Salud. Victor (ATTAC Madrid) y Erika (CRALED)

El proceso de construcción europea tal y cono hoy lo conocemos, nace de las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial en la parte del Continente que quedó bajo el control de las potencias capitalistas hegemonizadas por Estados Unidos, para afianzar su poder frente a la alternativa socialista que en la mitad de la década de los años 40, se presentaba con gran fuerza y era apoyada por muchos ciudadanos de los países occidentales.

Para afirmar la supervivencia del capitalismo, desde Estados Unidos se realizó el Plan Marshall, que lleva el nombre del general que entonces ocupaba el puesto de Secretario de Estado en Washington. Norteamérica destinó muchos millones de dólares a este empeño ideológico logrando una resurrección de las clases medias y la identificación de estas con la democracia liberal de gran tradición en esta área cultural,

A partir de 1948 se consagra la ruptura total entre los antiguos aliados, ruptura escenificada en el llamado problema de Berlín.

Con estos fundamentos y una cierta prosperidad económica que arranca del Plan Marshall, Italia, Francia, la República Federal Alemana y el Benelux, establecieron la CECA, Comunidad Europea del Carbón y del Acero.El correspondiente Tratado se firmó en 1950 y así surgieron las primeras Instituciones comunes entre los seis Estados que se fueron asentando en Bruselas y Luxemburgo.

La experiencia de siete años llevó a estos gobiernos a celebrar la Conferencia de Mesina en 1057 de la que surgieron las bases en las que se asentó el Tratado fundacional del Europeismo institucional; el Tratado de Roma de 1958, que, no lo olvidemos, creó el Mercado Común Europeo cuyo nombre refleja perfectamente cuál era el sesgo de la fundación internacional, que no tenía prácticamente ninguna aspiración supranacional ni mucho menos federalista. Su sesgo mercantilista estuvo en sus orígenes y ha determinado su evolución posterior fomentada por el poder que actualmente posee el liberalismo economicista

El proceso de construcción europeo tal y como lo conocemos en la actualidad, viene desarrollándose siguiendo unos criterios que, esencialmente, son coincidentes con los expresados por las instituciones financieras y las grandes empresas, en particular por la Mesa Redonda de los industriales europeos((compuesta por los máximos responsables de las 47 mayores empresas europeas) y por la UNICE(Unión de Industriales y Empleadores Europeos).

Es por ello que la Unión Europea en su estado actual representa un potente motor de la globalización neoliberal; forma parte de la primera línea de las instituciones de esta globalización que , junto con los gobiernos de las principales potencias (sobre todo EEUU), está integrada como sabemos, por el BM, FMI, OMC y la OTAN, constituyendo un entramado que se ha autoproclamado como el "legítimo" gobierno mundial.

Esta dinámica imprime unas características básicas a este proceso:

1.- En primer lugar, el predominio sobre cualquier otra consideración del aspecto económico, identificado en la actualidad con el credo neoliberal. Es por ello que, por ejemplo, la llegada del euro constituye un fin en si mismo que se considera suficiente para probar el gran éxito alcanzado en la construcción europea, aunque así se haya comenzado la casa por el tejado, forzando en primer lugar una moneda única , cuando lo coherente hubiera sido armonizar y homogeneizar previamente las condiciones sociolaborales y económico-financieras de los países de la UE: empleo, política social, política fiscal, etc.

2.-Este alineamiento con instituciones que no han sido elegidas y cuyo funcionamiento está tutelado por los intereses de los grandes grupos financieros y transnacionales, conlleva un alejamiento cada vez mayor de la ciudadanía y una degradación de la democracia y sus instituciones por limitadas que estas fueran en su extensión y funcionamiento.

3.-Este déficit democrático se produce también en los respectivos países, donde los lo justifican por el traspaso de competencias a Bruselas y por la necesidad de ajustarse a los criterios de convergencia de Maastricht.

