El Ayuntamineto deLlanes pagó con dinero público la multa de un maltratador para evitarle la carcel

La sanción impuesta a un hombre condenado por dos delitos de lesiones a su pareja y por quebrantar una orden de alejamiento se pagó con dinero del fondo de emergencia social. El alcalde y la oposición exigen la dimisión de la exalcaldesa y diputada regional.

JENNIFER TEJADA DEWAR Público 19-09-2015

MADRID.- Enrique Riestra, alcalde de Llanes, ha pedido la dimisión inmediata de la exalcaldesa y actual diputada regional del PSOE, Dolores Álvarez Campillo. Le acusa de haber autorizado, durante su legislatura, la partida de fondos destinados a costear situaciones de ‘emergencia social’, para pagar la multa de un condenado por violencia de género para que eludiese la cárcel. EQUO y Podemos en Asturias también han pedido que dimita la diputada.

Riestra, líder del equipo de gobierno (integrado por Vecinos x Llanes, Foro Asturias, PP e IU), denuncia que esto demuestra cómo el PSOE ha actuado durante sus 28 años en el poder. “Es la forma en la que se vino prostituyendo durante muchos años la democracia, con el clientelismo: ‘Yo te doy, no te pido nada a cambio… pero ¿a quién votarás?’”, critica. Asegura además, que ésta no es la única partida de emergencia social que “chirría”, pero insiste en que es sin duda la más llamativa e intolerable. Pide que Álvarez Campillo y Jorge Herrero, el socialista número uno en la oposición de Llanes, asuman responsabilidades.

Ayudar al maltratador y no a la víctima

El solicitante de la ayuda económica era un hombre condenado por dos delitos de lesiones a su compañera sentimental y por quebrantar una orden de alejamiento de ocho años. El día 1 de abril de 2014 presentó la solicitud en el ayuntamiento. Tres días después, los servicios sociales de la mancomunidad de Llanes y Ribadedeva presentaron un informe – muy escueto, de apenas una página, según Riestra – favorable a la causa. Según el alcalde actual, dicho informe manifiesta que el maltratador había acordado con Herrero que devolvería la cantidad íntegra de la multa (1.500 euros), como si se tratase de un préstamo. Sin embargo, a día de hoy sólo se han devuelto 170 euros.

“Pero ese no es el quid de la cuestión” aclara Riestra. Lo que es inaceptable, asegura, es el mensaje que se lanza a la sociedad con este acto. Resulta paradójico que el PSOE, un partido que siempre ha defendido la igualdad y ha luchado en contra de la violencia de género, ayude al maltratador y no a la víctima.

El mismo día en el que se emite el informe, se realiza el ingreso directamente al juzgado, una cantidad de 1.500 euros bajo el concepto de ‘emergencia social’ el día 8 del mismo mes. La responsabilidad de la firma

Dolores Álvarez Campillo se ha defendido de las acusaciones. Su argumento principal es que no sabía lo que firmaba y que firmó ese papel entre muchos otros más: “Firmábamos muchas ayudas sociales, siempre con informe favorable de Servicios Sociales y buena parte de ellas con compromiso de devolución”.

“Es una incompetente y no entiendo cómo puede seguir representando a los asturianos de la mancomunidad" - Ponte.

Esta excusa no es válida para muchos y Riestra insiste: “Tiene que asumir la responsabilidad de su firma”. Por otro lado, María Ponte, una ciudadana de Llanes que se ha sumado a hacer eco de esta injusticia piensa que si Álvarez Campillo firma documentos sin saber de qué tratan, “es una incompetente y no entiendo cómo puede seguir representando a los asturianos de la mancomunidad”, zanja.

En declaraciones a RTPA, José Herrero aseguró que él sólo le sugirió al señor que acudiese a los servicios sociales para ver si le podrían ayudar y que él no tuvo nada más que ver con el asunto. Público contactó con el PSOE de Asturias: “Nos remitimos a las palabras de Herrero sobre el asunto”, y no añadieron ninguna valoración más.

La Agrupación Socialista de Llanes emitió un comunicado para constatar que no tiene más conocimiento de este tema que lo ya recogido por los medios de comunicación y tampoco ha recibido notificación alguna por parte del juzgado al respecto. Los socialistas defienden, además, que nunca han concedido ayudas de ningún tipo que no fuesen acompañadas de los informes técnicos y jurídicos favorables.

La identidad del solicitante de la ayuda no se ha hecho pública pero María Ponte dice que al ser un pueblo bastante pequeño (de unos 14.000 habitantes) se especula quién podría ser. “No hay dudas de que se trata de un amigo del partido. Si querían ayudar a un amigo para que no fuese a la cárcel, que lo hubiesen hecho con dinero propio, no con el de los ciudadanos”.