Siguiendo las directrices de la ERT, la mesa redonda donde se sientan las empresas más poderosas de origen europeo (Unilever, Fiat, Siemens, Nestlé, British Petroleum -BP-. Daimler Benz, Philips, Cepsa, Iberdrola, Repsol, Telefónica, Shell... hasta llegar a 45), en la ciudad de Maastricht los jefes de estados de la UE establecieron una serie de condiciones para acceder a la moneda única y acordaron la creación del Banco Central Europeo (BCE) que en el futuro dirigiría la política monetaria común. Las condiciones obligaron a desplegar políticas de: reducción de gastos sociales, privatización de empresas y servicios públicos, inversión en grandes infraestructuras para facilitar el mercado único y desregulación laboral en cada uno de los países miembros. La política monetaria, instrumento fundamental para el capital financiero, quedaba en manos del BCE el cual no tenía que rendir cuentas ante ningún gobierno ni parlamento, sólo servir mansamente a los marcadores de rumbo, los grandes mercaderes. Los referéndum convocados para ratificar el Tratado de Maastricht pueden contarse con los dedos de una mano y sobran dedos; ganados por escaso margen o perdidos como en Dinamarca, a pesar de la desigualdad de medios entre los partidarios del si y del no reflejan el escaso ropaje democrático que reviste la política dictatorial acordada en Maastricht. Como en el régimen de fábrica, el orden jerárquico y el mando reside en los consejos de administración; las instituciones comunitarias y los parlamentos nacionales son la representación formal equivalente a las mesas de los convenios colectivos o los comités de empresa, la dirección del negocio comunitario escapa a cualquier tipo de control democrático.

El Tratado de Amsterdam de 1997 afronta el problema del paro y los altos costes laborales en la UE, en relación con otras partes del planeta en un mercado mundial ferozmente competitivo, ordenando la celebración de una Conferencia Extraordinaria sobre Empleo en Luxemburgo, donde se especificarán las características del nuevo mercado de trabajo multinacional: movilidad, flexibilidad, políticas "activas" de empleo, en definitiva precariedad laboral para las personas que se incorporan al mercado de trabajo, jóvenes, mujeres e inmigrantes y desregulación de buena parte de la legislación laboral que protegía a los trabajadores con empleo fijo. Si a todo ello le añadimos el peso del trabajo "negro" de la economía sumergida (en torno al 20% de la población laboral activa sin papeles) en el mercado de trabajo, los planes nacionales de empleo supervisados por la UE a partir de Amsterdam, son sólo carátulas que pretenden encerrar realidades más amplias donde reinará el euro a costa de malvivir en la precariedad social amplias capas de la población.

En Niza parieron otro Tratado en el año 2000. Presentado formalmente como un avance para elaborar un texto constitucional europeo, los acuerdos de Niza certifican, legitiman y ratifican las diferencias de derechos laborales y sociales en cada país de la UE, por lo que facilitan el denominado dumping social para que las empresas se instalen donde más les convenga, imponiendo factores discriminatorios entre los trabajadores según el territorio donde trabajen; el mercado laboral se estructura segmentándose aún más con derechos diferentes ( o sin derechos) para los empleados públicos, los trabajadores fijos, los eventuales, los sin papeles y además según países, tendrán o carecerán de salario mínimo interprofesional, mayores o menores prestaciones por desempleo o jubilación, ingresos sociales diferentes y derechos sanitarios o escolares muy diversos. El Tratado de Niza esboza un texto constitucional basado en la desigualdad social y espacial.

A partir de los años ochenta, todos los estados que forman parte de la UE se dotaron de leyes sobre extranjería o endurecen las ya existentes. En Dublín, en 1990, los estados miembros de CE, -ahora UE- establecieron un criterio de reparto para las solicitudes de asilo que lleguen a presentarse en territorio de la UE. Se creó el sistema denominado EURODAC que controla las huellas digitales de los solicitantes de asilo y de los inmigrantes indocumentados que son detenidos. El Tratado de Maastricht establece que son ciudadanos europeos los nacionales de los estados miembros por lo que de un plumazo se les niega el derecho de ciudadanía a todos los asilados e inmigrantes, con independencia de su situación legal. Más tarde, en 1999, con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, la inmigración y el asilo pasan a ser competencias de la UE, dándose la fecha del 2004 para disponer de una normativa completa. En el otoño de 1999, en Tamper (Finlandia) se reunieron los ministros de Justicia e Interior de los estados miembros de la UE para armonizar medidas en materia de políticas migratorias e ir perfilando la normativa europea que una Conferencia Intergubernamental tiene que aprobar cinco años más tarde. Las leyes de extranjería y la fortaleza europea son permeables a las redes mafiosas que trafican con inmigrantes; al convertirlos en sin papeles, el medio millón de personas que anualmente cruzan ilegalmente las fronteras de la UE engrosan las filas del sector de la clase trabajadora multinacional más precarizada: la empleada en la economía sumergida.

