Xarxa Feminista PV

2008 Les dones decidim: informacions. Aborto año 2008 Información

Martes 30 de diciembre de 2008

"El Roto-El País 18-11-2008"

Gener-Febrer"Avortament lliure i gratuit" articles i mobilitzacions.Autoinculpacions

22 Enero: Campaña de autoinculpaciones por aborto

26 Febrero: Comunicado de la Plataforma Feminista de Valencia

8 Marzo Actes al voltant del 8 de Març

8 Marzo Documents gràfics

20 Marzo: El Consejo de Europa defiende que el aborto es un derecho

11 Abril: Informacions

12 Abril: Informacions

16 Abril: Campanya a Tarragona

18 Abril: El Consejo de Europa consagra el derecho al aborto "legal y sin riesgos"

21 Abril:"Los problemas de la ley del aborto"

22 Abril:"El Observatorio de Bioética de Barcelona pide el aborto libre hasta las 14 semanas"

25 Abril: "4.000 historias clínicas de abortos se filtran en la Red a través de eMule

7 Mayo; "Nace la Plataforma por una Ley del Aborto

11 Mayo "Protección de Datos tumba una de las tesis de la Guardia Civil contra la Clínica Isadora

11 Mayo: "Recogida de firmas: Carta a la Ministra de Igualdad

18 Mayo: Barcelona:Cinco mujeres se encadenan al altar de una iglesia para pedir el aborto "libre y gratuito

29 Mayo: La policía se persona en casa de una jóven que se autoinculpó por abortar en Sagunto. Declara en el Juzgado de Valencia una mujer imputada por haberse autoinculpado por abortar

14 Junio: El Hospital de San Juan niega a una joven el informe para abortar

15 Junio: Información sobre la carta a la Ministra de Igualdad

22 Junio: La Fiscalía Superior de Cataluña archiva las autoinculpaciones por aborto

24 Junio: Aborto: Campaña por la despenalización

24 Junio: Autoinculparse de abortar no es delito

5 Julio: Suspendida la personación de Alternativa Española contra la clínica Isadora de Madrid

22 Julio: Informe de la entrevista mantenida con la Ministra de Igualdad. Iniciativa por el Derecho a decidir

26 Julio: ¿Abortar sin explicaciones es un derecho?

30 Julio: Nova citació d’una militant d’Esquerra PV per autoinculpació d’avortament

Septiembre-Octubre: Visita a València del vaixell de Women on Waves

13 Octubre: Arribada a València del Vaixell abortista

29 Octubre: Concentració davant dels Jutjats de Sagunt per la imputació a una dona d’haver-se autoinculpat per avortar

2 Noviembre; La Xarxa Feminista de la Plana denuncia una supuesta "intimidación policial"

14 Noviembre: Intervenciones de Justa Montero y Marisa Sotelo en la Subcomisión del Congreso de los Diputados sobre interrupción voluntaria del embarazo. Madrid 10-11-2008

17 Noviembre: No habrá juicio al barco abortista. El juez archiva la querella porque el "Aurora" estaba en alta mar

17 Diciembre: Conclusiones del XXI Congreso de la Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas sobre la despenalización del aborto

20 Diciembre: Una ley de aborto a la europea

21 Diciembre: Comparecencia Asoc. Mujeres Juristas Themis ante Subcomisión del Congreso de los Diputados en Materia de Interrupción del Embarazo

Persones autoinculpades per avortament citades a declarar a Tarragona

Bé com ja saveu, el divendres van començar les declaracions al jutjat de Tarragona i durant tot el mes d’abril el tenim ocupat per unes 20 persones més que hem de passar pel jutjat número 3 i 6.

