Uruguay: Debate del aborto

Montevideo, 26 jul. 12. AmecoPress/SEMlac

Tras la negativa de dos representantes del partido de gobierno a votar a favor del proyecto aprobado en el senado sobre despenalización del aborto en Uruguay, la fuerza política mayoritaria acordó con el Partido Independiente un texto alternativo. La Coordinadora por el aborto legal manifestó su desacuerdo.

Una comisión fue creada especialmente para el análisis del proyecto en no más de 30 días, y esta vez entre los integrantes del Frente Amplio y el Partido Independiente los votos parecen asegurados.

Sin embargo, los cambios son varios. En la nueva redacción no se despenaliza la práctica de aborto para las primeras 12 semanas de gestación, como en la anterior versión, sino que se exime de pena a las mujeres que soliciten interrumpir un embarazo en el sistema sanitario.

Esta diferencia generó un comunicado de las organizaciones que conforman la Coordinadora por el aborto legal -sindicales, estudiantiles y de mujeres- manifestando su disconformidad con la propuesta.

"Despenalizar es eliminar la calificación como delito de una acción o conducta anteriormente prevista en la ley penal", algo que el texto no hace, sostienen las organizaciones.

A su vez, el comunicado es contundente respecto de la intención de la Coordinadora: "exigimos un proyecto que establezca, como mínimo, que el aborto no sea delito hasta las 12 semanas de gestación, así como cuando este implique un riesgo para la salud de la mujer, cuando haya malformaciones del feto incompatibles con la vida o cuando fuera producto de una violación".

Sin pena

El texto negociado, que seguramente sufrirá algún nuevo cambio tras su debate en la comisión creada, elimina las causales concretas para atenuar o eximir la pena que ya preveía el Código Penal uruguayo. Sin embargo no modifica ni elimina el delito.

De este modo, exime de la pena a toda mujer que en las 12 primeras semanas de gestación se presente ante el sistema de salud y manifieste su deseo de interrumpir un embarazo.

La interesada deberá entonces asistir a "una consulta médica ante una institución de medicina integral, pública o privada, habilitada por el Ministerio de Salud Pública a efectos de poner en conocimiento del médico" su situación.

A partir de ahí, "el médico dispondrá, para el mismo día o para el inmediato siguiente, la consulta con un equipo interdisciplinario integrado al menos por tres profesionales, de los cuales uno deberá ser médico, pudiendo ser el médico consultado, otro deberá tener especialización en el área de la salud psíquica y el restante en el área social", enuncia el texto actual.

El mismo difiere del anterior presentado por el Partido Independiente en la exclusión del equipo interdisciplinario de una persona con ideas "abiertamente antiabortistas", que se exigía la versión anterior.

Sin embargo, para las organizaciones es insuficiente pues de aprobarse esta redacción, "una mujer que interrumpe un embarazo en la soledad de su hogar estará cometiendo un delito".

Circunstancias y requisitos

Según el texto que será discutido en los próximos 30 días en comisión, "el equipo interdisciplinario deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo, y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable".

A partir de ese encuentro, la mujer dispondrá de un período "de reflexión mínimo de cinco días (…) si la mujer ratificara su voluntad ante el médico tratante de interrumpir su embarazo, se coordinará de inmediato el procedimiento", dice la actual versión.

Por otro lado, y fuera de las circunstancias, plazos y requisitos establecidos en los primeros artículos, el texto sostiene que la interrupción del embarazo podrá realizarse únicamente en determinados casos.

"Cuando la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer; cuando se verifique un proceso patológico, que provoque malformaciones incompatibles con la vida extrauterina; cuando fuera producto de una violación acreditada con la constancia de la denuncia judicial e intervención del médico forense."

Sociedad y parlamento

En Uruguay, múltiples encuestas dan cuenta del apoyo mayoritario y sostenido de la ciudadanía a la despenalización del aborto a lo largo de sus 26 años de debate parlamentario.

Según el analista Oscar Botinelli, director de la empresa de opinión pública FACTU, "la sociedad se inclina por la despenalización del aborto (en el caso de decisión libre dentro de las primeras 12 semanas del embarazo) en una relación de seis a cuatro".

A su vez, sostiene en un artículo de junio de este año que "la postura liberalizadora nunca bajó del 50 por ciento y su techo ha estado en el 63 por ciento", mientras la postura "prohibicionista nunca llegó al 40 por ciento y su piso se ubica en el 27 por ciento".

El comunicado realizado por las organizaciones que luchan por despenalizar la interrupción del embarazo en Uruguay sostiene en este marco el reclamo de que "quienes integran el cuerpo legislativo atiendan a esta larga demanda de la mayoría de la ciudadanía. No más demoras, el tiempo es ahora", culminan.