EL RAPTO DE EUROPA POR EL CAPITAL

Por Ramón Fernández Durán, miembro de Ecologistas en Acción y del Movimiento contra la Europa de Maastricht y la Globalización Económica

En diciembre de 2000, se ha aprobado el Tratado de Niza, que constituye, por el momento, la última piedra de la “Europa” neoliberal que se empieza a construir en los años ochenta. Ésta, por así decir, empieza con la creación del llamado Mercado Único (mediante la aprobación del Acta Única Europea, en 1986), para libre circulación de mercancías, capitales, servicios y personas, que entraría en pleno vigor en 1993, como paso previo a la creación de la moneda única europea: el euro. Esta decisión se adopta en el Tratado de Maastricht (que se termina de ratificar en 1993), uno de los hitos transcendentales del devenir neoliberal del “proyecto europeo”, con el objetivo de que la unión monetaria entrase en vigor a finales de los noventa (1999). Doce de los quince países miembros ya han ingresado en el euro (Grecia lo acaba de hacer, desde principios de año), y la nueva moneda empezará a circular físicamente a principios del 2002. Más tarde, en 1997 se aprueba el Tratado de Amsterdam, junto con el llamado Pacto de Estabilidad, para garantizar el rigor presupuestario de una UE que se estructura en torno al poder omnímodo del Banco Central Europeo, con sede en Frankfurt, que funciona sin ningún tipo de control político (y, por supuesto, social). 
La “Europa” que se construye es un proyecto, siempre lo ha sido, de las élites económicas y financieras de la Europa occidental, pero este rasgo se ha acentuado claramente desde la década de los ochenta, cuando desde las instituciones comunitarias se procede, en aplicación de las políticas neoliberales, al paulatino desmontaje del llamado Estado del Bienestar, y a la creciente desregulación del mercado de trabajo, al tiempo que se construye poco a poco un nuevo entramado supraestatal (política exterior y de seguridad común –Míster PESC, Euroejército-, y política de justicia e interior común –Europol, Schengen-) que sea funcional con los intereses del capital europeo (y transnacional) en la época del capitalismo global (Fdez. Durán, 1996). En paralelo, surge un creciente “euroescepticismo”, o desconfianza pública hacia las instituciones comunitarias, y poco a poco un auge de la contestación antagonista hacia la UE, como uno de los principales actores que impulsa, a escala mundial, el capitalismo global, tal y como se ha expresado recientemente en Niza.   
  El Tratado de Niza se ha presentado a la llamada opinión pública, de forma neutra, como el instrumento que iba a permitir el proceso de ampliación de la UE. Pues, se decía, que una UE con casi 30 miembros, cuando termine el proceso de ampliación, no puede funcionar con la estructura, y el proceso de toma de decisiones, que había sido diseñado, en un primer momento, para un “proyecto europeo” con seis miembros, y que se ha ido adaptando a lo largo de su historia para acoger a los quince actuales; aunque las normas del Mercado Único (y por extensión la dinámica que impone, e impondrá aún más en el futuro, el euro) afectan ya a todo el denominado Espacio Económico Europeo (esto es, la UE más Noruega, Islandia y, en gran medida, Suiza). El proceso de ampliación, que fundamentalmente se proyecta hacia los países del Este, y algunos pequeños países mediterráneos (Chipre y Malta), se presenta interesadamente, en su retórica, como la culminación de la creación de un espacio de libertad, democracia, derechos humanos y solidaridad mutua en el viejo continente. Con el fin de superar los conflictos que históricamente han asolado este territorio, integrar a los países del Este, que en su día habían quedado separados de la Europa occidental por el “telón de acero” y la Guerra Fría, incorporándolos de forma definitiva a la economía de mercado, y cicatrizar las heridas que todo ello haya podido ocasionar. 
Se señala, también, que la creación de esta “Europa” ampliada va a permitir que la UE proyecte su modelo económico, social y medioambiental a escala internacional, ayudando a dar “un rostro humano a los procesos de globalización”, y que es una de las formas de poder resistir mejor los posibles impactos negativos de ésta y, en especial, los embates de los mercados financieros. De ahí, la necesidad de una moneda única. Asimismo, en Niza, se presentó también, para su aprobación, una Carta de Derechos Fundamentales, con el objetivo de lograr acercar el “proyecto europeo” a la ciudadanía de los estados miembros. Sin embargo, es preciso desenmascarar las verdaderas razones que se mueven detrás del proyecto de ampliación, las consecuencias que se van a derivar de la “Europa a distintas velocidades” que se dibuja en el Tratado de Niza (y en el que se proyecta para el 2004), la falacia de protección de los derechos fundamentales que se oculta detrás de la Carta del mismo nombre, y el papel que la superpotencia europea, en gestación, puede tener a escala mundial.
En realidad, la ampliación al Este supone un incremento notable del área de mercado de la UE. Más de cien millones de nuevos consumidores potenciales, que se sumarán a los 370 millones de la actual UE, pues las personas cuentan hoy como consumidores (y por supuesto, productores) no como ciudadanos; eso sí, esos futuros consumidores tienen una capacidad adquisitiva bastante inferior (tan sólo un tercio) de la media comunitaria de “los quince”. Pero el verdadero atractivo de la ampliación es el acceso para las principales fuerzas económicas de la UE a amplios recursos productivos, así como energéticos y naturales, y sobre todo la posibilidad de utilizar una mano de obra cualificada con un muy bajo coste laboral, y poca capacidad para defender sus derechos, que ofrecen los países del Este. Como ha expresado gráficamente la ERT (European Round Table of Industrialists), un lobby de presión donde están presentes la gran mayoría de las principales transnacionales europeas, las oportunidades que ha abierto la caída del Muro de Berlín, y el tránsito hacia el libre mercado de este amplio espacio, es “como si se hubiera descubierto (de repente) un nuevo ‘sudeste asiático’ en nuestro patio trasero” (CEO, 1997). Lo que sin duda contribuirá a una creciente deslocalización productiva a medio plazo (está ocurriendo ya) hacia este vasto espacio geográfico. Todo lo cual hace que se prevea un muy fuerte incremento de los volúmenes de transporte motorizado con estos países, y que se esté dedicando un importante esfuerzo inversor (auspiciado por el BM, el BERD, el BEI; y que incrementa la deuda externa de dichos estados), a reforzar las conexiones en materia de infraestructuras, especialmente viarias, con estos territorios (Fdez. Durán, 2000 a).
