Las clínicas auguran un aumento de abortos tardíos

Los centros creen que el proceso se alargará varias semanas

El PSOE llevará la norma al Parlamento Europeo e intentará pararla en el Congreso

Vera Gutiérrez Calvo Madrid 23 DIC 2013 El País

Abortos más tardíos y, por tanto, más peligrosos para la mujer. O, directamente, la imposibilidad práctica de abortar. Esos son los dos escenarios que auguran las clínicas privadas autorizadas para practicar abortos si finalmente sale adelante la ley que presentó el pasado viernes el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El rosario de “obstáculos” que la ley impone a la mujer que decida interrumpir su embarazo —necesidad de dos informes médicos, obligación de concertar una entrevista con los servicios sociales para recibir información sobre alternativas, periodo de reflexión de siete días— podrían alargar el procedimiento “entre tres y cuatro semanas”, según calculó este lunes Diego Fernández, director de la clínica Dator. La presidenta de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del embarazo (ACAI), Francisca García, fue más pesimista: “La ley condenará al 90% de las mujeres que quieran abortar a salir fuera de España o someterse a un aborto clandestino”, dijo.

El anteproyecto de la ley Gallardón acaba con el derecho de la mujer a interrumpir libremente su embarazo en las primeras 14 semanas (un derecho que existe solo desde 2010). Únicamente admite dos supuestos legales para abortar: violación o “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre”. Ese segundo supuesto es el mismo que existía en la ley de 1985 que rigió hasta 2010 —y al que se acogía entonces la mayoría de las mujeres—, pero su aplicación práctica es bastante distinta: con la ley de 1985 la mujer solo tenía que lograr el informe de un psiquiatra que acreditase que el embarazo le producía un daño psicológico, y ese psiquiatra trabajaba a menudo en la misma clínica que después iba a practicar el aborto.

Con la nueva ley tendrán que ser dos psiquiatras los que firmen el informe, y no podrán tener relación con la clínica que lo realiza. Además, la embarazada tendrá que concertar una cita con trabajadores de los servicios sociales de su localidad para que le den, personalmente, información sobre ayudas públicas a la maternidad, alternativas al aborto (adopción, acogimiento) y los riesgos de la propia intervención. Y después de eso tendrá que reflexionar durante siete días antes de someterse al aborto.

“Es una ley claramente disuasoria”, concluye el director de la clínica Dator. Según él, Justicia ha hecho un “mix perverso” entre la ley de supuestos de 1985 y la de plazos de 2010, tomando los elementos más restrictivos de ambas, y eso ha dado como resultado una normativa que generará un “cuello de botella” en el acceso a la prestación. “La ley de 1985 obligaba a acogerse a un supuesto, pero no a recibir información complementaria y cumplir un periodo de reflexión. La ley de 2010 sí obligaba a recibir información —en un sobre cerrado— sobre ayudas a la maternidad y a reflexionar durante tres días, pero la mujer tenía el derecho a decidir libremente si abortaba. Ahora se elimina el derecho y se multiplican los obstáculos para acogerse al supuesto”, resume.

Fernández acusó al PP de aprobar una ley “clasista” —porque generará diferencias entre las mujeres que puedan irse al extranjero y las que no— y de tratar a las mujeres como “personas tuteladas”. “Con tantas trabas, todo el procedimiento se alargará. Y no es lo mismo un aborto de un feto de diez semanas que uno de 14. Los riesgos aumentan en progresión geométrica”.

Francisca García, presidenta de la asociación de clínicas ACAI, no cree que el procedimiento “se alargue” en el tiempo, cree que directamente se hará inviable por el “periplo legal, médico e ideológico” que se impone a las embarazadas. “Las que puedan se irán fuera; las que no, estarán condenadas al aborto clandestino. ¿Cuántas pondrán en riesgo su vida?”, pregunta. “En una ley de supuestos es inconcebible que se imponga también un periodo de reflexión”, protesta.

En España se produjeron el año pasado 112.390 abortos, el 93% en clínicas privadas (aunque la gran mayoría financiados por el Estado). Una duda es hasta qué punto los servicios sociales podrán asumir la carga de trabajo que implicará dar información presencial a las embarazadas en cada caso, y si eso también contribuirá a alargar los tiempos. Una portavoz de Justicia aseguró este lunes que la intención de la ley es que esos casos se tramiten “con carácter de urgencia” y que la derivación a los servicios sociales para realizar la entrevista sea “inmediata”, tras comunicar la embarazada su decisión de abortar y conseguir los dos informes médicos. “No tendrán que esperar, y desde luego no se va a alargar semanas”, afirmó.