La reforma laboral del Gobierno:

una de cal y dos de arena

Había llegado el momento de rendir cuentas sobre los resultados económicos y de empleo arrojados por el ciclo de crecimiento que acabamos de atravesar para, a continuación, empezar a repartir por la vía de las concesiones en los objetivos a negociar por las partes. Los sindicatos CC.OO. y U.G.T. habían acudido a la mesa de negociación con medidas básicamente encaminadas a la superación de la insostenible temporalidad en el empleo, se sentaban frente a la CEOE con la voluntad de darle un giro a los acuerdos del 97, constatado el fracaso de su aplicación en términos de creación de empleo estable; pero la patronal, esto parece evidente, no ha dado oportunidad a que le recuerden el contraste entre sus escandalosos beneficios y el raquítico incremento salarial de los trabajadores, o el contraste entre la tímida presencia del empleo indefinido y el gran expolio de los fondos del INEM destinado, precisamente, a ese teórico fin, en todo caso justificado bajo el difuso y omnipresente paraguas de las llamadas "políticas activas"

La CEOE ha sido consciente de que las propuestas sindicales eran coherentes con los objetivos recogidos en el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo de 97 y viables "técnicamente". Precisamente por eso ha marcado territorios innegociables haciendo fracasar, de esta manera, el proceso y trasladando así al gobierno la responsabilidad sobre las decisiones, sólo mirando el futuro de sus intereses de acumulación.

La economía internacional empieza a mostrar síntomas claros de agotamiento que marcan el comienzo de un nuevo ciclo de recesión. Se anuncian tiempos duros ante los cuales la patronal pretende, con la ayuda de su gobierno, tener un instrumento legal a su medida que les permita afrontar -sin costes adicionales- próximos ajustes de plantilla así como la consolidación e incremento de la contratación temporal y a tiempo parcial "como mecanismo natural y necesario para el mantenimiento de los actuales índices de productividad y el fortalecimiento de la economía de libre mercado", contexto en el que el empleo pasa a convertirse de forma casi irreversible en una mercancía más que se asigna o no como cualquier otro recurso.

Compartiendo esa estrategia, tenemos un gobierno de la derecha para el que la paz social representa no ya el equilibrio que se podría teóricamente alcanzar con el pleno ejercicio del papel social de las partes en conflicto dentro de la normalidad democrática sino la legitimación de sus políticas económicas de clase. Los sindicatos no ignoran que esa "generosa disposición" de la patronal y sus gobiernos a sentarse en una mesa de negociación con ellos raramente se mantiene cuando esos ostentan la mayoría absoluta y les resulta factible -y hasta más barato políticamente- el recurso a la vía del decreto. Ya lo ha dicho el Ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio: "El diálogo social no es un fin en sí mismo" El caso es que en esto lleva razón, ¿no?

Es evidente que el gobierno del PP ha jugado una vez más a favor de los intereses de la patronal, como no podría ser de otra manera; sin embargo no hay que olvidar que lo ha hecho con las cartas que se repartieron en el acuerdo del 97 y antes de que caducara en mayo de 2001. En líneas generales, esta reforma del gobierno no aporta ninguna novedad respecto de aquél, mantiene la misma filosofía, es decir, nuevas contrataciones de trabajadores/as a cambio de subvenciones así como bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, lo que significa la aplicación de la política más ajustada a las pretensiones patronales de reducir las cotizaciones a la mínima expresión por una vía tan sutil e indirecta como eficaz. Ahora cabría preguntarse: ¿alguien con una mínima sensibilidad de izquierdas puede creer que es aceptable subvencionar por más tiempo a las empresas sin un compromiso posterior de reparto del producto social?

En cualquier caso, la impresión general, si nos atenemos a los resultados obtenidos, es que cada vez que los agentes sociales se sientan a negociar, lo hacen para abordar nuevos retrocesos planteados por la patronal o que, por lo menos, aparecen como las propuestas menos tímidas, más arriesgadas.

Parece, en definitiva, que estamos abocados no sólo a aceptar una imposición sino también las tesis que las sustentan. La idea de que la moderación salarial, la flexibilidad del mercado laboral, el abaratamiento del despido son aspectos positivos para la creación de empleo en la medida en que contribuyen a elevar el beneficio, la inversión, la riqueza, nos introduce de lleno en el cuento de la lechera...cuando llega el momento de hacer las cuentas todo eso se rompe para exclusivo beneficio de los mismos de siempre, y nosotros nos quedamos sin trabajo, sin prestaciones, sin nada.

Desde esa perspectiva, el diálogo social nos ha conducido a un callejón sin salida como consecuencia de no haber dado la vuelta a tiempo, aunque aún no es tarde si las direcciones sindicales cambian la táctica y empiezan a pensar en la movilización de los trabajadores y de las ideas. Sin embargo, el verdadero dilema no es aquí y ahora si hacemos o no la huelga general, sino si verdaderamente estamos dispuestos a prepararla con un método participativo y en base a una plataforma reivindicativa capaz de articular no sólo las alianzas posibles sino, además, las deseables y recuperar en la calle el terreno perdido en las mesas. Lo que parece meridianamente claro es que existen razones sobradas para plantearla, de hecho, colectivos de trabajadores están ya en marcha movilizados por sus derechos e intereses -lo vemos todos los días- y, desde luego, no podemos seguir mirando a otra parte.

Desde esta Asamblea celebramos las posiciones mantenidas por U.G.T. y el sector crítico de CC.OO. sobre la necesidad de una huelga general. Es hora de pasar de las palabras a los hechos.

Asamblea de Lucha contra el Paro y la Precariedad