La resistencia social al proyecto capitalista de la UE en el último decenio, se ha manifestado en importantes luchas que no han impedido la llegada del "euro" y la implantación de la mayor parte de las condiciones impuestas por los Tratados en cada una de las cumbres de jefes de estado, pero si ha sumido en un gran desprestigio y soportado un enorme desgaste las instituciones europeas. Las oleadas de huelgas en Francia durante 1995 contra la privatización de servicios públicos, la aparición en escena de un movimiento de parados en diferentes países durante el mismo año, la okupación de viviendas por jóvenes en todas las ciudades del viejo continente, las huelgas del transporte en las carreteras europeas en 1997 y en el 2000, las luchas obreras contra las reestructuraciones de producción, los despidos masivos y las privatizaciones de empresas públicas durante el último lustro, son algunas muestras de luchas sociales que han carecido de la potencia necesaria para derrotar los intereses de las grandes empresas representados por la UE. La guerra social no ha terminado y los embates del capital obligan a la resistencia social a redoblar sus esfuerzos, ganar potencia y afinar estrategias. La utopía del capital es acabar la guerra con la victoria absoluta de su proyecto, pero allí donde hay dominio siempre aparece la insubordinación, donde hay poder la potencia de la lucha social emerge, como ocurre en los dos últimos años con el movimiento antiglobalización.

El sindicalismo institucional y las formaciones políticas de la izquierda tradicional han perdido gran parte de su crédito durante el último decenio. Su alianza con el proyecto de la Unión Europea ha impedido que las luchas obreras contra las privatizaciones, los despidos masivos y la precariedad laboral se extendieran más allá de los conflictos puntuales. Socialdemócratas, partidos comunistas y verdes gobiernan en coalición en varios estados y regiones de la UE, siendo copartícipes de todos los Tratados, por lo que sus respectivas correas transmisoras sindicales o sociales se han dedicado a ejercer de bomberos, desarticulando las luchas sociales que han podido y pactando todo lo que le han puesto a firmar legitimando las políticas de la UE. Sin embargo, las luchas de los sin techo, los sin papeles y los sin empleo son expresiones novedosas en la Europa del capital en los últimos años y con escasa o ninguna vinculación a la izquierda tradicional se han convertido en la anomalía salvaje, ya que la autoorganización, la reapropiación social de la riqueza y las identidades son imposibles de domesticar. Lo mismo sucede con otro fenómeno nuevo que discurre entre la clandestinidad y la huelga: la resistencia obrera en sectores tan precarizados como las empresas de telemarketing, las de comida-basura o entre los empleados y empleadas de la agricultura intensiva. El sabotaje, el antilabel (sacando a la luz pública los efectos negativos para los consumidores de los productos o servicios de las empresas) y las huelgas ilegales (según la patronal) contra los despidos masivos son formas de luchas ajenas totalmente al sindicalismo institucional sin presencia significativa en el mundo de la precariedad laboral.

De todas las luchas sociales opuestas al proyecto de la UE, hay que destacar las Marchas europeas contra el paro, la precariedad y la exclusión social. En 1997, tuvo lugar la primera, con varias columnas saliendo de diferentes puntos de Europa (y una desde Tánger) para confluir todas en Amsterdam, demandando miles de personas por sus calles el reparto de la riqueza y el trabajo. La segunda Marcha europea tenía como destino final Colonia en el año 1999 y estuvo especialmente dedicada a la lucha contra los ataques racistas sufridos por inmigrantes en Alemania durante 1998 y 1999; una vez más miles de personas gritaron papeles para todos desde Bruselas a Colonia, y en cierta medida se convirtió en el germen de la lucha de los sin papeles en la España del 2000 y 2001. Una nueva Marcha hacia Niza tuvo lugar en diciembre del año 2000 reivindicando la Carta de derechos sociales europea. Las Marchas han logrado la confluencia de centenares de organizaciones sociales muy diversas (asociaciones de parados, sindicatos, organizaciones políticas, colectivos de inmigrantes, de mujeres, ecologista, etc.) para impulsar movilizaciones de decena de miles de personas cada dos años en los países de la UE, con objetivos comunes: Ingreso Social y derechos sociales para todos y todas, libertad de movimientos para las personas. La perplejidad y el temor de los mandatarios en la cumbre de Amsterdam, se produjeron al no tener ningún interlocutor "válido" de la izquierda tradicional entre las 300 organizaciones que habían sacado a más de 50.000 personas a la calle. En 2002, la Marcha tendrá su meta en Sevilla, en el mes de junio coincidiendo con la cumbre de jefes de estados de la UE, que se celebrará en una de las capitales de la precariedad, en el décimo aniversario de la Exposición Universal, el gran escaparate anunciador de la globalización.

El proyecto de la UE también ha tenido y tiene altos costes ambientales y de salud pública. En el Tratado de Maastricht se apostaba -con fondos comunitarios- por la creación de una red de infraestructuras transeuropeas de transportes con la construcción de nuevas autopistas, superpuertos, grandes aeropuertos y líneas ferroviarias de Alta Velocidad para facilitar el mercado único, la rápida circulación de las mercancías y servicios, principio básico para la autovalorización del capital. Además de los impactos ambientales directos ejercidos sobre el territorio, las redes transeuropeas de transporte van incrementando anualmente las emisiones de CO2, el más importante -por cantidad- de los gases de efecto invernadero que están calentando el planeta. De esta forma, la UE, que se presenta en los foros internacionales como la máxima defensora del Protocolo sobre el Cambio Climático, está haciendo todo lo contrario con el creciente y desmesurado tamaño de su sistema de transporte por carretera.

