Voz nº1994

El anuncio sorpresivo del despeje deja la duda si fue una cortina de humo para desviar la atención de la opinión pública del conflicto laboral con los trabajadores estatales. La Convención Nacional del ELN y la "Sociedad Civil". Todo el mundo tiene "voluntad de paz", pero la oligarquía no revela "voluntad de cambio".

Por Carlos A. Lozano Guillén.

La VOZ de hace quince días salió chiviada, porque de entrada dijo, en la última página, que a un mes del "cumplimiento de la fecha límite fijada por el Presidente de la República, Andrés Pastrana, para el despeje aún no se conoce el decreto presidencial que lo establece". El mismo día de la circulación de VOZ, se conoció, de manera sorpresiva, la orden presidencial de despejar los cinco municipios antes del próximo 7 de noviembre. Como la decisión fue anunciada, de forma apresurada, en medio del conflicto laboral con las centrales sindicales y los trabajadores estatales, se interpretó como una cortina de humo presidencial.

El presidente Pastrana y el alto Comisionado Víctor G. Ricardo, promulgaron dos resoluciones al amparo de la ley 418 de 1997. En la primera, ordenan el despeje a partir del próximo 7 de noviembre de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en el Meta y San Vicente del Caguán en Caquetá; y en la segunda, reconocen como interlocutores de las FARC-EP a los comandantes Raúl Reyes del Secretariado, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez del Bloque Sur, quienes fueron designados por el Estado Mayor Central del grupo guerrillero. El Fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, a petición del Gobierno Nacional, suspendió de forma temporal las órdenes de captura vigentes contra los tres voceros de las FARC-EP.

Sin embargo, no se conocen aún los nombres de los representantes del Gobierno Nacional en la mesa de diálogo, aunque el mandatario sí manifestó su disposición de estar en el acto de instalación y en las primeras reuniones, junto al comandante Manuel Marulanda Vélez. VOZ conoció que Marulanda cree importante la participación de los dos en la instalación de la Mesa de Diálogo, pero no está muy convencido de la conveniencia debido a que se puede prestar para que los enemigos de la paz y los paramilitares ejecuten una provocación o un atentado criminal contra ambos o uno de ellos.

Cortina de humo

La Resolución oficial del despeje fue apresurada e improvisada. Emitida en el huracán del paro indefinido de los trabajadores estatales, desató la sospecha de que quería desviar la atención de la opinión pública. Con razón se preguntaron los huelguistas: ¿de qué paz puede hablar el gobierno de Pastrana si ante una petición de los trabajadores estatales cierra las puertas del diálogo y acude a la represión y al despotismo del poder? Con evidente sindéresis, Lucho Garzón, presidente de la CUT, puso en duda la voluntad de paz del alto gobierno, porque si esta reacción la hubo ante demandas sociales muy puntuales, ¿qué podrá esperarse de la conducta gubernamental en la Mesa de Diálogo cuando se discutan los derechos económicos y sociales del pueblo colombiano, temas ineludibles en cualquier proceso de paz que se pretenda exitoso?

Los alcaldes de los cinco municipios aún no han sido instruidos de cómo actuar al frente de sus administraciones en las condiciones del despeje y tampoco los gobernadores de los departamentos del Meta y Caquetá. El alto gobierno parece dar palos de ciego. Porque a la vez que anuncia el despeje, prohibe el contacto de los otros poderes públicos con las FARC-EP, al igual que de representantes de organizaciones por la paz, humanitarias y sociales. Inclusive ha puesto trabas para la caravana que organizan los directivos del "Mandato por la Paz" en coordinación con los alcaldes, y está pensando en expedir salvoconductos a los ciudadanos que quieran ingresar a la zona del despeje. Esta última determinación sería de corte totalitario, amén de que pondría en peligro el comercio en estos municipios.

Lo que está claro, en todo caso, es que a partir del 7 de noviembre, con el apoyo internacional y la hostilidad de los gringos, se comenzarán los diálogos del Gobierno Nacional y las FARC-EP, claro está, una vez estén acordadas las reglas del juego en la zona de despeje.

