El PP admite que ha presionado al Gobierno para suavizar la reforma de la ley del aborto

Fuentes del PP reconocen que el anteproyecto inicial impulsado por Gallardón no les satisfacía y que recomendaron una revisión

La desaparición del supuesto de malformación fetal y la exigencia y complejidad de los trámites que se exigiría a las mujeres han sido el centro del debate interno del partido

El texto final podría aprobarse en el Consejo de Ministros en las próximas semanas

Luz Sanchis / Natalia Chientaroli 23/06/2014 eldiario.es

Las voces en el PP que no están conformes con la reforma del aborto que impulsa Alberto Ruiz-Gallardón son muchas, pero sólo algunos barones y la diputada Celia Villalobos lo han hecho en voz alta. Pero en la congelación a la que el Gobierno sometió el anteproyecto con la excusa de recabar informes a distintos organismos, también ha tenido que ver la cúpula de Génova. Fuentes del PP reconocen que han presionado para que el texto inicial cambie sustancialmente su contenido.

Aunque los miembros de la dirección del partido no quieren ser muy explícitos, sí reconocen que han presionado al Gobierno para que dé marcha atrás en la admisión de la malformación fetal como causa para interrumpir el embarazo, tal y como informa El País

Según fuentes del PP, el consejo trasladado al ministro de Justicia consistió en "invitarle a que se volviera a leer el anteproyecto" antes de que se remita al Congreso para su tramitación. Sin embargo, en Génova no saben aún si el borrador inicial se convertirá en proyecto de ley en el Consejo de Ministros de este viernes o en el del 11 de julio, y hasta dónde llegará la revisión de los ministros respecto al texto original. Varios puntos polémicos y ¿revisables?

En concreto, el Gobierno estaría dispuesto a dar marcha atrás en su decisión de excluir el supuesto de malformación fetal entre los casos de abortos despenalizados. En el anteproyecto que impulsa Alberto Ruiz-Gallardón las mujeres deberían, además de demostrar que el feto sufre alguna anomalía grave o incompatible con la vida, contar con el certificado de un médico que acreditara el daño psíquico o físico que le provocaría continuar con ese embarazo.

Pero la rectificación, tal y como han dejado entrever fuentes del Ministerio de Justicia, no sería muy evidente. El supuesto de malformación no existiría como tal, sino que en esos casos se daría por supuesto el daño psíquico para la mujer, por lo que no haría falta ese segundo dictamen sanitario.

Aunque a María Dolores de Cospedal se le ha preguntado en rueda de prensa por esta ley, la secretaria general del PP no ha querido entrar en el contenido de la reforma y se ha limitado a señalar que es una cuestión del Ministerio de Justicia. La excusa oficial ha sido la habitual: "Todavía el Gobierno no ha presentado su proyecto".

El último trámite por el que ha pasado el anteproyecto ha sido el de someterse a los consejeros de Sanidad de las CCAA. El 10 de junio, los consejeros del PP dieron su visto bueno al dictamen del Ministerio de Ana Mato, en el que se insiste en que la reforma no afectará a la salud de las mujeres, se destaca que regula aspectos como la objeción de conciencia y su inclusión en las prestaciones sanitarias básicas.

Fuentes del entorno de Ana Mato añaden que no será el único cambio sustancial que sufrirá la reforma, porque se producirán más cuando llegue a las Cortes y se negocie. Todo esto será, previsiblemente, después del verano, con el objetivo de aprobar la ley definitivamente antes de Navidad, y así separarla lo máximo posible de las elecciones municipales y autonómicas de 2014. "Estamos abiertos a bastantes cosas durante su trámite en el Congreso", explica.

Además del supuesto de malformación, que vuelve este proyecto más restrictivo que la ley de 1985, hay más asuntos polémicos. Por ejemplo, el que ha destacado en sus conclusiones el Consejo General del Poder Judicial: la necesidad de contar con los dos dictámenes médicos, de profesionales que pertenezcan a centros sanitarios diferentes al que practicará el aborto. Esto es, para muchas asociaciones de defensa de los derechos femeninos y para el propio CGPJ, complicar el acceso de las mujeres a la interrupción de su embarazo.

En el caso de del Consejo Fiscal, la objeción se centra en que un juez pueda decidir en el caso de una menor de edad que quiera abortar en el caso de que sus padres no apoyen esa decisión. Para los fiscales, se debe respetar la decisión de las jóvenes, ya que "judicializar toda discrepancia con la mujer puede no ser recomendable en el caso de las menores emancipadas, o de 16 o 17 años, a quienes se debe reconocer un grado de autonomía superior".

Dado que el Gobierno no tiene pensado enviar el anteproyecto al Consejo de Estado, como ocurrió con la ley de plazos y como en principio estaba previsto, el texto saldrá del Consejo de Gobierno con las modificaciones que se asuman de los informes jurídicos. Y con las reflexiones surgidas de esa "relectura" pedida por el propio PP.

