La anulación de escuchas policiales libra a tres acusados de proxenetas

El tribunal cree que las sospechas eran endebles para pinchar los teléfonos de la red de La Jonquera - La Fiscalía estudia recurrir al Tribunal Supremo

REBECA CARRANCO - Girona

EL PAÍS - Sociedad - 28-12-2010

"Tengo miedo", confesó ayer Olena B., una mujer de 28 años, que tuvo las agallas el mes pasado de sentarse ante un tribunal y señalar a las personas que, según su declaración, la explotaron sexualmente bajo amenaza de muerte entre 2001 y 2002. Pero la Audiencia Provincial de Girona ha absuelto al guardia civil incapacitado Víctor Manuel Ameijeiras, a su mujer, Natalya Rusanova, y al portero de un burdel, Nicanor Báez, del delito de proxenetismo. La sentencia, conocida ayer, anula las escuchas que les incriminaban porque se considera que no están motivadas. Se cierra así, de momento, el caso contra la red que supuestamente traficaba con chicas con destino a uno de los macroburdeles de La Jonquera (Girona). La Fiscalía estudia si interpone un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. "¿Tú quieres que te rompa la cabeza?", le decía Ameijeiras a Olena en una de las muchas conversaciones impregnadas de agresividad que se oyeron durante el juicio en la Audiencia provincial. Para el tribunal, las sospechas que autorizan las intervenciones (varios informantes sin identificar de la Guardia Civil) no son suficientes para permitir que se graben las conversaciones privadas, y cree que a los imputados les ampara, por ello, el derecho fundamental del secreto de las comunicaciones. Anuladas las escuchas, el testimonio de Olena que se deriva de ellas tampoco vale.

Los indicios, dice, "carecían de consistencia incriminatoria al centrarse en confidencias policiales no corroboradas por el resultado de la investigación llevada a cabo, tratándose de meras sospechas o suposiciones". La audiencia destaca lo "superficial" de las pesquisas, que no acreditan la explotación sexual de tres mujeres, según la sentencia. La fiscal y la acusación particular pedían 24 años de cárcel para cada uno de los implicados.

"Voy a recurrir, por todo lo que me han hecho. Llegaré hasta donde pueda llegar. Me siento insegura y ahora veo que sus amenazas, cuando me decían que a ellos no les iba a pasar nada, eran ciertas", lamentó ayer Olena, por teléfono, que ejerce la acusación particular con su abogada, Marta Alsina.

Olena llegó a España con 20 años, tras contactar supuestamente con la madre de Natalya, que ejercía de pediatra en un hospital en Ucrania. Creía que trabajaría de camarera, pero la llevaron al Lady Dallas, un macroprostíbulo en La Jonquera, con 58 habitaciones, donde le dieron unas prendas transparentes y la pusieron a trabajar como prostituta.

Las escuchas acreditan su relación con la supuesta red y la presión a la que sometían a las mujeres. "¿Dos días 130 euros? Si el otro día habías hecho cuatro pases, si habías hecho cuatro veces más, ¿cómo solo 130 euros? ¿Ayer no trabajaste?", se oyó en la sala el día de juicio. Cuando la mujer le confesó a su interlocutor que la noche anterior solo tuvo un cliente, este le espetó: "Estoy hasta los cojones de vosotras. Ya me parece que os estáis riendo demasiado de mí. Cuando venga el próximo día, preparaos. Y como a mí me dé por pasar esta noche por ahí y os vea sentadas a las dos, os vais a enterar".

La Guardia Civil asegura que el que habla es Nicanor Báez. Pero él durante el juicio, y ayer su abogado defensor, Jordi Figuera, lo negaron. "Mis clientes no se reconocen en las escuchas, no son ellos", repitió el letrado, que aplaudió la decisión del tribunal. Figuera no teme que el Supremo revoque la sentencia, pero el presidente de la Audiencia Provincial, Fernando Lacaba, no lo tiene tan claro. "La ley no dice cuándo es nula una intervención telefónica. Es un tema muy casuístico y muy subjetivo. Por eso a veces la Audiencia estima que la prueba no es válida y el Supremo sí", explicó. La Guardia Civil defiende que en el caso había "indicios suficientes de que se cometía un delito relativo a la prostitución".

José María Fuster-Fabra, abogado y experto en Derecho Penal, cree que de haber identificado a dos de las informantes que dieron lugar a la petición de las escuchas se habría podido cambiar la resolución de la Audiencia. Carles Monguilod, letrado, también penalista, respalda la sentencia y considera que va en la línea de otras dictadas por el tribunal gerundense: "No se puede caer en un estado policial donde cualquier sospecha valga para autorizar unas escuchas".