Tal com estan les coses es necessari continuar la lluita per canviar la llei, (la vicepresidenta Maria Teresa de la Vega creu que no es el moment perquè segons diu no es una demanda social), doncs nosaltres creiem que sí i per això hem concovat una CONCENTRACIÓ per dimarts dia 1 a les 7 del vespre davant dels jutjats (Av.President Companys)

Us recordem que si hi ha alguna persona que l’han citat i no ha passat la data i l’hora es important que ho fasi per poder informar-la i acompanar-la com farem amb tothom.

La propera citació al jutjat es per DIMARTS DIA 1 d’ABRIL A LES 10 H.

Ens trobarem a les 9,45 davant del jutjat totes les persones que puguem, per fer l’acompanyament.

La campaña antiabortista

La Guardia Civil desobedeció al juez para fabricar el caso contra Isadora

El Seprona siguió la investigación de restos de fetos apoyado por un técnico de Madrid

ORIOL GÜELL / MÓNICA C. BELAZA - Madrid

EL PAÍS - Sociedad - 04-04-2008

Los agentes del Seprona de la Guardia Civil no dudaron en desobedecer a un juez de guardia y ocultar información a otros dos en su empeño para construir las acusaciones que hoy llevarán a tres médicos de la clínica de abortos Isadora, de Madrid, a declarar ante el juez como imputados por un delito de abortos ilegales. Las irregularidades arrancaron el mismo día que dos agentes del cuerpo entraron en la clínica alegando que iban a inspeccionarla, según los documentos de la instrucción que lleva a cabo el juzgado de instrucción 47 de Madrid, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, y cuyo titular es José Sierra Fernández. Pese a ello, el juez ha dado cobertura a las actuaciones de la Guardia Civil.

A las 10.30 del 16 de febrero de 2007, los dos agentes procedieron a "realizar una inspección" en el centro, según los atestados y consideraron que se estaban gestionando mal los residuos, al tratarlos como biosanitarios y no como funerarios. El destino que deben tener estos residuos queda algo ambiguo en la normativa de la Comunidad de Madrid y, en todo caso, el centro había pasado hasta la fecha satisfactoriamente las inspecciones de la Consejería de Sanidad.

Los documentos de la Guardia Civil, que presentan algunas contradicciones, revelan que los agentes buscaban algo más. El resultado fue el oficio presentado ante el juez de guardia aquel día, el número 6, en el que se acusó a un trabajador de la clínica de manipular los residuos mientras los agentes estaban ocupados escribiendo el acta de la inspección.

En el oficio, la Guardia Civil informó al juez de que los bidones habían sido inmovilizados hasta que "la autoridad competente determine su destino" y las iniciales "irregularidades en la gestión de residuos" se habían convertido ya en indicios de "supuestos abortos ilegales". Por todo ello, la Guardia Civil solicitó "autorización para que el personal del Instituto Anatómico Forense retire estos supuestos restos humanos para su oportuno estudio".

La respuesta del magistrado, de tres párrafos, fue contundente: "Visto el contenido del oficio presentado, procede de plano y mediante la presente resolución de obligado cumplimiento, denegar la autorización solicitada". El juez fue más allá y censuró además al jefe de los agentes: "Debiendo abstenerse el sargento firmante del escrito de elucubrar sobre abortos ilegales, cuando no existe el más mínimo indicio racional de que se hubiesen producido, sin que quepa elevar las elucubraciones a la categoría de indicios".

La Guardia Civil no informó de esta providencia a la clínica y mantuvo la orden de no tocar los bidones llenos de residuos sanitarios en el patio del centro, fuera de la cadena de frío en la que debían guardarse.

El lunes 19 de febrero, la Guardia Civil empezó una maratón de llamadas a la Comunidad de Madrid tratando de encontrar un asidero para seguir con sus pesquisas. Llamó primero a la Consejería de Medio Ambiente, pero ésta no les hizo caso y les remitió a Sanidad. Allí sí fueron atendidos, aunque no fue hasta las 13.30 del día siguiente, tras más de media docena de llamadas, entre ellas una a la directora general de Sanidad Elisa Borrego. Es entonces cuando la Guardia Civil fue informada de que personal de este departamento se "hará cargo de los envases con residuos clínicosanitarios". En los atestados de la Guardia Civil no consta si los agentes informaron en algún momento a Sanidad de la negativa del juez de permitir su inspección.