Además, en un modelo económico (el capitalismo) cuyo funcionamiento interno está basado en la lógica de la acumulación constante y la obtención del máximo beneficio, ningún espacio de mercado es lo suficientemente amplio como para satisfacer de forma estable la necesidad inexorable de crecimiento continuo. El proyecto europeo empezó, como se ha dicho, con seis países miembros, hoy tiene ya quince socios, y se plantea la futura admisión de doce países más. Pero también se expande el área de mercado de otras formas que no implican, forzosamente, la admisión de nuevos miembros en las estructuras comunitarias. 
Eso es lo que se propone, p.e., con los países de la cuenca Sur y Este del Mediterráneo. Para esta zona se plantea el caminar de forma progresiva hacia un área de libre comercio, que deberá estar plenamente vigente en el 2010. De esta forma, se conseguirá un acceso más fluido (desarme arancelario) a una considerable demanda adicional para los productos comunitarios en los territorios del Sur y Este del Mare Nostrum, la capacidad de control de importantes recursos naturales y energéticos por parte del capital europeo en este espacio, la potencial utilización en el mismo de una muy abundante y superbarata mano de obra (en este caso, no cualificada) para la utilización de manufacturas intensivas en factor trabajo (textil, calzado, juguete...), que se están deslocalizando ya (entre ellas empresas españolas) desde el territorio de la UE hacia esta amplia área geográfica, y sobre todo la posibilidad de intensificación de la actividad pesquera y agrícola (cítricos, hortalizas, frutales...) de exportación hacia los mercados comunitarios, impulsadas por grandes empresas del sector agroalimentario europeo. Es por ello por lo que se hace enormemente atractivo, para la UE, la profundización de las relaciones comerciales con las otras orillas del Mediterráneo. En el caso de Turquía, se le ha ofrecido la creación de una Unión Aduanera, pero se la mantiene en el limbo en cuanto a su posible integración, a pesar de que es miembro de la OTAN, de su importancia estratégica y de la presión de EEUU al respecto, por sus importantes diferencias político-culturales con los países de la UE, por el rechazo de Grecia, y porque su admisión haría que las fronteras de la UE alcanzasen el Cáucaso, y a países como Irán, Irak o Siria. Esto provoca pavor en las cancillerías de muchos países de la UE.
Asimismo, mientras que se desregula absolutamente el marco mundial de relaciones comerciales y de inversión a través de la OMC, se establecen, por parte de la UE, acuerdos de libre comercio e inversión (incorporando aspectos del AMI) con los distintos mercados regionales planetarios, en proceso de consolidación y profundización. De esta manera, la UE estrecha las relaciones comerciales y los flujos de inversión con la APEC en el Pacífico, con Mercosur y México, en el Cono Sur y Centroamérica, e igual se puede decir que acontece con otras áreas comerciales del globo; al tiempo que intensifica sus “privilegiadas” relaciones con los países ACP (los países de Africa, Caribe y Pacífico, que fueron colonias francesas). En especial, se avanza de forma paulatina hacia una zona de libre comercio y flujos de inversión entre las dos orillas del Atlántico Norte, es decir entre la UE y EEUU(Canadá), a través de los que se ha venido a llamar “Partenariado Económico Transatlántico” o “Nuevo Mercado Transatlántico”. En estas negociaciones, junto a la representación institucional, participan directamente representantes de las grandes empresas e instituciones financieras de ambos lados del Atlántico Norte (CEO, 1997 y 1999).
Es decir, mientras que la expansión de los mercados hacia otras áreas del planeta no se traduce en una modificación de las instituciones comunitarias, en el caso de los países del Este se ha tomado la decisión explícita de incorporarlos a la estructura de la UE, eso sí, creando como se verá más adelante, una futura UE a “distintas velocidades”. ¿A qué responde esto? ¿Por qué no se han fijado ya unas fronteras definitivas de la UE (como ocurre en el caso de EEUU)?¿Qué consecuencias puede tener esta indefinición del marco institucional? ¿Cómo puede afectar este proceso a la legitimidad de las instituciones comunitarias? Hay dos razones fundamentales, interrelacionadas, a nuestro entender, en esta decisión. Por un lado, el espacio centroeuropeo de los antiguos países del Este, es un territorio altamente inestable en una “tierra de nadie” entre dos espacios, la UE y Rusia, de considerable poderío militar. Aunque, uno de ellos, Rusia, una superpotencia militar (y especialmente nuclear), esté en profunda crisis, y casi descomposición interna, como consecuencia de la quiebra de la ex-URSS, y de la transición a la economía de mercado de sus estructuras. Como ha dicho la nueva asesora política exterior de Bush, Condoleeza Rice: “el gran peligro de Rusia no es su fuerza, sino su debilidad” (Gardells, 2000).
La otra razón, íntimamente ligada a la anterior, es construir una superpotencia europea, política y militar, que respalde al euro. Detrás de una moneda que se quiere fuerte, y que pretende disputar al dólar su papel de divisa de reserva internacional, siempre hay, o tiene que haber, un poder político y militar asimismo fuerte, para que sea creíble. De ahí los pasos que el “proyecto europeo” está dando en dicha dirección, que el Tratado de Niza confirma, y que el futuro Tratado del 2004 pretende culminar. La UE es hasta ahora una potencia económica de primer rango mundial, pues hay que tener en cuenta que la zona inicial de la moneda única es tan potente como la economía estadounidense (la zona del euro representa aproximadamente el 20% del PIB mundial, y el mercado de eurobonos es el mayor del mundo, por encima del de EEUU), pero la realidad del euro en los intercambios internacionales dista mucho, todavía, de reflejar este peso económico de “Europa”. Para ello será necesario, también, construir unos mercados financieros más grandes y más integrados, pues la UE tiene un mercado financiero distribuido por unas veinte capitales, lo que requerirá quizás la centralización de la actividad financiera europea en una capital física que desafíe a Nueva York. O bien coordinar de tal forma los mercados financieros comunitarios, que trencen un único mercado virtual. Algo así está ocurriendo con las diferentes iniciativas de interconexión de las principales plazas financieras europeas. 
