Ni una disculpa para Ángela González, madre de una niña asesinada por el padre que denunció a España ante la ONU

Madrid, 26 febrero. 15. AmecoPress

La historia de violencia de género de Ángela González, que incluyó el asesinato de su hija de siete años por parte de su exmarido, a pesar de haber denunciado en innumerables ocasiones el peligro que sufría la menor, concluyó con una condena histórica de la Organización de Naciones Unidas contra España, por no proteger diligentemente a una víctima de este tipo de violencia. Seis meses después del Dictamen, el Estado español no ha hecho ningún esfuerzo por reparar a Ángela ni por tomar medidas para evitar que situaciones como esta se repitan. Tampoco ha ofrecido una disculpa pública, como pide Women’s Link Worldwide, la organización que llevó su caso ante la ONU. Es decir, el Estado español no reconoce su responsabilidad ni está dispuesto a aceptar las recomendaciones del Comité CEDAW.

En un desayuno con medios de comunicación, la presidenta de Women’s Link, Viviana Waisman, ha lamentado “la falta de compromiso” del gobierno y las instituciones para aprovechar esta situación para poder avanzar. “El reconocimiento podría ser el primer paso para implementar los recursos necesarios que eviten que el caso de Ángela y su hija vuelva a repetirse”.

El Estado español envió un informe al Comité CEDAW, el 23 de enero de 2015, explicando las medidas adoptadas en relación con lo recomendado por el Comité en el Dictamen del caso Ángela González c. España.

Con respecto a la víctima, el Estado español debe otorgar una reparación y una indemnización proporcional a la gravedad de lo sucedido. Sin embargo, el Estado argumenta que, como en las sentencias emitidas por los tribunales nacionales no se apreció un funcionamiento anormal de la administración de justicia, ni existe base jurídica, no ha lugar la reparación ni una indemnización integral. Women’s Link asegura que el propio dictamen del Comité CEDAW es la base jurídica, ya que el Estado firmó y ratificó de manera voluntaria la Convención CEDAW y su protocolo, lo que le obliga a cumplir con el dictamen.

El Estado se niega también a investigar para aclarar qué falló en la protección de Ángela y su hija, cuando lo cierto es que en la actualidad, siguen ocurriendo casos de violencia de género y asesinatos de mujeres y de sus hijos e hijas que serían evitables si se depuraran responsabilidades y se comprendieran los errores del sistema.

Estereotipos de género

En el informe remitido por el Estado, se cita de modo reiterado la legislación vigente desde el año 2003 y las medidas legislativas previstas. Pero la experiencia demuestra que “los estereotipos de género son un obstáculo para el acceso a la justicia”, tal y como ha explicado hoy Gema Fernández, abogada que lidera la estrategia legal en el caso Ángela González.

Las cifras de asesinatos de niños y niñas a manos de los agresores indican que esas medidas legislativas no están funcionando y no son suficientes para proteger a las mujeres y a sus hijos e hijas. Con las nuevas leyes que pretende desarrollar, el gobierno se posiciona totalmente en contra del Dictamen del Comité CEDAW. El Anteproyecto de Ley de corresponsabilidad parental es un claro ejemplo, al permitir que se autoricen visitas a maltratadores condenados por violencia de género cuando la autoridad judicial lo considere “conveniente” para el niño o la niña.

Uno de los aspectos en el que más insisten las expertas y que hoy ha sido reclamado en repetidas ocasiones es la formación obligatoria al poder judicial y al personal administrativo competente sobre la aplicación del marco legal en la lucha contra la violencia machista para luchar contra los estereotipos de género. “La formación que ofrece el Estado en la actualidad no alcanza ni al 1% de la judicatura que se encuentra en activo”, ha denunciado Women’s Link.

Acciones

La organización mantiene su estrategia para lograr que el Estado español cumpla las recomendaciones del Dictamen. Ha emprendido nuevas acciones judiciales ante tribunales españoles. Ha enviado cartas, solicitando una respuesta al Ministerio de Justicia, tribunales y juzgados y actores que intervinieron en el proceso de Ángela. Presentará su informe al Comité sobre la falta de cumplimiento por el Estado de todas las recomendaciones el próximo día 5 de marzo, el mismo día que realizará una entrega de cartas, firmadas por distintas entidades, en el Ministerio de Justicia.

“También mantenemos el diálogo con CEDAW y le pedimos que siga haciendo seguimiento”, afirman desde la organización. El Dictamen da una hoja de ruta y contribuye al considerar la violencia de género dentro de los derechos humanos y reconocer que tiene un fuerte contenido de discriminación. “El principio de debida diligencia que recomienda la ONU no aparece en la legislación española”, aclara Gema Fernández.

Falta de respuesta y compromiso frente a la violencia machista

Desde Women’s Link aclaran que el Dictamen de la CEDAW, no se dirige a un partido político, sino que castiga a un estado, independientemente de quien lo gobierne. Por eso es importante que todos los partidos sean preguntados y se manifiesten al respecto. “A este Gobierno se le preguntó hace unos días en el Congreso de los Diputados sobre este caso, y la escueta respuesta fue, que ellos no son responsables, que cuando sucedió gobernaban otros”, explica Ángela González en una valiente carta.

El testimonio de esta mujer pone de manifiesto la pasividad y complicidad que aun existe con la violencia de género, frente al compromiso con otros tipos de violencia. “Cuando fallecen en este país personajes públicos, actores, políticos, gente conocida, este gobierno siempre tiene palabras de pésame y condolencia. A todas las personas asesinadas por ETA, y con todo mi respeto, cariño y recuerdo hacia las víctimas, este gobierno siempre tenía palabras de pésame y condolencia”, dice Ángela. Ella no ha recibido una disculpa.

El 97% de los agresores con orden de alejamiento por violencia de género obtiene un régimen de visitas para ver a sus hijos e hijas

Tanto Ángela como la organización que lleva su caso insisten que se mueven por una problemática que va más allá del caso puntual y que usan los medios legales y el derecho para promover transformaciones sociales y avances en los derechos de las mujeres. Algunas cifras avalan la necesidad de luchar para promover los cambios necesarios: Desde el año 2008 han muerto asesinados 31 niños y niñas a manos de sus padres agresores, 20 de los cuales fallecieron durante una visita. El 97% de los agresores con orden de alejamiento por violencia de género obtiene un régimen de visitas para ver a sus hijos e hijas. Según el Consejo General del Poder Judicial las suspensiones del régimen de visitas en casos de violencia tienden a descender. En 2011 se suspendió un 3.4% del régimen de visitas a padres maltratadores; en 2012, un 3.1% y, en 2013, el 3.0%.