Voz nº1996

La Emergencia Económica ha puesto en evidencia la existencia del predominio de una facción del capital -el capital financiero- que avanza a todo precio en su proyecto de subsumir la totalidad de las relaciones sociales a la lógica de la ganancia.

Son varias las lecciones que se pueden aprehender de la reciente declaratoria de Emergencia Económica por parte de la administración Pas-trana:
1.- Las políticas neoliberales de regulación estatal de la economía comprenden dogmas cuya aplicación termina afectando incluso los intereses del capital financiero.
2.- La respuesta estatal frente a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia financiera consiste en desplegar nuevas condiciones de valorización capitalista, que se unen a las ya existentes.
3.- El despliegue de tales condiciones proviene de procesos de expropiación masiva de ingreso en el corto plazo y de introducción de medidas que potencian el negocio financiero en el mediano y largo plazo.
4.- Las medidas de la Emergencia elevan el chantaje a política de gobierno y éste se constituye a la vez en fuente de una especie de populismo neoliberal que esconde sus verdaderas intenciones.
5.- El populismo de las medidas pretende erigirse en fundamento de legitimación, pues la estrategia neoliberal requiere avanzar en la construcción de una base social constitutiva de lealtades y de confianza en el sistema.
6.- Las medidas impuestas desencadenan, no obstante, nuevas fuentes de conflictividad social y de clase que generan opciones para la confrontación con el capital financiero, principal beneficiario de la actual fase de la reestructuración capitalista.
Veamos:

1.Regulación y política económica neoliberal
La regulación neoliberal a través de la política económica se basa en una redefinición del concepto de seguridad económica. Tal concepto implica proveer a los negocios capitalistas de condiciones relativamente estables y duraderas para su reproducción por la vía de la llamada estabilidad monetaria y cambiaria. El control de la inflación y la modulación de la tasa de cambio (a través de la banda cambiaria) con instrumentos esencialmente monetarios, se constituyen en dogma de la política económica, independientemente de los impactos que ésta pueda tener, los cuales son definidos -entre otras cosas- como “efectos secundarios”. El aumento de la tasa de interés a niveles especulativos, el incremento del desempleo y la acentuación de tendencias recesivas de la economía devienen en nimiedades al lado del propósito más caro. En tales condiciones, el sector financiero puede beneficiarse siempre y cuando persistan el recurso del crédito y las operaciones lucrativas en divisas, pues estos factores pueden prolongar el consumo, la inversión y la misma movilidad de los capitales. El recurso del endeudamiento ha sido al fin y al cabo una forma histórica de sostener la tasa de ganancia. Así se ha demostrado en el próximo pasado: el negocio financiero registró de manera continua unos exorbitantes niveles de rentabilidad real. Sólo en 1997 las declaradas (¿?) utilidades del sector ¡sobrepasaron los 600.000 millones de pesos. Empero, los límites de tal rentabilidad se encuentran en los mismos factores que la generan; ella no puede ser eterna, pues choca con la capacidad restringida -aún con endeudamiento- del consumo y de la inversión.
El sistema se ve confrontado con su propio engendro. La elevada tasa de interés conduce a moras en los pagos; el desempleo contrae el nivel social de ingreso y provoca retrasos en el cubrimiento de las obligaciones; la recesión castiga los capitalistas productivos y los comerciantes, que también se ven obligados a incumplir con sus obligaciones bancarias; las operaciones especulativas con divisas presionan mayores aumentos de la tasa de interés; la ola especulativa así desencadenada produce un incremento más acelerado de las obligaciones con relación a aquel de los activos que las respaldan. Y si a ello se adicionan las tendencias críticas en los mercados financieros internacionales, provocadas por razones similares a las aquí expuestas, queda claro que el negocio financiero se encuentra frente a una amenaza: la del deterioro de su tasa de ganancia y de sus principales indicadores: la liquidez, la solvencia, la calidad de la cartera, la rentabilidad patrimonial.
El capital que por esencia es cálculo económico, de repente se encuentra ante su propia negación: la incertidumbre. Ese es su dilema: la necesidad de ganar más lo obliga a especular, ¡pero la especulación pone en peligro sus ganancias!
El ingreso extraído de la sociedad, ahora capitalizado o invertido en otros negocios, los activos -muebles e inmuebles- dados en pago y la cartera se encuentran inmovilizados. Esa riqueza social ahora expropiada y convertida en capital tiene que rotar. Sería criminal según la ética capitalista, que semejantes recursos no pudieran circular para restablecer la tasa de ganancia. En tales circunstancias la Emergencia es una necesidad para la reproducción del capital. Sólo que tiene que aparecer como una necesidad social. Súbitamente el negocio financiero es entonces declarado como un bien público, de repente se trata de proteger a 15 millones de usuarios del sistema. He ahí, expuesta ante la opinión, la naturaleza esencialmente social de la administración Pastrana.