Pero hay más; los países ribereños del mediterráneo albergan en su sensible franja litoral y en las vegas cercanas a las costas una de las mayores industrias turísticas del mundo y la huerta europea con proliferación de los cultivos bajo plástico. Las autovías y autopistas, la urbanización de casi todo el litoral mediterráneo en España, Francia e Italia (que alojan al 80% del turismo en toda el área mediterránea) y la agricultura intensiva están poniendo en peligro los ecosistemas costeros y el mismo mar Mediterráneo al sobreexplotar acuíferos, contaminando las aguas superficiales y subterráneas, erosionando el suelo y construyendo en primera línea de playa las inmensas moles de cemento que forman el "paraíso" geriátrico europeo. El Mediterráneo agoniza entre los vertidos contaminantes de las conurbaciones y las industrias, por la sobrexplotación pesquera y la escasez de aportes de agua dulce y sedimentos, ya que sólo tres grandes ríos (el Ebro, el Ródano y el Po) desembocan en él, y cada vez están más regulados y contaminados.

Las actividades económicas de la franja mediterránea necesitan ingentes cantidades de recursos hídricos, por lo que la solución lógica del capital son los grandes trasvases, autopistas de agua que llevarán el líquido elemento allá donde de más rinde y aporta mayores beneficios económicos. La huerta europea tiene mucha sed y la industria turística también, por lo que en España el Gobierno y las Cortes ha terminado por aprobar un Plan Hidrológico Nacional (PHN) para trasvasar agua del Ebro hacia el litoral mediterráneo, obra faraónica y multimillonaria que se pagaría con fondos de la UE. La oposición social al PHN en las comarcas del Ebro es total protagonizando intensas movilizaciones para detener un desastre ecológico que también es social, pues primero se llevan el agua y después desaparecen las gentes y los pueblos, teniendo que emigrar forzosamente hacia las grandes ciudades y al... litoral mediterráneo donde se concentran las actividades económicas y la población. Para que las lechugas y pimientos almerienses, las naranjas valencianas y los limones murcianos lleguen a todas las mesas europeas y la clase media de la UE pueda disfrutar de una semana de vacaciones en las cálidas aguas mediterráneas, se está esquilmando el patrimonio natural y poniendo en peligro la mismísima "gallina" de los huevos de oro, pero eso no parece importarle muchos a las empresas transnacionales que dominan el "agrobussine" y los "tour operator"; cuando el negocio comience a declinar, el mundo globalizado les ofrecerá otros parajes, otras gallinas a las que desplumar.

Y más todavía; los fenómenos de los pollos belgas con dioxinas, las vacas locas, la ganadería atiborrada de antibióticos y hormonas y la autorización de alimentos transgénicos convierten en precaria la salud de las personas que vivimos en la UE. El negocio de la industria agroalimentaria está bien defendido en las instituciones comunitarias y solamente escándalos como los anteriormente referidos, auténticas bombas de relojería, atentados criminales contra la salud pública perpetrados por "respetables" empresarios terroristas, logran que toda la podredumbre del sistema capitalista, tan bien defendida por la UE, salga a la luz pública y encuentre el rechazo social por parte de los consumidores, lo que ha obligado ha constituir la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea ¡han puesto al zorro a cuidar del gallinero!

El proyecto capitalista de la UE triunfa pero no tiene futuro, la precariedad ambiental nos empuja a luchar contra la barbarie.

En el mundo de la economía global, instituciones "regionales" como la UE sirven de lanzaderas de las empresas transnacionales en los mercados mundiales. Para ello, utilizan amplios territorios como "patios traseros" donde localizar la producción más contaminante y la que necesita grandes cantidades de mano de obra, obligando a la población -salvo las minorías privilegiadas- a vivir precariamente y a emigrar aunque les vaya la vida en ello. Los países europeos del Este, el África mediterránea y Latinoamérica son "patios traseros" de la UE. Del Este se "importa" al territorio comunitario, mineros polacos, jornaleros lituanos, mecánicos checos y mujeres ucranianas o rusas para servir en el mercado de la prostitución. Del otro lado del Mediterráneo vienen trabajadores magrebiés y subsaharianos para limpiar calles y recoger basura, trabajar en las obras y en el campo, y en su respectivos países, los que tiene más suerte se colocan en empresas manufactureras con sueldos miserables y jornadas laborales interminables. Nuestros hermanos y hermanas latinoamericanas vienen a currar en el servicio doméstico, en el campo, en la hostelería o "haciendo" la calle.

