A pesar del
actual ciclo de crecimiento económico, la tasa de ocupación se encuentra en
nuestro país a tan sólo un punto por encima del nivel observado a finales de la
recesión de 1994. En estos momentos, el paro de larga duración representa casi
la mitad del paro registrado y el de muy larga duración (búsqueda de empleo
desde hace más de dos años y medio) ha crecido hasta afectar a 32 de cada 100
desempleados. Así mismo, asistimos a una flexibilización laboral que nos está
llevando a la creciente precarización y rotación en el empleo de jóvenes y
mujeres, especialmente.
Mientras a nuestros
gobernantes se les llena la boca hablando de la efectiva igualdad de derechos
de la mujer trabajadora, nos encontramos con una persistente discriminación
salarial que permite que la mujer siga percibiendo un 24% menos que el
compañero varón en términos de retribución horaria. En cuanto a la precariedad
en el empleo femenino un solo dato: de los puestos de trabajos creados para la
mujer en 1998, 78 de cada 100 fueron contratos a tiempo parcial, lo que no hace
sino reafirmar la tesis de que la incorporación de la mujer al mercado de
trabajo se produce en condiciones precarias.
A pesar de esta
realidad incontestable, desde la ideología neoliberal se sigue sosteniendo que
el problema del desempleo tiene su origen en la insuficiente flexibilización
del mercado laboral y en los elevados costes salariales y sociales
(cotizaciones), así como en la falta de “adaptación” de las y los trabajadores
a las demandas existentes y a su inadecuada formación.
Paralelamente, con
el pretexto de que es necesario aumentar la productividad y la competitividad
con respecto a los Estados Unidos, se está profundizando en un proceso salvaje
de fusiones y concentraciones de empresas y grupos económicos internacionales
que están trayendo como consecuencia directa miles y miles de despidos masivos.
El mantenimiento del
llamado Pacto de Estabilidad, con la excusa del cumplimiento de los criterios
de convergencia europea, representa hoy el sometimiento de los poderes
políticos -representación democrática de los pueblos y las naciones- a los
intereses de los grandes grupos económicos y financieros que pretenden dirigir
los procesos privatizadores de empresas públicas rentables para así seguir
nacionalizando pérdidas y privatizando beneficios. En definitiva, supone la
producción de más acumulación por un lado, y de más pobreza y exclusión por
otro. Bajo esta situación, la prestación de servicios por parte de empresas que
hasta el momento habían tenido titularidad pública tienden a experimentar una
mercantilización que van a convertir los derechos sociales en una mercancía más
sometida a las reglas de la libre competencia, con lo que ello implica de
desprotección para las capas más empobrecidas en momentos de recesión
económica.
En este contexto se
enmarca el modelo de “pleno empleo” que pretende construir el gobierno Aznar
junto con otros gobiernos burgueses de la Unión Europea desde la Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno de U.E. celebrada el 23 de marzo de 2000 en
Lisboa. Se tratará, en consecuencia, de alcanzar la "plena ocupación"
sin tocar el actual proceso de acumulación y de consolidación de las
estructuras económico-financieras de la U.E., es decir, sin poner en cuestión
el actual marco de competitividad establecido por el famoso Pacto de
Estabilidad que con tanto ahínco suscribieron las direcciones sindicales.
Ello sólo podrá
traer consigo un reparto desigual de la riqueza consistente en:
·
La creación de empleo basada en el reparto del salario a través de la
aplicación masiva de contratos temporales y a tiempo parcial, o sea, la
creación de empleo inestable y sin derechos. La reducción de la jornada laboral
con reducción salarial. La sustitución de trabajadores fijos/indefinidos por
temporales vehiculizados a través de las E.T.T.s
·
La puesta en práctica a todos los niveles de la movilidad funcional y
geográfica. Flexibilización de los horarios de la jornada laboral.
·
El crecimiento de la subcontratación fuera de los cauces normativos y
de derecho laboral.
·
El fomento del autoempleo como paradigma de una nueva forma de
esclavitud en un escenario competitivo como el actual. Esto conlleva, además,
la externalización de los conflictos.
·
Reducción de la masa salarial y del poder adquisitivo de las y los
trabajadores.
·
Recortes en las prestaciones al desempleo e incremento –a costa de
esos mismos fondos- de las partidas destinadas a las “políticas activas”, es
decir, subvenciones a la contratación (empresarios) y formación ocupacional
(sindicatos). Paz social entendida como ausencia de movilización y no como
justicia social.
Estas circunstancias
antes descritas junto con la socialización limitada de los nuevos avances
tecnológicos nos llevará a una sociedad de “plena ocupación” caracterizada por
una creciente dualización en el mundo del trabajo, con un “centro” conformado
por trabajadores más cualificados y con jornadas de trabajo más prolongadas, y
una “periferia” constituida por trabajadores con empleos precarios y
clandestinos, con una importante siniestralidad laboral y rotación en el
empleo.
Ante este
panorama que se nos presenta, los trabajadores sólo podemos esperar a que algún
día la propaganda no venza una vez más a la realidad porque las contradicciones
se hayan hecho demasiado evidentes e insoportables, y en ese mismo instante la
izquierda sindical y política esté en condiciones de abandonar el reformismo y
dirigir la transformación social consciente y necesaria.
Asamblea
de Lucha contra el Paro y la Precariedad
Sobre la sociedad de pleno empleo (II)