Finalmente, el jefe técnico de Sanidad Juan Raúl Sanz Jiménez y dos agentes de la Guardia Civil se llevaron los ocho bidones al tanatorio situado en Alcobendas, donde a partir de las siete de la tarde procedieron a la apertura de dos de ellos, contraviniendo al juez. Encontraron material quirúrgico, fetos y restos de liposucciones. A las 20.20, los agentes decidieron llamar al juez de guardia de Alcobendas, al que informaron de la actuación que se estaba "llevando a cabo, consistente en el desprecinto de los envases intervenidos". Al magistrado no le informaron de la negativa recibida cuatro días antes por otro juez pero sí le aportaron datos de lo que acababan de encontrar: restos humanos y "un blíster vacío de 10 comprimidos de Cytotec, medicamento este de uso indebido para la interrupción del embarazo".

El magistrado de Alcobendas, según el acta de los hechos, "informa que se continuara la actuación y se diera cuenta a la autoridad judicial del lugar de los hechos", en este caso los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. Este trámite ante el juez no consta en ningún documento del expediente judicial, salvo en el acta escrita por los propios agentes.

La Guardia Civil siguió abriendo los otros seis bidones hasta las 23.30. El botín obtenido fue el blíster de Cytotec, nueve fetos -cuatro de ellos en formol- e incontables residuos sanitarios y quirúrgicos. Con todo ello volvieron a los juzgados de Plaza de Castilla, esperando tener más suerte que la vez anterior. Esta vez, con un nuevo atestado en el que no se hacía ninguna referencia al escrito presentado días antes en el juzgado 6, lograron su objetivo: el juzgado de guardia (el número 31) autorizó el examen de los restos de fetos para determinar la edad gestacional y el asunto recae después, por reparto, en el juzgado 47. El titular, José Sierra Fernández, abrió diligencias previas.

El Seprona siguió investigando por su cuenta. Identificó a las mujeres cuyos nombres aparecían en los botes de formol y también a otras: entre los restos de la clínica apareció una lista con los nombres de las pacientes de una tarde de uno de los médicos. Con el argumento de una supuesta vulneración de la Ley de Protección de Datos, y antes de que el juez les pidiera nada, comenzaron a llamar a declarar a las mujeres como testigos. Y no sólo les preguntaron asuntos relativos a la protección de datos, sino que quisieron saber todos los detalles sobre los abortos. Ya no se sabe si estaban investigando la gestión y tratamiento de los residuos o abortos ilegales. Más tarde, cuando recibieron las indicaciones del magistrado, éste sólo les pidió que "identificaran" a las mujeres que aparecían en los botes de formol. Pero los agentes ya se habían extralimitado.

Los informes del Anatómico Forense avalaron la tesis de la clínica, señalando, eso sí, que no es posible dictaminar con total exactitud la edad gestacional. En siete de los nueve fetos examinados está claro que no tenían más de 22 semanas. En dos hay dudas, según los distintos criterios que se pueden usar.

El juez ha seguido pidiendo historias clínicas: de todas las mujeres que abortaron en esos días en Isadora y solicitó también que se pinchara el teléfono de la psiquiatra del centro. Entre otros motivos, porque los informes que emitía eran muy parecidos.

