Voz nº1994

Indudablemente la mayor virtud del acuerdo alcanzado durante la madrugada del pasado martes 27 de octubre radica en la defensa hecha a entidades como Ecopetrol, el Sena, el Seguro Social, Telecom y el régimen prestacional del magisterio, entre otras, torciéndole el espinazo a la política salarial del Gobierno. Si bien sectores medios de los empleados y funcionarios estatales resultan golpeados con la ponderación del 15 por ciento -con un punto adicional para el magisterio de primaria y secundaria-, la verdad es que el momento no daba para más. Las majestuosas movilizaciones logran impedir la aplicación de sanciones a los trabajadores y consigue el reenganche de 47 empleados de Caja Agraria que habían sido despedidos.

Cuando en vísperas del inicio del paro estatal que por espacio de 21 días tuvo en ascuas al país, el ministro de Trabajo, Antonio Yepes Arcila, le dijo al presidente de la CUT, Luis Eduardo Garzón, que dada la popularidad del gobierno la protesta de los asalariados no les quitaba el sueño, nunca imaginó que terminarían pagando un costo tan alto por desafiar la capacidad de movilización y unidad de los trabajadores.

En la misma tónica que una semana después Andrés Pastrana a través de la televisión le refregó a los trabajadores y la opinión pública seis millones de electores que lo llevaron al podio de Bolívar, Yepes Arcila agregó que estaban en condiciones de derrochar incluso la mitad del 82 por ciento de la popularidad popularidad que rodeaba a Pastrana Arango, apenas dos meses después de su posesión.

Lo que uno y otro nunca imaginaron es que transcurridas las primeras dos semanas desde aquel miércoles 7 de octubre, fecha de inicio del paro, según el Centro Nacional de Consultoría la imagen positiva del Presidente Pastrana había caído al 44 por ciento, en tanto que su imagen negativa se había disparado del 13 al 50 ciento. Como para récord Guinnes.
Máxime si se tiene en cuenta la cadena de shows que desde antes de su elección viene protagonizando el nuevo gobierno, al tener la osadía de internarse en la selva para reunirse con el secretariado de las FARC, establecer acuerdos también con el ELN, cogerle la caña al canje de prisioneros de la guerrilla por soldados y policías, revivir el Frente Nacional al compás de la reforma política o gobernar el país más desde afuera que desde adentro, incluidas un par de entrevistas con Bill Clinton.
Pero se metió con los trabajadores, y eso no se lo perdonó la opinión pública. Sobre todo, si se tiene en cuenta el tratamiento de guerra que recibieron las peticiones del Comando Nacional de Paro, acusándolos de atentar contra la seguridad del Estado por costos de película, cuando no era que lo acusaba de protagonizar un paro político, pretendiendo con ello dejar en el ambiente un tufillo golpista que jamás se ha propuesto el movimiento sindical.
La civilidad con que los trabajadores emprendieron la defensa de su petitorio contrastó con la agresividad desplegada por la fuerza pública a lo largo del país. No sólo fueron militarizadas las dependencias donde los estatales esgrimían un pasacalle, sino que también los desalojaron a punta de bolillo y golpes. De las palizas no escaparon los niños ni las mujeres embarazadas.
El asesinato de siete sindicalistas durante las tres semanas que duró el conflicto, entre ellos el vicepresidente de la CUT, Jorge Ortega, seguido del crimen contra Hortencia Alfaro, presidente del sindicato del hospital de Valledupar, además del presidente del sindicato de Indupalma, Jairo Cruz, ocurrida justo la víspera del acuerdo, dan testimonio del clima fascistoide del momento.

El estilo que la administración Pastrana Arango pretende implantar tenía que chocar con los sectores más desprotegidos de la población. Hasta ahora ningún gobierno había empezado planteando de entrada un recorte a los ingresos de los asalariados, menos aún en vísperas de presentar un nuevo proyecto de reforma tributaria y otro de ajuste fiscal, de nefastas consecuencias para la gente.

