Voz

Antes de la última cena, preludio del sacrificio de Cristo en el Monte Calvario, el Hijo de Dios entregó un legado al que consideró el más fiel de sus apóstoles: "Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia". Al mismo tiempo le entregó un mandato: "La casa de mi Padre es la casa del pueblo".

El principio de que el templo de mi Padre será una casa de puertas abiertas, parece ahora estar reglamentado y revaluado por una disposición mundana. En efecto, el máximo jerarca de la Iglesia Católica en Colombia, monseñor Pedro Rubiano, ha conminado a sus fieles, y de manera categórica a los desplazados por la violencia, para que jamás se les ocurra pretender ocupar los templos, en desarrollo de las protestas que éstos últimos vienen realizando para llamar la atención del gobierno central en procura de soluciones urgentes a su dramático problema. El ultimátum de Rubiano y la medida práctica de llamar a la policía para que, bolillo en mano, desalojara a un grupo de desplazados de la Catedral Primada, ha tenido el efecto de un torpedo en el camino que la Iglesia ha querido protagonizar dentro de los esfuerzos por hallar caminos de reconciliación entre los colombianos.

En las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos y en círculos democráticos en general, ha tenido una pésima presentación la postura intransigente de monseñor Rubiano, que va en contravía de su pregonado compromiso con la paz, como también lo tuvo el "palomicidio" en La Catedral la semana pasada.

Inclusive, el malestar se ha extendido a sectores de la propia institución que no comparten, por imprudentes, en la actual coyuntura política, los ponunciamientos de su jefe pastoral. Y no es para menos. La jerarquía eclesiástica se ha venido moviendo a bandazos, entre la opción por los pobres y sus compromisos con el establecimiento.

En América Latina, por momentos, ha militado en el compromiso popular. En Chile, por ejemplo, los templos católicos sirvieron de refugio seguro a los miles de perseguidos políticos durante la aciaga noche de la dictadura pinochetista. Así en el resto de países del cono sur, o en la sangrienta orgía de los generales en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y otras regiones.
En Colombia, sin hablar del legado del cura Camilo Torres, de la teología de la liberación, de la Conferencia Episcopal de Medellín que renovó su compromiso social con los pobres, la jerarquía católica ha venido reconsiderando su papel en esta dirección.

De su rol durante la violencia de los años 50, en que no se concebía a un cura liberal y menos que se bautizara a un hijo de liberales, se pasó al compromiso hoy con los derechos humanos, a la denuncia de los dineros del narcotráfico en la campaña presidencial, durante el reciente episodio del elefante y del Proceso 8.000.

En la actualidad la Iglesia participa activamente en comisiones de paz, en mecanismos de concertación con grupos insurgentes. Protagonizó un papel destacado en la entrega de los soldados retenidos por la guerrilla en Cartagena del Chairá; en las recientes conversaciones de Maguncia y en el encuentro de la sociedad civil por la paz, celebrado hace dos semanas en Bogotá.
Y en el martirologio de la población civil, a menudo atrapada en el fuego cruzado de los actores del conflicto armado, resulta angustioso el drama del millón largo de desplazados, muchos de los cuales duermen por estas noches en los despachos oficiales, se cosen la boca en estremecedores ayunos o se crucifican, en su desesperado intento por obtener la esquiva solidaridad oficial.
Por eso resulta incongruente, por decir lo menos, el desalojo de los desplazados de la catedral de Bogotá, ordenada por monseñor Rubiano en un frío domingo de julio. Como si el protagonismo por la paz fuera sólo un discurso retórico, para aparecer en las fotos oficiales de la concertación.