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México: las periodistas, doblemente amenazadas

Miércoles 27 de julio de 2011

Madrid, 26. Jul. 2011. AmecoPress / PES

Este mes, otra vez, una organización internacional de derechos humanos debió actuar de urgencia para proteger a una periodista de México ante amenazas por su trabajo, a las que en el caso de las mujeres se suma un trato discriminatorio frente a los varones en su misma situación.

Amnistía Internacional emprendió una "acción urgente" el 5 de julio, para pedir a la población que presione al gobierno mexicano a fin de que proteja a la reportera Lydia Cacho, por las nuevas amenazas de que ha sido víctima por sus revelaciones sobre las mafias de explotación infantil y trata de personas en la ciudad balnearia de Cancún.

Estas amenazas se suman a otras agresiones de las que son víctimas crecientes en este país mujeres periodistas rn el ejercicio de su profesión, como le sucede a Ángeles Mariscal, quien el día 20 denunció en una Audiencia Pública del Senado las amenazas de que es víctima por sus informaciones en el sureño estado de Chiapas.

El caso más grave es el de María Esther Aguilar, quien desapareció el 11 de noviembre de 2009, tras informar sobre los abusos de poder y las brutalidades cometidas por el jefe de la policía municipal de Zamora, en el suroccidental estado de Michoacán. La reportera ya había recibido antes amenazas de grupos criminales durante sus diez años de trabajo en diferentes medios regionales.

Aguilar, de 32 años y madre de dos niñas de siete y nueve años, se convirtió en la primera mujer periodista desaparecida en México, donde ha habido 13 periodistas desaparecidos y 70 asesinados en la última década, y es considerado por las Naciones Unidas como el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo.

Su caso, además, dejó en evidencia un tema poco explorado en los informes de agresiones a la prensa: el de la doble vulnerabilidad que sufren las periodistas por motivos de género: "Hay diferencias entre una agresión a un periodista hombre y una periodista mujer", afirmó a IPS Lucía Lagunes, directora de Comunicación e Información de la Mujer Cimac.

"Básicamente se dan en dos cosas: una que tiene que ver con la familia, porque al hombre lo amenazan directamente y la mujer casi siempre la amenazan con dañar a su familia, y lo segundo es la violencia sexual y la difamación a su integridad", dijo Lagunes.

Además, subrayó, "las mujeres periodistas tienen permanentemente una doble situación de vulnerabilidad, porque es más fácil que las empresas apoyen a los hombres amenazados, económicamente o para mudarse a otra ciudad". Eso sucede "por la creencia de que es el jefe de la familia, por esta condición de creer que las mujeres somos mantenidas y que nuestro ingreso sigue siendo un ingreso de apoyo", planteó la directora de la organización no gubernamental que promueve los derechos de género mediante la comunicación.

Ese fue el caso de Karla Tinoco, corresponsal en el estado del nororiental estado de Durango del diario regional La Opinión Milenio. Fue despedida tras ser amenazada por grupos criminales, en mayo de 2010. Directivos de Multimedios Laguna, propietaria de la publicación y editora del diario nacional Milenio, y sus propios compañeros de trabajo determinaron que su permanencia en la redacción comprometía la seguridad de todos: "A las mujeres periodistas, sus medios las dejan solas más fácilmente", destacó Lagunes.

También le pasó a Mariscal, una experimentada reportera y corresponsal durante 16 años en Chiapas de La Jornada, un diario editado en Ciudad de México. Después de ser perseguida y amenazada por el gobierno del estado presidido por Juan Sabines, la empresa no le renovó el contrato en 2011.

Mariscal y su esposo, Isaín Mandujano, corresponsal para el semanario Proceso, también editado en la capital mexicana, han sufrido hostigamiento constante del gobierno regional, tal como expuso la periodista ante el Senado.

"Recibimos correos, mensajes en Twitter, en los que lo que me cuestionan no es mi trabajo, sino cosas personales", dijo Mariscal a IPS, al comentar los elementos sexistas de las agresiones. "Son mensajes anónimos ofensivos, que dicen, por ejemplo, ’¿sabes con quien está Isaín?’, ’¿por qué te deja sola?’, ’no te quiere’. Y a él le mandan mensajes que decían: ’Ángeles es una neurótica, ¿cómo la aguantas?’, y también expresiones despectivas hacia mí, que nada tienen que ver con mi trabajo", detalló.

