, siglas en inglés), sobre inversión extranjera que prohíbe los "requisitos de desempeño" (un gobierno nacional, provincial o municipal, no puede exigir a un inversor extranjero radicado o que aspire a radicarse en su jurisdicción que transfiera tecnología; que cree puestos de trabajo; que utilice insumos o servicios de producción nacional; que limite la repatriación de capitales o la remesa de utilidades o dividendos; etc.) y concede a los inversionistas la facultad de demandar ante tribunales extranjeros a los gobiernos nacionales, provinciales o municipales que dicten normas que "socaven sus ganancias".

4) Propicia la derogación o modificación de los regímenes de compre nacional, provincial y municipal para que las firmas extranjeras participen en "pie de igualdad" con las domésticas en licitaciones, concursos o contrataciones que excedan determinado monto.

5) La iniciativa de EUA sobre derechos de propiedad intelectual excede el nivel de acuerdos alcanzados en la OMC (TRIP´s).

Si es aprobada, las corporaciones farmacéuticas tendrán facultades para oponerse a la producción de medicamentos a precios más bajos, comprometiendo la continuidad de planes de salud.

6) La remoción de cualquier restricción al ingreso, permanencia y expansión de las empresas del sector servicios, incluyendo las entidades financieras.

7) En las negociaciones sobre servicios, la pretensión es desregular los servicios de educación, aguas, salud, etc. Por ejemplo, si una firma de EUA (Disneyworld) abre una escuela primaria en Argentina y consigue que un grupo de padres manden allí sus hijos, automáticamente se la habilitaría sin mayores controles sobre los "contenidos educativos", con el consiguiente despojo de la identidad nacional.

8) El Tesoro de EUA protege y subsidia la producción y exportación de la agricultura, en desmedro de países como la Argentina.

9) Existirían sólo 3 (bienes, servicios y capitales) de las 4 libertades de una ZONA DE LIBRE COMERCIO, se excluiría la movilidad de la mano de obra.

10) No existe en el sistema jurídico de EUA el equivalente al ius gentium del derecho romano, aplicable dentro del Imperio tanto a los ciudadanos como a los extranjeros. Sí existe la imposición de leyes de EUA con alcance extraterritorial que aspiran a convertirse en el "nuevo derecho internacional" (Helms-Burton; Torricelli; D´Amato, etc.)

A diferencia de la Roma Imperial, que desarrolló la capacidad productiva local de sus provincias y les aseguró el acceso al mercado Imperial, el ALCA producirá, en nombre del libre comercio, la esterilización de las industrias de América Latina.
El ALCA condenaría a los países de América Latina a la exclusiva producción de materias primas o al establecimiento de verdaderas "repúblicas maquiladoras", acarreando más injusticia y deterioro social.