2. Nuevas condiciones de valorización y expropiación
Las medidas de la Emergencia Económica se encaminan a proveer nuevas condiciones de valorización del capital de la siguiente forma:
Primero, se trata de dotar con liquidez y solvencia al negocio financiero en el corto plazo. Las medidas para producir esos efectos son conocidas:
Capitalización de las entidades financieras por un monto de 1 billón de pesos, mediante la creación de líneas de crédito (blandas) especiales a través del FOGAFIN.
Otorgamiento de una inyección de 300.000 a 400.000 millones de pesos a las corporaciones de ahorro y vivienda, los cuales provienen de estimar que entre 250.000 y 300.000 usuarios del sistema UPAC poseen al menos una cuota atrasada; que de esos entre 150.000 y 200.000 reúnen los requisitos (obligación hasta 5.000 UPAC, hasta 3 meses de mora) para el otorgamiento de un crédito para cancelar la mora y que dicho crédito podría ser de 2 millones.
Otorgamiento de una inyección de por lo menos 250.000 millones de pesos a las entidades financieras, los cuales provienen de estimar que de los 889.000 ahorradores del sistema financiero cooperativo, 500.000 reúnen las condiciones del decreto (reconocimiento de los primeros 500.000 pesos de depósitos e ingresos mensuales inferiores a dos salarios mínimos legales).
Segundo, las sumas recaudadas por la entidades financieras por concepto del tributo del 2 por mil que pagarán los colombianos serán depositados semanalmente a favor del FOGAFIN. Si se estima que el dinero recaudado por el decreto durante la vigencia del mismo es de 10.5 billones de pesos (según Asobanca-ria), las entidades financieras podrán mover por los menos 100.000 millones adicionales, en promedio semanal, al movimiento actual antes de proceder al mencionado depósito.
Tercero, se trata de proyectar el negocio financiero en el mediano y largo plazo mediante el estímulo a la fiducia y sobre todo a la titulari-zación. El decreto prevé que los recursos a entregar a los ahorradores del sector cooperativo serán administrados por compañías fiduciarias.
El decreto autoriza la creación de sociedades de inversión colectiva para adquirir bienes inmuebles con el fin de “enajenarlos, titularizarlos, arrendarlos y, en general, de realizar cualquier acto de comercio sobre los mismos” (D.2331/98, art.19). Pero además, el FOGAFIN es autorizado para otorgar créditos a estas sociedades a fin de que puedan adquirir los inmuebles recibidos por la entidades en dación en pago o adjudicados en subasta pública por razón de acreencias a su favor (art.20). El decreto autoriza además la titularización de cartera, lo cual significa que las entidades de crédito “podrán administrar la cartera de crédito y los contratos que hayan enajenado” (art. 24).
Las mencionadas medidas para restablecer la tasa de ganancia financiera se fundamentan en un mecanismo de expropiación de riqueza colectiva consistente en el ya mencionado tributo del 2 por mil, que como se ha visto destina la menor parte de los recursos potenciales a recaudar para favorecer a los usuarios del sistema. La fina cirugía neoliberal para atender las necesidades del sector es sencilla y no admite interpretaciones distintas a la siguiente: la mayor liquidez, la restitución de la solvencia, el mejoramiento de la calidad de la cartera y el apalancamiento futuro del negocio financiero han de ocurrir con cargo a los ya debilitados ingresos de los colombianos. Es tal el desparpajo, que ni siquiera se ocultan los tratos preferenciales al negocio bursátil (tasa de1.2 por 10.000) y a las transacciones interbancarias (tasa de 2 por 10.000). los cheques de gerencia quedarán incluso exentos.

3. Chantaje y populismo neoliberales
Una lectura entrelíneas de la llamada “historia oculta de la Emergencia” (El Tiempo, 22. 11. 98) muestra que las medidas para los ahorradores del sector cooperativo financiero y los deudores de UPAC en verdad hacen parte del maquillaje necesario para contrarrestar la impopularidad de las medidas. ¿Cómo explicar una expropiación masiva?: Primero, era necesario anunciar que se trataba de prevenir una crisis que afectaría a 15 millones de usuarios; segundo, tenían que aparecer beneficiarios en forma masiva: Los centenares de miles de ahorradores y de deudores. El chantaje se tenía que arropar con populismo. Pastrana necesita base social para legitimar su política.; requiere revestirse de discurso social para sus millones de electores.
Pero semejante farsa no es sostenible con argumento serio alguno. Los recursos expropiados a los ahorradores no se han perdido, sencillamente han sido redis-tribuidos en el mismo sector financiero; algunas de las deudas morosas de UPAC serán cubiertas con más deuda. Cuando ésta no se pueda cubrir, de todas maneras la expropiación continuará. ¡Del banquete de la emergencia, al pueblo no le quedará ni el “raspado” de la olla!

4. Nuevas fuentes de conflictividad social y de clase
La Emergencia Económica es un capítulo más de la reestructuración capitalista en la etapa actual. Ella debe considerarse en relación con las medidas tributarias antipopulares, el otorgamiento de facultades para profundizar la reforma neoliberal del Estado, la política salarial sujeta a las políticas antiinflacionarias, el tratamiento autoritario de la protesta social, es decir, toda una serie de factores que anuncian la posibilidad de una profundización de los conflictos sociales y de clase en sus diversas formas.
La Emergencia Económica ha puesto en evidencia la existencia del predominio de una facción del capital -el capital financiero- que avanza a todo precio en su proyecto de subsumir la totalidad de las relaciones sociales a la lógica de la ganancia. Los límites que se pueden poner a ese proyecto resultan de su lógica misma, pero sobre todo de la construcción de movimiento. De movimiento deses-tructurador, dispuesto a la confron-tación.