Las organizaciones de defensa de la libertad de expresión estiman que entre 13 y 20 por ciento de las agresiones a la prensa en México están dirigidas a mujeres periodistas, pero no existe información desagregada por género en los informes. Lo que sí está comprobado es que la mayoría de las agresiones a las mujeres periodistas provienen de funcionarios y policías.

"Las connotaciones sexuales en las amenazas son elementos que vulneran doblemente a las mujeres periodistas", aseguró Lagunes. A Cacho las nuevas amenazas comenzaron a llegarle por un correo electrónico el 14 de junio a la fundación que tiene en España, que contenía amenazas de muerte contra la periodista. Tres días después, la propia Cacho recibió en México una llamada telefónica con el mismo mensaje, en que se le exigió "dejar en paz al exgobernador" Mario Marín.

La periodista es autora de libros que documentan la relación de grupos y redes criminales de pederastas y trata de personas, protegidas por empresarios y políticos regionales en Cancún, en el suroccidental estado de Quintana Roo. En diciembre de 2006, fue detenida ilegalmente durante 24 horas, por orden de Marín, entonces gobernador del también suroccidental estado de Puebla, en represalia por el contenido de su libro "Los demonios del Edén".

Desde que denunció las nuevas amenazas, es objeto de ofensas sexistas en redes sociales. Algo parecido soportó Carmen Aristegui, la periodista más popular en la radiodifusión mexicana, cuando fue despedida por una supuesta trasgresión del código ético de la empresa MVS Multivisión en febrero de 2010.

Aristegui citó en su programa radial acusaciones en la Cámara de Diputados de que el presidente Felipe Calderón sufre de alcoholismo, hechas sin pruebas por legisladores opositores, y pidió a la Presidencia que aclarase el estado de salud del mandatario. Su despido provocó gran conmoción y cientos de sus seguidores participaron en manifestaciones contra la medida, mientras Aristegui acusó al gobierno de censura.

Finalmente, tras una negociación con la empresa, regresó a su programa, en lo que los radioescuchas consideraron una victoria de las audiencias. Sus detractores, sin embargo, no pararon sus denuestos con carga de género. "Meretriz menopáusica", la llamaron en Facebook. "Malcogida (insatisfecha sexualmente)", "neurótica", "histérica", fueron epítetos repetidos contra Cacho y Aristegui, las dos periodistas mexicanas más famosas.

"Nada de eso se diría contra periodistas hombres", aseguró Lagunes. Luis Guillermo Hernández, integrante del colectivo Los Queremos Vivos, que promueve movilizaciones contra las agresiones a comunicadores, confirmó a IPS "marcadas diferencias" en el trato a víctimas mujeres. Pero matizó que sucede en otras profesiones y es parte de "una dinámica social que no hemos podido desmontar".

También planteó que debe ser motivo de reflexión el que "no he visto una visión de género entre las mujeres periodistas para organizarse y defenderse en casos como el de Lydia (Cacho) o Carmen (Aristegui)".

En junio, el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, documentó 52 casos de reporteras y reporteros que fueron víctimas en diferentes partes del mundo de agresión sexual, cuando realizaban coberturas informativas o estaban en sus lugares de trabajo.

El informe "El crimen silenciado: violencia sexual y periodistas" fue elaborado por Lauren Wolfen con apoyo de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios y destaca que estigmas sociales y culturales y el temor a ser reasignados a otras labores, lleva a las y los periodistas víctimas de abuso sexual a no denunciarlo.

Se “invisibilizan” las agresiones a reporteras

México, DF, 27 jul. 11. AmecoPress/Cimac.

El acoso, hostigamiento y amenazas contra informadoras están a la orden del día en todo el país, sin embargo, al ser denunciadas son consideradas “menos importantes” por las instancias de gobierno al grado que ni siquiera aparecen en los informes oficiales, acusan comunicadoras.

De acuerdo con defensoras de la libertad de expresión, la violencia contra las periodistas tiene un matiz distinto a la que se ejerce hacia los reporteros: a ellas se les acosa sexualmente, se les difama e incluso se les cuestiona su calidad moral como personas.A lo anterior se suma la discriminación e impunidad que enfrentan al recurrir a las Procuradurías de Justicia o a las Comisiones de Derechos Humanos.