De esta forma al incorporar a los países del Este, se pretende apuntalar el poder político y militar de la UE, con el fin de superar el aserto de que “la UE es un gigante económico, un enano político y un gusano militar”, al tiempo que se “intenta” estabilizar y reforzar su flanco oriental, por miedo a lo que ocurra con Rusia. De hecho, algunos de ellos ya han sido incorporados a la estructura de la OTAN (Hungría, República Checa y Polonia), y el resto de ellos llama a sus puertas. Por otro lado, en la “nueva” OTAN las potencias europeas han logrado impulsar la llamada Iniciativa Europea de Defensa, que configura el pilar europeo de la Alianza Atlántica, si bien con una considerable dependencia de EEUU. Y en paralelo, la UE ha aprobado recientemente la creación de una Fuerza Europea de Reacción Rápida (de 60.000 efectivos), que dé credibilidad a su potencial militar, así como ha puesto en común toda la industria europea de defensa, dedicando, adicionalmente, un importante esfuerzo inversor en materia espacial, donde el desfase con EEUU es manifiesto. La Fuerza Europea de Reacción Rápida tiene que estar operativa para el 2003, justo un año después que la introducción física del euro. De cualquier forma, la existencia en el seno de la UE de países anteriormente neutrales (Suecia, Austria, Finlandia e Irlanda), durante el conflicto entre bloques, y con fuertes sentimientos pacifistas en su población, plantea problemas considerables en cuanto a su incorporación definitiva a las estructuras militares europeas.
Sin embargo, la próxima ampliación deja al otro lado de la futura frontera de la UE ampliada, de casi 4000 kms, en su frente oriental, a países (parias) como Ucrania y Bielorrusia, aparte de Rusia, lo que generará también tensiones considerables, sobre todo migratorias. Y Bruselas tiene miedo a que los países del Este no puedan garantizar, por sí mismos, la impermeabilidad de su frontera oriental. Además, esta UE ampliada podría despertar susceptibilidades en EEUU y ser percibida como un contrapeso demasiado potente al vínculo atlántico (Bonet, 2000). Al mismo tiempo, esta ambición por la expansión geográfica es un arma de doble filo, pues los países del Este son un territorio enormemente inestable, como ya se ha comentado, de un grado de “desarrollo” muy inferior al resto de la UE, y por consiguiente de difícil encaje dentro de las actuales estructuras comunitarias, como de hecho ha quedado plasmado en el Tratado de Niza, y como sentenciará el futuro Tratado del 2004. No podía ser de otra forma. Pero todo ello genera una indefinición sobre el futuro de la Unión Europea, que está afectando de lleno al euro. De hecho, su debilidad está en gran medida explicada por esta indefinición del proyecto político de la UE, ese objeto político no identificado, como ha manifestado el propio director gerente del FMI, Koehler (Menéndez del Valle, 2000). Y está suponiendo, y supondrá aún más en el futuro, un elemento adicional, a los muchos ya existentes, de erosión de la legitimidad y credibilidad de las instituciones comunitarias. Otro de los actores claves del capitalismo global. 

Niza define una “Europa” superpotencia crecientemente desequilibrada y desigual

En la cumbre de la UE celebrada en Niza se aprueba, pues, el Tratado del mismo nombre, se toma el compromiso de impulsar, en 2004, otro Tratado para rematar el edificio institucional de la UE, y se suscribe la llamada Carta de Derechos Fundamentales. La trascendencia de estos acuerdos es muy importante, y es preciso pues analizarlos en detalle, para delimitar claramente la UE que están impulsando las principales fuerzas  económicas y financieras del viejo continente, que son las que siempre han configurado el devenir del “proyecto europeo”.
Detrás de la maraña de aspectos “técnicos” de reforma de la composición de la futura Comisión y de los procesos de toma de decisiones en la UE, con el fin de hacer más “eficaz” su funcionamiento y sentar las bases que hagan posible la ampliación, se ocultan profundas modificaciones (políticas, económicas y sociales) en cuanto a la estructura de las instituciones comunitarias, y del “proyecto europeo” en su conjunto, de cara al porvenir. Algunas de ellas ya se habían esbozado en el Tratado de Amsterdam, pero se “perfeccionan” en el de Niza, y se terminarán de completar en el que se contempla para 2004. El Tratado de Niza no es otra cosa que la sacralización de la llamada “Europa a dos (o más) velocidades”. Eufemismo que se utiliza para ocultar la creación de una UE crecientemente desigual, con un Centro fuerte y distintas Periferias, en el que el peso de los grandes estados de la actual UE (y por supuesto de los intereses económicos que representan) se ve reforzado (Alemania, Francia, Gran Bretaña, principalmente, Italia en menor medida, y a mayor distancia el Estado español); destacando entre, todos ellos, la influencia decisiva que tendrá la RFA en la determinación de las políticas comunitarias. Alemania consigue, en gran medida, su ansiado interés a lo largo de todo el siglo XX, que le llevó a embarcarse en dos contiendas bélicas mundiales, de dominar el escenario centroeuropeo (ampliando su lebensraum, o espacio vital) y reafirmar su hegemonía a escala continental.
Pero también, el peso de la Comisión Europea, y el de su presidente, salen considerablemente reforzados. Especialmente al haber arrancado a los Estados el poder de veto en más de treinta nuevas áreas. El voto por mayoría se ha extendido al comercio de servicios (entre otros, los financieros...) e inversiones, así como a la llamada “propiedad intelectual”, dándole unos enormes poderes a la Comisión para negociar en nombre de toda la UE en el seno de la OMC, de cara a la Ronda del Milenio. Poderes que hasta ahora no tenía, respecto a estos temas, y que se veía obligada a compartir con los Estados miembros. En estas áreas las decisiones que se adopten son de obligado cumplimiento para todos los países, aunque hayan votado en contra. La unanimidad, o la capacidad de veto, todavía se mantiene, de forma no clara, en salud, cultura y educación, por la oposición de Francia. Aun así, y en contra del criterio de la Comisión, se conservan todavía bastantes áreas sometidas a la capacidad de veto por parte de los Estados. Capacidad que en un futuro (probablemente en 2004) se pretende eliminar.
Por otro lado, se consolidan las denominadas (en el argot comunitario) “cooperaciones reforzadas”, lo que significa, dicho claramente, abrir el camino para que cristalice una estructura central en la UE (aquella que “avanza más rápido en su integración”) y una estructura periférica que queda progresivamente descolgada, y que se vería obligada a aceptar, a posteriori, las decisiones adoptadas, en su día, por dicho Centro, o a sufrir sus consecuencias. Algo así ha ocurrido ya con el euro (pues sólo doce países participan en el Eurogrupo) y con Schengen, y también con los “avances” que se están produciendo en materia de política militar. Es, en definitiva, lo que los eurócratas llaman la “Europa a dos (o más) velocidades”, que se justifica, se dice, porque los “barcos más lentos” no deben condicionar la velocidad de crucero de “los barcos que quieren ir más deprisa”. Sería necesario hacer un análisis en profundidad de la retórica comunitaria, pues ha alcanzado unas cotas de enmascaramiento de la realidad difícilmente homologables. Los nuevos países que se incorporen, en especial los del Este, además de los más “euroescépticos” (Dinamarca, Suecia y Gran Bretaña), así como tal vez los ya hoy en día periféricos, en cuanto a peso económico e institucional (como Grecia y Portugal, y quizás España e Irlanda), estarían probablemente en los círculos periféricos, mientras que el resto, es decir, el grueso de los países centrales de la UE, sería los que llevarían a cabo las “cooperaciones reforzadas”. 
