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Informe de la entrevista mantenida con la Ministra de Igualdad. Iniciativa por el Derecho a decidir

Martes 22 de julio de 2008

Os pasamos un informe sobre la reunión mantenida el 8 de julio con la Ministra de Igualdad, en la que hicimos entrega de las firmas llegadas hasta ese momento y presentamos el contenido de la carta.

INFORME REUNIÓN CON BIBIANA AÍDO

El 8 de julio la Ministra de Igualdad, doña Bibiana Aído, recibió a una delegación (*) de personas firmantes de la carta en que solicitábamos su intervención para lograr la modificación de la restrictiva legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Nuestro objetivo y misión no era tanto conocer las intenciones del Gobierno, posiblemente aún no definidas, sino influir sobre ellas transmitiéndole la demanda de 1.100 feministas, profesionales de la salud, la educación y el trabajo social, creadoras y creadores culturales, jóvenes, sindicalistas y personas de las más diversas profesiones y puntos de vista.

Presentamos las adhesiones recogidas por esta iniciativa y un resumen de lo planteado en la carta, resaltando la urgencia de que la IVE se aborde como derecho y no como delito, desde el punto de vista de su regulación sanitaria y fuera del código penal, así como la necesidad de que sea una efectiva prestación sanitaria pública accesible en todos los territorios.

En posteriores intervenciones, resaltamos a título particular, aunque creemos que siempre de forma acorde con nuestras aspiraciones comunes, varios aspectosŠ

* Inquietud por los rumores de que una ampliación parcial de la ley podría hacerse a costa de restringir algunos de los supuestos actualmente vigentes (especialmente el de grave riesgo para la salud mental). Aunque se nos indicó que esa opción no estaba contemplada, El País del 11 de julio atribuía a medios gubernamentales la idea de que ese supuesto, actualmente no sometido a plazo alguno, pasase a tener un plazo de 22-24 semanas. No hay que convertir esa noticia en hecho confirmado, pero conviene mantenerse en alerta frente al riesgo de que el derecho a decidir se amplie por un lado pero se recorte por otro. La nueva ley debe ser un avance sin retrocesos.

* Preocupación por la ambigua referencia desde medios gubernamentales a un "consenso social", ya que si se piensa en un acuerdo con sectores contrarios a la libre elección una reforma progresista no sería posible, como no lo habrían sido varias de las reformas de la legislatura anterior. Se insistió, por tanto, en el que el verdadero consenso social no requería el 80-90% de los votos parlamentarios, sino que residía en la obligación del Gobierno y del Parlamento de garantizar los derechos de cada persona y de resolver los problemas sociales que afectan a sectores, mayores o menores, de la población. El mejor consenso social es que cada persona reciba un trato justo en aquello que le afecta. Por otra parte, un reciente sondeo indica que hay clara mayoría partidaria de que se reforme la legislación sobre IVE.

* Incorporación de la IVE a las prestaciones efectivas de la red sanitaria pública. Estando de acuerdo ambas partes en que, según las circunstancias, la prestación pública podría realizarse en centros públicos o concertados, insistimos en que era necesario normalizar su realización en centros públicos, tanto para ampliar las opciones existentes como para emitir un mensaje de normalización social y evitar que los centros públicos o concertados en que se realicen las IVE sigan siendo víctimas de un estigma reaccionario que hace de ellos y de sus profesionales objeto preferente de todo tipo de agresiones. Nos interesamos también por los planteamientos que el Gobierno pudiera tener sobre la denominada "objeción de conciencia".

* Preocupación por las persecuciones sobre la base de acusaciones infundadas o por haberse autoinculpado de forma solidaria. Apoyando y reclamando acciones inmediatas para poner fin a estas situaciones, hicimos ver que era extrordinariamente difícil garantizar la confidencialidad y la seguridad jurídica en el marco de una ley que establece que la IVE es un delito salvo circunstancias extraordinarias que una denuncia malintencionada puede poner en cuestión y convertir en asunto judicial. Esta dificultad parece confirmarse por las noticias sobre un decreto en preparación por el Gobierno, cuyas líneas generales se orientarían a la protección de los datos por parte de los centros sanitarios, cuando los problemas a los que nos estamos refiriendo derivan de actuaciones policiales y judiciales, no de irresponsabilidades de los centros. Por tanto, hicimos ver la extrema urgencia de la reforma de la legislación sobre IVE, que debe ser máxima prioridad de esta legislatura.

