La Junta de Andalucía deja sin título a mujeres maltratadas que faltaron a clase por ir a juicio contra sus agresores

Priva de los exámenes a las víctimas de violencia machista por faltas de asistencia

No tiene en cuenta si las bajas son por ir a pleitos con los agresores o visitas al psicólogo

A la mayoría de las alumnas del Cualifica también se las castiga sin beca de transporte

La consejera destacó el «esfuerzo especial» del Gobierno andaluz para facilitar los títulos

MANUEL Mª BECERRO-SILVIA MORENO Sevilla 07/06/2015 El Mundo

Mujeres víctimas de la violencia de género que no han podido asistir a todas las clases del programa formativo Cualifica por tener que ir a juicio contra sus ex parejas, estar citadas en la consulta del psicólogo o recurrir a los bancos de alimentos para poder dar de comer a sus hijos, no podrán optar al certificado de profesionalidad expedido por la Consejería de Educación porque, a efectos sancionadores, la Junta de Andalucía computa todas las ausencias al curso, incluidas aquellas que hayan sido justificadas por escrito por las maltratadas.

Además, a partir de la tercera ausencia a clase, las víctimas de violencia machista seleccionadas por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) pierden la beca de transporte que sufraga los gastos de desplazamiento, lo que les ha pasado a la mayoría de las alumnas, que siguen pendientes de que la Junta les abone los 2.000 euros restantes que les debían haber ingresado a mediados de mayo. El retraso está provocando situaciones absolutamente dramáticas: hay maltratadas a las que se les acumulan ya los impagos del alquiler y las amenazas de corte de electricidad.

Exclusión automática

Por ejemplo: según ha podido conocer EL MUNDO, el 20 por ciento del colectivo de mujeres maltratadas adscritas al Cualifica en Cádiz no podrá contar finalmente con el título profesional acreditativo al contabilizársele un mínimo de seis faltas a clases y quedar automáticamente excluidas del examen de alguno de los tres módulos obligatorios. Hay quien incluso ha llegado a presentar un justificante por haberse tenido que desplazar a otra provincia para poder asistir a un juicio de faltas contra su antiguo agresor, y ni aun así los responsables del Cualifica la eximen de sanción.

La beca de transporte la han perdido la mayoría de las víctimas de violencia de género porque la Junta sólo permitía dos ausencias a las clases, justificadas o no. «El control que nos hacen es mucho mayor que en un puesto de trabajo, porque hasta si te tienes que quedar un día en la cama porque no te puedas levantar y presentas un justificante médico, te lo cuentan como falta», asegura a este diario una de las alumnas, que ruega el anonimato por temor a represalias del IAM. Muchas están bajo tratamiento psicológico y tampoco podían asistir a la consulta en día de clase so pena de acabar penalizadas.

La Junta no da explicaciones

La Junta ha eludido explicar por qué no se han tenido en cuenta estas circunstancias personales excepcionales, más aún teniendo en cuenta que la consejera en funciones de Igualdad, Salud y Asuntos Sociales, la socialista María José Sánchez Rubio, destacó el pasado martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que, atendiendo a los datos de paro que registra la provincia de Cádiz, la Administración autonómica habría hecho un «esfuerzo especial» a favor de las alumnas gaditanas para «certificar su cualificación y que puedan terminar con una titulación que previamente no existía».

El colectivo es vulnerable hasta extremos insospechados. A este grupo de 25 maltratadas se las está formando en Jerez de la Frontera como auxiliares técnicos administrativos cuando resulta que algunas jamás en su vida habían encendido un ordenador, lo que pone en cuestión la idoneidad del proceso de selección puesto en marcha por el IAM, más centrado en negar ante la opinión pública la retahíla de problemas que han surgido en la actual edición del Cualifica que en ponerles remedio.

Hay que recordar que EL MUNDO denunció el pasado 22 de febrero que, en pleno curso, la Junta había suspendido sine die la formación de las víctimas de violencia machista con el crudo argumento de que no había dinero para poder abonarles los 4.000 euros prometidos de la beca formativa y la recomendación expresa de que aceptaran las ofertas de trabajo que pudieran recibir.

Solo ’retrasos puntuales’

En plena precampaña de las elecciones andaluzas, oficialmente la Junta sólo admitió «retrasos puntuales» en el desarrollo de la tercera fase del programa, los cuales atribuyó a «un problema administrativo que ya está en vías de solución». El problema se desbloqueó justo en el arranque de la campaña electoral, en vísperas de que la candidata socialista, Susana Díaz, participara en un acto de conmemoración del Día de la Mujer.

El curso prosiguió pero depararía más sorpresas desagradables: a día de hoy, la Junta no garantiza a las maltratadas que pueda abonarles antes de verano la mitad de la beca restante por otro problema administrativo. Además, les ha recortado las horas de prácticas en empresas: inicialmente se anunciaron 180 horas, se programaron 130 y al final son 80 en Málaga y en Cádiz sólo 40. La directora del IAM, la socialista Carmen Cuello, desmintió esta información asegurando que «en ningún caso ha habido reducción de horas de formación ni impagos». Tras las pruebas aportadas por este diario, Igualdad acusó a un técnico del SAE del «malentendido»