CRONOLOGÍA DEL INICIO DE UNA PERSECUCIÓN

- 16 de febrero de 2007LA GUARDIA CIVIL LLEGA A LA CLÍNICA ISADORADos guardias civiles del Seprona acuden a la Clínica Isadora para, supuestamente, comprobar la gestión de residuos orgánicos del centro. El camión de una empresa de gestión de residuos estaba en esos momentos recogiendo algunos contenedores. La Guardia Civil ordena su precinto e inmovilización, rompiéndose así la cadena de frío.Ese mismo día los agentes acuden al Juzgado de Guardia de Madrid para pedir autorización para abrirlos. El juzgado (número 6 de Instrucción) lo deniega ante la falta del "mínimo indicio" de la comisión de algún delito. Pide a la Guardia Civil que se abstenga de hacer "elucubraciones".

- 17 y 18 de febreroEL SEPRONA DESOBEDECE AL JUEZLos residuos siguen precintados a pesar de la decisión del juez de guardia. La Guardia Civil no informa a la clínica de lo ocurrido y mantiene los contenedores inmovilizados y fuera de la cadena de frío. - 19 de febreroINTERVIENE LA COMUNIDAD DE MADRIDLa Guardia Civil acude a la Comunidad de Madrid para proseguir con la investigación ante la negativa judicial. Después de muchas llamadas telefónicas consiguen que la consejería de Sanidad se comprometa a retirar los contenedores.

- 20 de febrero (1ª parte)SE ABREN LOS CONTENEDORES SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL Un jefe técnico de la comunidad Juan Raúl Sanz Jiménez dice que se deben retirar los envases porque, al estar fuera de la cadena de frío -situación que ha provocado el Seprona, y no la clínica Isadora- puede haber algún riesgo sanitario. Los contenedores salen camino de un tanatorio privado de Alcobendas. Allí son abiertos en presencia del jefe técnico de la consejería de Sanidad, dos guardias civiles -se desconoce en calidad de qué, es decir, si era ya sólo un asunto sanitario de la comunidad- y un médico del tanatorio. Los agentes llaman por teléfono, en mitad del proceso, al juzgado de guardia de Alcobendas. No hay ninguna constancia por escrito ni se sabe con qué juez hablaron. En los escritos de la Guardia Civil solamente se hace referencia a que obtuvieron una especie de autorización verbal. En caso de haberse producido tal conversación, no comunicaron que un juez de Madrid ya había denegado la petición, pues esta supuesta "juez de guardia" de la que hablan les dijo que se diera cuenta "al juez del lugar de los hechos"; es decir, Madrid.

- 20 de febrero (2ª parte)EL SEPRONA BUSCA OTRO JUEZEn los contenedores aparecen, entre otras cosas, cinco fetos y cuatro restos fetales conservados en formol que la Guardia Civil considera que son "de entidad suficiente" y que pueden tener más de 22 semanas, límite de la Clínica Isadora para la práctica de abortos. Requisan estos restos e incineran lo demás.Los agentes del Seprona vuelven, una vez más, a los juzgados de Plaza de Castilla a contar el caso, con un nuevo atestado. Omiten que ha sido archivado días atrás por el número 6. El juzgado de guardia en ese momento autoriza el examen de los fetos y el atestado recae por reparto en el 47.

- 23 de febreroEL SEPRONA LOGRA ENCONTRAR OTRO JUEZEl titular del juzgado de instrucción número 47, José Sierra Fernández, abre unas diligencias previas. Cuatro días después de su primer intento y gracias al tercer juez con el que prueba, el Seprona logra que el caso se judicialice.

- 2 de marzoLA GUARDIA CIVIL VA MUCHO MÁS ALLÁ DE LO QUE PIDE EL JUEZEl magistrado del 47 pide a la Guardia Civil que "identifique" a las pacientes que aparecían en las etiquetas de los botes de formol y al personal que trabaja en la clínica.La orden judicial la reciben el 9 de marzo. Antes, desde el día 2, la Guardia Civil ya estaba llamando a estas mujeres. Y también a otras que aparecían en la hoja de consulta de una tarde de un médico encontrada entre los residuos de las clínicas. Las llamaron a todas como testigos -en algunos casos acudieron directamente a sus casas-. Incluso en los supuestos en los que aparentemente solamente podía haber una vulneración de la normativa de protección de datos, les preguntaban que si habían abortado, los motivos, etcétera.