El 14 por ciento de reajuste salarial, sin derecho a pataleo porque, al parecer, para el gobierno con el sindicalismo no se debe concertar, indicaba que a los trabajadores no les quedaba otra alternativa distinta que adelantar la pelea prevista para comienzos de año, como el año pasado, cuando también lograron doblegar el 13.5 por ciento de reajuste de la administración Samper.

La pelea anticipada

Razones de mayor fuerza todavía empujaban la pelea. Si bien Pastrana recibió el país en una de sus peores coyunturas, agravado por la crisis mundial, lo cierto es que la composición de su equipo no puede más neoliberal. Y si buena parte de ellos mismos implementaron el modelo con Gaviria, para desarrollarlo con Samper, el cierre con broche de oro necesamente tenía que ir con Pastrana Arango, un mandatario que por ahora le extiende el ramo de olivos al movimiento insurgente con una mano a la vez que le da garrote al movimiento sindical y popular con la otra, bajo la retórica siempre de buscar la paz.
Tal vez una de las principales enseñanzas que deja el paro estatal, considerado por muchos como el paro del siglo, es que la catadura de la administración Pastrana Arango quedó al desnudo con la manera displicente y hasta vulgar como atendió las demandas de los trabajadores estatales.
Desde hacía muchos años -el sociólogo Alfredo Molano se remonta al gobierno golpista y populista de Gustavo Rojas Pinilla-, nadie en el país se había dado el lujo de llenar las plazas públicas como ahora lo hace el movimiento sindical colombiano .

Si en febrero de 1997 los estatales impactaron a la opinión pública al derrotar la pretensión gubernamental de imponer reajustes salariales del orden del 13.5 por ciento ponderado, ésta vez la sorpresa fue mayor. Primero, por la contundencia de la protesta. Con enorme significado político y una extraordinaria capacidad de recuperarse de entre las ruinas, proyectándose como un jugador con cualidades propias de las ligas mayores.
No obstante, para el presidente de la CUT no deja de ser preocupante la falta de movilidad del sindicalismo del sector privado, pese a los paros escalonados desplegados por los trabajadores del sector bancario.

Momentos de balance

Para Zoeria Villada, presidenta de Sindesena, el reto consiste en continuar la pelea porque, «desafortunadamente, quedó abierta la puerta para que el Consejo Directivo del Sena tome determinaciones por fuera del contenido de los decretos conquistados a mediados del año pasado, desconociendo que fueron hechos con valoración de méritos para todos los funcionarios. El proyecto de ley que pretende cambiar el manejo de las renta parafiscales, el 044, tampoco quedó consignado en el acuerdo, a riesgo de que el Sena se quede sin presupuesto y que los gremios después salgan a desconocer estos aportes. Ahora, esto no es más que otro reto para continuar la pelea.»
Por su parte, Pedro Hernández, de la Federación de Profesores Universitarios considera que por las reglas de juego impuestas por el Gobierno hubo una especie de diálogo en la trastienda y no de cara al país. Fue el paro estatal más fuerte de los últimos años, pero no logramos una concertación social para cambiar la política de ajuste y el modelo importado que busca enriquecer el capital financiero, regularmente ajeno al país. El gobierno reconoce a nivel genérico la bondad del artículo 86 de la Ley 30, pero no lo cumple al negarse a incrementar el presupuesto de las universidades en pesos constantes, tampoco hace nada para garantizar recursos tendientes a mejorarlas.
Luis Eduardo Garzón considera que en los últimos años la gran pelea es la ruptura de la política salarial, aunque también avanzaron en materia de defensa de Ecopetrol, Telecom, Sena, Seguro Social y red hospitalaria, entre otras.
En general, en salarios no se avanzó mayormente, considera Fabio Arias, del comité ejecutivo de la CUT, quien reconoce que significa el rompimiento del modelo impuesto que es lo más importante. «Se mantuvo mínimamente la inversión social del Estado.»

Pero, sostiene el presidente de la Central Unitaria, la riqueza del proceso puede radicar en la complejidad del momento sorteado: «ésta puede considerarse una negociación verdaderamente marco, casi una torre de Babel, que debe convidar a los demás sectores de la sociedad a vincularse a actividades como las nuestras en la búsqueda de soluciones de mayor calado para el país».