ANEXO IV El argentinazo, paso a paso

El denominado Argentinazo, fue la síntesis destilada por 10 años de políticas antipopulares y corruptas, que ya habían mostrado su fracaso en el Perú de Fujimori, el Ecuador de Bucaram, la Venezuela de Pérez, el México de Salinas de Gortari, etc.
Los primeros días de diciembre de 2001, el gobierno reacciona tardíamente para frenar la fuga de los depósitos bancarios (ya se habían retirado alrededor de 20.000 millones de dólares, del circuito financiero, con la complicidad de funcionarios y banqueros) el Ministro de Economía de la Presidencia De la Rua, Domingo Cavallo impone restricciones para el retiro de dinero de los pequeños ahorristas; por 90 días solo se podrá retirar hasta 250 dólares semanales. Esto comienza a generar tensión en distintos sectores que temen por la caída de los bancos y la perdida de sus ahorros.
El 5 de diciembre, y luego de idas y vueltas el FMI pide mas ajustes y anuncia que no desembolsará el dinero pactado con Argentina (1.264 millones de dólares) empujando al país a una situación aun mas difícil, el Premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz decía respecto del FMI y su política hacia Argentina "Se suponía que la austeridad fiscal iba a restaurar la confianza. Pero las cifras del programa del FMI eran ficticias; cualquier economista podía haber predicho que las políticas de ajuste del gasto incitan a la recesión y que los objetivos presupuestarios no serían alcanzados. No hace falta decir que el programa del FMI no alcanzó sus metas. Rara vez se recupera la confianza cuando una economía cae en una profunda recesión y en un porcentaje de desempleo de dos dígitos."
El 13 de diciembre, una huelga general, en rechazo a la marcha económica del país, paraliza a Argentina, la situación se recalienta. Ese día se conocen las cifras del desempleo 18,3 por ciento.
El 14 de diciembre comienzan los saqueos a supermercados y comercios por parte de la población empobrecida, el país en busca de alimentos. La dramática situación de millones de Argentinos indigentes se hace visible en el robo de mercadería, un país construido en base a la producción de alimentos, mata de hambre a sus habitantes, las contradicciones hacen estallar al poder político.
Durante los días sucesivos se recrudece el conflicto, trabajadores desocupados, jóvenes, sectores empobrecidos se plantan frente a grandes supermercados en busca de alimentos. Acá se visualizan dos sectores, uno corresponde a los sectores mas organizados en las demandas, movimientos de trabajadores de desocupados, organizaciones gremiales y políticas que exigen la entrega de alimento frente a los grandes hipermercados transnacionales (Wall Mart, Carrefour, Norte, etc.) por el otro, grupos de habitantes de barriadas y villas pobres, con pocos niveles de organización que arrasan con todo lo que encuentran a su paso, caen así pequeños comerciantes al igual que grandes tiendas. El presidente, no advierte la gravedad de la situación y declara "Se esta exagerando. No es tan grave, hay algunos problemas en el Gran Buenos Aires", el país estalla, las provincias donde se producen saqueos suman 11.
El 19 de diciembre ya son miles los comercios saqueados en todo el país, el gobierno argentino decreta el estado de sitio por 30 días. La Cámara de diputados, frente al descontrol, deroga los poderes especiales que tiempo atrás había dado al del ministro de Economía. De la Rúa dirige un mensaje por cadena nacional, que las protestas fueron organizadas por "enemigos de la república", el presidente sigue sin advertir la gravedad de la situación económica, los muertos en enfrentamientos con la policía suman alrededor de 10, al menos dos de ellos menores de edad.
El día 20 de diciembre a la madrugada se movilizan de forma espontánea miles de personas blandiendo cacerolas hacia Plaza de Mayo, (30.000 según algunos medios) exigiendo la renuncia de Cavallo, de De la Rua, y el fin de la nefasta política económica.
Cavallo presenta su renuncia mientras varios miles de manifestantes con cacerolas reclaman frente a su domicilio, y horas después se ve obligado a hacerlo el presidente De la Rua ante la falta de apoyo hasta de su propio partido. La represión policial contra los manifestantes es feroz y causa mas muertes, (alrededor de 35), son miles los heridos entre ellos varias ancianas Madres de Plaza de Mayo que son atacadas por la infantería montada con balas de goma, los detenidos hacienden a mas de 5000 manifestantes.