En las empresas subsidiadas o absorbidas por REPSOL, ENDESA, TELEFONICA, EL CORTE INGLÉS y otras transnacionales de origen español en Marruecos, Argelia o América Latina la sobrexplotación y la precariedad laboral son el pan de cada día. El proyecto de ampliación de la UE hacia el Este, la firma de un acuerdo de libre comercio para el área mediterránea a partir del 2005 y los acuerdos preferenciales con Latinoamérica servirán para ampliar y consolidar los mercados de las empresas transnacionales, y para precarizar aún más las condiciones de vida de la población trabajadora. En los "patios traseros" no hacen falta cuidar las formas, para defender los intereses petrolíferos o gasísticos de las grandes empresas se aplastan rebeliones en Ecuador o se hunde en un baño de sangre a la población argelina. Las huelgas protagonizadas por los trabajadores argentinos de AEROLINEAS, el ataque a los intereses "españoles" en Argentina y las revueltas beréberes en la Cabila argelina demuestran que la resistencia social hace frente a la precariedad impuesta por la UE.

La precariedad social en los "patios traseros" es condición determinante para la obtención de grandes beneficios económicos por parte del capital transnacional. Desde el año 1975, la deuda externa Latinoamericana se ha multiplicado por diez hasta alcanzar la astronómica cifra de 697.800 millones de dólares en 1998. Sólo una empresa, REPSOL, transnacional de origen español consiguió en el año 2000 unos beneficios de 400.000 millones de pesetas, de los cuales dos terceras parte correspondieron a su producción en América Latina.

La UE tiene una enorme "huella ecológica" que abarca a sus "patios traseros". La producción y el consumo dependiente de la UE, está devorando y degradando las selvas ecuatorianas, la amazonía brasileña y peruana, las montañas y bosques colombianos y guatemaltecos, los ríos chilenos, argentinos y paraguayos, el desierto argelino y la orilla sur del mediterráneo, los recursos mineros y agrarios de los países del Este, al construir grandes presas, explotaciones minera, petrolíferas y gasistas, instalando industria contaminante y vertederos de residuos peligrosos, talando bosques y construyendo autopistas, obligando al monocultivo de cacao y café. Las huellas ecológicas de la UE, los EE.UU, y Japón amenazan la vida en el planeta, estamos instalados en la precariedad ambiental y las instituciones como la UE sólo aspiran a gestionar la catástrofe.

Las instituciones internacionales y las empresas transnacionales son el blanco de las iras en las campañas antiglobalización, la UE como institución "regional" al servicio de la globalización no escapa a este fenómeno y en los últimos años las dos reuniones anuales o cumbres de jefes de estado siempre han tenido su contestación social en forma de marchas, contracumbres y manifestaciones. Existe un intento de criminalizar las movilizaciones antiglobalización; para ello el "izquierdista" gobierno francés no dudó en utilizar las cláusulas excepcionales del acuerdo de Schengen para restablecer los controles fronterizos nacionales y fortificar Niza en 2000, como no han tardado en anunciar los gobiernos belga y español que utilizarán, igual que el francés, las excepciones reglamentarias para controlar las movilizaciones antiglobalización frente a las cumbres de la UE que se celebrarán en sus territorios. Tampoco han dudado los gobiernos sueco y español al ordenar reprimir duramente las manifestaciones de Goteburgo y al infiltrar policías provocadores en los disturbios de Barcelona durante la movilización contra el Banco Mundial. Y en Génova, caía asesinado un joven manifestante por los disparos efectuados desde una furgoneta de la policía. El gobierno de Berlusconi preparó todo un ejército para defender la fortaleza del Palacio Ducal donde se reunían los líderes mundiales del G-8. En los últimos meses, el aparato mediático al servicio de la sociedad de control ha fabricado la figura demoníaca del enemigo: "el anarquista violento encuadrado en un bloque negro que se ampara en las manifestaciones antiglobalización para desatar su locura destructora..."; el espantajo negro que introducen en nuestras mentes les sirve para calificar de "desgraciado incidente" el crimen del 20 de julio en las calles genovesas y ocultar los millones de personas que mueren anualmente a consecuencia de las políticas homicidas del capitalismo globalizador.

Un informe de la policía alemana señala y tacha de violentos a los grupos que según ellos forman parte del blac bloc: Reclaim the Streets, Tutti Bianchi. Globalization fron Below y las redes libertarias. Grupos todos ellos que toman la bandera de la acción directa, pero no la de la violencia organizada; son los estados los que tienen el monopolio y ejercen legalmente la violencia y algunas organizaciones armadas le responden violentamente porque también aspiran a legitimar su violencia con la constitución de nuevos estados. Los grupos señalados por la policía alemana son antiestatalista y la violencia no forma parte de sus estrategias de acción, lo cual no impide que actos violentos impregnen algunas de sus acciones directas, como no están libres de violencia las huelgas pacíficas, la insumisión o la desobediencia civil practicada por el pacifismo militante.

