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Remover obstáculos

Miércoles 25 de enero de 2017

Por primera vez un tribunal resalta que la violencia de género es un problema de orden público y el Estado está obligado a combatirla

Silvia Buabent, Politóloga. Feminista y experta en Violencia de Género Bez

¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI sigan perviviendo y justificándose estas actitudes?

La violencia machista tiene su origen en la distribución desigual del poder entre hombres y mujeres

Hay que continuar trabajando en todos los espacios para erradicar ese ataque a los derechos de las mujeres EP / THINKSTOCK

Andábamos intentado recuperarnos de los estragos producidos por los excesos de la Nochevieja, cuando un nuevo asesinato de una mujer en el municipio madrileño de Rivas consiguió que los efectos de la resaca se nos pasaran de golpe al comprobar que, una vez más, los hombres que asesinan a mujeres por el simple hecho de que son mujeres, no descansan, no se toman vacaciones, ni tan siquiera respetan una fecha tan señalada como Año Nuevo. Acaban con la vida de éstas porque piensan que la sumisión de la mujer al dominio masculino es legítima, y que, por lo tanto, la violencia, incluida la muerte, está justificada si con ello consiguen que se acaten sus normas.

Tras cada nuevo homicidio, la reiterada pregunta vuelve a surgir con la misma rabia y el mismo dolor, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI sigan perviviendo, y en muchos casos justificándose, estas actitudes? Y lo cierto es que la respuesta no es sencilla, ¡ojalá lo fuera!

La sentencia del TSJA no acaba con esta lacra pero es un magnífico ejemplo a seguir, porque contribuye a remover los múltiples obstáculos que impiden a las víctimas disfrutar de una vida libre de violencia

La violencia machista tiene un carácter estructural y encuentra su origen en la distribución desigual del poder entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. Una sociedad que proclama la igualdad de derechos entre las personas, que legisla en esta materia y que, pese a ello, todavía no ha conseguido que gran parte de la ciudadanía asuma como propia la tarea de participar activamente en la erradicación de este tipo de violencia.

Precisamente por esta falta de implicación social, es tan importante la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el pasado 19 de diciembre (hecha pública el 12 de enero), y que ha tenido como ponente del fallo a Inmaculada Montalbán, magistrada de dicho Tribunal y ex presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. En la misma se señala que “(…) La protección del derecho de todos, en particular de las mujeres, a vivir a salvo de la violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, es una cuestión de seguridad pública y, por tanto, responsabilidad del Estado.

Cuando estamos en presencia de ataques a derechos de las personas estamos ante cuestiones de seguridad pública (…)”. Es la primera vez, y por ello esta sentencia sienta jurisprudencia, que un tribunal pone de relieve que la violencia de género es un problema de orden público y expone de forma clara y contundente que las mujeres víctimas ven vulnerados sus derechos fundamentales cuando son maltratadas y que, por lo tanto, el Estado está obligado a tomar las medidas necesarias para acabar con esta violencia.

Es necesario resaltar que el aporte más significativo de esta sentencia es su potente carácter pedagógico ya que abandona la falsa creencia, compartida por amplios sectores de la sociedad, de que la violencia machista se circunscribe exclusivamente al ámbito privado. De esta manera, el fallo del Tribunal se convierte en una nueva herramienta que debe servir para informar y sensibilizar a la población de que la mujer víctima no es la única que tiene la responsabilidad de denunciar su situación de maltrato. Si la violencia de género es un delito de carácter público, cualquiera de nosotros puede, y debe, ponerlo en conocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

La violencia machista tiene un carácter estructural y encuentra su origen en la distribución desigual del poder entre hombres y mujeres en nuestra sociedad

Evidentemente, esta sentencia por sí misma, no va a revertir de forma inmediata, ni siquiera a corto plazo, esta problemática. Hay que continuar trabajando sin descanso en todos aquellos espacios que suponen un impedimento para erradicar este continuo ataque a los derechos humanos de las mujeres, especialmente en el ámbito de la educación donde se hace imprescindible comenzar a reclamar una coeducación real para nuestros niños y niñas donde la igualdad, el respeto y el buen trato deben formar parte indispensable de la misma, al igual que en los medios de comunicación donde la imagen de mujeres sumisas y complacientes y hombres agresivos y autoritarios solo consiguen que estos comportamientos sean percibidos como permisibles e, incluso, adecuados.

Como decía anteriormente, esta sentencia no acaba con esta lacra pero es un magnífico ejemplo a seguir. Además, hay algo que sí consigue sin ningún tipo de duda: contribuir a remover los múltiples obstáculos que impiden a las víctimas disfrutar de una vida libre de violencia. Tras esta decisión judicial, las mujeres tenemos más cerca conseguir ejercer nuestros derechos de ciudadanía de forma plena.

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