LA COMUNIDAD

Las Comunidades procuran acabar con la situación privilegiada que ocupan los caballeros en muchos municipios y limitar las prerrogativas de la corona.

La Comunidad, paralelamente a su expresión como proyecto revolucionario, se organizó en la base como democracia directa. Para la inmensa mayoría de quienes lo vivieron, los acontecimientos de los años 1520-1521 supusieron un cambio radical.

El pueblo intervino, muchas veces de forma tumultuosa, en la vida política. Se le pidió su opinión sobre los grandes temas, pero su interés primordial radicaba en la participación en el plano local, en la administración de su propia comunidad. Las asambleas de barrio discutían tanto los problemas menores como las grandes cuestiones y ratificaban o rechazaban las decisiones tomadas por las jerarquías superiores y, en definitiva, tenían la sensación de participar de forma activa en le gobierno de la ciudad y en la elaboración de las grandes orientaciones políticas.

De forma gradual, en todas las ciudades adheridas al movimiento insurreccional se fueron creando organismos de discusión, de gestión y de dirección originales, de estructura flexible, que con frecuencia variaban de una a otra localidad. Los principios generales eran los mismos en todas partes, pero su aplicación quedaba a la iniciativa de los interesados. Así, cada ciudad elaboraba su propio sistema de dirección y de consulta a la población. Los lugares más tardíamente incorporados a la insurrección se inspiraban en las formas elaboradas en otras partes, pero sin sentirse obligados a reproducir un modelo impuesto. Lo esencial era que el poder residiera en la base, en la comunidad, término de difícil definición por cuanto era utilizado en sentidos distintos: tanto podía significar el conjunto de la población como tener un sentido más restringido para designas el órgano de dirección. Esta flexibilidad y variedad constituyen, a un tiempo, la riqueza y la complejidad de ese movimiento popular que fueron las Comunidades.

Desde principios del siglo XV los municipios de Castilla serán gobernados por una oligarquía cerrada que no es ni mucho menos representativa de la población. Los comuneros introducen cambios en dicha situación, primero permitiendo que entren a formar parte de los ayuntamientos representantes de las diversas clases sociales (clérigos, hidalgos, percheros) y representantes de los distritos urbanos. Puede asimilarse esta modificación a una tendencia todavía confusa e imprecisa hacia una mayor democratización de la vida municipal. En todas las ciudades en las que triunfó la revolución el regimiento tradicional, formado por notables que se transmitían su oficio de padre a hijo, se amplió en un organismo más representativo que podía recibir nombres distintos: congregación en Valladolid, junta en Zamora y Palencia, e incluso comunidad en el sentido limitado de la palabra, en otras partes. Los regidores –al menos los que aceptaron el nuevo ordenamiento- continuaron formando parte de la asamblea municipal; se les invitaba a ella e incluso en ocasiones se les obligaba so pena de severas sanciones. Muy pocos fueron los casos en los que se les excluyó de la participación en las responsabilidades. Es cierto, sin embargo, que la mayoría de las veces perdieron todo su prestigio y autoridad efectiva. A su cargo quedaba la gestión de los asuntos administrativos rutinarios, en tanto que quedaban completamente al margen de las responsabilidades propiamente políticas y de todo poder de decisión.

Dos nuevas categorías pasaron a formar parte de la asamblea municipal:

I. Los representantes de los estados tradicionales (clero, caballeros y escuderos, hombres buenos pecheros), cuya participación era deseada por los nuevos dueños de la ciudad e impuesta en muchas ocasiones. Esta voluntad de asociar todas las categorías sociales a las tareas comunes y a las responsabilidades políticas expresa una preocupación fundamental en los comuneros: la de asegurar la cohesión de la ciudad mediante la unión, y -si tal era posible- la unanimidad de sus habitantes en el seno de una comunidad orgánica de la que quedaban excluidos los traidores y los sospechosos, quedando estos últimos al descubierto al negarse a tomar parte en la acción colectiva.

II. A los representantes de los estados se añadían los elementos elegidos directamente por la población, los diputados, a razón de dos por parroquia o barrio (cuadrillas en Valladolid, colaciones de Segovia y Ciudad Rodrigo, ochavas de Toro, parroquias de Toledo, vecindades de Burgos, etc...). Estos diputados constituyen la originalidad del movimiento comunero en la base. Más que los regidores, relegados a funciones secundarias, más que los representantes de los estamentos privilegiados, cuya participación era fundamentalmente simbólica, eran ellos los que dirigían la ciudad y quienes detentaban los más amplios poderes. Ellos parecían ser los únicos con derecho a voto en los debates, en tanto que salvo excepciones, los restantes miembros de la asamblea se limitaban a una labor consultiva. En los documentos de la época la adhesión de una ciudad a la comunidad aparecía siempre como una transferencia de poderes del corregidor y del regimiento tradicionales a los diputados, y la Junta General concedía una gran importancia a su elección. Se preocupaba de que fueran elegidas para estas funciones personas verdaderamente representativas, pero al mismo tiempo pretendía asegurarse la colaboración de los más competentes.
III. Así formada, la asamblea municipal se reunían en forma regular, a veces incluso cada día, y presidida por regla general por una personalidad que podía ser el corregidor, en caso de que la Junta General hubiera designado un funcionario de tal rango, o su equivalente: justicia mayor en Madrid, capitán general en Valladolid, caudillo en Zamora, aunque esto no era obligado. Ya designado por la Junta o elegido por la población, el corregidor no era, por derecho, el presidente del concejo municipal. Ciudades como Valladolid, Toledo y Segovia no tuvieron nunca corregidores durante el conflicto de las Comunidades. La intervención de la población en la vida política se realizaba gracias a la institución de los diputados, elegidos y revocables, pero en ocasiones esta participación adoptaba formas mucho más directas. Las sesiones de la junta local eran públicas, donde todo el mundo podía asistir, en principio, y dar su opinión. Esta vuelta a la práctica del concejo abierto de la época medieval no tuvo –al parecer- gran duración. Por razones de eficacia los comuneros renunciaron a los ayuntamientos públicos, pero no por ello dejó la población de estar directamente involucrada en la acción de sus representantes. Esta participación quedó institucionalizada mediante las asambleas de barrio, que se reunían a intervalos irregulares y debido a circunstancias diversas. Las cuestiones políticas vuelven así a debatirse en los concejos. Es algo que corresponde a un amplio deseo. Ya en 1517 Diego Ramírez de Villaescusa, presidente de la Chancillería de Valladolid, le escribía al cardenal Cisneros que le parecía conveniente templar el excesivo mando de los regidores.

Joseph Pérez