- Desde marzo de 2007 LOS FETOS NO TIENEN MÁS DE 22 SEMANAS.

El Anatómico Forense dice que no puede determinar con total exactitud la edad gestacional de los fetos. De los nueve, en siete casos se afirma que están por debajo de las 22 semanas. Hay dos que no están claros, pero según la longitud del fémur estarían por debajo. El juez, sin embargo, sigue con la investigación. La clínica pide que el procedimiento pase al juzgado 6, el primero que se encargó de él. La propuesta tiene el visto bueno del fiscal. El juez Sierra dice en un auto que el caso es suyo. Sigue investigando.

Interior investiga la acción de los agentes del Seprona

El ministerio no resolverá hasta que acabe el proceso judicial

J. M. ROMERO / O. GÜELL - Madrid

EL PAÍS - Sociedad - 04-04-2008

El Ministerio del Interior ha abierto una investigación sobre las actuaciones de los agentes del Seprona que impulsaron la causa contra la Clínica Isadora, pero no concluirá su examen hasta que finalice el proceso judicial abierto para no interferir en la labor del magistrado que instruye la causa. Cuando se conocieron las primeras actuaciones de los agentes de la Guardia Civil contra las mujeres que habían abortado, presentándose en su domicilio para entregarles la citación judicial a altas horas de la noche, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, remitió un escrito al director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, en el que le pedía que la actuación de los agentes respetara los derechos de las mujeres y fuese escrupulosa y rigurosa al máximo.

Ahora, el Ministerio del Interior ha evaluado la actuación de los guardias civiles durante todo el proceso judicial, aunque no sacará conclusiones hasta que finalice el mismo, por respeto a la independencia judicial.

“En este procedimiento ha habido irregularidades”, opina el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Miguel Bajo Fernández. “Alguien se ha aprovechado maliciosamente del solapamiento de competencias y de la propia complejidad de la organización del Estado y se ha cubierto inteligentemente las espaldas. Podría haber responsabilidad de los agentes”.

Los agentes del Seprona no han cejado hasta conseguir su objetivo: un procedimiento judicial contra la Clínica Isadora. Aunque para ello hayan tenido que pasar por encima de la decisión de un magistrado que les ordenaba abandonar sus “elucubraciones” sin fundamento. Una vez logrado que un juez abra las diligencias, continuaron con una investigación paralela que pasa por llamar a declarar a más de una veintena de mujeres. Curiosamente, las fotos de los fetos no tardaron en filtrarse a la prensa a pesar de que sólo la Guardia Civil las tenía en su poder.

Lo que empezó siendo una investigación por tratamiento de residuos clínicos y sanitarios se ha ido modificando. Cada vez que la Guardia Civil se ha quedado sin argumentos para proseguir ha abierto una nueva vía de investigación buscando sin tregua irregularidades. Interior tendrá que determinar en su momento si los agentes se han extralimitado.

La Guardia Civil conminó a mujeres a explicar por qué habían abortado

Una niña de 14 años fue citada tras una intervención prescrita por la sanidad pública

O. GÜELL / M. C. BELAZA - Madrid

EL PAÍS - Sociedad - 05-04-2008

La Guardia Civil se aprovechó del desconocimiento de las leyes de algunas pacientes de la clínica Isadora para, tras llamarlas como testigos y no como imputadas, preguntarles por qué habían abortado, las semanas de gestación en el momento de la interrupción y si tenían informes que probaran la razón del aborto, según consta en las actas de comparecencia de las mujeres incluidas en el sumario del caso. Con estas preguntas los agentes pretendían averiguar si se habían cometido delitos de aborto ilegal. "En principio, cualquier interrogatorio de contenido incriminatorio debe hacerse en calidad de imputado para salvaguardar garantías procesales como la presencia de abogado", señala el penalista Alberto Jabonero. Al menos cuatro mujeres fueron sometidas a estos interrogatorios en marzo de 2007. Seis más, que ni siquiera habían abortado pero cuyos nombres los agentes del Seprona de la Guardia Civil encontraron entre los residuos de la clínica, también fueron preguntadas sobre el motivo de su presencia en la clínica, en todos los casos para una revisión ginecológica.