La violencia que ejercen las empresas transnacionales sobre las comunidades locales, las muertes por SIDA en el continente africano y los intentos criminales de los grandes laboratorios farmaceútivos para impedir la fabricación de medicamentos genéricos, los miles de asesinatos del gobierno argelino o las miles de muertes perpetradas por la aviación de los EE.UU y sus aliados de la OTAN en la guerra del Golfo y en los conflictos yugoeslavos son actos violentos al servicio de la globalización capitalista; a su lado, las roturas de escaparates de empresas transnacionales y entidades financieras, los destrozos en cabinas telefónicas y en el mobiliario urbano de las ciudades, ocasionados por las protestas antiglobalización, pueden ser considerados como un desahogo irreflexivo de la ira ante los escaparates obscenos de la globalización. Irreflexiva porque de poco sirve para desenmascarar al capital y a las instituciones a su servicio. Estas acciones no pueden ser tan peligrosas para el capital si sus propias fuerzas policiales ayudan con provocadores. En la lucha contra la globalización capitalista, las grandes manifestaciones y las contracumbres sólo son una pequeña parte -aunque sea la más visible- de la guerra social que se libra todos los días en multitud de frentes en todas las partes del mundo, al ocupar tierras, casas, empresas, defender comunidades, bosques, ríos, al actuar como hacker y en piquetes, o en las huelgas contra las privatizaciones y la precariedad laboral; en todos estos frentes son necesarios los bloqueos y la resistencia social a la globalización, en todos ellos, afloran la ira y la rebelión sintiéndose la potencia de los dominados frente al poder. Pero en las contracumbres se actúa sobre un escenario, intentando quitar las mascaras a la globalización capitalista y lo más efectivo para ello no es precisamente la rotura de escaparates, bancos y jardineras.

La gran belleza de las contracumbres y las manifestaciones multitudinarias contra la globalización es su diversidad de opciones y colores; belleza que se convierte en baza estratégica frente al pensamiento único y la acción monocorde del capital. Diversidad de opciones que excluye las agresiones violentas a las personas y que se expresan en una única manifestación separada por cortejos, o en talleres y actos públicos para todos los gustos. Enfrentar nítidamente al mando único con la diversidad social no es menú del agrado del gobierno de turno, por lo que intentan "igualar" el combate, reduciendo la pluralidad de opciones presentando a los antiglobalización como violentos y criminales, mostrando mediáticamente la batalla entre el Orden y el Caos. No hay violencia contra las personas, ni crímenes entre los manifestantes contra la globalización -a lo más, algunos destrozos materiales de los símbolos del capitalismo globalizador- sin embargo, si hay respuesta violenta por parte de las fuerzas del Orden para reprimir y disolver las muestras de diversidad, de libertad que tanto molestan a los gobiernos. Desde Seattle quedó demostrado, que las cumbres de gobiernos y ejecutivos de las instituciones internacionales pueden ser bloqueadas por los manifestantes, los grandes hoteles, los restaurantes de lujo y la avenidas importantes ya no son lugares tranquilos para los criminales que ostenta el monopolio legal de la violencia o se hacen servir de ella. Seguro que hoy en día los jefes de estado de la UE, no pasearían por las calles en bicicletas como lo hicieron en Amsterdam en 1997 -calles vacías y fortificadas- para vender la imagen de cercanía frente a lo alejado que están los gobiernos y las instituciones internacionales. La represión violenta de las contracumbres y los altercados callejeros son convertidos en mercancía mediática y la noticia vuela por todo el mundo, millones de personas se alegran de que el pensamiento único y la globalización capitalista tengan miles de jóvenes opositores y en sus corazones anidan los deseos de hacer lo mismo todos los días y en todas las calles del mundo.

Entre los manifestantes antiglobalización también hay partidarios del orden, de la respuesta cívica, de utilizar las grandes demostraciones antiglobalizadoras como soporte mediático para fines electorales, ya que el trabajo fundamental de algunas organizaciones políticas pasa por reformar las instituciones, democratizar los estados y consideran como tareas accesorias las luchas diarias y cotidianas contra la globalización, apéndices que van acumulando ganas, deseos y gentes para los actos multitudinarios que en definitiva pueden ser las mejores cuñas publicitarias de sus campañas electorales. A estas organizaciones no les gustan que les rompan las fotos bucólicas de una representación en la que hay demasiados actores y muchos van por "libre", así que si pueden tienen su propio servicio de orden para reprimir a los descarriados y descarriadas, y siempre están a punto para denunciar a las minorías que provocan la respuesta violenta de la policía.

Entre las fuerzas antiglobalizadoras existen múltiples opiniones y la diversidad de opciones está más que garantizada. A grandes rasgos hay un par de opciones estratégicas defendidas por dos bloques: el anticapitalista y anti-estado, y el reformismo fuerte antineoliberal y partidario de más poder para los estados. El bloque anticapitalista - del que forma parte el "black bloc" de la policía alemana- está coordinado mayoritariamente en la red Acción Global de los Pueblos (AGP) nacida al calor de los encuentros Contra la Globalización y por la Humanidad, de manos de los zapatistas marcándose como objetivo central la lucha contra la Organización Mundial de Comercio (OMC). En esta red se encuentran numerosas comunidades indígenas, organizaciones campesinas (como el MST de Brasil o el KRRS de la india), ecologistas y libertarias. No consideran el lobby como una manera de actuación, ni participan en elecciones políticas, abogan por la confrontación. El reformismo fuerte está coordinado en varias redes, siendo ATTAC una de las más importantes. Nacida en Francia impulsada por Le Monde Diplomatique tiene presencia en casi toda Europa y va poco a poco extendiéndose por otros continentes. Aglutina a la izquierda tradicional radical (trosquistas, sindicalistas alternativos, militantes de organizaciones populares etc.). En un principio la demanda principal de ATTAC era la implantación de la tasa Tobin (impuesto sobre el capital financiero), aunque ya han ampliado el campo de actuación (condonación de la deuda externa, anti-OMC, etc) y se declaran partidarios de fortalecer el poder de los estados-nación frente a la globalización.