El gobierno saca del cajón la reforma el aborto en plenas vacaciones

Gallardón pretende que el Congreso inicie su tramitación en julio y que esté aprobada antes de fin de año sin elecciones de por medio.

EFE Madrid 22/06/2014 Público

El Gobierno planea llevar la Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada al Consejo de Ministros el próximo viernes 27 de junio, con el objetivo de que inicie su tramitación parlamentaria en el Congreso durante el mes de julio.

Así lo han confirmado fuentes parlamentarias, quienes prevén igualmente que esta la norma esté definitivamente aprobada para noviembre o diciembre.

El primer debate parlamentario aún no tiene fecha y el calendario se ve afectado por el hecho de que julio es un mes que la Constitución sitúa fuera del periodo ordinario de sesiones. La Mesa del Congreso, el primer órgano que debe recibir el proyecto de ley, suele ampliar todos los plazos de enmiendas hasta septiembre, lo que supondría congelar dos meses la tramitación del proyecto. Todos los grupos parlamentarios, menos UPN y Unió, presentarán enmiendas de totalidad al texto

Ahora bien, la Mesa de la Cámara Baja podría fijar un primer y único plazo de enmiendas hasta mediados de julio para al menos poder celebrar el debate de totalidad en una segunda sesión plenaria de final de mes.

Según las previsiones, prácticamente casi todos los grupos parlamentarios presentarían una enmienda de totalidad al texto presentado por el Gobierno, salvo UPN y los diputados de Uniò que en alguna ocasión han manifestado su respaldo a la normativa. Debates pendientes

En cuanto a los principales cambios que contemplará el proyecto de ley, respecto al texto presentado por el Gobierno hace unos seis meses, estas mismas fuentes creen que se va a matizar los casos de interrupción voluntaria del embarazo en caso de malformación del feto, un punto que ha generado gran discordia tanto dentro como fuera del partido.

Eso sí, siempre mantendría la ley de supuestos que el Gobierno ha abanderado desde el primer momento y, según aseguran las mismas fuentes, "con el ánimo de estar abierto a negociar cualquier punto de la ley durante el trámite parlamentario".

Según esta normativa, se puede interrumpir de forma voluntaria un embarazo cuando tenga lugar un grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la madre, o bien cuando el embarazo sea consecuencia de un delito contra la libertad sexual. La interrupción del aborto en el caso de malformación del feto será uno de los puntos que se posiblemente se modifiquen

A diferencia del resto de normativas que han tenido lugar en España sobre la regulación del aborto, esta ley de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada no ha sido examinada por el Consejo de Estado, un hecho que ha ’irritado’ principalmente al Grupo Socialista, que hasta ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados instando a ello al Ejecutivo.

Actividad parlamentaria

El próximo miércoles la reforma del aborto también será uno de los principales temas de la actividad parlamentaria, empezando por la sesión de control al Gobierno, momento en el que la portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Carmen Montón, lanzará una pregunta al ministro de Justicia, máximo responsable del proyecto de ley, sobre si mantiene "su intención de cercenar los derechos de las mujeres" con esta normativa.

Ya por la tarde, Izquierda Unida defenderá en la comisión de igualdad una iniciativa para exigir al Gobierno la retirada del proyecto de ley porque, a su juicio, la decisión de interrumpir de forma voluntaria un embarazo es personal, pertenece a las mujeres, y con esta normativa se ve coartada.

"El derecho a decidir de las mujeres es un derecho fundamental y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios", aclama IU.

La formación de izquierdas defiende, entre otros puntos, una ley que garantice la salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo que contemple, como mínimo, la prevención contra los embarazos no deseados, una educación sexual que recorra todos los estadios educativos, la coeducación real y efectiva y, la trasmisión de valores de igualdad entre mujeres y hombres.

Defiende el nasciturus

En una respuesta del Gobierno y dirigida a Carmen Montón, el Ejecutivo defiende que esta norma tiene un impacto de género positivo ya que protege y se da prevalencia a los derechos a la vida, salud y dignidad de la mujer embarazada, cuando entran en conflicto con el valor de la vida del nasciturus.

A su vez, resalta la protección a su libertad pues "deja de ser punible el aborto para la mujer en todos los supuestos", a la vez que se tiene en cuenta su libertad de decisión en cuanto se exige que su consentimiento sea informado y que sea precedido de un asesoramiento asistencial efectivo y de una información clínica sobre las ayudas de todo tipo para continuar la gestación y las alternativas al mismo.

El Ejecutivo asegura que esta normativa apoya la maternidad y crea un marco jurídico de asesoramiento socio-económico a la mujer embarazada, en general.