«Nuestra lucha se circunscribe a las luchas registradas los últimos días en Perú y Ecuador, lideradas por el movimiento sindical contra gobiernos impositivos, pero es necesario buscar que sean más unificadas porque, al fin y al cabo, tienen en común que son contra el modelo».

UNA DECLARACION CON PODER VINCULANTE

En términos generales, el acuerdo alcanzado por los estatales es positivo por cuanto garantiza recursos importantes del Estado para inversión social, tal vez el problema de mayor calado durante la protesta, como salud, educación pública y producción agraria, entre otros, así como la preservación del carácter estatal de Telecom, con el establecimiento de mesas de trabajo conjunto para casi todos los sectores.

La declaración establece el compromiso gubernamental de avanzar en el estudio de la Ley 200 o Estatuto Unico Disciplinario, así como frente a las llamadas nóminas paralelas que afecta al sector público, bien sea porque se prestan para burlar derechos a los trabajadores o porque se prestan para el sostenimiento de la clientela.

Un somero repaso a la misma deja ver que las entidades territoriales y los procesos de reestructuración serán evaluadas con el mismo detenimiento que los acuerdos suscritos en el pasado, con participación abierta de los representantes sindicales.

En salud, además de la adición por 61.000 millones de pesos para lo que resta del año, el Ejecutivo adquirió el compromiso de estudiar las alternativas de financiamiento de los hospitales públicos presentadas por las organizaciones sindicales.

En lo agrario, se establece la voluntad de consolidar la Caja Agraria como el banco del sector rural, con un nivel de importancia similar al que se le otorga al Incora en la búsqueda de la paz.
Los petroleros consiguen la participación del Gobierno en el trámite del proyecto de Ley de Hidrocarburos, garantizando la estabilidad financiera de Ecopetrol al tiempo que se mantienen las prohibiciones a las concesiones. A través de un par de foros se debatirá el flagelo de la penalización de la protesta social y el tema de la liberación de los precios de la gasolina.
En comunicaciones, el Ejecutivo establece su decisión de no privatizar la Administración Postal, Adpostal, tampoco la estatal de telecomunicaciones, Telecom, frente a la cual se plantea la no obligatoriedad de prestar su infraestructura para interconexión indirecta. Un proyecto de Ley General de Gestión podría convertirse en la brújula que guíe los derroteros de la empresa.
La suerte de Caprecom queda ligada a los resultados que arroje una consultoría externa, en tanto que las universidades públicas tienen garantizado los aportes previstos en la Ley 30 de 1992, dice el texto del documento suscrito por los ministerios del Interior, Hacienda y Trabajo.
Una comisión sectorial interinstitucional esbozará acuerdos de singular importancia para la comunidad educativa, incluidos los trabajadores universitarios y operativos del Ministerio de Educación.
El Instituto de Seguros Sociales sale con la promesa de que no será privatizado y, por el contrario, deberá fortalecer la red propia de servicios, luchando también contra la corrupción administrativa.

En el sector de la Justicia, por su lado, se tenderán puentes con Asonal y el conjunto de operadores de la Rama con el propósito de trabajar por una reforma democrática de la misma.

La junta directiva del Sena, entre tanto, deberá adoptar las modalidades que permitan el cumplimiento de los decretos 1424 y 1426 de 1998, al tiempo que los recursos provenientes de los aportes parafiscales serán utilizados exclusivamente para atender las necesidades de la denominada universidad del pueblo.

Para entidades como la Contraloría General y la Dirección de Impuestos y Aduanas, Dian, sendas comisiones bipartitas se encargarán de evaluar el fortalecimiento presupuestal y la introducción de una reestructuración.
Los guardianes del Inpec, por su parte, participarán en la elaboración de un proyecto de ley sobre régimen penitenciario y carcelario, así como la posibilidad de que se les aplique el artículo 140 de la Ley 100, por considerar que se trata de un oficio de alto riesgo.

Para el sector eléctrico, finalmente, se garantiza la convocatoria de la Comisión del Acuerdo Marco Sectorial que debe regir los regímenes contractuales en empresas oficiales, mixtas o privadas, con Sintraelecol, sindicato de industria, como vocero máximo y único de los trabajadores.