Es por ello que nuestro trabajo quiere encaminarse en la línea de reconquistar los espacios perdidos por la democracia, en beneficio sobre todo de la esfera financiera ,y promover una construcción europea fundada sobre los intereses de las ciudadanas y los ciudadanos. Una Europa pacífica y solidaria con los pueblos del resto del mundo.

PROPUESTAS EN ESTA AREA

i.- OTRA FISCALIDAD PARA UNA ECONOMIA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

En el marco de la globalización financiera, la construcción europea ha adoptado desde 1990 el modelo económico neoliberal basado en la libre circulación de los capitales. Paralelamente, la política fiscal europea vigente, es esencialmente favorecedora de los especuladores y de las empresas multinacionales, siendo su objetivo central permitirles invertir dónde, cuándo y en las condiciones que ellos establecen y , asimismo, retirar sus inversiones cuando les parezca oportuno.

Las ciudadanas-sobre todo- y los ciudadanos, somos las víctimas de esta lógica de carrera enloquecida hacia los beneficios y generadora de desigualdades. Las consecuencias sociales desastrosas de las crisis financieras han mostrado a las claras los límites de un desarrollo que se asienta prioritariamente en los beneficios financieros a corto plazo y la especulación.

Por otra parte la ideología neoliberal contribuye a desacreditar ante la opinión pública la fiscalidad, pudiendo ser ésta un utensilio eficaz para una redistribución equitativa de las riquezas, como en el caso de los impuestos directos, que al ser proporcionales a los ingresos gravan más al que más tiene, mientras que cada vez se apoyan más descaradamente los impuestos de tipo indirecto(como el IVA y otros impuestos sobre el consumo) que perjudican a los más débiles, al aplicarse a todos por igual .

Es por ello que es urgente la adopción de medidas destinadas a restablecer un control político sobre la economía y de limitar el poder de las multinacionales, con el fin de construir una economía al servicio de todos los ciudadanos y no solamente del mundo financiero. En particular, en el dominio de los mercados financieros y en el de la fiscalidad en el seno de la Unión Europea, nosotros proponemos:

- Establecer un impuesto a dos niveles sobre las transacciones financieras que implican una operación de cambio (propuesta de Spahn a partir de la idea de Tobin) : uno pequeño, durante el período de estabilidad de las cotizaciones de cambio, y otro muy elevado, aplicado de forma automática, cuando las cotizaciones de cambio entre dos monedas se salgan de un margen que viene definido alrededor de la tasa de cambio medio de los últimos 20 días. Según las proyecciones realizadas, el rendimiento tan solo del impuesto pequeño reportaría como mínimo el montante total de la ayuda pública al desarrollo que actualmente se invierte en los países " en desarrollo ". Una tasa de este tipo penalizaría fuertemente las idas y venidas especulativas de capital financiero a corto plazo, mientras que por su reducida cuantía no perturbaría el funcionamiento de los mercados ni las inversiones no especulativas, favoreciendo así la economía productiva. En el terreno técnico, la centralización informática de la liquidación de las operaciones de cambio ya existente(SWIFT, CLEARSTREAM, EUROCLEAR)facilitaría de modo importante la aplicación de una tasa como la propuesta En el plano político no es necesario esperar a que todos los países del mundo estén de acuerdo en la imposición de la tasa. La Unión Europea podría crear una " zona de tipo Tobin ", junto con otros países que estén de acuerdo en ello, y aplicar un impuesto más elevado a las transacciones que se realicen entre la " zona tipo Tobin " y el resto del mundo. De esta forma el resto del mundo tendría interés en incluirse en la " zona tipo Tobin " por lo que se iría extendiendo progresivamente a todos los países.