· El fin del gobierno de De la Rua marca el fin de la alianza del poder político con el capital financiero y deja varios puntos en claro:
· El golpe de cacerolas, la movilización popular hacen temblar a gobiernos y gobernantes, estos sectores tendrán que ganarse la confianza en base a políticas que beneficien a las mayorías y no a las élites.
· El fracaso estrepitoso del modelo económico neoliberal, y de las políticas de ajuste estructural.
· El fracaso de los sectores concentrados de la economía (poder financiero, empresas privatizadas, etc), que de manera insultante acumularon riquezas y poder a costa del empobrecimiento de la mayoría del pueblo, con la complicidad de los principales partidos en el poder.
· El visible fracaso de las recetas de los organismos multilaterales de crédito (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, BID, etc).
Luego de la renuncia del Presidente De la Rua, la Asamblea Legislativa elige al gobernador justicialista Rodríguez Saa como su sucesor, de manera provisoria hasta el día 3 de marzo fecha en la que habría elecciones. Entre sus primeras medidas, declara la cesación de pagos de la Deuda Externa (medida que es festejada por el pueblo), la emisión de unos bonos denominados Argentinos para el pago de salarios y la creación de un millón de puestos de trabajo.
Luego de tres días, un cacerolazo por la falta de respuestas del nuevo gobierno y por los ministros designados por Rodríguez Saa, muchos de ellos sospechados por hechos de corrupción, hacen temblar al Gobierno.
Al cumplir una semana, el día 30 de diciembre, el presidente renunciaba ante la falta de apoyo por parte de su partido, el justicialismo.
En una nueva Asamblea Legislativa asume Eduardo Duhalde, confirma el no pago de la Deuda Externa y varias de las medidas de su predecesor, Rodríguez Saa como creación de puestos de trabajo y la ayuda social, en su asunción declaró "Mi compromiso es terminar con un modelo agotado (...) y crear un nuevo modelo capaz de recuperar la producción, el trabajo de los argentinos, el mercado interno y promover una distribución más justa de las riquezas".
Así llegamos e la actualidad donde la historia se está escribiendo día a día, el pueblo no le firmó ningún cheque en blanco y se mantiene alerta, esto llama la atención a los políticos de los distintos partidos ya que no es común el estado de movilización permanente de la gente. Se realizan cacerolazos, cortes de ruta y protestas espontáneas frente a distintos temas que le preocupan a la sociedad: la confiscación de depósitos (corralito bancario), la corte suprema, la entrega de alimentos, la falta de medicamentos, la ayuda social, etc., El pueblo muestra una madurez importante al imponer nuevas formas de acción democrática y de presión para hacer que los gobernantes cumplan con sus promesas.

ANEXO V Biografía de Duhalde Por José Vales, Revista Cambio

Eduardo Duhalde llegó a la Presidencia de la misma forma en que comenzó su carrera política: por un golpe de suerte y más de un negociado político. Esa es su característica más notoria desde que en 1974 se encontró con la intendencia (alcaldía) de la ciudad bonaerense de Lomas de Zamora en sus manos.
Su buena estrella es tan notoria como su relación con el mundo de las drogas al que siempre le destinó recursos y planes para combatirla desde la Vicepresidencia, durante la gestión de Carlos Menem, o desde la gobernación de Buenos Aires.
Pero eso no le impidió ser, junto al ex presidente y principal enemigo, uno de los políticos señalados por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Algo que en estos días los principales grupos multimedia argentinos se niegan a recordarle a la opinión con el argumento de que no van "a contribuir a la anarquía".
Ex salvavidas de piscina, abogado y notario devenido en líder político gracias a sus buenas relaciones con miembros de la derecha peronista, Duhalde llegó a la intendencia de la ciudad donde nació hace 60 años. Después de destituir al intendente, varios miembros de las 62 organizaciones peronistas (corriente de la derecha peronista que pugnaba por el poder a los balazos) lo fueron a buscar a su casa para que asumiera el cargo.
En 1976 fue depuesto por el golpe militar, pero a diferencia de otros compañeros de causa a él le perdonaron la vida debido a un gran favor que él hizo al Ejército desde la intendencia. Tras recibir el dato de un agente de inteligencia, el intendente le transmitió al más militarista de los dirigentes peronistas de la época, el entonces gobernador Victorio Calabró, que el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) se aprestaba a atacar el cuartel militar de Monte Chingolo, en el partido de Lanús.
Gracias a ese aviso, la que debió ser una de las operaciones militares de la insurgencia más grande de la época se convirtió en una trampa cazabobos para la organización liderada por Mario Santucho.
En 1983 los vientos democráticos lo devolvieron al cargo en medio de una crisis del Partido Justicialista que lo dejó en los primeros planos. Ya por entonces en la periferia de Lomas solían apodarlo Papá Porro, pero pocos conocían el origen y el porqué de ese mote. Con los años y las denuncias los vecinos irían atando cabos.