Se acabó pues lo que, en teoría, y formalmente, era el espíritu de la Unión, es decir: “el café para todos”. A partir de ahora queda claro, expresado en clave institucional, que dentro de la Unión habrá países de “primera” y países de “segunda” (o de “tercera” y hasta de “cuarta”, en el caso de países del Este). Esto se hará aún más nítido con la reforma que se prevé en 2004, como se verá a continuación. De cualquier manera, aunque se ha abierto la Caja de Pandora, se ha abierto sólo, por el momento, de forma todavía limitada. Gran Bretaña, p.e., se ha negado a dar su placet, instigada por EEUU, a que se incluya la política de defensa dentro de las “cooperaciones reforzadas”. Aunque sí ha quedado clara en política exterior, con el fin de ganar peso institucional en el FMI, BM, G-7, OCDE, NNUU o en el Club de París (donde se negocia la deuda externa pública del “Tercer Mundo”). En todos esos foros la UE hablará con una sola voz, la de los países centrales, y sus principales sectores económicos y financieros, en los temas que ya le han cedido (o que ha arrancado a) los estados sus competencias. De todos modos, todos los países de la Unión participarán de las normas del Mercado Único, tendrán abiertas sus fronteras a la libre circulación de mercancías, servicios y capitales de la UE, estarán en la órbita del euro (estén integrados en el Eurogrupo, o no), y deberán ajustarse, por tanto, a las decisiones que adopte el BCE, independientemente de la situación económica por la que atraviesen. 
A pesar de todo, es decir, a pesar de que Niza significa una mayor concentración de poder y capacidad de decisión para la UE, y para la Comisión Europea en concreto, a Prodi, su presidente, le ha sabido a poco, como expresó en su comparecencia ante el Parlamento Europeo para evaluar el tratado. Prodi ha llamado la atención acerca de la capacidad de poder que todavía queda en manos de los gobiernos, se ha quejado de la gran complejidad en el proceso de toma de decisiones, tal y como ha quedado definido en Niza, que, de acuerdo con sus palabras, queriendo satisfacer a todo el mundo corre el riesgo de no funcionar. Y ha planteado claramente que mister PESC dependa de la Comisión Europea, y no del Consejo Europeo (donde están los jefes de estado y de gobierno de la UE), que debe existir una política económica única a escala de la Unión, que debería definir la Comisión, que el área del euro debe hablar con una sola voz (no con doce, o con ninguna, como en la actualidad, pues ello es negativo para la imagen del euro de cara a los mercados financieros), y que esa voz única debe estar también bajo la competencia y control de la Comisión (TEAM, 2000).
Es por eso por lo que, entre otras cuestiones, la Comisión y Alemania, fundamentalmente (pues Francia ha dejado hacer), han peleado para que en Niza se tomara la decisión de que es necesario ir más allá, y llevar a cabo una reforma institucional de mayor profundidad de cara a 2004. Fecha que coincide, grosso modo, con las primeras incorporaciones de nuevos países miembros, y con la presidencia alemana de la UE. Y que la preparación de ese nuevo tratado no debe partir de una conferencia intergubernamental, como hasta ahora ha ocurrido con los diferentes tratados, sino que su gestación tiene que adoptar otro diseño, con el fin de que los intereses hegemónicos que vehicula primordialmente la Comisión Europea, es decir las demandas del gran capital productivo y financiero, no se vean condicionados por la visión miope de las estructuras políticas nacionales. Es curioso cómo habló Prodi de las “cooperaciones reforzadas” ante el Parlamento Europeo, diciendo que “la Comisión utilizará este instrumento para permitir que aquellos países que quieran unir aún más sus destinos para alcanzar grandes objetivos lo puedan hacer” (TEAM, 2000). Todo ello derivará en una pérdida de peso aún mayor de los parlamentos nacionales y de la capacidad individual de actuación de los estados miembros, siendo un paso más hacia una especie de estado federal para el núcleo central, que es lo que se pretende lograr con la reforma del 2004. 
Las propuestas que ya se han empezado a barajar de cara a 2004 han partido de los actores institucionales principales que operan en el escenario europeo. Suponen un abanico de opciones, pero no tan amplio como se nos quiere hacer creer. En todos ellos se propugna la necesidad de construir una “Europa” superpotencia, que pueda enfrentarse al escenario de la “globalización económica”, y también la necesidad de establecer un núcleo central, con mayor densidad institucional, y una (o varias) periferia(s), con reducidas prerrogativas y capacidad de influencia; es decir, fuertemente satelizadas y dependientes de ese núcleo duro central, y soportando las dinámicas que establezca el mismo, como todas las periferias. Las propuestas van desde la estructura claramente federal que propone Alemania (a través de su ministro Fischer) para el núcleo central europeo, a la “Europa Unida de Estados, y no unos Estados Unidos de Europa” de Chirac, en donde los Estados-nación europeos (también de su núcleo central) deben conservar más su fuerza e identidad, hasta las propuestas más “soberanistas” de la “Europa” neoliberal de Blair (a cuyo carro también parece que se apunta Aznar, aunque no está del todo claro por la dependencia española, también, de Francia y Alemania), en donde los Estados conservarían “más” competencias en un espacio de mercado absolutamente libre. La visión de la Comisión, no formulada expresamente, ha podido quizás ser expresada por Delors, su antiguo presidente, en el sentido de que el núcleo duro, que se debe reforzar institucionalmente, por encima de los Estados-nación, tiene que ser el de los países que ya forman parte del euro. En todos estos casos (menos quizás en la propuesta de Gran Bretaña) los “países euroescépticos” y los del Este quedarían directamente fuera de la estructura central de la UE.
