La Asamblea Estatal de
Sevilla tendrá lugar en uno de esos
momentos claves en que los poderosos del mundo tienen el sentimiento agridulce
de un triunfo no saboreado por completo. Cuando se frotaban las manos por su
victoria en Afganistán, el pueblo argentino les arruinó la fiesta. Una
insurrección contra el expolio y el hambre hizo saltar todas las señales de
alarma derribando gobierno tras gobierno y presidente tras presidente. Aquellos
que no sólo niegan la posibilidad de una revolución en el mundo moderno y que
incluso se atreven a teorizar semejante disparate tendrán necesariamente que
ajustar sus falsas concepciones.
En Europa se implanta el robo del
euro con alegría de los mass-media, pero un cierto escepticismo por parte de la
población que ve como en términos reales se les ha colado por la puerta de
atrás un escandaloso incremento de los precios que varia entre el 2 y el 4%, lo
que repercutirá negativamente sobre los bolsillos de los más débiles: los que
gozamos del privilegio de ser explotados a cambio de un salario.
En el Estado español, Aznar
estrena la presidencia semestral lanzando sus prioridades –lucha contra el
terrorismo y más liberalización y desregulación, es decir, más neoliberalismo-
protegido por el pacto social firmado por la patronal y las cúpulas dirigentes
de UGT y CCOO. Mientras, los estudiantes organizan la desobediencia activa
contra la odiada LOU, primer paquete del ataque a la educación pública que
continuará con las ya en puertas leyes de FP y de Calidad. Y el movimiento
contra la globalización neoliberal, fortalecido tras la unificación de las
diferentes campañas e iniciativas –lo que hay que defender a muerte frente a
los que pretenden dividirlo-, comienza un largo calendario alternativo de
movilizaciones y protestas.
En este movido contexto se va a
producir la asamblea estatal de la Campaña “Contra la Europa del Capital y la
guerra. Globalizemos las resistencias. Otro mundo es posible” que se centrará
en el debate de los ejes temáticos y el modelo de contracumbre.
1. La criminalización del
movimiento
Aznar –y antes su ministro de
interior, Rajoi- lo ha dejado meridianamente claro: considera al “movimiento
antiglobalización” el segundo enemigo de Europa tras el terrorismo. Cuando los
sucesos de Génova destaparon la naturaleza represiva de las llamadas
“democracias europeas” fue el único gobernante europeo que se solidarizó
públicamente con el asesino y corrupto Berlusconi.
El Gobierno Aznar tiene clara su
estrategia hacia nosotr@s: la criminalización y el aislamiento. Para ello ya ha
empezado a utilizar los medios de comunicación que en forma de reportajes
aparentemente serios y rigurosos han comenzando a alertar a la población: ¡que
vienen los alborotadores antiglobalización!. Al mismo tiempo como se esperaría
de cualquier gobierno responsable exhibe con todo lujo de detalles la
maquinaria represiva que va a emplear “en la protección de los ciudadanos”.
Ambas medidas tienen el mismo objetivo: meterle miedo a la gente para que no
acuda a las protestas, para evitar que éstas sean masivas y así poder
instrumentalizarlas mejor –ya sabemos cómo- legitimando la represión.
La criminalización del movimiento
es la precondición de su aislamiento social. Saben de sobra que el “movimiento
antiglobalización” empieza a ser una amenaza contra su sistema. No es una
exageración. El movimiento tiene aspectos definitorios que no les agrada en
absoluto: su dimensión global, su cuestionamiento del sistema y su probada
capacidad de movilización. Las mayores movilizaciones internacionales desde la
Guerra de Vietnam se han producido de la mano de este nuevo movimiento que ha
surgido –y esto les preocupa terriblemente- al margen de la izquierda oficial.
Además, la unidad de acción de diferentes cuerpos ideológicos de la izquierda
–enfrentados tradicionalmente- por primera vez en muchas décadas les llena de
terror. Con la criminalización consiguen aislar, dividir y debilitar esta nueva
amenaza para su sistema.
No obstante, la criminalización
del movimiento forma parte de un ataque más general contra las libertades y derechos individuales y colectivos. A
nadie se le escapa que el 11-S se declaró una guerra no sólo contra Afganistán
sino también contra la disidencia interna, uno de cuyos máximos exponentes es
el “movimiento antiglobalización”.
