El Consejo de Estado rechaza la fórmula del Gobierno para cambiar la ley del aborto

Madrid, 04 dic. 14. AmecoPress.

Una ley ordinaria no puede modificar una ley orgánica. Lo dice el Consejo de Estado que cierra las puertas, de momento, al intento del Gobierno de prohibir la interrupción del embarazo de menores de edad sin el consentimiento de sus padres, madres o personas tutoras. Tras renunciar a la reforma defendida por el ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, Rajoy eligió el anteproyecto de Ley de Protección de la Infancia, para conseguir modificar ese polémico aspecto. Pero dicha normativa no tiene nada que ver con la ley del Aborto y además es de rango inferior a la ley aprobada en la legislatura de Zapatero.

Aunque no hay que confiarse. En declaraciones a los medios de Soraya Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros del pasado viernes, reiteró la intención del Ejecutivo de obligar a las menores a contar con el consentimiento de sus padres y madres para interrumpir sus embarazos. Para ello se buscará "la vía legal" necesaria, dijo. Hay que recordar que el punto de las menores es uno de los que más rechazo genera en el seno del PP.

La norma actual permite a las chicas de 16 y 17 años abortar sin informar a su familia si hacerlo implica "un conflicto grave" y siempre que cuenten con la aprobación médica. El plan del Gobierno era invalidar ese artículo a través del Anteproyecto de Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia. En el texto remitido al Consejo de Estado no figura la palabra “aborto” ni se menciona directamente la "interrupción voluntaria del embarazo". Sino que introduce un cambio en la redacción de un artículo sobre quién decide en última instancia en las intervenciones médicas a adolescentes: sustituye el consentimiento de los y las menores emancipadas o mayores de 16 años, que figura en la norma actual, por el consentimiento de los representantes legales.

El Consejo de Estado advierte en su dictamen, que no tiene carácter vinculante, que el cambio no tiene consecuencia alguna sobre la normativa del aborto, puesto que se ha tramitado a través de una ley ordinaria que en ningún caso puede anular o modificar una norma de rango superior. La de interrupción del embarazo es una ley orgánica.

Según el texto que reproducía el diario El País, el informe del Consejo de Estado dice:: "Debe repararse, en cualquier caso, en que el alcance de estas reglas se limitará a aquellos supuestos de prestación del consentimiento por menores que están regulados en leyes ordinarias, pero no en leyes orgánicas, como es señaladamente el caso de la citada Ley Orgánica 2/2010, que establece [...] los requisitos comunes para la interrupción voluntaria del embarazo, entre los que se encuentra el consentimiento de la mujer".

No hay motivos

Es importante recordar que nueve de cada diez menores que abortan van acompañadas por sus padres, madres o tutoras. Y las que no pueden comunicar su decisión de abortar a las personas responsables de su tutoría en general pertenecen a “familias desestructuradas, con los padres en prisión, inmigrantes que viven solas, víctimas de abusos, de familias abiertamente contrarias al aborto y que corren el riesgo de sufrir coacciones o malos tratos", según las conclusiones de la investigación "Mujeres de 16 y 17 años que no han podido comunicar a sus padres la interrupción de su embarazo", realizada por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) que fue presentada el pasado mes de noviembre.

Según el estudio, un total de 913 menores de 16 y 17 años interrumpieron su embarazo en centros acreditados entre enero y septiembre de 2014, de las cuales 113 lo hicieron sin conocimiento de sus padres o madres, lo que representa el 0,44 por ciento del total de las que abortaron y un 12,38 por ciento de su grupo de edad. “Lo que demuestra el estudio es que las mujeres de 16 y 17 años que no pueden comunicar la decisión de abortar a sus padres o madres son un excepción” mientras que “la mayor parte de las menores que interrumpe voluntariamente su embarazo siguen confiando en sus padres, madres o tutores legales y van acompañadas por ellos a las clínicas”.

ACAI asegura que no existe motivo para un cambio de ley que condenaría estas mujeres de 16 y 17 años que no pueden contar con autorización a la clandestinidad y una mayor vulnerabilidad. Según Francisca García, presidenta de la organización, los datos demuestran que la reforma que pretende llevar a cabo el Gobierno "no está justificada, es innecesaria, inconveniente e inútil" y que se promueve únicamente por "razones ideológicas y morales".