La OMC, Organización Mundial del Comercio, con sede en Ginebra, que entró vigor el 1º de enero de 1995, es la sustituta del GATT, Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, creado en 1948 como un tratado multilateral que fijaba las reglas del intercambio comercial entre los estados signatarios, en aquel momento representantes del 80 % del comercio mundial. El GATT se organizó a través de las rondas de negociaciones, que podían durar varios años. En 1986, con el inicio de la Ronda Uruguay, entraron bajo la cobertura del GATT todos los aspectos de la agricultura y algunos servicios. Tanto Estados Unidos como las grandes empresas transnacionales impulsaron el nacimiento de un nuevo organismo internacional con mayor poder que el GATT y con escaso control democrático. En 1994, dentro de las negociaciones de la Ronda Uruguay, por el protocolo de Marrakech, se dio por enterrado el viejo acuerdo y en enero de 1995 nació la OMC. Esta organización, que no pertenece al sistema de las Naciones Unidas, es el único ente de regulación internacional con un sistema jurídico propio.

En la OMC están representados los países signatarios, pero además grupos y asociaciones de países: la UE es una de ellas y actúa como una unión aduanera con una política de comercio exterior y un arancel común. Aunque los Estados miembros de la UE coordinan sus posiciones en Bruselas y Ginebra, sólo la Comisión Europea habla en nombre de la UE en casi todas las reuniones de la OMC. Además dicha Comisión goza en algunos ámbitos, como la competencia, la agricultura y la política comercial, de una gran autonomía para tomar decisiones sin presentar propuestas al Consejo de Ministros de la UE. Nuestro representante en la OMC es el comisario de Comercio, Pascal Lamy. La UE junto con Estados Unidos, Canadá y Japón constituyen la Cuadrilateral (en inglés Quad), un lobby de los cuatro principales socios de la OMC que en las negociaciones “difíciles” se reúnen en “conversaciones previas” (del green room).

Dado el escaso control democrático de las instituciones de la UE, en particular de la Comisión, l@s ciudadan@s europe@s tendremos escasa información de los intereses que se negocian en nuestro nombre en la OMC.

La UE y la Conferencia Interministerial de Doha (Qatar)

En el análisis de los resultados de la conferencia ministerial de Doha, realizado por la Comisión Europea el 19 de noviembre de 2001, observamos que la satisfacción europea se basa en la ratificación de la orientación neoliberal de la declaración ministerial y que impregnará la nueva ronda de negociaciones que se ha iniciado en esta conferencia.

En Seattle, hace solamente dos años, la conferencia ministerial fracasó y con ello la Ronda del Milenio (ronda de negociaciones que debía comenzar en el año 2000). El fracaso se debió a la conjunción de dos factores: la desconfianza de los países del Sur, particularmente de los ministros de la OUA (Organización de la Unidad Africana), y la gran presión ciudadana que estaba totalmente en contra del inicio de una nueva ronda de negociaciones sin haber valorado el terrible impacto socioeconómico de los Acuerdos de Marrakech (1994). Tambien hubo el trabajo de las ONG presentes que apoyaron a los países del Sur aconsejando que no firmaran “a ciegas” ningún documento y a definir una estrategia común.

Sin embargo, a pesar de los movimientos ciudadanos en contra de la globalización neoliberal, en Doha se consigue lo que no se alcanzó en Seattle: oficialmente el inicio de una nueva ronda de negociaciones. Y ahí está la UE frotándose las manos, ya que considera un éxito lo conseguido, habiendo tenido que ceder en las cuestiones referentes a los problemas sociales y ambientales.

¿Qué obtuvo la UE en Doha?

La Comisión dice que obtuvieron los cuatro objetivos generales que la UE llevaba a la conferencia ministerial.
1.-Aumentar liberalización del comercio, estimular el crecimiento económico mundial.
2.-Negociar dentro del marco de la OMC un sistema multiral de inversiones, sobre la competencia y las contrataciones públicas.
3.- Considerar los pedidos de valoración de las consecuencias de los Acuerdos de Marrakech, hecho por los países en desarrollo. Poner la cuestión del desarrollo en el centro de las negociaciones.
4.- Tratar de conformar las expectativas de la sociedad civil, con una mayor transparencia en las negociaciones. y de que el objetivo fundamental de la nueva ronda sea el desarrollo sostenible, teniendo cada país el derecho de adoptar las medidas que crea necesarias para la protección del medio ambiente.