En Europa el recorte de
libertades tiene ya dos patas donde asentarse: la definición comunitaria de
terrorismo y la llamada “euro-orden”, que se carga el derecho de asilo político
y los procesos de extradición. “Con la manida excusa del terrorismo, la
Unión Europea pretende, primeramente, criminalizar todo tipo de disidencia
política que se oponga, aún pacíficamente, al pensamiento único y al proceso de
globalización” (Endika Zulueta, “Se fortalece el estado policial”).
Efectivamente. En Europa se define ya como “terrorismo” la amenaza, el daño
grave o la destrucción de las estructuras políticas, económicas o sociales de
un país (Art. 3, de la declaración de la UE sobre terrorismo). Esta definición
es tan general que cualquier movilización
contra la OCM, FMI, UE, etc puede ser tildada de terrorista. En ese
mismo artículo se señala como infracción terrorista “la ocupación ilícita de
instalaciones públicas o gubernamentales, de medios de transportes,
infraestructuras, lugares públicos...”. Esto quiere decir que la ocupación
de un autobús aunque sólo sea para exigir la cartilla de desplazamiento
gratuito para las personas en paro –tal
y como hicimos en Sevilla durante la pasada Semana de Lucha Social en el
marco de la Campaña Barcelona 2001- hoy podría ser considerado un acto de
terrorismo. Al igual que una manifestación ilegal.
Pero la cosa no queda ahí. La
declaración comunitaria pone en peligro hasta el derecho de huelga ya que será
considerado terrorismo “la perturbación o la interrupción del
aprovisionamiento de agua, electricidad y otros recursos esenciales”. Se
considerará acción terrorista la amenaza de cometer uno tan sólo de los
“delitos” –antes derechos, por lo menos en el papel- que hoy se consideran
terrorismo.
La declaración comunitaria
termina hablando de las penas que van de dos a 20 años de reclusión. Por tanto,
no se trata de una broma de mal gusto del Parlamento Europeo. Va muy en serio y
acorde con las medidas que en el otro lado del Atlántico se están tomando tras
el 11-S. En una perspectiva histórica la crisis del capitalismo es incompatible
con el mantenimiento de un régimen de libertades, aunque sea burgués y formal
más que real. De hecho, la llamada “democracia” es una excepción histórica. El
régimen normal que ha empleado el capitalismo en los momentos en que se ha
encontrado en peligro es la suspensión de las libertades, la dictadura y la
guerra civil. El periodo actual se caracteriza por la inviabilidad del sistema
capitalista en su modalidad occidental en la mayoría de los países menos
desarrollados, afectando actualmente lo mismo a países que en el pasado fueron
modelo de desarrollo capitalista, como queda demostrado con los acontecimientos
de Argentina. Además con las políticas neoliberales de los actuales
gobiernos sean de derechas o
socialdemócratas en los países capitalistas desarrollados, las
"democracias occidentales" son una sombra del pasado liberal de la
burguesía. Ahora el liberalismo es, menos "Estado del Bienestar", más
explotación, menos libertades, menos información, menos cultura, menos
igualdad, y menos desarrollo para las 2/3 partes de la humanidad. Están
utilizado todo los resortes del Estado capitalista para la implantación cada
vez más descarada de medidas autoritarias y de recortes de Derechos
Fundamentales, pisoteando con el más absoluto descaro sus propios Derechos
Humanos.
Propuestas: uno de los ejes de toda la
campaña debe ser la explicación constante de estas medidas. Asimismo, el
movimiento debe realizar un debate serio y profundo sobre el carácter de los
regímenes políticos donde actuamos y sacar las conclusiones debidas para el
desarrollo de estrategias que permitan garantizar la continuidad del mismo.
2. La represión en la
contracumbres y el empleo de tácticas violentas por una parte del movimiento
La represión siempre va precedida de campañas mediáticas donde los medios “imparciales” corean los tópicos policiales de turno. De aquí a Junio aparecerán las “conexiones” de los “antiglobalización” con no se sabe que redes internacionales de “violentos alborotadores” pagados por una mano desconocida. En Génova los servicios secretos italianos, recordando sus éxitos en los ’70, llegaron a realizar una campaña de bombas. No nos debe extrañar que se produzcan “oportunos” atentados en las cercanías de las cumbres más importantes (Barna y Sevilla) con objeto de asustar a la opinión pública y criminalizar al movimiento.