- Establecer un impuesto europeo sobre operaciones de bolsa

- Desmantelar los paraísos fiscales ( alrededor de un billón de dólares son blanqueados anualmente ). Existen medidas en esa dirección : la U.E. podría establecer una carga punitiva sobre las transacciones provenientes de los paraísos fiscales, con el fin de anular los beneficios obtenidos por medio de esta política fiscal desleal. Paralelamente, es necesario levantar el secreto bancario para luchar eficazmente contra la evasión fiscal, el desvío de fondos públicos y la corrupción.

- Colocar las sociedades de compensación de transacciones bancarias( " clearing ") bajo el control democrático de una organización pública de tutela, con el fin de hacerlas transparentes. En efecto, la ausencia de control público y la opacidad de las transacciones de capital financiero ofrecen una herramienta eficaz para atajar la criminalidad financiera.

- Establecer una armonización fiscal que incluya mecanismos de redistribución de riquezas : a pesar de que las diferencias en materia fiscal de los diversos países en el seno de una misma zona monetaria son susceptibles de crear nuevas formas de especulación, la U.E. no se plantea en la actualidad más que un acuerdo que tiene por objetivo únicamente los ingresos por rendimientos del capital de las personas físicas, y esto condicionado a un acuerdo con las principales plazas financieras del mundo. Paralelamente, las reformas fiscales llevadas a cabo por la mayor parte de los Estados miembros tienden a disminuir las cargas sobre empresas y los altos ingresos, y particularmente a favorecer las inversiones de tipo financiero que alimentan la burbuja especulativa. Es necesario invertir esta tendencia con el establecimiento de una política fiscal europea socialmente justa y ecológicamente sostenible. Debe existir una política fiscal europea que permita establecer mecanismos de distribución de la riqueza solidarios entre regiones y grupos sociales que compensen las desigualdades dentro de la UE. Esta política fiscal debe tener la misma capacidad redistributiva que se aplica, en la actualidad, dentro de las fronteras de los estados nacionales.

- Controlar los movimientos especulativos de capital, al objeto de evitar las fugas masivas, combinando prácticas similares a las chilenas(obligación de efectuar un depósito previo , durante un año como mínimo, en el banco central del 30% de la inversión prevista en el país) y la propuesta por Spahn(gravando las retiradas de capital con un impuesto variable, que podría llegar al 100% en caso de crisis graves)

- Garantizar un reparto democrático de la riqueza por medio de la integración en el nivel local de las y los ciudadanos en los procesos de decisión del destino a dar a estas riquezas, según el modelo de presupuesto participativo llevado a cabo en Porto Alegre ( Brasil ). Sólo con una política fiscal realmente democrática y redistributiva se podrá recuperar plenamente el sentido ciudadano que debe tener el impuesto. Los Estados de la U.E. deben garantizar una política impositiva realmente igualitaria entre las pequeñas y medianas empresas y las multinacionales. Deben asimismo garantizar una igualdad en las imposiciones aplicadas al trabajo y al capital.

- Exigir el control democrático de los organismos que deciden la política económica, suprimiendo la autonomía excesiva y fuera de control del BCE y poniéndolo al servicio de las planificaciones formuladas a nivel europeo.

ii.- UNA EUROPA SOCIAL Y UN REFORZAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

La Europa social está siendo constantemente sacrificada en nombre de los beneficios elevados ofrecidos a los inversores, especialmente a través de los criterios de convergencia del tratado de Maastricht de 1992: política monetarista dirigida única y exclusivamente por un Banco Central Europeo independiente de cualquier control de los poderes públicos, estabilidad de precios (la inflación no puede superar el 2%) y austeridad en los presupuestos ( el déficit no puede superar el 3% del PIB), careciendo el BCE de la mínima flexibilidad para adaptar la consecución de estos objetivos(en plazos y/o metas) a la coyuntura cambiante por la que atraviesen los diversos países.