El reformismo fuerte estuvo muy bien representado en el Foro de Porto Alegre (Brasil, 2001) donde confluyeron ATTAC, los restos de los otrora potentes partidos comunistas, algunas fuerzas políticas verdes y sectores vinculados a la AGP (como el MST), todos ellos invitados por el alcalde de la ciudad, militante destacado del Partido del Trabajo brasileño. Al elegir las mismas fechas que el Foro de Davos, donde reúnen a los personajes más selectos fieles lacayos de la globalización, se presentaron como alternativa, no a la globalización capitalista, sino a como se está llevando a cabo, se ofrecieron como recambio del neoliberalismo. El reformismo fuerte sabe de sobra que su única opción de convertirse en alternativa al neoliberalismo, es pactar con el reformismo débil -con la socialdemocracia-, debilidad que les convierte en alternativa de gobierno, como mandan ya coaligados en algunas ciudades, regiones y varios estados del mundo. El reformismo fuerte hizo su trabajo en Porto Alegre, allanando el camino al reformismo débil (por llamarle de alguna manera) para presentar en sociedad al mundo globalizado un nuevo Foro, ¿el Foro Social de Barcelona o París? en el que brillen con fuerza la socialdemocracia y el sindicalismo institucional.

Las políticas reformadoras frente a la globalización pueden sintetizarse en un programa de tres puntos: 1) Profundizar los mecanismos democráticos para conseguir la gobernabilidad de la globalización; 2) Establecer regulaciones de los mercados de capitales mediante un impuesto o tasa que module sus movimientos; y 3) Paliar las desigualdades entre países y personas mediante la condonación de la deuda externa de los países "pobres" y con la implantación de la renta básica de ciudadana. En primer lugar centran sus esfuerzos en reforzar el papel del estado como recaudador de impuestos y redistribuidor de rentas mediante los servicios públicos. El capital financiero tiene infinidad de maneras para escapar al control impositivo de los estados, por lo que la crisis fiscal es hoy en día de lo más evidente. Los estados se endeudan con los bancos y cada vez es mayor la parte de los presupuestos estatales destinada a pagar los intereses de la deuda pública. Los servicios públicos son privatizados, mercantilizando y monetarizando sus prestaciones. El reformismo pretende cobrar impuestos al juego financiero que se desarrolla en el casino mundial, pero la gran timba obtiene grandes beneficios, entre otras cosas, porque no se somete o sortea cualquier legalidad estatal por muy caritativa que se presente la limosna Tobin, otros en cambio, estamos interesados en hacer saltar la banca del casino, acabar con el juego de las finanzas que arruina la vida de centenares de millones de personas en beneficio de algunos pocos, aunque sean unos pocos millones, las clases medias que apuestan en la bolsa.

Y en segundo lugar, como en el cuento de la lechera, en los informes de los asesores económicos de Jospín, en el programa del PSOE, en los escritos trosquistas y de algunos profesores universitarios, en las proclamas de diversos colectivos cristianos , se echan cuentas redondas sobre tasas, tramos impositivos y rentas básicas, para evitar la "pestilencia" de la exclusión social. Una renta, que recuerda en su función a las leyes de pobres en la Inglaterra del siglo XVIII, compatible con la globalización. La cara "verde" a las demandas de más estado la ponen las ecotasas, pagar por contaminar, poner precio al medio ambiente, monetarizar los recursos naturales. Cuando sólo quedan restos desperdigados del estado del bienestar en unos pocos países del mundo, la utopía del reformismo fuerte attacante y verde es la del estado universal del bienestar social y ambiental; en las instituciones regionales como la UE son los máximos partidarios de una Europa social y ambientalmente responsable. Utopía que no pasa de las ensoñaciones y en caso de rebajarlas a políticas "realistas", sirven de coartada a situaciones donde la precariedad social y ecológica niegan el futuro y hacen muy difícil vivir el presente. Como el agua y el vino, la globalización capitalista y la UE son incompatibles con la vida comunitaria, con la libertad.

La red libertaria quiere contribuir en las estrategias anticapitalistas y antiestatales a la resistencia social contra la globalización, luchando por la autogestión, por la defensa de las comunidades locales, contra la precariedad, por la libertad. Es el momento de avanzar y en las ocasiones que la lucha antiglobalización se hace más visible -en las marchas, las grandes manifestaciones y las contracumbres- tenemos que apostar por bajar de las generalidades a lo concreto, difundir las reivindicaciones centrales de la lucha social contra la precariedad laboral, social y ambiental.