En la propuesta alemana se plantea un presidente europeo “fuerte” elegido por sufragio universal, que encabece un gobierno “representativo”, con un parlamento bicameral (como en Alemania), para los países de la UE que compongan el núcleo duro. En definitiva, un esquema de carácter federal, que se debería plasmar en una Constitución Europea. Esta propuesta, puede llegar a generar problemas de encaje constitucional, pues la UE es una unión de ocho repúblicas y siete monarquías, lo cual presenta problemas para una solución presidencialista tipo EEUU. La solución que propone Chirac tiene un corte más confederal, y pretende tener en cuenta el peso que tienen los Estados-nación en el espacio europeo. De cualquier forma, tanto Francia como Alemania plantean que exista un grupo de cabeza (impulsado por ellos mismos; “países pioneros” en la formulación de Chirac, “centro de gravitación” en la propuesta de Fischer), que impulse el proceso. La creación de este grupo de cabeza se pretende que no requiera de un nuevo tratado, pues ello implicaría la necesidad de su ratificación por todos los países miembros actuales. Al término de todo este proceso la Unión debería quedar estabilizada en sus fronteras y en sus instituciones, debiendo definirse claramente la articulación entre el núcleo central (de mayor densidad institucional), y los países periféricos, que estarían en la Unión, pero no formarían parte de dicho núcleo. Delors lo ha dicho gráficamente: “Tendremos una Unión para la Europa ampliada, y una Federación para la vanguardia” (Coughlan, 2000). En definitiva, se consolidará, ya formal y definitivamente, una compleja estructura institucional, que sacralizará un centro (con todas las prerrogativas) y una, o unas, periferia(s), que no participarán en la definición del devenir del “proyecto europeo”, y que deberán aguantar sus decisiones y las dinámicas que éstas generen. 
A nadie se le escapa que este diseño institucional tendrá profundas repercusiones internas (es decir, en relación con “los quince” estados miembros actuales) y externas (esto es, respecto a los nuevos países miembros). Principalmente en el sentido de que pueden erosionar aún más la imagen y legitimidad de unas instituciones comunitarias, que ya hoy en día gozan de poca aceptación entre la opinión pública de la UE, y que ve disminuir su apoyo asimismo en los países del Este. En las últimas elecciones al Parlamento Europeo la participación fue bajísima, reflejando un creciente alejamiento de la ciudadanía europea respecto de sus instituciones. El desencanto europeísta se vive de forma intensa en la “Europa rica”, no sólo en los claramente “euroescépticos” (Gran Bretaña, Suecia y Dinamarca), y se acentúa en los llamados “países de la cohesión” (España, Grecia, Irlanda y Portugal), a pesar del “maná” de recursos comunitarios que por ahora reciben. Y todo ello se produce en una época de relativa bonanza económica. En una encuesta del Eurobarómetro, realizada tras la cumbre de Niza, los resultados no pueden ser más elocuentes. La mayoría de la población europea (el 56%) se declara insatisfecha con la “construcción europea” (sólo el 38% está a favor) y crece el rechazo a la ampliación hacia el Este, sobre todo en los dos países principales, Francia y Alemania (donde sólo el 26% y el 34%, respectivamente, está a favor). También más de la mitad (el 52%) rechaza el euro, siendo masiva la oposición en el país central: Alemania (el 66%). En poco más de un año se ha pasado, en relación al euro, de una cierta euforia a un muy importante desencanto, y eso antes de que empiece a circular físicamente. Por otro lado, más de dos tercios manifiesta su descontento sobre cómo se ha manejado la crisis de las “vacas locas” por la UE, alcanzando en el caso de Alemania al 86% de su población (EL PAÍS, 15-1-2001). 
Estos datos reflejan la situación antes de que estallara el escándalo del Síndrome de los Balcanes, es decir, las enfermedades (y muertes) que ha provocado, provoca, y provocará, la utilización de uranio empobrecido por la Alianza Atlántica en su guerra contra Yugoslavia. Este escándalo ha afectado de forma considerable la imagen de la OTAN, la UE, los Estados de la Unión y las llamadas “intervenciones humanitarias”, así como de las NNUU por su complicidad con los actores implicados (Parsons, 2001). Ha quedado manifiestamente claro la institucionalización de la mentira como forma de proceder de todas estas estructuras, y el cinismo de que hacen gala, pues mal se puede defender una causa humanitaria, en este caso la defensa de la población kosovar contra el genocidio de Milosevic, cuando la propia intervención (denominada “guerra limpia”, porque en su momento no produjo bajas propias) crea una situación de desastre humano y ecológico que hipotecará el futuro de toda la región. Una región que históricamente ha sido altamente inestable, por ser un cruce de caminos de distintos imperios, culturas, religiones y estructuras de poder, en donde, en los noventa, las políticas del FMI y la avaricia de algunas potencias europeas (en concreto Alemania), incentivaron el desmembramiento de la antigua Yugoslavia, exacerbando las tensiones étnicas existentes, y creando un verdadero volcán en pleno corazón de Europa. 
La situación en los Balcanes está lejos de haber quedado “resuelta” y pacificada. Se mantiene una calma tensa, con proliferación de conflictos entre las distintas comunidades étnicas, y un proceso generalizado de deterioro, debido al “paisaje” dejado por las guerras, y al alto endeudamiento de las distintas estructuras estatales que se han creado. Este endeudamiento (heredado) se ha intensificado por los conflictos bélicos, y va a recrudecerse por el llamado Pacto de Estabilidad para la Europa del Sudeste que han impulsado EEUU y la UE para la zona, junto con los organismos financieros internacionales: BM, FMI, BERD y BEI. El Pacto incluye fuertes medidas de ajuste estructural que agravará la situación social y económica, echando más leña al fuego de la conflictividad reinante. Es por eso por lo que la UE no se plantea en el futuro previsible la incorporación de los países de los Balcanes a sus estructuras, aunque sí se pretende que tengan sus mercados (y la propiedad de sus recursos) abiertos a la UE y estén en la órbita del euro (Eslovenia y Bosnia, ya tienen como moneda oficial el marco). Sólo Eslovenia, por presión directa de Alemania, pasará a formar parte de la UE. El resto será, en general, una especie de protectorado de la UE (sobre todo si las tropas de EEUU abandonan los Balcanes), y un foco de inestabilidad y resentimiento respecto de las estructuras comunitarias, por las políticas que la UE está imponiendo en toda la región.

Los países del Este, un bocado apetitoso que se le puede atragantar a la UE

Por otra parte, en los países del Este el entusiasmo por la incorporación a la UE está bajando también sensiblemente en los últimos tiempos, azuzado asimismo por el retraso en cuanto a su integración (que se les prometió para el 2000). Las políticas de ajuste estructural del FMI, para el pago de la deuda y la transición al libre mercado, y las duras condiciones que tienen que cumplir para adaptar sus economías al llamado “acervo comunitario”, presiones que operan en la misma dirección, están en el origen del descenso de su fe “europeísta” y en la economía de mercado. Antes de incorporarse a la UE los países aspirantes tienen que incorporar a su marco legislativo más de 20.000 directivas y regulaciones, sin que se les permita modificar ni una coma. Deberán aceptar además lo ya decidido en Niza, más lo que se apruebe en el llamado Tratado del 2004, que los reduce a la categoría de países claramente periféricos, sin ningún peso en la conducción de la futura UE. Deberán aprobar también la desaparición de sus monedas y aceptar la dictadura monetaria del BCE, cuyas políticas se adaptan a las necesidades de Alemania (y de la antigua área del marco) y, en menor medida, de Francia. De hecho, se convertirán en “colonias” de los intereses europeos occidentales, debiendo abrir a la dinámica del mercado la propiedad de la tierra y de sus principales recursos productivos y naturales. Y deberán cooperar también en establecer fronteras impermeables con Rusia, Bielorrusia y Ucrania, con las que se han interrelacionado durante siglos. Un nuevo “telón de acero”, en este caso levantado por la Europa occidental, en nombre del libre mercado. Es pues una servidumbre política y económica mayor que la que tuvieron con la URSS. La URSS, p.e., nunca les obligó a adoptar el rublo (Coughlan, 2000). 