Al tomar como único objetivo la estabilidad en los precios, el Banco Central Europeo impide de hecho el crecimiento y el empleo, mientras que los gobiernos europeos, carentes del margen de maniobra existente anteriormente a la integración para hacer frente a las crisis económicas(oferta monetaria, modificación de los tipos de cambio de la divisa, manejo del déficit presupuestario),al estar sujetos a los criterios estrictos de Maastricht, acuden a la única solución de recortar el gasto público (esencialmente, los gastos sociales) y empujan los salarios hacia abajo permitiendo la existencia de un " ejército de parados " en competencia con los asalariados presionándolos así para aceptar una flexibilización incesante de las condiciones de trabajo. Todo ello encaja perfectamente en la estrategia de profundizar la implantación del modelo neoliberal, con la perfecta coartada de Maastrichtt. Así, mientras que la U.E. representa la primera potencia comercial mundial, el 20% de su población vive por debajo del umbral de pobreza. Rechazamos que los ciudadanos y las ciudadanas sean reducidas a variables que se ajustan según convenga al beneficio de unos accionistas que exigen rendimientos del 12-15%.Rechazamos las restricciones a la política fiscal y monetaria impuestas en los criterios de convergencia de Maastricht y en el "Plan de Estabilidad y Crecimiento", que siguiendo el credo neo-liberal, limitan el uso extensivo y democrático de estas políticas para impulsar el crecimiento y el empleo.

La creación de empleo de calidad debe ser una prioridad explícita de las políticas económicas desarrolladas dentro de la UE. No podemos limitar la responsabilidad del estado a la creación de un entorno macroeconómico favorable para luego delegar la creación de empleo en el sector privado. Debe existir una política pública activa dirigida directamente a la generación de puestos de trabajo mediante la regulación laboral (disminución de jornada a 35 horas, edad de jubilación) y la creación de empleo público orientado a sectores de demanda creciente como los servicios sociales.

Pero, además, la austeridad de los presupuestos y la competencia fiscal existente en los diversos países para atraer a los inversores, reducen las capacidades de financiación del sector público y llevan al desmantelamiento de los servicios públicos de interés general.

La aceleración de la liberalización y de las privatizaciones de estos servicios es una amenaza para los usuarios, y la parcelación de las sociedades públicas permite privatizar los segmentos más rentables y dejar a la colectividad las cargas de los segmentos no rentables.

Rechazamos que el acceso a los servicios públicos de interés general quede limitado a " clientes " suficientemente solventes. Los conceptos de eficacia y de rentabilidad social no pueden venir definidos por criterios estrictamente económicos y productivistas. Nuevos indicadores deben ser puestos en práctica, con el fin de restablecer la universalidad de acceso y la finalidad de reducción de las desigualdades como principios básicos de la misión de los servicios públicos de interés general; esto entra en total oposición con la política de liberalización y privatización puesta en marcha. Un verdadero servicio público debe obedecer a un cierto número de principios de base tales como : igualdad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad y accesibilidad. Nosotros y nosotras defendemos la idea de que los tratados europeos deben imponer a cada país miembro la obligación de asegurar, sobre la base de estos principios, unos servicios públicos accesibles a todos y todas; la elección del proveedor (público-privado-mixto) será únicamente competencia de cada país. El refuerzo y extensión de los servicios públicos podría en determinados casos, pasar por el concepto de empresa pública comunitaria.

Creemos que la economía de la UE genera recursos suficientes para que la pobreza pueda desaparecer dentro de sus fronteras. La erradicación de la misma debe ser una política social promovida por los estados y la comisión mediante instrumentos como la renta básica ciudadana y la mejora del acceso a los servicios públicos.

Nos oponemos a las presiones ejercidas por las empresas, la Comisión europea, y la Organización Mundial del Comercio en su intento de entregar al sector privado las actividades relacionadas con la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. Los sectores vitales en relación con dichas necesidades : la salud, la educación, la cultura, la agricultura, la protección del medio ambiente, el aprovisionamiento de agua y más generalmente los servicios públicos de interés general son derechos fundamentales y deben ser por lo tanto excluidos del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la O.M.C., al no deber de estar sujetos a criterios empresariales de rentabilidad y competitividad, sino tan solo a su eficacia y satisfacción social.

