Bajo la rueda de los tractores: las jornaleras migrantes en Andalucía siguen sin derechos

Mientras los agricultores se manifiestan por todo el Estado, miles de trabajadoras migrantes en Almería y Huelva siguen sin derechos laborales y habitando asentamientos chabolistas sin alternativa habitacional.

Una chabola a medio construir en un asentamiento en Lucena del Puerto (Huelva) RAFA DEL BARRIO

Aurora Báez Boza 17 FEB 2024 El Salto

El pasado miércoles miles de agricultores andaluces se manifestaban en el territorio siguiendo la convocatoria que las asociaciones del sector habían anunciado en todo el país. Los agricultores de todo el país se están manifestando, como en el resto de Europa, ante “la grave crisis que afecta al sector agrario, la falta de respuesta por parte de las administraciones y la imposición de unas políticas agrarias que están asfixiando a los agricultores”, exponen desde COAG una de las entidades organizadoras.

Sin embargo, en ninguno de los discursos y proclamas que llevamos semanas escuchando se encuentra la mínima referencia a los miles de trabajadores migrantes que sostienen el campo andaluz. La imagen de una fila de decenas de tractores cortando carreteras nos lleva acompañando durante semanas y nos impide ver los cientos de chabolas de las temporeras que sostienen el campo onubense y almeriense.

“Están pidiendo más derecho para ellos, pero de las trabajadoras que les sostenemos la explotación no hablan nunca, ni nos pagan lo que hay que pagar, ni cumplen el convenio y de hecho dicen que es un problema para ellos, que nos suban el salario mínimo”, señala Ana Pinto de Jornaleras de Huelva en Lucha. A pesar de que los agricultores de la fresa se llevan manifestando varias semanas el sector no para de estar en alza y generar beneficios, según los datos de Freshuelva durante la última campaña 2022/2023 el valor de la producción fresera aumentó un 5% con respecto a la campaña anterior alcanzando el valor de 557 millones de euros. “En Huelva, lo que buscan es cada vez generar más dinero, porque parece que no tienen bastante con los millones de beneficios, porque aquí perdidas hay poca. Aquí cada año hay más hectárea, cada año hay más cultivo”, sostiene Pinto desde JHL.

Este mismo sindicato denunciaba el mismo día de las movilizaciones que Frutas Aimra, perteneciente a ASAJA, entidad que participa en las movilizaciones, ha despedido a una de sus trabajadoras, de origen marroquí, tras torcerse un tobillo trabajando a principios de febrero. JHL también denuncian que ni siquiera la llevaron al médico y que “a punto han estado de mandarla a su país”. Situaciones como estás son el pan de cada día de las más de 10.000 temporeras migrantes, según los datos sobre la llegada anual de mujeres migrantes que proporciona ASAJA, que trabajan en los campos onubenses y que Jornaleras de Huelva en Lucha lleva denunciando desde hace cuatro años. A esto se le añaden muchos otros atropellos de los derechos laborales “incumplen el convenio, no se está pagando el SMI, ni las horas extras, ni el kilometraje, vamos lo de todos los años”, sostiene Pinto.

Las trabajadoras llegan con la promesa de una jornada, y una nómina específica que no se cumple. “Están acostumbrados a llamarte cuando quieran, están obligados a un mínimo de 3 horas y a lo mejor te llaman para una hora al día”, explica Ana Pinto. Fátima trabaja como temporera en Huelva desde hace 6 años y espera desde su chabola en Lucena del Puerto (Huelva) que lleguen días con más trabajo: “ahora no hay trabajo, y lo que hay solo es por una hora y entre ir y venir no ganas nada”.

Carmen B. Castellano trabaja investigando la situación de las mujeres en los campos de Huelva y Almería en Mujeres en Zona de Conflicto y sostiene que “A las mujeres se les asegura un porcentaje de jornada que muchas veces no se cumple y nosotras creemos que si se trae a la gente a trabajar tendría que asegurar el 100% de la jornada, porque ya estamos haciendo una movilización hacia aquí. Entonces eso es como estamos aquí como para cubrir necesidades, entonces se convierte en un cuerpo de trabajo más que en una persona”.

Según los datos de CCOO en la provincia de Almería, de los más de 50.000 personas que se dedican al trabajo en el campo, el 90% son trabajadores migrantes, una campaña que abarca prácticamente todo el año. “La cuestión es que aquí la gente no es temporera y la gente vive de manera permanente durante todo el año”, sostiene Fernando Plaza, de la APDHA Almería.

Muchas promesas y ninguna alternativa habitacional

Las jornaleras de ambas provincias viven en los más de 80 asentamientos chabolistas que recorren los territorios. Un informe de Andalucía Acoge del año 2022 recoge que el 90% de las personas migrantes que trabajan en Huelva y Almería tienen enormes dificultades para obtener un alojamiento mejor. “Si me ayudara el jefe a tener una cama, mejor porque tengo miedo porque no hay luz y pueden romperme los palets y entrar, y hay gente que se muere”, comenta Fátima desde su chabola.