En este amplio espacio, duramente afectado por la transición económica liberal y por la aproximación a la UE, las dos caras de una misma moneda, se advierte ya una aguda crisis de sus instituciones políticas. Las sociedades del Este acuden poco, o muy poco, a las urnas (p.e., 47,6% en Polonia, 50% en Hungría), desconfían de los partidos (un 65% como media no les tiene ningún aprecio) y poseen unos sindicatos enormemente débiles (Gallego-Díaz, 2000). Y eso que tan sólo llevan una década de democracia formal. Esta situación de crisis de legitimidad de los Estados se agudizará muy probablemente en el proceso de incorporación a la UE y una vez dentro de ella. No sólo por lo ya expresado, sino porque el impacto de la entrada en el mercado único, y en el euro, será muy fuerte. La diferencia de productividad entre el Este y el Oeste de Europa es muy importante, probablemente de uno a tres, al igual que lo era entre Alemania Occidental y Oriental. Ello hará que cuando se vean obligadas a competir sus empresas, en igualdad de condiciones, con las occidentales, éstas no puedan aguantar, y se incremente sustancialmente el paro. Como ocurrió en Alemania Oriental, donde el nivel de paro hoy en día es el doble que en la parte Occidental. Ello se agravará aún más por el hecho de que estas sociedades tienen un fuerte componente agrario (el 22% de población activa agraria de media, frente a menos del 5% en la UE), y el impacto de la PAC será traumático, provocando una brusca reducción de su población agrícola (Fdez Durán, 2000 b). Ambos fenómenos harán que suba el paro de forma muy intensa, por lo que se prevé un espoleamiento de las corrientes migratorias Este-Oeste, ya hoy en día muy importantes. 
Es por eso por lo que Alemania ya ha planteado que los trabajadores del Este tarden más de siete años –a partir de la integración- en disfrutar de la libre circulación. Propuesta que ya ha sido rechazada de plano por Polonia. Esta exclusión del espacio Schengen será otro elemento adicional de frustración para sus poblaciones. Además, se les está exigiendo a esos estados que dediquen un esfuerzo económico muy considerable para reforzar sus fronteras orientales, con el fin de prevenir la inmigración exterior, y para incrementar fuertemente sus presupuestos militares, sobre todo a aquellos que ya son miembros de la OTAN. Ello hará que no tengan capacidad para hacer frente a la problemática social que se derive de esta situación, generándose una pobreza masiva, mayor que la que ya existe hoy en día. Y no podrán contar, como en el caso de la Alemania del Este, con las transferencias masivas de recursos económicos que en su día arbitró Alemania Occidental, donde a pesar de éstos la brecha económica y social entre el Este y el Oeste se mantiene. Se dibuja, por tanto, un escenario en que las principales fuerzas económicas y financieras de la UE pretenden acceder a los mercados del Este, y apropiarse de sus recursos productivos y naturales, desentendiéndose en gran medida de sus consecuencias, y haciendo que carguen con la gestión de una ingobernabilidad creciente unos estados de por sí ya muy débiles, altamente endeudados y poco legitimados. La conflictividad, pues, está servida.
En definitiva, el futuro previsible del llamado “proyecto europeo” no aventura a que vayan a ganar sus instituciones en legitimidad, es más ésta se diluirá aún más tanto en el espacio actual de la UE, como especialmente en el Este, con importantes consecuencias sobre las garantías de gobernabilidad de todo el conjunto en el medio plazo. En el oeste, las tensiones entre países grandes y pequeños, los problemas de representación de los intereses de estos últimos, las propias tensiones en el eje franco-alemán (que se evidencian ahora respecto al tratado del 2004), por el desequilibrio de poder a favor de Alemania, la creación de un centro y una periferia dentro de la propia UE actual, la falta de un imaginario colectivo común europeo, la amenaza que representa la ampliación al Este para los países receptores de fondos comunitarios, y en especial la profundización en las políticas neoliberales (sobre las que se incidirá más adelante), harán que se erosione aún más la imagen de las instituciones comunitarias, pues es desde éstas desde donde se impulsan especialmente dichas políticas. Por otro lado, la incorporación de los países del Este, que goza de poco apoyo social en la actual UE, hará difícilmente manejable una Unión con casi el doble número de miembros que en el presente, y con unas diferencias sociales, económicas, políticas y culturales aún mayores que los que se dan hoy en día en su seno.  
Sobre todo, porque las diferencias entre el núcleo central de la UE, es decir, entre la federación que surja del futuro tratado del 2004,  y el resto, especialmente los países del Este, y dentro de ellos la segunda tanda de países que se incorporarán (Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia, Lituania y Letonia), los de menor renta entre los países del Este, serán de tal calibre, que harán muy difícilmente gestionable y gobernable el conjunto. El secretario general de la CDU alemana, Lammers, lo ha reconocido de forma explícita: “los nuevos socios de la UE serán un riesgo para el proyecto político europeo” (Bonet, 2001) Lo que incidirá sobre la legitimidad, arraigo y cohesión de una estructura tan compleja, tan heterogénea y tan desequilibrada. Hecho que complicará todavía más la política exterior y de seguridad común. Por mucho que se intente dar una apariencia de normalidad democrática con la ampliación del actual Parlamento Europeo a más de setecientos miembros, para incorporar a una institución ya de por sí mastodóntica, de muy poco peso político-institucional, y poco apoyo social, a los representantes de los países que ingresen, que en cualquier caso tendrán una presencia marginal (juntos y mucho más por separado) respecto a los de la actual UE. 

¡Fin de la “Europa” social: Viva la “Europa, S.A.”, Viva el Euro!

