Una menor de doce años tendrá que llevar a cabo su embarazo, consecuencia de una violación

Se encuentra de más de 22 semanas de gestación

Acai: La ley debería contemplar una salida legal y humana para las mujeres víctimas de este tipo de situaciones

Madrid, 03 jun. 11, AmecoPress

Las fuerzas de seguridad continúan la investigación de la violación en Orihuela (Alicante) de una niña de 12 años que quedó embarazada hace seis meses, en noviembre de 2010, aunque el caso no trascendió hasta el pasado 20 de abril, cuando los servicios sociales del Ayuntamiento oriolano trasladaron la situación a las fuerzas de seguridad. La menor, que vivía en una pedanía de Orihuela, se encuentra en un avanzado estado de gestación y se ha hecho con su tutela la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Previsiblemente, seguirá en dicho centro cuando se produzca el parto y continuará allí durante la crianza del niño o niña.

ACAI ya manifestó en su día que si un embarazo suponía un riesgo fundamental para la embarazada o estaba diagnosticada una enfermedad concomitante, se podría interrumpir la gestación sin plazo cuando existiera un pronóstico que certificara que de seguir el embarazo, este supondría un agravamiento importante o la generación de secuelas, y toda vez que la mujer autorizara dicha interrupción mediante un consentimiento informado.

En estos casos la interrupción estaría amparada por el derecho común, pues es de consideración actual que ante un riesgo materno, deben ser aplicadas aquellas medidas que estén encaminadas a resolverlo.

La organización argumenta en un comunicado que además de las secuelas físicas y el riesgo vital que un parto puede generar en una menor de 12 años, resulta más que evidente que los hechos traumáticos que enfrenta una menor que ha estado en situación de desamparo, así como, las secuelas que arrastrará como consecuencia de estos hechos se verán agravadas por una maternidad que puede llegar a ser impuesta y no deseada, marcando irreversiblemente la vida de esta menor.

Ante lo cual, ACAI pide que el equipo médico vuelva a considerar en su evaluación no solo el riesgo vital que conlleva para la menor llevar a término el embarazo, sino también las graves secuelas psicológicas que pueden a llegar a ser tan determinantes en la salud física y psíquica de esta menor en un futuro inmediato. La asociación de centros pide asimismo al juez que en su evaluación de la situación y del diagnóstico médico prevalezca ante todo la el interés de la menor gestante en todas sus dimensiones: físicas, psíquicas y sociales.

Tal y como ya advirtiese ACAI, la posibilidad, más frecuente de lo que puede llegar a pensarse, de que se produzcan situaciones de este tipo, podría revitalizar en nuestro país situaciones de éxodo abortivo hacia aquellos países que como EEUU si contemplan estas situaciones. En tales casos la situación económica de la gestante o de su entorno dirimiría la salida del país y el acceso a este recurso fuera del territorio español.

Por último, ACAI pide que se esclarezca de cuántas semanas de gestación estaba la menor cuando en el mes de abril el embarazo fue detectado por los servicios sanitarios, es decir, si ya entonces la menor se encontraba de más de 22 semanas de gestación o la dilación en la resolución de esta situación, de abril a junio, ha situado a la menor en dicha edad gestacional. De confirmarse que la dilación de esta situación ha procurado la edad gestacional de más de 22 semanas, ACAI pide que se diriman las responsabilidades jurídicas oportunas contra quien pueda proceder.