Andalucía: El Gobierno pone multas de 300 euros a diez mujeres por protestar contra la reforma del aborto ante la sede del PP

Fte. el diario.es

La Asamblea de Mujeres Diversas de Sevilla denunció ayer que al menos diez mujeres han recibido en las últimas semanas multas, por valor de 301 euros cada una, por concentrarse ante la sede del PP andaluz, en el centro de Sevilla, en contra de la reforma de la ley del aborto que pretende llevar a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy. Este periódico preguntó ayer a la Subdelegación del Gobierno de Sevilla por el número exacto de sanciones, pero no obtuvo respuesta.

Según se indica en la notificación de una de estas sanciones, el pasado 20 de diciembre, “desde las 19:30 horas hasta las 20:30 horas unas 50 personas”, se concentraron ante la sede del PP andaluz, en la calle San Fernando, “exhibiendo el grupo de concentrados una pancarta. Dicha concentración no fue comunicada a la subdelegación del Gobierno como exige la ley”. La Policía identificó a esta sancionada “como una de las organizadoras de la concentración”. Según se recoge en la notificación, “se considera promotores a quienes de hecho presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes o por los impresos que se repartan durante las mismas”.

Ese día, horas antes de producirse la referida protesta, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, presentó el anteproyecto de ley, que liquida el derecho a decidir de las mujeres, sustituyendo la anterior ley de plazos por una reforma que pretende eliminar, entre otras cuestiones, la malformación del feto como causa para poder interrumpir el embarazo. Ese día, y de forma espontánea, miles de personas en toda España se echaron a la calle contra las intenciones del Gobierno. Desde entonces, cada viernes, se producen protestas ante la sede regional de los conservadores. Son concentraciones pequeñas pero fuertemente vigiladas por la Policía, que se dedica a proteger la sede del PP, evita que se corte el paso al tranvía e identifica a un gran número de las personas asistentes, a las que se les pide el DNI y sus datos quedan registrados. Desde la asamblea aseguran que los agentes no les informaron en ese momento de que iban a ser multadas. Tampoco descartan que sigan llegando nuevas sanciones.

ESTRATEGIA POLÍTICA DE CRIMINALIZACIÓN

“Estamos recibiendo multas, no solo compañeras de la asamblea, también mujeres que pasaban por allí y se pararon”, explicaron desde Mujeres Diversas. Enmarcan las sanciones dentro de “una estrategia política de criminalización del movimiento feminista, los movimientos sociales y la ciudadanía en general”, según detalló Laura Adam, de la Asamblea Feminista Universitaria, que desvinculó al colectivo de cualquier acto violento. Adam también criticó el trato mediático dado desde “algunos medios” a la detención de una joven de la asamblea, acusada por la policía del fuego intencionado que se produjo el pasado 5 de enero en la puerta de la iglesia de Santa Marina, en el centro de la ciudad. “Solo han recogido la versión de la Policía y ni si quiera han incluido la versión y los datos ofrecidos desde el colectivo”, añadió Adam. La Policía rehusó la semana pasada, a petición de este periódico, ofrecer más detalles sobre la detención por tratarse de un caso “que está abierto”.

La abogada Pastora Filigrana, del Grupo 17 de marzo, indicó que las conclusiones a las que llega la Policía para acusar a la joven (que fue detenida durante ocho horas) del intento de quemar la iglesia están basadas en “hipótesis ambiguas” y criticó que la acusación policial realizada a través de una nota de prensa no se sostiene con los datos aportados en el informe policial, que “no es nada concluyente con una autoría y solo dice que las pintadas realizadas en la iglesia de Santa Marina no son de la misma autoría que las aparecidas en la iglesia de San Marcos y en la sede del PP”.

El día que se produjo el incendio, a unos 300 metros, en la misma calle, aparecieron pintadas contra la reforma de la ley del aborto en otra iglesia, la de San Marcos. En la que se produjo el fuego, Santa Marina, también apareció otra pintada, en la que se pedía “Libertad anarquist@s presos”. La abogada recalcó que “no podrán demostrar relación porque no la hay” y defendió la inocencia de la acusada.

“Somos un movimiento pacifista, que lucha por los derechos humanos, que rechazamos esta ley de Gallardón”, continuó otra activista de la asamblea y mujer que sufrió violencia machista, Antonia Avalos, que cree que las multas “son un atentado más” por llegarle a mujeres que están “sufriendo la crisis” y criticó a la subdelegada del Gobierno, Felisa Panadero, “por firmar las sanciones”. Avalos comparó la imposición de la reforma de la ley del aborto con “la violencia machista” que sufren las mujeres. Al finalizar la rueda de prensa una mujer añadió: “Cada vez somos más, con más cariño y más unidas. Esto es lo que están consiguiendo”.

Desde la asamblea ya han anunciado que recurrirán las multas y que están dispuestas a llegar a un proceso judicial para conseguir la anulación, gestión que tras la ley de tasas aprobada por el Gobierno tiene un coste de unos 150 euros.