Nosotros impulsamos la constitución de alianzas lo más amplias posibles entre los movimientos sociales y ciudadanos europeos, con el fin de que la construcción europea no implique una reducción de las conquistas sociales al más reducido denominador común. Al contrario nosotras y nosotros exigimos que la constitución de una Europa social se haga alrededor del más grande común múltiplo.

iii.- OTRA EUROPA ES POSIBLE, OTRO MUNDO ES POSIBLE

La evolución de la economía mundial a lo largo de los últimos dos decenios ha mostrado que los países del Sur no pueden financiar un desarrollo sostenido por medio de unos mercados financieros inestables y concentrados en una veintena de países en desarrollo. Paralelamente las condiciones de los préstamos del FMI y del Banco Mundial, apoyados por la Unión Europea en su política de cooperación, han dado lugar unas reformas macroeconómicas que han hecho crecer las desigualdades, la pobreza y el endeudamiento.

Se hace necesario que los países del Sur se liberen de su dependencia económica de los capitales internacionales y de los préstamos tanto bilaterales como multilaterales por medio de la creación de un fondo de desarrollo de capacidad suficiente y controlado democráticamente por las mujeres y los hombres de los países concernidos (lo cual implica el establecimiento de un mecanismo de vigilancia). Este fondo similar a lo que pudo ser el Plan Marshall después de la segunda guerra mundial, debe estar alimentado por diferentes fuentes:

- La anulación de la deuda del "tercer mundo" : la deuda de estos países ha sido ya reintegrada seis veces desde el año 1980, pero se ha cuadriplicado desde entonces, como consecuencia del fracaso de los programas del FMI y del Banco Mundial. Esta deuda, de la cual una gran parte de la población jamás se ha beneficiado -fruto da la complicidad entre prestamistas y receptores- es pues ilegítima, implica transferencias masivas de capitales del Sur hacia los acreedores del Norte (unos 300 mil millones de dólares anuales, que representa cuatro veces la ayuda oficial al desarrollo recibida por los mismos). El pago de esta deuda recorta los presupuestos sociales y permite una recolonización económica de estos países por los ricos del Norte, a pesar de que son estos países ricos los que tienen contraída una deuda ecológica y social con los países del Sur, por los abusos cometidos contra su población y recursos naturales. La U.E. cuyos miembros están entre los principales accionistas del FMI y del Banco Mundial, debe asumir su responsabilidad en la materia, con el fin de reorientar sus relaciones con el Sur.

- La retrocesión de los bienes mal adquiridos por las élites del Sur : los pueblos del Sur(así como los del Este europeo) han sido objeto de un expolio sistemático y continuado por las peores dictaduras sostenidas por los países del Norte , contando para ello con un sistema de práctica impunidad estructural; todos estos bienes acumulados fraudulentamente deben ser recuperados y reintegrados a sus legítimos propietarios, lo que implica la ratificación de la Convención de Roma sobre el Tribunal Penal Internacional, la realización de investigaciones internacionales y el levantamiento del secreto bancario

- La aplicación de impuestos sobre las transacciones financieras (tipo Tobin) :aún teniendo en cuenta que la aplicación de dicha tasa podría frenar en parte a los operadores y disminuir el volumen de transacciones a 500 mil millones de dólares por día,, una tasa del 0,1% proporcionaría anualmente 120 mil millones de dólares.

- El aumento de la ayuda pública al desarrollo al menos hasta alcanzar el 0,7% del PNB, tal y como se comprometieron los países de la U.E. en la Conferencia de Río en 1992 (actualmente la media de los Estados miembros de la UE roza el 0,4%, mientras que la de España es tan solo del 0,23%).