Veamos qué quiere decir todo esto y qué ventajas obtendremos nosotros, ciudadanos de la UE.

¿Ventajas?

1.- Mientras no exista un comercio justo, y la mayor liberalización del comercio mundial no lo favorece, por más que haya un tratamiento especial para los países menos adelantados, tratamiento al cual no pueden acceder los países en vías de desarrollo, considerados menos pobres, es evidente que no habrá un reparto más equitativo de la riqueza generada por los intercambios comerciales. Por el contrario, la apertura de fronteras a productos de importación, así como un aumento de las exportaciones de productos agrícolas en estos países, ha llevado al empobrecimiento de los sectores más débiles de la población y muchas veces al empobrecimiento total de un país.
Sin reparto equitativo de la riqueza, seguiremos teniendo aludes immigratorios por más ley de extranjería que se implante.
Buscar una vida más próspera, con seguridad en la alimentación, en la sanidad y en la educación es un derecho inalienable de las personas.

2.- En el año 1997 se logró desbaratar el Acuerdo Multilateral de Inversiones, el conocido AMI, a partir del trabajo exhaustivo del movimiento de defensa del consumidor Public Citizen, de Estados Unidos, que obtuvo una copia del acuerdo que se negociaba en Washington y que pasó a Francia y a una coalicion internacional de movimientos ciudadanos. La publicidad dada las tratativas despertó tal revuelo en Francia, que ésta se retiró de las negociaciones y el AMI quedó archivado. Momentáneamente, porque en Doha se volvió a la carga con el Acuerdo Multilateral de Inversiones ya que es un asunto caro al poder económico de la UE.
El AMI, tal como lo conocimos, era un tratado que autorizaba a las empresas transnacionales y alos inversores a llevar ante la justicia a un gobierno para lograr indemnizaciones por daños y perjuicios si sus inversiones sufrieron disminución en sus beneficios previstos causados por una medida política o una acción pública.
Si el AMI llegara a implantarse, lo que muy bien puede ocurrir durante esta ronda de negociaciones, ¿cómo se podrá hablar de desarrollo sostenible y en qué quedaría la autorización a los gobiernos para adoptar medidas en salvaguarda del medio ambiente? Sabemos que no es conveniente para el capital “dilapidar dinero y esfuerzos” en cuestiones ecológicas.
En cuanto a la competencia y la contratación pública, las negociaciones dan “vía libre” a la entrada de empresas extranjeras en todas las licitaciones públicas, pero, en pro de la transparencia de la contratación pública, las negociaciones no han de restringir las posibilidades de un país de dar preferencia a suministros y proveedores nacionales, y se limitarán a los aspectos relativos a la susodicha transparencia. En principio esto está en contradicción con el Acuerdo General de Servicios (AGCS), una de cuyas claúsulas se refire al denominado “tratamiento nacional”: cualquier empresa o inversor extranjero debe recibir el mismo tratamiento que los originarios del país.
La valoración de la Comisión sobre la creación de un marco multilateral de las políticas de competencia es altamente positiva y anuncia que beneficiará a los consumidores de todo el mundo.

3.-En Doha también se habló sobre el AGCS, que ya hemos nombrado. La UE consiguió su objetivo ya que las negociaciones que se abrirán ofrecerán a las grandes empresas europeas oportunidades comerciales considerables, beneficiando también (¿por qué no?) a los consumidores del mundo entero. Las transnacionales también entrarán, por supuesto, en nuestros servicios públicos que ultimamente comienzan a nombrarse como servicios de “interés público”
Hay un punto en la declaración de Doha que trata de la relación entre el ADPIC, Acuerdo sobre el comercio de patentes y propiedad intelectual, y la salud pública. En principio se ha conseguido que en casos de emergencia sanitaria los países que la sufran puedan fabricar medicamentos sin tener que pagar “royalties” a la empresa detentora de la patente, pero no podrán exportarlos a otros países igualmente necesitados pero que carecen de la tecnología necesaria para fabricarlos. La OMC adopta un texto que corresponde a las posiciones de la UE e intenta mantener un equilibrio entre la propiedad intelectual, y por lo tanto los intereses de las grandes empresas farmacéuticas, y la sanidad pública.
Por otra parte, la UE también consiguió que se someterá a estudio la relación entre el ADPIC y el Convenio de las Naciones Unidas sobre biodiversidad. Estudio que podría suavizar el texto del ADPIC, que permite a las empresas (el 80% de las patentes están en manos de transnacionales) patentar no solo inventos (función originaria de una oficina de patentes) sino tambien hallazgos científicos que puedan tener utilidad terapeútica y medicinal.
Si la UE está tan contenta sobre este punto, ¿por qué los ciudadanos estamos tan preocupados por la pandemia de SIDA en África o la falta de investigación en el desarrollo de vacunas y terapias para las enfermadades más comunes en los países del sur, particularmente el caso de la malaria? Mientras tanto, las investigaciones de la gran industria farmacéutica se dirigen a enfermedades y dolencias propias de los países desarrollados, donde no hay problema en el cobro de los medicamentos.