En los países miembros de la UE existen diversas modalidades de ingresos o rentas mínimas de inserción: en Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, en las regiones y comunidades del estado español, en Dinamarca, etc.; todas ellas son forma de poner en nómina salarial a la miseria. Se concede a los pobres excluidos del mercado laboral, de ahí que la finalidad sea la inserción en la sociedad pues no se concibe la integración social, sino se forma parte del mercado laboral cobrando un salario. Las Marchas europeas contra el paro, la precariedad y la exclusión social pusieron en primer lugar de su tabla reivindicativa el Ingreso Social para todos los que carecen de renta o salario, desde las iniciales caminatas hacia Amsterdam en 1997. Recogían así las aspiraciones de los movimientos de lucha contra el paro que emergieron unos años antes en varios países europeos, sobre todo en Francia en los años 1995-96. Esta reivindicación ha vuelto a repetirse en las Marchas a Colonia (1999) y Niza (2000). Pero el Ingreso Social que reclaman las Marchas es otra cosa totalmente diferente a las rentas o ingresos de inserción, no se trata de repartir uin poco de dinero entre los pobres, ni de establecer un nuevo derecho de ciudadanía por el hecho de nacer, una renta básica universal, que en sus versiones socialdemócratas y posibilistas puede ser un complemento ideal para la globalización capitalista, no, el Ingreso Social está relacionado con un reparto más justo de la riqueza, es un derecho social.

La riqueza social es hoy el fruto de todos, (aunque se la apropian mayoritariamente unos pocos, los denominados emprendedores) no sólo de los asalariados, también del trabajo de los estudiantes y de las mujeres que no reciben ningún salario, y sin embargo, los primeros trabajan duramente para adquirir los conocimientos necesarios que después supondrán un "valor añadido" en la producción de mercancías. bienes y servicios; las segundas, las mujeres se encargan de las tareas más arduas de la reproducción social (trabajo del hogar, cuidar niños, enfermos, etc.) y de las más sensibles (producción de armonía, de afectividad..,.) sin ningún tipo de remuneración. A lo largo de sus vidas laborales han trabajado los parados y los pensionistas, muchos de ellos y ellas trabajan ocasionalmente en la economía sumergida en labores más rentables y productivas que mucho empleos asalariados. Si la riqueza se produce socialmente, también queremos un salario o Ingreso Social para todas las personas que no viven de las rentas, ni tienen una remuneración monetaria. El capital con la mediación salarial atrapa en la precariedad a las mujeres que dependen del salario de sus maridos, padres, hermanos o hijos; de igual manera la vida del estudiante se caracteriza por la precariedad social en sus largos años de estudios, siempre dependiendo de escuálidas becas y de los ingresos familiares, los parados y precarios tienen que aceptar todo tipo de trabajo, en "negro" o con contratos eventuales, de bajos salarios y largas jornadas, por carecer o ser insuficientes las prestaciones del desempleo. La mediación salarial ligada al empleo sirve para implantar la precariedad, flexibilizar y dar movilidad al mercado laboral, en el que los últimos escalones lo ocupan los inmigrantes.

Los ingresos o rentas mínimas de inserción que existen en la UE corresponden a niveles mínimos de subsistencia por países o regiones y a veces no llega ni superar el umbral de pobreza definido por los tecnócratas comunitarios. El Ingreso Social que se reclama desde las Marchas es de carácter individual, un salario suficiente para vivir dignamente y porqué no, igual en todos los países de la UE, para empezar podemos reivindicar un Ingreso Social igual al holandés que es el mejor con diferencia de entre todos los países comunitarios; debería llamarse Ingreso Social Europeo y reclamar fondos comunitarios para hacer frente a su pago en todo los países miembros de la UE, de esta forma el reparto de la riqueza sería más equitativo social y territorialmente. La Unión Europea destina más de la mitad de su presupuesto a las Fondos FEOGA subvencionando a los empresarios agrícolas; también dedica una cantidad menor, pero muy importante, a los Fondos Estructurales para la construcción de infraestructuras que faciliten la penetración del mercado único en las regiones con bajos niveles de renta, y un "pico" de millones al Fondo Social Europeo cuya finalidad es sufragar la formación ocupacional de los parados. Reclamamos menos subvenciones para los empresarios y más fondos europeos directamente para las personas sin ingresos. El Ingreso Social es una reivindicación central contra la precariedad laboral y social a la que nos somete el capital; con esta reclamación la lucha social ha de articular una temible coalición de explotados, que poco a poco, en un proceso más o menos largo, dependiendo de la acumulación y las correlaciones de fuerzas, puede situar la reivindicación del salario para un mejor reparto de la riqueza donde hoy debe estar: en lo social, en la sociedad.

El Ingreso Social será motivo de una larga batalla, como lo es la reivindicación del salario en los centros de trabajo, pero no deja de ser una mediación salarial, no nos conduce directamente a la revolución social , ni es anticapitalista como afirman los exegetas de la "renta básica contra el capital", sólo es, ni más ni menos, una reivindicación que mejorará el reparto de la riqueza y las condiciones de vida de las personas liberarándolas de muchas precariedades y ataduras para luchar contra la globalización capitalista. El reparto de la riqueza también hay que asegurarlo con los derechos sociales para todas las personas: el acceso a la vivienda, a la enseñanza, a la cultura, a la sanidad, al transporte y a la comunicación de forma gratuita. Los derechos sociales están incluidos en la tabla reivindicativa de las Marchas, así como los "papeles" para todos, inmigrantes y trabajadores en general de la economía sumergida.

