Voz nº1994

Aprobadas facultades extraordinarias al Presidente y categorías de primero y segundo nivel para los partidos y movimientos políticos. Consultas internas obligadas para elegir candidatos.

Qué importancia tiene adelantar una reforma política en el Congreso, cuando en el diálogo con la insurgencia serán planteadas reformas profundas a la Constitución o incluso una Constituyente?. Para algunos observadores ninguna. Para otros, es la oportunidad para que el gobierno llegue fortalecido a la mesa de negociaciones.

Todo indica que el interés principal del presidente Pastrana en el actual proyecto de acto legislativo, que fue evacuado favorablemente en la Comisión Primera de la Cámara el 21 de octubre, es la aprobación de las facultades extraordinarias que le permitirán actuar con autoridad en el proceso de paz.
De aprobarse el artículo primero, tal como lo hizo la Comisión Constitucional, el Presidente podrá dictar las disposiciones para la reinserción a la vida civil de los alzados en armas en caso de un acuerdo, decretar el derecho de gracia y la extinción de la acción penal y la pena, dictar normas que faciliten el desarrollo de las zonas en conflicto, establecer circunscripciones especiales de paz para las elecciones a corporaciones públicas o nombrar de forma directa un número plural de miembros en el Congreso y demás corporaciones. Además, evadir el régimen de inhabilidades o requisitos para ser miembros de dichas corporaciones, adicionar curules y dictar normas especiales en materias presupuestal, de contratación o planeación. Las facultades tendrán una vigencia de cinco años a partir de la aprobación final del acto legislativo.
A la reforma política aprobada en la Comisión Constitucional en primera vuelta, le restan siete pasos más de trámite para su aprobación definitiva.

Niveles para partidos y movimientos

Por ahora, quedó aprobado clasificar a los partidos y movimientos políticos en primero y segundo nivel. El primer nivel será de alcance regional y el segundo de carácter nacional. Para obtener personería jurídica de primer nivel se requerirá obtener una votación de al menos el dos por ciento de los votos válidos en el territorio nacional o haber logrado elegir 50 dignatarios de cualquier corporación.

En el segundo nivel estarán las organizaciones políticas y sociales de primer nivel que hayan inscrito candidatos para concejos, asambleas, gobernaciones y alcaldías, que hayan alcanzado en ellas una votación del dos por ciento de los votos estimados nacionalmente y hayan logrado elegir 200 dignatarios. Los movimientos cívicos y sociales alcanzarán este nivel con el cinco por ciento de la votación global nacional.

Consultas internas para elegir candidatos

Se impuso la práctica obligada de consultas internas para elegir candidatos y presentar sólo un candidato para elecciones uninominales y una sola lista para cada elección de corporaciones públicas. No ha prosperado la financiación estatal total de las campañas políticas, imponiéndose un sistema mixto con tibios controles a los aportes privados. Se mantiene el estímulo al voto y que los abstencionistas puedan acceder a cargos públicos. Las elecciones presidenciales sí serán subsidiadas en su totalidad por el Estado.
De otra parte, el parlamentario que no asista a seis sesiones (en comisiones o plenarias) perderá su investidura. Los disidentes podrán armar sus propios movimientos con el aval de partidos o movimientos con personería jurídica. Esto abre la brecha de nuevo a la vigencia de la "operación avispa".
El tope (umbral) mínimo para obtener representación en el Senado será del tres por ciento y para la Cámara se tendrá en cuenta el número de votos obtenidos departamentalmente dividido por el número de curules existentes. Los partidos políticos podrán sancionar a sus miembros cuando no sigan las líneas trazadas para los debates en el Congreso de la República.
Los anteriores puntos, contienen la esencia de la reforma política que cursa en el Parlamento. Como podrán observar los lectores, el peso específico del articulado descansa en una sutil reforma del sistema electoral y del Congreso. Es una reforma con claro sabor electoral.