4.-En cuanto al acuerdo sobre agricultura, según la UE corresponde al mandato adoptado por el Consejo Europeo en 1999 y a la propuesta de negociación adoptada en diciembre de 2000 (Agenda 2000). No se modifica el modelo productivo agrario, modelo del cual nosotros hemos sufrido y sufrimos sus “exquisitas consecuencias”: vacas locas, fiebre aftosa, peste porcina... Todo eso aderezado con elevadísimos grados de contaminación en aquíferos... producción de alimentos de baja calidad biológica, etc.
La mayor liberalización del mercado agrícola no necesariamente conduce a un mayor bienestar de los pueblos. (“El libre-mercado, que lleva a los africanos a conseguir cada vez más alimentos importados, también los lleva a exportar cada vez más sus productos tropicales, cuyo precio será arrastrado a una espiral descendiente para mayor provecho de las firmas agroalimentarias mundiales. No les quedará entonces otra opción que producir para el único gran mercado planetario solvente y remunerador: el de la droga.”. JacquesBerthelot, Le Monde Diplomatique, marzo 2000).
Es curioso que mientras que el grupo de países exportadores de alimentos (Cairns, constituido entre otros por Argentina, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, Uruguay....) aseguran que se eliminaron las subvenciones a la exportación, la UE confirma, sin lugar a dudas, que no existe actualmente ningún compromiso para negociar la supresión de las subvenciones a las exportaciones, una de las medidas proteccionistas que más distorsionan el mercado internacional de un determinado producto. Excelente transparencia la de estas negociaciones.
Lo tratado hasta aquí refleja lo obtenido por la UE respecto a sus dos primeros objetivos, ahora veremos como le fue en sus otros dos objetivos, los “altruistas”.

5.- Dicen que llevaban un objetivo claro sobre el desarrollo sostenible y la preocupación sobre el medio ambiente. Podemos leer en la valoración de la comisión que “en virtud de las normas de la OMC, no deberá impedirse a ningún país que adopte medidas para la protección de la salud y la vida de las personas y animales, y la preservación de la vegetación o para la protección del medio ambiente, siempre que no se apliquen de manera que constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificable.... o una restricción encubierta al comercio internacional.
Loa países del Sur se aliaron a Estados Unidos, en contra de la UE, para impedir cualquier referencia a cuestiones sociales y ambientales. Para entender esta acción debemos referirnos a la necesidad imperiosa de obtener divisas que tienen estos países, para poder pagar los intereses de la deuda externa. La anulación de dicha deuda constituye una condición previa a una reorientación de la economía y en especial de la agricultura. Por lo tanto, si queremos un planeta sano, y teniendo muy en cuenta que el principal emisor de dióxido de carbono es Estados Unidos, debemos hacer también un planeta más justo, y eso hace imprescindible la anulación de la deuda externa de los países pobres.

6.- Y por último, el interés europeo por la preocupación de los países en vias de desarrollo de la valoración de los Acuerdos de Marrakech, queda reflejado en la disposición de la UE a debatir estas cuestiones en el marco de una negociación, a condición de que no se cuestionen los elementos fundamentales de la Ronda Uruguay, ya que los Acuerdos de Marrakech se inscriben dentro de esta ronda.
Tenemos que llegar a la conclusión de que ni para los países no desarrollados ni para nosotros, ciudadanos de a pie de la UE, lo acordado en Doha redunda en una mayor calidad de vida, siendo evidente que sí puede ser un excelente negocio para las empresas transnacionales europeas. Sin embargo seguiremos pensando que Otra Europa es Posible y a través de ella podríamos quizás conseguir un mundo nuevo, donde prime la solidaridad, la justicia social, la igualdad de oportunidades, la equidad económica, porque sin todo eso no hay verdadera libertad.