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"Me obligan a llevar a mi hija con mi maltratador"

Viernes 11 de marzo de 2016

Un juzgado ordena a una madre que viaje para cumplir con las visitas pese a tener una orden de alejamiento del progenitor

LAURA JURADO Palma

07/03/2016 El Mundo

Denunció a su ex pareja por malos tratos y acoso continuo y un juez le concedió una orden de alejamiento por lo que calificó como una «situación objetiva de riesgo». Sin embargo, un año después el mismo Juzgado de Instrucción número 2 de Manacor, Mallorca, acaba de fallar ahora que Ester González no sólo debe mantener las visitas de su hija con su ex novio sino, también, trasladarse cada dos meses hasta Córdoba, donde él reside, para que la niña pueda ver a su padre en un punto de encuentro y bajo supervisión.

«Es como el cuento de Caperucita: ve al bosque pero que sepas que está el lobo», compara ella, porque las dos decisiones han salido del mismo juzgado. En febrero de 2014 el tribunal consideraba que existían «indicios fundados de un delito contra su integridad psíquica» y subrayaba, de hecho, la «reiteración» de las llamadas y mensajes del denunciado. En un auto establecía la prohibición de comunicación y de acercamiento a menos de 100 metros para su ex pareja y recordaba que, de incumplirse, se incurriría en un delito de quebrantamiento de orden.

Ella creyó que ahí se acabarían los malos tratos que viene denunciando desde 2009, cuando ambos vivían en Córdoba. «Siempre fue un maltratador, pero yo tenía 19 años y no sabía cómo llamarlo», reconoce. Era celoso. La esperaba siempre al salir del trabajo. Estaba en la puerta de su casa en cuanto ella salía. «Luego pasó a no dejar que me pusiera determinada ropa ni que saliera con las amigas», relata.

Ester se marchó a Escocia pensando que dejaría atrás el acoso. Pero aun allí, cuenta, siguió recibiendo llamadas y mensajes e incluso él consiguió acceder a sus cuentas de correo. «Cuando supo que había vuelto a Córdoba volvió a acecharme. Pensé en darle una última oportunidad y volví con él como una tonta, como muchas otras», confiesa.

En 2009 llegó el embarazo y su ex pareja le pidió que abortara desde el primer minuto. Llegó a tener cita en el hospital para la intervención, pero se dio la vuelta a mitad de camino. La situación empeoró y Ester le denunció en varias ocasiones sin conseguir que fuera nunca condenado ni que un juez le concediera una orden de protección. «Lo intenté todo y ya no podía ni salir de casa. Estaba desesperada y saqué los billetes para venirme con mis padres y mi hija a Mallorca», cuenta.

Para el Juzgado de Manacor «el hecho de que el traslado estuviese o no justificado» no evita que ella necesitara de un «consentimiento previo» para llevarse a la niña, ya que ambos compartían la patria potestad pese a que ya no convivían ni eran pareja. Tampoco que la relación entre ambos, como describe la sentencia, hubiera «empeorado sensiblemente».

Hasta el año pasado Ester ostentaba la custodia de la niña, de cinco años, y el padre tenía derecho a verla un fin de semana al mes en un punto de encuentro en Palma. En octubre, el personal del centro procedía a la «suspensión» de visitas «por el bienestar de la menor» en un informe en el que relataban el «rechazo cada vez más intenso» hacia su padre y su «gran malestar». Durante el juicio una trabajadora social aseguró que Ester había «dificultado la relación de la niña con el padre» y la culpaba de esa hostilidad hacia el progenitor.

Sólo un año después de firmar la orden de alejamiento -aún vigente- porque las llamadas y las amenazas continuaban incluso en Mallorca y hasta con el punto de encuentro como escenario, el Juzgado ha decidido que no debe ser el padre el único que costee los traslados para ver a la menor y que, así, Ester deberá trasladarse hasta Córdoba en meses alternos para cumplir con el nuevo régimen de visitas. «Me obligan a llevar a mi hija con mi maltratador y no puedo negarme legalmente», denuncia.

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