Esta gentuza va a poner toda la carne en el asador por reprimir a mansalva. Ya hicieron las experiencias piloto en otros lugares (Euskadi, Barna y Madrid). En la última manifestación contra la guerra la policía rodeó a los manifestantes durante todo el trayecto. Algo nunca visto en Sevilla. Por mucho empeño que pongamos en realizar movilizaciones pacíficas, el Gobierno tiene el franco propósito de infiltrar las protestas y provocar incidentes con objeto de justificar la represión. Por eso no sirve para nada intentar el diálogo con las autoridades gubernativas. No obstante, no hay por qué oponerse por principio siempre y cuando este diálogo sea público y transparente y sirva para que el movimiento señale al Gobierno como propiciador de la violencia y máximo responsable de lo que ocurra.
Tenemos, por tanto, que partir de esta base a la hora de preparar nuestra respuesta a la cumbre oficial. En este contexto, el empleo de tácticas de violencia callejera contra bancos y escaparates empleada por una parte del movimiento está en un segundo plano. Indudablemente, estas tácticas son contraproducentes ya que dan excusas a la represión e impiden la libre expresión de los otros sectores del movimiento que prefieren “romper las barreras mentales” que las meramente físicas. Sin embargo, no debemos cansarnos en señalar que son precisamente los responsables gubernamentales y su policía los principales instigadores de la violencia que ha acompañado las diferentes cumbres.
Propuestas: establecer desde ya un diálogo con los sectores del movimiento
que emplean esas tácticas y propiciar el entendimiento y la coordinación, desde
el respeto mutuo. No entrar en las campañas de descalificación y
criminalización que se fomenta desde el sistema. Responsabilizar al sistema de
ejercer una violencia estructural contra la humanidad (hambre, miseria,
enfermedades, desempleo y precariedad, exclusión social, accidentes laborales,
etc).
3. Euskadi
Partiendo de la base que el movimiento es plural y diverso no tiene ningún sentido proponer medidas de resolución del conflicto (la vía Elkarri, la negociación ETA-Gobierno, un nuevo Pacto de Lizarra, etc) que no van a encontrar los consensos necesarios. Lo ideal sería que el movimiento trabajara sobre un par de ejes de amplio consenso:
1.
el derecho
de autodeterminación entendido como el derecho que tienen los ciudadanos
que están censados en Euskadi –exceptuando las fuerzas militares y policiales
españolas- para decidir libremente el grado de vinculación respecto al Estado
español (independencia, autonomía, federación etc).
2.
la
solidaridad con el movimiento popular vasco y la izquierda abertzale,
víctima de la represión del Gobierno y la judicatura que ilegaliza
organizaciones, prohíbe medios de expresión y encarcela activistas que nada
tienen que ver con las acciones armadas de ETA.
En relación con esto, la criminalización mediática que sufre la izquierda abertzale, gestionada y potenciada por los partidos españolistas, es equiparable a la que sufren los movimientos antiglobalización, persiguiendo el desprestigio social de amplios colectivos que luchamos cargados de ideología, por la vía de de generalizar las acciones violentas minoritarias. El objetivo principal de esta estrategia es que las ideología alternativas no lleguen y calen en la sociedad, desviando el foco de atención hacia elementos más impactantes y 'socialmente rechazados', potenciando su 'pensamiento único' que establece una división estricta entre ellos, que se autodefinen como los 'buenos' y todos los demás, que ellos definen como los 'malos'.
Además, la citada generalización criminalizadora no se
restringe a cada uno de los movimientos alternativos por separado, sino que
intenta relacionarnos y mezclarnos a todos en su mismo saco de los 'malos'. Así,
cuando aparece algún caso aislado que se lo facilita, intentan vincular a la
izquierda abertzale con ETA, al movimiento 'okupa' con ETA, al movimiento antiglobalización con la 'kale
borroka', a las redes de contrainformación con los hackers, a colectivos de
inmigrantes con Ben Laden, etc..
En definitiva, extender ésta visión en la sociedad les
facilita aplicar una represión ilegal y criminal a todos estos colectivos, que
bajo la objetividad de los hechos y otro estado de opinión serían duramente
reprobados y castigados por la judicatura, los medios y la sociedad en su
conjunto.