Estos diez interrogatorios fueron llevados a cabo sin petición judicial alguna. Meses más tarde, a partir del pasado diciembre y ya con una solicitud del juez, los agentes suavizaron sus interrogatorios con otras 10 mujeres, pese a lo que no dudaron en acudir a sus casas y en tomar declaración a una niña de 14 años que había abortado. Todavía siguen identificando a mujeres y llamándolas como testigos.

Los agentes del Seprona preguntaron a las cuatro primeras si su identidad correspondía a la etiqueta hallada "en un bote que contiene un feto de formol". Una de ellas, ante el tenor de las preguntas, acabó defendiendo su actuación: "Todos los hechos han sido realizados de forma legal, por medio de informes médicos de la especialidad de ginecología, y siguiendo los trámites legales marcados por la Seguridad Social", según consta en el acta de comparecencia.

Los agentes animaban a las mujeres a denunciar a la clínica Isadora, en algunos casos por una vulneración de la ley de protección de datos -ya que su nombre y teléfono había sido encontrado entre los residuos sanitarios que iban a ser incinerados-. En otros, según el acta de una paciente que sí quiso tomar medidas contra el centro, la razón era que su feto "apareció en un cubo de la basura". En realidad, según consta en el sumario, el supuesto cubo de la basura eran los bidones o contenedores, herméticos y refrigerados, en los que la clínica depositaba sus residuos. Estos bidones eran retirados tres días a la semana del centro por una empresa autorizada que procedía a su destrucción. El destino de estos residuos, que la clínica (avalada por las inspecciones de la Comunidad de Madrid) consideraba biosanitarios y la Guardia Civil como funerarios, está en el origen de la investigación del Cuerpo Armado.

Meses después de estas primeras declaraciones, coincidiendo con la polémica en Barcelona por la investigación judicial a las clínicas del doctor Carlos Morín, el procedimiento judicial contra Isadora volvió a cobrar impulso. El 10 de diciembre de 2007 el juez Sierra pidió que declararan todas las mujeres que habían abortado en la clínica durante los días anteriores a la recogida de los residuos incautados por la Guardia Civil. En total, 25 mujeres.

El magistrado solicitó al centro los historiales clínicos de todas ellas, que incluían a dos menores de edad - una chica de 13 años y otra de 15 cuando se les practicó el aborto- y pidió al Seprona que las identificara y citara. Algunas de ellas ya habían sido llamadas en marzo, cuando la Guardia Civil actuaba sin autorización judicial.

En esta segunda tanda de citaciones, en algunos casos, en lugar de usar otros procedimientos legales, los agentes se presentaron directamente en el domicilio de las mujeres, sin tener en cuenta si sus familiares sabían que habían abortado. "Vinieron un día a mi domicilio a las ocho de la tarde, mientras bañaba a mis hijos", recuerda una de ellas, que no quiere ser identificada. "Me dieron un susto de muerte. Decían que había mucha alarma social con lo de Morín en Barcelona y que querían que declarara. Sentí que había hecho algo terrible".

Estas declaraciones fueron distintas de las del mes de marzo. Ya no preguntaban por qué se había producido el aborto, ni las semanas de gestación, ni si tenían informes para probar que todo había sido legal. Las preguntas se centraban esta vez en cuestiones procedimentales de la clínica: a cuántas consultas habían asistido, qué preguntas les había hecho la psiquiatra, si el personal había realizado alguna prueba médica... y finalmente les enseñaban las fotos del personal de la clínica en un álbum fotográfico, como si fueran sospechosos policiales, por si reconocían a alguien.