- El establecimiento de un impuesto mundial excepcional sobre las grandes fortunas, como ha sido propuesto por CNUCED en 1995

- El establecimiento de un programa internacional de conversión de los gastos militares en gastos sociales y culturales

Este fondo que se elevaría a aproximadamente a un billón de dólares anuales (las Naciones Unidas evalúan en 80 mil millones de dólares la suma necesaria para asegurar un acceso universal a los servicios sociales de base) debería permitir a los países del Sur establecer progresivamente un modelo de desarrollo endógeno, financiado en gran parte por su ahorro y sus recursos propios y , sobre todo, adaptado a sus necesidades y a sus riquezas naturales y culturales específicas. También debe ser apoyada la participación activa de las y los ciudadanos del Sur en la toma de decisiones y ejecución de los programas acordados, al mismo tiempo que deben ser abolidas todas las condiciones político-económicas injustas impuestas por parte de los acreedores.

Hay que tener en cuenta además que, como fruto de la sobreproducción impuesta por los planes de ajuste estructural desde hace dos decenios, las cotizaciones de las materias primas del Sur han caído de manera continuada, lo que convierte en desventajosos para los países del Sur los términos de los intercambios. Estos términos deben ser equitativos y permitir obtener un precio justo para sus recursos. Es pues necesario asegurar unos términos equitativos en los intercambios mediante el establecimiento de un mecanismo de garantía de los ingresos provenientes de la exportación por parte del Sur (estabilizar precios de materias primas, constituir stocks reguladores, etc.)

Paralelamente, las reglas de la OMC son tremendamente desfavorables para los países del Sur, especialmente en lo que respecta a los campesinos y el pueblo llano. Esta lógica debe ser invertida, lo que implica sostener el derecho de estos países al proteccionismo, sobre todo para adquirir una soberanía alimentaria y favorecer los productos locales, como hicieron anteriormente (e incluso todavía) los países desarrollados, hasta alcanzar su hegemonía.

En fin, ningún desarrollo sostenido y sostenible será posible sin someter a los mercados financieros, altamente opacos y especulativos, bajo control. Ello implica asegurar una trazabilidad de todas las operaciones financieras, que permita su seguimiento, y de controlar los movimientos de capitales a nivel internacional.

Más globalmente, la mundialización neoliberal y sus principales actores - organizaciones internacionales, empresas transnacionales, bancos, holdings financieros y gobiernos - deben respetar el derecho internacional ya reconocido (Declaración universal de los derechos del Hombre, Pacto internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales, Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, Acuerdos Multilaterales sobre medio ambiente, Convenciones de base de la OIT, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación con respecto a las mujeres, Convención Europea de los Derechos del Hombre, etc.). En el derecho internacional existen bases suficientes que permiten exigir otros comportamientos por parte de las instituciones financieras internacionales.

Nosotras y nosotros exigimos que los derechos económicos sean defendidos de la misma forma que los derechos civiles y políticos, lo que implica en un primer momento adoptar un Protocolo como ha sido pedido por la conferencia de Viena, y en un segundo momento poder juzgar los crímenes económicos como crímenes contra la Humanidad imprescriptibles por naturaleza

El primer deber de la justicia debe ser hacer respetar los derechos fundamentales, tanto en el Norte como en el Sur. Toda política debe estar guiada por esta prioridad.

iiii.- OTRAS ALTERNATIVAS

tercer sector, cooperativas, organización alternativa de comercio, etc.

iv.-PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA

Es totalmente necesario que en este proceso de exigencia e implantación de una política económica alternativa se desarrolle la conciencia de clase y el interés colectivo de todos los ciudadanos y agentes sociales ante aquellas cuestiones que, derivadas de las políticas actuales , afectan a su vida cotidiana: paro, recariedad y siniestralidad laborales, disminución y deterioro de prestaciones sociales, recortes y congelaciones salariales, aumento del coste de la vida, etc. , para que participen activamente en la toma de decisiones , reivindicaciones y actuaciones que se lleven a cabo en todos los niveles : del local al europeo.