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El PSOE zanja sin dimisiones el fiasco de la operación de Ponferrada

Martes 19 de marzo de 2013

Rubalcaba carga la responsabilidad en su ‘número tres’ pero rechaza su cese

Óscar López exculpa al secretario general: “Él no conocía los pormenores”

Vera Gutiérrez Calvo Madrid 11 MAR 2013 El País

El máximo dirigente del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, no conocía “los pormenores” de la operación. La número dos, Elena Valenciano, sí los conocía y estaba en contra, pero supuestamente no se lo contó al número uno y tampoco pudo imponer su autoridad sobre el número tres, Óscar López, que dio luz verde y ahora asume toda la responsabilidad por el “error”. Ese es el relato que hace el PSOE para explicar el fiasco de la operación en Ponferrada, que este lunes llevó a López, secretario de Organización, a poner su cargo a disposición de Rubalcaba. El secretario general no aceptó el cese. Se cierra así sin dimisiones una crisis que, trascendiendo el ámbito local donde nació, ha tenido en jaque a la dirección federal durante tres días.

López compareció ante la prensa tras la reunión de la ejecutiva permanente del partido (el núcleo más cercano a Rubalcaba) para agradecer el apoyo de “todos” sus miembros y explicar el caso: “la historia de un error”, la historia de una moción de censura planteada por el PSOE para desbancar al PP —de la mano de Ismael Álvarez, exalcalde condenado en 2002 por acoso sexual en el caso Nevenka— y que al final ha dejado a los socialistas no ya sin alcaldía sino sin representación municipal en Ponferrada (León).

Con el gesto quebrado y una palabra que no se le cayó de la boca —“error”—, el secretario de Organización admitió que él autorizó la moción hace dos semanas porque estaba “cegado”: pero no por conseguir una alcaldía que el PSOE anhelaba desde hacía casi dos décadas sino, según aseguró, por “la posibilidad de sacar a Ismael Álvarez de la política”. La marcha de Álvarez era la condición que había puesto López para respaldar la operación de los socialistas de Ponferrada. Lo que no valoró, aunque sí lo sabía, es que, antes de dimitir, Álvarez iba a aupar al PSOE al cargo. Y que eso iba a provocar el escándalo.

“Yo cometí un error de apreciación y de valoración. He pedido disculpas y hemos rectificado ese error. Eso es lo importante. Si algo siento es que este partido es el que siempre ha levantado la bandera de los derechos de la mujer”, afirmó el número tres del PSOE. Después, a la misma pregunta planteada repetidamente por los periodistas, insistió en que Rubalcaba “conocía la generalidad, no los pormenores” de la operación; y que, en cuanto los conoció, “rectificó” y ordenó al nuevo alcalde, Samuel Folgueral, que dejara el cargo o abandonara el PSOE. Rubalcaba reaccionó a las ocho de la tarde del viernes, seis horas después de que la moción prosperase. Folgueral optó por lo segundo: dejó el partido. Y, con él, los otros siete concejales socialistas.

Solo había, sin embargo, un “pormenor” relevante que conocer —el hecho de que Ismael Álvarez iba a dar la alcaldía a los socialistas—, y ese era público y notorio desde hacía dos semanas. Había sido publicado en la prensa y reconocido por todos sus protagonistas, incluido López. El secretario de Organización contó este lunes, además, que a la vicesecretaria general, Elena Valenciano, y a la secretaria de Igualdad, Purificación Causapié —ambas declaradas feministas— “nunca les gustó” la operación de Ponferrada. Eso tampoco evitó que se produjera.

Fuentes de la dirección alegan que Rubalcaba “ha estado en mil cosas estas semanas” —entre otras, la crisis con el PSC en Cataluña y otra con los socialistas gallegos— y aseguran que “es cierto que no estuvo encima del tema de Ponferrada”. Este lunes, según asistentes a la reunión de la ejecutiva, el secretario general comparó lo ocurrido con la concatenación de errores y fatalidades que se produce en los accidentes aéreos. Una suma de factores que desembocó en un desastre. “Nadie previó la dimensión que iba a tomar esto”, admiten varias fuentes.