Aún no se sabe a ciencia cierta, cómo serán los contactos de la organización guerrillera con las organizaciones sociales y populares, los partidos políticos y otros representantes de la sociedad civil, sobre todo cuando es evidente la intención oficial de aislar la zona y de interponer obstáculos para el acceso ciudadano. La tendencia de Pastrana es a hacer el diálogo como en una urna hermética inaccesible, de espaldas al país. Las FARC-EP, por el contrario, compartiendo la discreción que debe haber, sí considera trascendental la participación de otros sectores y estamentos del país que "mucho tienen para aportar en un proceso de paz", en el cual el grupo guerrillero planteará 10 puntos que pueden enriquecerse a lo largo de los contactos con el pueblo.
Otro obstáculo surgió en los últimos días, que ha causado desazón en el Secretariado de las FARC, y es el anuncio de Pastrana de que el tema del canje de los prisioneros de guerra se acordará en la Mesa de Diálogo, cuando se había establecido en la última conversación de Manuel Marulanda con Víctor G. Ricardo, que se haría por fuera de ésta para efectuarlo con mayor celeridad y al margen de la discusión de los temas de fondo de las negociaciones de paz.

La Convención del ELN

Entre tanto, el Gobierno Nacional, a posteriori y casi a regañadientes, respaldó los acuerdos de la Convención Nacional del ELN con la "Sociedad Civil". Según el acuerdo de la reunión de las montañas de Antioquia, la Convención será instalada el 13 de febrero de 1999 y se prolongará hasta el 19 de septiembre, lapso en el cual se abordará la discusión de cinco temas fundamentales que tienen que ver con la problemática política, social y económica del país.

Sin embargo, lo que no está claro es dónde se enchufa el Gobierno Nacional en la Convención, porque, como está prevista, ésta se desarrollará con la participación de 40 representantes de la "Sociedad cCivil" y 200 invitados. Después de la reunión de las montañas de Antioquia, el alto Comisionado de Paz, Víctor G. Ricardo, en carta al ELN lo invitó a sostener contactos con el gobierno, aunque no especificó si el espacio de estos será la Convención Nacional. De todas maneras no la mencionó en la misiva.

Lo que sí está claro es que la "Sociedad Civil" con tufillo de entelequia, que comparecerá en la Convención Nacional es muy heterogénea, porque los mayores protagonistas son los representantes de instituciones públicas como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional y el Congreso de la República; y los gremios de la producción y del comercio y la Iglesia Católica, que al fin y al cabo todos son factores del poder dominante (parte de la superestructura del sistema como lo enseña Marx). También estarán las centrales sindicales, los partidos de izquierda y otras organizaciones sociales y humanitarias, que sí pueden reclamar la pertenencia a la sociedad civil pero que no podrán pactar la paz pues esta debe hacerse es con el Estado.

Estas ambigüedades han sembrado dudas. Algunos temen que la Convención pueda ser la reedición del Diálogo Nacional del M19 de los años ochenta. El especialista en asuntos de seguridad Alfredo Rangel, en el dominical de El Tiempo, del 18 de octubre, lo advierte así, a la vez que dice, que "la duración (de la Convención) temario universal y exigencia de consenso en cada proposición y conclusión ojalá no la conviertan en el parto de los montes".

Lo importante es la voluntad de cambio

Algunos analistas de la "gran prensa", desde la óptica de la derecha aseguran que Pastrana hizo lo que tenía que hacer. Casi que agotó lo que podía ofrecerle a la guerrilla. A las FARC-EP les aprobó el despeje y al ELN le respaldó la Convención Nacional. Ahora -dicen- le toca a la guerrilla. Casi que retornando al viejo esquema, quizás sin proponérselo, ya fracasado, de la paz de los sepulcros.

Y si con esta convicción va a actuar el Gobierno Nacional poco va a avanzar el proceso de paz. Lo primero, es que a los diálogos actuales el poder debe llegar sin esquemas, sin paradigmas y menos si estos fracasaron en el contexto real de la historia reciente y del proceso político colombiano. Lo esencial no es la reinserción, la desmovilización y la entrega de las armas. Es la agenda, sin temas vedados, y con realismo para entender que el resultado debe ser la nueva Colombia. Lo segundo, es la voluntad de cambio, que no parece evidente en la disposición de la clase dominante. Una cosa es la voluntad de paz, que todo el mundo puede demostrarla de muchas maneras, incluyendo la demagogia de los voceros oficiales y de la oligarquía, pero otra es la voluntad de cambiar. De aceptar reformas políticas, económicas y sociales avanzadas, que rompan con el bipartidismo, la antidemocracia y abran el paso a un nuevo orden político, económico y social.

Aún es difícil predecir qué va a pasar en los diálogos, pero lo cierto es que si la clase dominante desea la paz tiene que estar en disposición de aceptar una apertura democrática. Mejor dicho:, como dijo el 17o. Congreso del Partido Comunista Colombiano: un nuevo poder para la democracia y la justicia social. Es la clave de oro para la paz de los colombianos.