Es por todo ello, quizás, por lo que se ha lanzado a bombo y platillo la Carta de Derechos Fundamentales, que también se ha aprobado en Niza, en un intento de marketing de las instituciones comunitarias hacia la opinión pública europea. Pues se ha dicho que su texto se incorporará como preámbulo de la futura Constitución Europea que se pretende aprobar en 2004. Pero en relación con la llamada Carta de Derechos Fundamentales, cabe decir que detrás de su rimbombante título se esconde un instrumento de regresión social, es el famoso doble lenguaje de las instituciones comunitarias. Dicha carta no recoge el derecho al trabajo, ni a un salario justo, así como el derecho a la vivienda, a una pensión o a una renta mínima que permita vivir con dignidad, y pone en peligro las legislaciones sociales europeas más avanzadas. Es decir, en Niza se aprueba una Carta de Derechos Fundamentales sin derechos sociales. El derecho de huelga fue introducido, in extremis, ante la presión de la CES (Confederación Europea de Sindicatos) (CEMCC, 2000). 
La Carta tampoco recoge los plenos derechos de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas. Además, se incluye la posibilidad de su modificación según el derecho comunitario. Esta posibilidad de recortes se extiende también al conjunto de derechos “cuando respondan a objetivos perseguidos por la Unión”. Se recoge el derecho a la vida y al matrimonio, sin mencionar explícitamente el derecho a la contracepción y al aborto, o a la separación y el divorcio. En cambio la libre circulación de bienes y capitales se encuentra definida y resaltada en su preámbulo (Robert, 2000). “La Carta es más sobre poder que sobre derechos. Su objetivo real es extender la legislación europea a las áreas más íntimas de nuestras vidas, haciendo depender los derechos humanos de la Corte Europea de Justicia”, una institución de la UE (Coughlan, 2000). La única novedad es la prohibición expresa de la clonación humana. Aún así, Juan Pablo II expresó su pesar de que no se hiciese ninguna referencia a Dios, como fuente suprema (...) de los derechos fundamentales (TEAM, 2000). 
La "Europa" neoliberal, como se ha apuntado, se empieza a construir paulatinamente desde los ochenta, se acentúa con Maastricht, y a través de distintas desregulaciones que se dan a lo largo de los noventa, pero es recientemente, en especial a partir de la cumbre de Lisboa (de marzo de 2000), cuando se crea el marco general para una desregulación feroz del mercado de trabajo y para la transformación del Estado social a la lógica de mercado. Se ha llegado a afirmar que la "Europa" de Blair, lógica continuadora de la Gran Bretaña de Thatcher, empieza en Lisboa. En la capital portuguesa se plantea que es preciso eliminar las políticas "pasivas" de empleo, para instrumentar, las llamadas políticas “activas", con el fin de hacer frente al problema del paro. Aquí nos volvemos a encontrar, otra vez, con la retórica edulcorante y mistificadora comunitaria para encubrir un asalto salvaje a los derechos laborales y sociales, en nombre de un objetivo "social", la pretendida eliminación del desempleo. La solución que se propone a los altos niveles de paro, es la precariedad masiva, con e1 objetivo de abaratar el coste de la fuerza de trabajo, y en concreto del trabajo más descualificado. Al igual que en EEUU, se pretende sustituir el welfare, es decir derecho a una prestación del Estado, sin que exista contraprestación, por el workfare. Esto, es, e1 beneficiario de la ayuda estatal deberá realizar un trabajo para acceder a ella. Sin que exista, ni se reconozca, ningún derecho.
En la reunión de octubre de 2000, de la Convención encargada de elaborar la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, se planteó que los derechos sociales (y particularmente las prestaciones de desempleo, las pensiones, la renta mínima y el derecho a la vivienda) eran "promesas que no se podían mantener en el futuro”. Se abogó, pues, por la necesidad de “modernizar" los sistemas de protección social, lo que ha quedado finalmente reflejado en el artículo 137 del Tratado de Niza. En el punto de mira de esta “modernización” están la privatización de los sistemas de pensiones, la reducción del subsidio de paro, la incorporación de las políticas “activas” de empleo, y la progresiva reducción y eliminación de la renta mínima existente en algunos países. En el propio artículo 137 se manifiesta que “es preciso reformar los sistemas de protección social, con el fin de aumentar la incitación de las personas a buscar un empleo, así como las oportunidades de encontrarlo, y de una manera más general, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo”. Sin red de protección social, la población asalariada en paro buscará y aceptará cualquier tipo de trabajo, con el fin de sobrevivir. Se establece, en definitiva, la “Europa” ultraliberal que sacrifica las conquistas sociales y las reglas democráticas para satisfacer a las fuerzas del mercado y de las finanzas. En Niza, también, se ha establecido el estatuto de la “Empresa Europea", que confiere a las empresas transnacionales nuevos derechos, por encima de las legislaciones nacionales, y limita la participación de los trabajadores (CEMCC, 2000; Coughlan, 2000).
La Unión Europea está funcionando como una poderosa máquina para liberalizar, desregular  y privatizar desde arriba. Esto, y no otra cosa, como pretenden ilusamente muchos socialdemócratas, sobre todo aquí en el Estado español, es lo que significa el: "Más Europa". La "Europa social" que se construirá una vez constituida la Unión Económica y Monetaria, es simplemente una utopía. Una utopía de mal gusto. Pues es precisamente desde las instituciones comunitarias, desde donde se está procediendo a la voladura del llamado Estado social. El capital transnacional productivo y financiero "europeo”' (o mejor dicho, que opera en el espacio europeo) está utilizando  el creciente poder comunitario para crear un nuevo tipo de Estado (por encima del Estado-nación) que sea funcional con sus intereses en la época del capitalismo global. Al tiempo que aborda el desmontaje del llamado Estado del Bienestar, que en una determinada coyuntura histórica se vio obligado a crear a escala del Estado-nación.
Al igual que es otra utopía de mal gusto la "Europa del desarrollo sostenible". En el Tratado de Amsterdam se entronizó el "desarrollo sostenible" como el leit motiv, que presidiría todas las políticas comunitarias. Pero como la propia Agencia Europea de Medio Ambiente reconoce, las políticas ambientales comunitarias "no son suficientes para avanzar hacia la sostenibilidad (...) Con las medidas adoptadas hasta la fecha no se conseguirá (...) el desarrollo sostenible”, al tiempo que reconoce que el crecimiento económico ha propiciado un deterioro del entorno ecológico prácticamente en todos los terrenos (AEMA, 1995). Las recomendaciones de la "Conferencia para un Desarrollo Sostenible"' (FOEE, 1995) indican que "los cálculos basados en el concepto de 'espacio ecológico' –o ‘huella ecológica’-- sugieren que, en general en la UE, debemos reducir nuestro consumo de recursos naturales, en algunos casos hasta un orden de magnitud diez veces menor, equivalente a una reducción del 90% sobre los niveles actuales", para no seguir importando “sostenibilidad” del resto del mundo.