Aportes vía México

Cuando en 1999 intentó coronar su carrera política con la Presidencia debió enfrentar no sólo al candidato de la alianza opositora UCR-Frepaso, Fernando de la Rúa, un abogado conservador afiliado al radicalismo y ex representante legal de OCA (una de las empresas del empresario Alfredo Yabrán), sino también a la rémora de un gobierno viciado por la corrupción y un sinnúmero de sospechas.
Pero el principal escollo de Duhalde era el propio Menem, al que acompañó y de quien supo sacar provecho durante la mayor parte de su gestión de 10 años en los que ambos abjuraron del peronismo. Como se tenían fe, puso como compañero de fórmula al ex cantante Ramón Palito Ortega, quien de un sólo golpe consiguió un millón de dólares para los gastos de campaña. ¿Quién los depositaba?
"Un grupo de mexicanos con ganas de hacer negocios en Argentina que fueron contactados por mi asesor Aldo Ducler", fue la respuesta de Palito. Esos mexicanos no serían otros que los lugartenientes de Amado Carrillo Fuentes -el Señor de los cielos, capo del cartel de Juárez-, que lograron lavar más de 20 millones de dólares a través de la financiera Mercado Abierto, propiedad de Ducler, ex secretario de Hacienda de la dictadura y administrador de los fondos de la campaña de Palito Ortega.
Cada vez que lo acusaron de tener vínculos con el narcotráfico, Duhalde dijo que se trataba de una campaña de desprestigio. Así quedó especificado en el informe que la Comisión Antilavado del Congreso estadounidense, presidido por el senador Carl Levin, y en las investigaciones que realizaron en Argentina el ex jefe de la Interpol México, José Miguel Ponce Edmonson. Ponce recordó: "Esos fondos ingresaron por parte de Palito Ortega, a quien Duhalde, enseguida lo raleó de la campaña. Fui testigo del profundo enojo del ahora presidente quien se vio muy afectado por ese episodio".
Cada vez que lo acusaron de tener vínculos con el narcotráfico, Duhalde dijo que "no sabía nada al respecto" y que se trataba "de una campaña de desprestigio". Fue el argumento que esgrimió cuando las acusaciones contra las mafias enquistadas en la policía bonaerense -a la que calificó como "la mejor del mundo"-, que señalaban a su jefe, el comisario Pedro Klodczyk, como un hombre permisivo en la distribución de drogas cuando estuvo a cargo de la regional de la ciudad de Quilmes.
Utilizó la misma defensa en 1992, cuando el juez español Baltasar Garzón tuvo su primera aproximación a Argentina y acusó a la ex cuñada de Menem, Amira Yoma, y al ex secretario de Recursos Hídricos, Mario Caserta (amigo de Duhalde), de integrar una organización de lavado de dinero vinculada al traficante de armas sirio, nacionalizado argentino, Monzer Al Kassar.