Desde MZC recuerdan que estos asentamientos no cuentan con los servicios básicos para poder ser habitados: “tienen todos los derechos sin cubrir, no hay agua potable, ni gestión de basura ni electricidad”. Borrego además insiste en la falsa visión que la sociedad tiene de estos espacios “Parece que la gente tiene la culpa de estar metida en los asentamientos cuando no hay políticas reales para la gente que viene a trabajar. Luego no le quieren alquilar, o no pueden permitírselo. Es el pez que se muerde la cola, pero todo el mundo está viviendo de esto”.

La Junta de Andalucía anunció en 2022 la puesta en marcha de un Plan Estratégico para la erradicación del chabolismo, en el que anunciaban una inversión de 3 millones de euros de fondos europeos para alternativas habitacionales. MCZ denuncia que ese plan no le ha llegado a las entidades: “no sabemos cómo van a hacer los planes de erradicación que se está llevando a cabo porque no lo han hecho público porque no quieren que lo veamos las entidades y decirle lo que está mal”. El pacto de Doñana firmado el pasado noviembre por Juanma Moreno y Teresa Ribera también recoge una partida presupuestaria de 32 millones de euros para “La construcción y rehabilitación de viviendas dignas para personas temporeras para su uso durante las campañas agrícola”.

Los colectivos y organizaciones que trabajan en los asentamientos denuncian además que lo único que está haciendo el plan es desalojar asentamientos sin alternativas a pesar de las soluciones que han prometido. El pasado 9 de febrero la Mesa del Tercer Sector de Níjar (Almería) denunciaba el desalojo por parte del Ayuntamiento sin alternativa habitacionales para 25 personas, “desconocemos por qué lo han hecho, cuando la alternativa propuesta de viviendas en Los Grillos no está lista para ser habitada”, ha sostenido la Mesa.

Tractorada del miércoles 14 de febrero en Sevilla RAFA DEL BARRIO

Hace un año se produjo el desalojo del asentamiento El Walili, el más grande la zona, en el que 450 personas se quedaron sin alternativa habitacional y tuvieron que repartirse por el resto de asentamientos. Una situación similar a la que ocurre en Huelva donde tras un incendio, y suceden varios a lo largo del año en la zona de Palos de la Frontera o Lepe, las autoridades impiden que se vuelva a construir chabolas, lo que hace que se desplace a otros lugares. “Se van a otros sitios, por ejemplo a Lucena del Puerto o a sitios más alejados, de los núcleos urbanos y, por lo tanto, se exponen a una situación de mayor vulnerabilidad”, explica Borrego. Fátima desde su experiencia tras 6 años viviendo en asentamientos cree que esos fuegos los provoca alguien: “Son muy grandes y no se puede hacer nada, alguien los tiene que haber hecho y utilizado gasolina”.

Plaza sostiene que las instituciones argumentan que las entidades tienen un discurso contrario a la erradicación de estos espacios “Creen que tenemos ese discurso de que lo que queremos es que se mantengan los asentamientos chabolistas. Claramente no. El objetivo es que se acabe con ellos, pero no a costa de que se engorden otros y de que la gente tenga que volver a empezar a construir esa miseria, a buscar residuos para montar chabolas. El tema son las alternativas que no se están ofreciendo”.

Las promesas de albergues, residencias y otros espacios llevan siendo anunciadas por años por los consistorios de las distintas alcaldías de las provincias de Almería y Huelva. En algunos casos proyectos como el albergue de Lepe, que ya se encuentra construido, lleva dos años anunciando una apertura que nunca llega. “No ha cambiado absolutamente nada, la gente sigue durmiendo en la calle y no hay nada nuevo”, sostiene Pepa Suárez de la Asociación Multicultural de Mazagón. Además, Suárez añade que no sabe donde ha ido a parar el dinero que anunciaban para solucionar la cuestión de los asentamientos “No han hecho desde que se firmó el dinero con la Agenda 2030, ni un solo alojamiento más”.

A pesar de los años de promesa hoy hay miles de personas que duermen bajo lonas y cartones al lado de los campos de plástico andaluces. “El sistema agroalimentario, es un sistema que sé que se mantiene a costa de la explotación de otros cuerpos” sentencia Carmen B. Castellano al señalar las causas de esta situación. Un sistema que muestra antes las colas y el rugir de los tractores que los palets chocando contra la tierra de quien construye su chabola al lado de montañas de basura al lado de una explotación agraria.

Como recuerdan Ana Pinto y Nazareth Castro en Abramos las cancelas, la lucha de las jornaleras de Huelva por otro modelo de agricultura es esencial poner esta realidad en los discursos para poder enfrentar las desigualdades: “Si las cancelas de las fincas estuvieran abiertas, si fuera visible todo lo que allí sucede y nuestras compañeras contratadas en origen tuvieran libertad de movimiento sería mucho más difícil sostener toda la lista de abusos contra las trabajadoras”. Las autoras también hacen hincapié en señalar al régimen migratorio “son esas otras cancelas, las fronteras estatales y los sistemas fronterizos y legales las que sostienen las enormes desigualdades”.