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El gobierno valora si deja morir en un cajón la contrarreforma del aborto de Gallardón

Lunes 4 de agosto de 2014

Los conservadores quieren evitar que la polémica ley que restringe la interrupción voluntaria del embarazo les afecte en las elecciones de 2015

PAULA DÍAZ / JUAN ANTONIO BLAY Madrid 03/08/2014 Público

En julio se cumplieron dos años desde que Alberto Ruiz-Gallardón anunció en La Razón su intención de reformar la actual ley del aborto para volverla mucho más restrictiva incluso que la anterior, de 1985. Pero la propuesta del ministro de Justicia ha sido tantas veces prorrogada desde entonces que todo apunta a que sus compañeros de Gobierno podrían terminar dejándola en un cajón con el fin de que la polémica normativa les afecte lo menos posible en las elecciones de 2015.

El anteproyecto de Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, que cambia la ley de plazos actual por una de supuestos en los que la interrupción voluntaria del embarazo sólo estaría permitida en casos de violación o grave riesgo para la salud de la madre, vio la luz verde del Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre. Y tras conseguir ese leve avance, Gallardón movió ficha mostrando siempre su intención de que el texto, ya convertido en proyecto de ley, volviera a pasar por La Moncloa antes de las vacaciones de verano. Pero no fue así.

¿Por qué? Gobierno y Justicia se culpabilizan mutuamente de ese enésimo retraso. Mientras el ministro asegura tener el texto listo y preparado para aprobarlo cualquier viernes del año, fuentes del Ejecutivo alegan que no han podido estudiarlo porque Gallardón aún no se lo ha entregado con las modificaciones que podrían incluir, finalmente, la malformación fetal como uno de los supuestos permitidos para abortar.

El propio presidente volvió a dar un portazo a la ley el pasado viernes justificándose con que su equipo está aún estudiando la contrarreforma para lograr "el máximo consenso posible". Pero lo cierto es que ni en el Ejecutivo de Mariano Rajoy ni en el PP quieren hacerse responsables de una polémica normativa que puede conllevar un grave coste electoral en los próximos comicios de 2015.

Para que las consecuencias tengan el mínimo efecto posible en las autonómicas y municipales de mayo, la reforma debería entrar en vigor a finales de año, tal y como pretendía su impulsor. Para ello, el Consejo de Ministros debería aprobar el proyecto de ley a finales de agosto (el Gobierno reactivará su actividad el día 29) o principios de septiembre, a fin de que su trámite parlamentario termine a tiempo para cumplir los deseos de Gallardón. La mayoría conservadora en Congreso y Senado puede alargar el período de enmiendas hasta incluso después de las generales

Sin embargo, la prioridad de Rajoy a la vuelta de vacaciones será la reforma de la ley concursal, según informaron fuentes de Moncloa. Y aun en el caso de que el aborto también lo sea, existen varias posibilidades con las que el PP podría jugar en el Congreso y el Senado para seguir retrasando la ley sin hacer un feo al ministro con un portazo definitivo a la misma.

Así, si los conservadores quisieran dar curso a la norma tal y como quiere Gallardón —opción que, de momento, parece bastante improbable—, el texto saldría de Moncloa en agosto o septiembre y, en poco más de mes y medio (si pasa de forma urgente por Congreso y Senado) podría acabar publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Si el trámite parlamentario sigue el curso normal de una ley, el proceso llevaría aproximadamente cuatro meses hasta la entrada en vigor de la misma, cumpliendo también los plazos del ministro. Pero hay que tener en cuenta que el Parlamento debe debatir en esas fechas los Presupuestos Generales del Estado, por lo que el resto de temas pendientes se ralentizarán.

Por último, y aunque la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, siempre ha negado que el retraso en la ley del aborto se deba a motivos electorales, la mayoría absoluta del Grupo Popular en Congreso y Senado podría alargar el periodo de enmiendas en ambas Cámaras todo lo que quisiera. Incluso hasta alcanzar la fecha de noviembre de 2015, en la que la convocatoria de elecciones generales dejaría en suspenso la normativa, al menos, hasta la próxima legislatura.

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