Una de las testigos tenía 14 años cuando la llamaron, 13 cuando abortó. En la declaración estuvo acompañada por su madre. Ambas eran de nacionalidad rumana. A esta menor, que había llegado a Isadora derivada por un centro de salud mental de Alcalá de Henares (Madrid) también le hicieron todo tipo de preguntas sobre los pormenores de las consultas previas a la intervención, el precio de la intervención -que había corrido a cuenta de la sanidad pública- y también le enseñaron las fotos de los médicos que la habían asistido como si fueran delincuentes.

El fiscal pidió que se interrumpieran estos interrogatorios, señalando, en un escrito de 17 de enero que esta diligencia no era "relevante" ni "necesaria". Y pide que, si no se acepta su solicitud, las mujeres declaren al menos ante el juez. El magistrado Sierra rechazó la petición y aseguró que la Guardia Civil estaba preservando, en todo momento, la intimidad personal y familiar de las mujeres.

Los médicos no declaran

Los tres médicos de la clínica Isadora se acogieron ayer a su derecho a no declarar ante el juez hasta que éste concrete exactamente los hechos que les imputa a cada uno, según explicó el abogado del doctor Luis Hidalgo, Gonzalo Martínez Fresneda. "Nuestros clientes no tienen ningún problema en colaborar, pero una vez que está debidamente informado de cual es el reproche que se le está haciendo, sobre qué pacientes y qué abortos. No tiene ningún sentido que un juez pretenda que unas personas declaren en general, de nada en concreto". Otras fuentes jurídicas consultadas señalan que conocer con exactitud los hechos para poder elaborar una defensa constituye una garantía básica del sistema penal.

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) expresó ayer su apoyo a Isadora y pidió al Gobierno una intervención "urgente" para evitar la "persecución" por parte de grupos antiabortistas. La entidad señala en un comunicado que se está poniendo en peligro la seguridad jurídica de los profesionales que trabajan en sus clínicas y de las mujeres que acuden a ellas, y que se podría ocasionar "un problema grave de salud pública".

Un comandante y dos sargentos dirigieron la investigación

EL PAÍS - Sociedad - 05-04-2008

Un comandante y dos sargentos de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid estuvieron al frente de la investigación de las clínicas de Madrid en las que se hacen abortos. Los responsables del instituto armado decidieron hacer un equipo conjunto entre los responsables del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y del Equipo de la Mujer y el Menor (Emume). De hecho, una sargento de esta unidad viajó por toda España para tomar declaración a las mujeres que asistieron a la clínica Isadora.

La Guardia Civil rechazó ayer ofrecer de manera oficial su versión del caso. Pero fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid afirmaron que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) actuó de acuerdo con la legalidad vigente y a sus protocolos.

Un alto mando explicó que las investigaciones en las clínicas donde se realizan abortos comenzaron a raíz de denuncias anónimas por mala gestión de residuos orgánicos. El día que los guardias fueron a la Clínica Isadora, el 16 de febrero de 2007, vieron a dos personas que sacaban bidones y los metían en un todoterreno. Era el vehículo de la empresa contratada por Isadora para hacerse cargo de la gestión y tratamiento de los residuos.

El alto mando consultado afirma que los agentes del Seprona descubrieron en la visita que había restos humanos entre los residuos, por lo que informaron al juez de guardia de Madrid. Pero, según consta en sus propias actas de inspección, todos los bidones y recipientes estaban cerrados y no se abrieron hasta cuatro días después. El magistrado de guardia, ante la comunicación de la Guardia Civil, entendió que no había "el más mínimo indicio" de delito y les conminó a abandonar sus "elucubraciones". Tras la intervención de la Comunidad de Madrid abrieron los contenedores y acudieron a otro juez.

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