El Tratado de Amsterdam establece que la Comisión Europea puede llegar a bloquear la legislación ambiental de los diferentes estados miembros que suponga una restricción al Mercado Único. Asimismo, la gran industria comunitaria está imponiendo un cambio de énfasis en las políticas ambientales.  Se hace hincapié en que es preciso abandonar la obligatoriedad de estándares y el intervencionismo estatal para la resolución de conflictos ecológicos, y que se debe caminar hacia "acuerdos voluntarios" con las grandes empresas para reducir los impactos ambientales. Se propugna que es preciso orientar la política ambiental hacia un modelo neoliberal tipo EEUU, crecientemente desregulado, al igual que en materia laboral y social. En definitiva, se apunta que para impulsar el crecimiento económico en la UE, y para poder competir abiertamente en el mercado mundial, es preciso liberar a “Europa” de restricciones sociales y ambientales (EEB, 1996). 
Esta "Europa S.A." es la que han vendido los dirigentes europeos en el Foro Económico Mundial de Davos, de este año, a los representantes del capital transnacional allí reunidos, como alternativa a la recesión en marcha al otro lado del               Atlántico. La “Europa S.A.” se autopostula, pues, como el nuevo polo de crecimiento que tire de la economía mundial. Vende su desregulación laboral y social, y muestra como señuelo que ya están en marcha también intensos recortes en los sistemas impositivos y la privatización de los sistemas públicos de pensiones. Y que están en ciernes procesos de privatización masiva de la Sanidad y Educación en el viejo continente. En paralelo, tal y como quedó reflejado en la cumbre de Lisboa, se compromete a crear las condiciones (de inversión, privatización y desregulación) para convertir a la UE en la economía del conocimiento más dinámica del mundo. Lo malo es que esto coincide con el momento en que la llamada "nueva economía" se desinfla a pasos agigantados en todo el Norte, y con una recesión, con epicentro en EEUU, que probablemente afectará a todo el planeta.
Asimismo, “Europa” ofrece las garantías de que el euro ya es una realidad, aunque todavía no circule físicamente hasta el año que viene, y que eso va a permitir desarrollar todas las potencialidades del MU por parte de las grandes empresas que operen en el mercado comunitario. Y de cara a los mercados financieros promete que se impulsarán políticas que sustenten un euro fuerte, con baja inflación, para animar a los grandes fondos de pensiones y de inversión anglosajones a invertir en activos denominados en euros. Para ello se esgrime que están en marcha profundos recortes del gasto social, que permitirán caminar hacia el déficit cero, tal y como obliga el Pacto de Estabilidad, aprobado en Amsterdam. Al tiempo, que se desregulan aún más los marcos nacionales de sus mercados financieros, creando las condiciones para que se consoliden inversores institucionales (fondos privados de pensiones y de inversión) que operen a escala europea, con el fin de poder competir con los gigantes existentes en este terreno en el mundo anglosajón; y que “se avanza más rápidamente hacia un mercado financiero europeo completamente integrado”, como ha propuesto recientemente Romano Prodi (2001). Aún así, las incertidumbres que pesan sobre el futuro político de la Unión (que estas políticas agravarán) es un handicap considerable para hacer del euro un verdadero sustituto del dólar en estos tiempos de tribulación. Pues como decía San Ignacio de Loyola: “En tiempos de tribulación, no hacer mudanzas”.
El pleno funcionamiento del euro impulsará una mayor concentración de la población en zonas o regiones urbanas, a pesar de que la UE es ya el espacio más urbanizado del planeta, y un incremento de las diferencias regionales. La propia Comisión Europea reconoce que el funcionamiento del euro provocará “una aún mayor dualización (y desequilibrio) del territorio de la UE, y un aumento de la marginación de las áreas menos preparadas para esta competencia incrementada (...) Las regiones, ciudades y territorios compiten entre sí para atraer las actividades económicas, empleo, infraestructuras... (...) Y esta competición puede generar una polarización entre ‘ciudades perdedoras’ y ‘ciudades ganadoras’” (RMOTUE, 1997). Estas apreciaciones las realizaba la Comisión en relación con la actual UE, es fácil pues de extender este razonamiento a toda el área en que funcionará el euro cuando se amplíe la Unión, y a los países que estén en la órbita del mismo.
Al mismo tiempo, la posible aparición en el futuro en la “Europa” del euro de las llamadas “crisis asimétricas” (sobre las que ha alertado el Parlamento Europeo), que afecten de manera diferencial a distintos países y en concreto regiones de la Unión, y la no existencia de ningún mecanismo compensatorio a escala de la Unión Económica y Monetaria (UEM), hará que estas crisis sean particularmente graves. El presupuesto comunitario es muy limitado (el 1,27% del PIB comunitario), si se compara por ejemplo con el presupuesto federal estadounidense (aproximadamente el 20% de su PIB), y además los fondos estructurales o de cohesión no son fondos coyunturales, sino que actúan en el medio o largo plazo. De esta forma, al haber perdido los distintos países las posibilidades de adaptación ante posibles crisis, como el tipo de cambio –que son inamovibles- o los tipos de interés –que los fija el BCE-, sólo les quedará la posibilidad de dejar que actúe el mercado de trabajo, con una caída masiva de salarios o incremento brusco del paro, como única vía de adaptación a la nueva coyuntura. La UEM igualará precios pero no productividades, y las diferencias en este sentido en el espacio comunitario son muy importantes, con lo cual los shocks que genere la total implantación de la moneda única pueden llegar a ser muy considerables (Fdez Durán, 2000 b).      
Frente a esta “Europa” que se construye para satisfacer, sin ningún tipo de restricciones (sociales, políticas, ambientales...), las ansias de acumulación y beneficio de las élites económicas y financieras, europeas y mundiales, es ante la que se han expresado, después de un proceso de constitución de años, multiplicidad de singularidades y organizaciones que han confluido finalmente en Niza, al igual que se están expresando otros movimientos “antiglobalización” en distintas partes del planeta. La Unión Europea ya ha sido identificada, a pesar de su retórica, como uno de los actores principales del capitalismo global, y diferentes organizaciones a escala europea que ponen en cuestión los procesos de “globalización económica”, ya han enfilado su proa contra esta institución. Lo cual va a suponer un elemento adicional de deterioro en la imagen pública de las estructuras comunitarias.

                                                                    Madrid, febrero de 2001
                                                                   Ramón Fernández Durán

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