Reivindicaciones centrales contra la precariedad ambiental: ciudades sostenibles, transportes públicos, energías renovables, defensa del patrimonio natural, producción limpia, etc., forman parte de la lucha de la ecología social por generar proximidad frente a las grandes redes de infraestructuras energéticas, hidráulicas y de transportes europeas, y por desestructurar las megaciudades que tan honda y larga huella ecológica dejan sobre el planeta. La Proximidad y el conjunto de medidas que se desprenden de ella son las únicas capaces de frenar el Cambio Climático. Agroecología y alimento saludables frente a la ganadería industrial, la agricultura intensiva repleta de productos químicos y modificaciones géneticas. Hay que abrir una gran frente de lucha social para autogestionar y garantizar una alimentación saludable.

Pero más allá de las reivindicaciones, las Marchas siempre han optado por apoyar la reapropiación social de la riqueza y del territorio: los sin techo, sin empleo, sin tierra, sin coches, tienen derecho a ocupar viviendas y tierras, s cultivar sus huertos, a ocupar la calle paseando o en bici, a viajar gratis en los transportes públicos, a llenar el carrito de la compra en los grandes hiper, e incluso a darse alguna comilona que otra en restaurante de lujo sin abonar la factura; esas son las prácticas sociales de los movimientos SIN, que generan comunidad autogestionando sus necesidades; la extensión de la reapropiación social de la riqueza si que supera las mediaciones salariales y encaminan el reparto hacia la equidad cuestionando el carácter parasitario del capital.

Las Marchas europeas comenzaron a caminar en 1997 a partir del fermento social que dio lugar a un movimiento real contra el paro en muchas ciudades del continente en los primeros años noventa, cuando la tasa media de desempleo en la UE superaba el 18% y en algunos países como España la duplicaban. A partir de la aplicación de los nuevos planes nacionales de empleo en 1999 que reformaron el mercado de trabajo, cambiando paro por más precariedad laboral, los porcentajes oficiales de paro han ido descendiendo en la UE y con él la actividad del movimiento social de los desempleados; ha entrado en una especie de reflujo para dar paso a la lucha social contra la precariedad, la exclusión social y el racismo (lema de la EUROMARCHA COLONIA´99) con fuertes campañas contra las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs) y las subcontrataciones, o la de "Papeles para tod@s" de los inmigrantes. Si las luchas contra el paro sirvieron para ponernos en marcha por primera vez hacía Amsterdam, la resistencia social contra la precariedad laboral y las luchas de los sin papeles durante los dos últimos años ha de impulsarnos a marchar contra la precariedad hacia Sevilla en junio de 2002.

Las reivindicaciones fundacionales de las Marchas, el Ingreso Social y los derechos sociales para tod@s siguen más pendientes que nunca y en torno a ellas hay que ir tejiendo la red organizativa de los SIN, que ponga en movimiento la lucha contra todas las precariedades. Si al principio del siglo XX, en el seno del movimiento obrero fueron capaces de construir el sindicalismo revolucionario partiendo de las mutualidades, bolsas, sociedad obreras y sindicatos de oficios, centrando la acción en la fábrica (la figura emergente en la nueva organización del trabajo tras la segunda revolución industrial) y las reivindicaciones en el salario, la jornada laboral y las condiciones de trabajo, en los inicios del siglo XXI la resistencia social y su red organizativa ya no se centra sólo en el empleo asalariado, la fábrica y el sindicato, sino que abarca a todo el trabajo (con y sin remuneración) y al conjunto del territorio, la red pretende articular todas las expresiones organizativas de los SIN: sin techo, sin papeles, sin tierra, sin empleo, sin derechos, porque son las carencias, las necesidades y los deseos, los que dan señas de identidad al movimiento que pretende desterrar la precariedad mediante las reivindicaciones del Ingreso Social, los derechos sociales y ambientales y la reapropiación social de la riqueza, el tiempo y el territorio. Este es el reto, la formidable propuesta de acción que os proponemos, dando un primer paso organizando la Marcha a SEVILLA en junio de 2002 bajo el lema: MARCHA DE LA RESISTENCIA SOCIAL, teniendo como punto de partida cuatro reivindicaciones básicas que hemos de popularizar entre millones de personas con nuestra acción caminante:

· Ingreso Social
· Papeles para tod@s
· Igualdad de derechos para todas las personas
· Agricultura y ganadería ecológica para una alimentación saludable.

Es una apuesta firme, de trabajo continuado en cada lugar, de alianzas entre toda la izquierda rebelde y anticapitalista, en el que llamamos especialmente a las organizaciones europeas de la red libertaria a participar en el debate y a extender esta propuesta de acción. Y demandamos a los libertarios y libertarias que viven y luchan contra el estado un compromiso organizativo contra todas las precariedades, construyendo el APOYO MUTUO en cada una de las ciudades donde tengamos presencia.

Julio de 2001.
APOYO MUTUO