Distinto modus operandi

“No necesita ser un carro bomba, un balazo, una aprehensión irregular o un agravio físico directo para afectar a las periodistas; las maneras de operar de los agresores cambian”, explica Jade Ramírez Cuevas, conductora y reportera de Radio Universidad de Guadalajara.

Ramírez Cuevas, quien ganó en 2009 el Premio Rey de España por un reportaje sobre la discriminación, desde el año pasado es hostigada por cubrir las movilizaciones contra la presa El Zapotillo, en Jalisco.

En abril de 2010 unos hombres que se identificaron como empleados federales comenzaron a amenazarla. Se metieron con su vida personal al relacionarla sentimentalmente con un defensor de Derechos Humanos, después la acosaron sexualmente y la amenazaron de muerte por sus investigaciones.

Jade Ramírez advierte que sus agresores “cuidaron las formas de violentar para que el hecho se relacionara con cuestiones personales y no laborales”. Después, relata, el acoso fue a través de correos electrónicos y llamadas intimidatorias contra ella y su familia.

La periodista denunció ante la Procuraduría General de Justicia de Jalisco pero las amenazas siguieron. En el colmo, cuando en abril de 2010 presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) el tercer visitador Alfonso Barrón le dijo: “acostúmbrate”.

Jade sólo tuvo apoyo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional, instancias que dan seguimiento a su caso.

En su informe “La violencia en México y el derecho a la información 2010”, las organizaciones Cencos y Artículo 19 señalan que “las agresiones a mujeres periodistas o comunicadoras tiene como elemento característico que las amenazas van dirigidas en contra de sus familias y existe una clara intención de desacreditar el carácter moral de las periodistas”.

Cifra negra

Al clima de hostigamiento contra las periodistas, se añade que ningún reporte oficial tiene desagregado por sexo los casos de violencia contra las reporteras.

Por ejemplo, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la PGR, reportó el inicio –de febrero a junio de 2010– de 35 averiguaciones previas o actas circunstanciadas por ese delito.

Hubo un aumento de denuncias ante la FEADLE respecto a las 29 de 2008 y las 16 de 2009. Sin embargo la Fiscalía no desagregó los casos por sexo y por tanto se dificulta saber el número de reporteras violentadas por ejercer su profesión.

Cencos y Artículo 19 reportaron que en 2010 hubo 129 agresiones contra informadores, de los cuales 29 fueron en perjuicio de mujeres periodistas. Ambas organizaciones civiles han denunciado que la FEADLE demuestra ineficacia para resolver los atentados a la libertad de expresión.

Reportera asesinada

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informa que en 2010 fue asesinada en México la reportera Elvira Hernández Galeana, editora del semanario Nueva Línea, de Guerrero. Además otras 18 periodistas fueron agredidas o amenazadas.

Junto con Hernández Galeana fue asesinado su esposo –también reportero– Juan Francisco Rodríguez Ríos. Ambos habían participado en encuentros de periodistas para exigir un alto a la ola de violencia contra informadores en el estado. Hasta ahora el crimen sigue impune.

Un caso reciente de hostigamiento es el de Blanca Esther Buenfil Vanegas, directora editorial del portal Elcuartopoder.com.mx. Desde el pasado 8 de junio, ella denunció que en la web se difundieron correos que cuestionan su calidad moral y su vida personal, lo cual –acusó- ocurre a raíz de su postura crítica al gobierno de Quintana Roo.

En ocasiones anteriores, Buenfil recibió amenazas telefónicas contra la vida de sus hijos y en 2002 ya había sufrido una agresión física por parte de un sujeto desconocido, hecho que denunció ante la Procuraduría de Justicia estatal sin tener respuesta.

Verónica Galicia, directora de la radio comunitaria La Voladora, de Amecameca, Estado de México, advierte que la violencia se ha extendido contra las y los trabajadores de todos los medios informativos.

Asegura que las mujeres son más vulnerables porque se les desdeña como periodistas y por la falta de protocolos de seguridad de los propios medios de comunicación, en especial los comunitarios y públicos.

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