Por parte de la Ministra, a quien agradecimos su pronta respuesta, y de las dos personas de su equipo que la acompañaban (Nuria Varela e Isabel Martínez) recibimos un trato muy cordial y constatamos que también están preocupadas por la situación y consideran necesaria una reforma legislativa, aunque, como era de esperar en esta fase, no presentaron -ni pedimos, pues no fuimos a informarnos sino a reivindicar- un modelo preciso para las líneas generales de esa reforma, en la que nos dijeron que trabajarán de forma interministerial (Justicia, Sanidad, Igualdad) y quizá a través de consultas con personas expertas. Respecto a eso les indicamos que entre las personas firmantes muchas sois profesionales de la salud, especialistas en género, activistas por los derechos de las mujeres, etc., y que sin duda podréis aportar muy sólidos argumentos si hay ocasión.

Nos transmitieron también lo aprobado al respecto por el Congreso del PSOE:

"Consideramos que es necesaria la revisión y actualización de la legislación sobre el aborto tras 23 años de su entrada en vigor, por los profundos cambios sociales y médico-científicos que han tenido lugar durante esta etapa y los avances logrados en materia de los derechos de las mujeres.

Apoyaremos la revisión y la elaboración de una nueva ley que recoja las experiencias más innovadoras de las leyes europeas de indicaciones y plazos.

Desde el Partido Socialista defendemos tres criterios fundamentales en esta materia: la equidad territorial en la prestación de este servicio que debe estar incluido en la red sanitaria pública o concertada, garantizando la accesibilidad; la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres y de los y las profesionales que las atienden, y el respeto a la voluntad de las mujeres y al derecho a decidir sobre el control de su maternidad."

Potencialmente es un claro paso adelante respecto a lo figuraba en el programa electoral del PSOE, aunque no pueda deducirse de ese texto un tipo de reforma legislativa determinada, pero nada está aún decidido, teniendo la palabra definitiva el Parlamento y siendo decisiva la postura que tome el Grupo Socialista, pues no parece que deba haber problema para que una reforma progresista cuente con mayoría absoluta, ya que al menos ERC, BNG, IU e ICV son favorables a la reforma de la legislación y sus grupos parlamentarios han presentado ya dos proyectos.

Creemos que hay muchos indicios de que en esta legislatura habrá reforma, pero hay que asegurar que así sea e influir sobre su contenido para que sea lo más avanzada posible. Por tanto, es conveniente que, especialmente a partir de septiembre, mantengamos e intensifiquemos las actividades para que se reconozca el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad sin ser tratadas como delincuentes cuando optan por la interrupción voluntaria del embarazo. La entrega de las firmas a Bibiana Aído es sólo un jalón en la plural hoja de ruta de acciones hacia una legislación mejor que la actual. La movilización de la sociedad civil es necesaria para convencer a quienes duden y contrarrestar las presiones de signo contrario que pueda haber.

Siguen llegando firmas, de vez en cuando enviaremos al ministerio la lista actualizada. En todo caso, podríamos hacer de esta lista un canal de información sobre todo tipo de ideas e iniciativas en torno a los objetivos que nos han unido.

(*) DELEGACIÓN. La mejor delegación habría estado formada por todas las personas que firmamos la carta, pero eso no era posible. Por tanto, cuando muy a finales de junio recibimos cita para el 8 de julio, pensamos que un criterio razonable y rápido era delegar en las mismas diez personas que, al poco de iniciarse la recogida de firmas, enviaron la carta al ministerio de Igualdad solicitando que recibiese a una delegación: Elena Arnedo, médica, fundadora de los primeros centros de planificación familiar en España y ex concejala del Ayuntamiento de Madrid; Altamira Gonzalo, presidenta de Themis; Justa Montero, de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas; Beatriz Gimeno, escritora y vocal de la FELGTB; María Jesús Matilla, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid; Luis Antonio de Villena, escritor; José María Espada, coordinador de Heterodoxia, red de hombres por la igualdad; Isabel Gutiérrez, fundadora de la asociación Nosotras Mismas; Enrique del Olmo, coordinador de la asociación No Nos Resignamos; Toñi Ortega, del colectivo Nosotras No Nos Resignamos.

La fecha de la reunión impidió la presencia de una de estas personas, y un atraso en la hora de su realización por un compromiso ineludible de última hora de la Ministra impidió la de otras cuatro que tenían intención de participar pero que no pudieron a la hora definitiva. Se sumaron a la delegación dos de las personas más activas del equipo de coordinación de esta iniciativa, Marta Cárdaba y Manuela Fernández, que han actuado como portavoces de ella en varias ocasiones.

iniciativa POR EL DERECHO A DECIDIR

carta a Bibiana Aído

http://www.nonosresignamos.net/dere...

nosotras@nonosresignamos.net

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