Sin aduana

En septiembre del 1989, durante un viaje de Menem a Yugoslavia, Duhalde quedó a cargo de la Presidencia. En esos días estampó la firma, junto al ministro de Economía de la época, Néstor Rapanelli, en el decreto 642 con la designación del sirio Ibrahim Al Ibrahim como asesor especial de la aduana en el aeropuerto de Ezeiza.
Al Ibrahim era ya el ex esposo de Amira Yoma y en español sólo sabía decir "muchas gracias". Durante una entrevista con medios argentinos y españoles, Al Ibrahim -quien vive refugiado en Damasco desde que se convirtió en un prófugo de la justicia argentina y de la española-, aseguró que "Duhalde era uno de los funcionarios de gobierno que más favores me pedía en la aduana".
Eran los días en que la ex primera dama, Zulema Yoma, declaraba a boca de jarro: "Si quieren saber sobre las drogas pregúntenle a Menem y a Duhalde". Y Duhalde le encargaba a su lugarteniente Alberto Bujía retirar maletas o bultos que pasaban sin abrir por los controles de la aduana en el aeropuerto.
Las irregularidades en la aduana fueron denunciadas por el semanario español Cambio 16 y las pruebas contundentes que aportaba el semanario llevaron a que Garzón tomara la causa que involucraba a Al Kassar.
Con el escándalo en todos los medios, Duhalde se comunicó rápidamente con el juez "para saber cuál era su situación en el expediente", según cuenta el periodista Hernán López Echagüe, en su biografía sobre el actual presidente, titulada El otro. Como consecuencia de su investigación, López Echagüe fue víctima de dos atentados contra su vida que lo obligaron a abandonar el país. Ante la consulta desesperada del Vicepresidente, la respuesta del magistrado español fue corta y tajante: "Duhalde, yo sé qué clase de político es usted..."
Diez días antes de que la jueza María Romilda Servini de Cubría iniciara las indagatorias por esa causa, conocida como el narcogate, Alberto Bujía, uno de los hombres de confianza de Duhalde -el emisario ante Al Ibrahim- moría en extrañas circunstancias.
El Negro, como era conocido Bujía, era considerado un peso pesado de Calabró y de la derecha peronista. Desde cuando comenzó a trabajar para Duhalde en 1982, era el enviado que llevaba extraños paquetes a las familias Romero y Saadi, en las provincias de Salta y Catamarca, respectivamente. Roberto Romero y Vicente Leonides Saadi fueron los fundadores de dos dinastías políticas que hicieron historia en sus provincias (actualmente el gobernador de Salta es Roberto Romero, hijo).
Bujía solía frecuentar la finca Don Alejo, propiedad de los Romeros en Salta donde en 1984 fue descubierta un pista de aterrizaje a la que llegaban aviones desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que estuvo en la mira de la DEA.
Con Al Ibrahim en la aduana, Bujía no sólo visitaba al extraño asesor con el que se comunicaba por señas, sino que requería los servicios del funcionario en cada uno de sus viajes al extranjero con bultos que en los controles gozaban del mismo estatus que todos los encargos del Vicepresidente. El 16 de marzo de 1992 falleció cuando conducía su motocicleta y un camión lo atropelló de frente, según testigos del hecho. Aún así, su muerte pasó a la historia como un accidente por ebriedad.

Hombre de encuestas

En 1991 Menem le pidió a Duhalde que se presentase a los comicios para gobernador en la provincia de Buenos Aires. "Sólo acepto si cuento con el dinero necesario y la posibilidad de saber cómo estoy ubicado en las encuestas", le dijo en cada una de las negociaciones al entonces presidente.
Los sondeos de opinión son su debilidad, al punto de que Duhalde no suele tomar una sola decisión de gobierno sin antes hacerla pasar por el tamiz de sus encuestadores de cabecera, los sociólogos Julio Aurelio y Ricardo Rouvier.
Encuestas no le faltaban, pero sí dinero. Acordó con el ex presidente la creación de un Fondo de reparación histórica para el Conurbano bonaerense de 700 millones de dólares anuales, que manejó a discreción durante ocho años. Sus gastos de representación como gobernador, según lo reconoció en más de una oportunidad, ascendieron a US $720.000 anuales, reconocidos por él mismo, cuando su salario oficial era de US $5.001.
Ni el fondo ni las privatizaciones que llevó a cabo en la provincia lograron evitar que dejara en 1999 el estado más grande del país en virtual bancarrota y al borde de un estallido social que recién se consumaría en diciembre último. Ni los numerosos casos de corrupción administrativa durante su gestión que duermen en los archivos judiciales, ni los manejos políticos en la investigación por el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas en 1997, ni la matanza de víctimas y victimarios por parte de la policía bonaerense en el asalto al Banco Nación de Ramallo en 1999 -oscuros episodios plagados de sospechas-, son recordados en estos días por la prensa argentina. Mucho menos sus presuntos vínculos con los narcotraficantes y los aportes del cartel de Juárez a su campaña.
Nada de esto impide, sin embargo, que los jubilados que no logran cobrar sus salarios o que los gestores de esporádicos cacerolazos se lo recuerden con insultos ante las cámaras de los noticieros.
Con esos antecedentes, y tal vez porque hasta ahora ha sido un hombre de suerte, es que la oligarquía política se puso en sus manos. Después de todo, la clase dirigente argentina es consecuente: confió en él, uno de sus fieles representantes, para salvarlos del abismo.