Óscar López subrayó que, aunque él es el responsable, “muchos órganos de distintos niveles” del partido habían “visto” la moción de censura antes de que se consumara, en referencia al PSOE de Castilla y León. El secretario regional, Julio Villarrubia, dijo el mismo día 25, cuando se registró la moción, que esta respondía a “un clamor” en Ponferrada. Él insiste, sin embargo, en que la participación de Ismael Álvarez nunca se le consultó.

En realidad Óscar López había puesto su cargo a disposición de Rubalcaba el mismo viernes; este lunes eso no fue explicitado por ninguno de los dos hasta que algún otro dirigente, como Patxi López, lo preguntó, según cuentan dos asistentes a la reunión. Nadie, de todas formas, reclamó esa dimisión (la ejecutiva completa, donde hay más voces críticas, no ha tratado aún el asunto). En un episodio ante el que muchos se han puesto de perfil en estos días, solo el responsable de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, señaló que lo ocurrido es “responsabilidad del conjunto de la organización, no de una persona”. “Y, fundamentalmente”, dijo, “de la ejecutiva federal”. Zarrías también aseguró que el nuevo alcalde de Ponferrada y sus siete concejales “nunca más volverán a ser candidatos del partido”. López no fue tan tajante: “No hay intención de que vuelvan a ir en las listas del PSOE”, dijo.

El alcalde acosador saldó su delito con 14.000 euros

La ley penal vigente en 2002 no permitió inhabilitar a Ismael Álvarez en la política

Esther Tejedor Ponferrada 11 MAR 2013 El País

El exalcalde popular de Ponferrada Ismael Álvarez, declarado en 2002 acosador sexual de la entonces edil Nevenka Fernández, regresó a la política en 2011 después de haber dimitido tras su condena. Y si no lo hizo antes fue porque no quiso. No existía ninguna traba legal que impidiera al regidor seguir en su puesto. Para purgar su pena, a Álvarez le bastó pagar una multa de 2.160 euros y una indemnización de 12.000.

Los tribunales apreciaron que Álvarez “solicitó” los favores sexuales de Nevenka Fernández en el marco de una relación laboral “habitual” que llegó a provocar en la víctima una situación “objetiva” y gravemente hostil y humillante. Sin embargo, y pese a los intentos de la defensa, ningún tribunal lo inhabilitó para ejercer cargo público.

En 2002, el delito de acoso sexual (vigente desde 1995) no preveía la prisión como castigo. Quedaba saldado con el pago de una multa o un arresto domiciliario. Al no estar prevista la cárcel como sanción, la defensa [de Nevenka Fernández] no pudo pedir la inhabilitación como medida accesoria. Según los artículos 56 y 57 del Código Penal, la inhabilitación será “absoluta” y automática cuando la prisión sea superior a 10 años. Y será una facultad discrecional del juez en las penas de cárcel inferiores a un decenio. Si la condena es una multa, no se contempla. Y como en 2002 el acoso sexual no preveía la pena de prisión, fue imposible inhabilitar al alcalde.

El abogado de Nevenka Fernández, Adolfo Barreda, intentó entonces que, además de por acoso sexual, Álvarez fuera condenado por “lesiones psíquicas”. Las lesiones sí preveían una pena de prisión, por lo que sí se podía pedir e imponer de manera accesoria la inhabilitación ya que la defensa entendía que Álvarez se aprovechó de su cargo para delinquir. Ni el Tribunal Superior de Castilla y León ni el Supremo apreciaron que existieran tales lesiones. El resultado es que tampoco por esta vía fue posible solicitar la inhabilitación como pena accesoria.

Existen algunos delitos donde el Código Penal contempla que la inhabilitación sea parte de la condena. Por ejemplo, la prevaricación: a la autoridad o funcionario que dicte a sabiendas una resolución injusta se le castigará con la inhabilitación para cargo público de siete a 10 años. Esto no ocurría, y tampoco lo hace hoy, con el acoso sexual. “Debería contemplarse", defiende Adolfo Barreda, abogado de la concejal acosada. “Para que se dé la figura del acoso sexual debe haber una relación laboral, por lo que no entiendo por qué la inhabilitación no es parte de la pena”, sostiene.

El Gobierno de Aznar reformó el Código Penal a finales de 2003. Tras el caso Nevenka, recogió que la pena para los acosadores será prisión de hasta cinco meses o una multa. Algunos sectores doctrinales y sociales lo ven aún insuficiente.

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